Por fin descansa en paz tras dos años de padecer una cruel tortura que le ha infligido la Asociación de Abogados Cristianos, cuyo emblema es una cruz de cuyos brazos penden dos platillos, escorando así el fiel de lo que se considera justo. No les interesa que se imparta justicia, como deberían hacer en cuanto juristas. Más bien pretenden servirse del Derecho para imponer un intransigente credo religioso que se precia de impedir que puedan ejercerse derechos civiles como la eutanasia o el aborto. Es obvio que añoran la fusión franquista con el nacionalcatolicismo, cuando la doctrina católica impregnaba las escuelas y los hábitos cotidianos. Dicen defender la libertad, cuando hacen justamente todo lo contrario. Nadie les obliga por supuesto a suscribir la eutanasia para sí mismos o pasar por el penoso trance del aborto, porque son libres de no hacerlo con arreglo a sus convicciones. El problema es que pretenden hacernos comulgar a los demás con sus ruedas de molino.
Tras padecer una violación múltiple, Noelia Castillo se arrojó al vacío desde un octavo piso sin lograr acabar con su triste vida. Las lesiones ocasionadas por aquel intento de suicidio le provocaron un estado irreversible que nadie quisiera para sí. Para evitar ese insufrible sufrimiento decidió solicitar la eutanasia, una ley que difícilmente podría ser más garantista, dados los múltiples dictámenes en juego elaborados por médicos, juristas y comisiones de bioética. Pese al dictamen unánime de todas esas instancias, el padre de Noelia Castillo, manipulado por esos presuntos Abogados Cristianos, decidió agotar todos los recursos imaginables en distintas instancias, incluida la europea. Todas ellas dieron la razón a Noelia, pero nadie le ha evitado el tormento de un viacrucis innecesario durante seiscientos días, infligido por esos desalmados pseudojuristas, acostumbrados a ensalzar las penalidades padecidas por su crucificado redentor y dispuestos a servirse de los laberintos jurídicos para poner sobre la mesa su ideario religioso, siendo esto algo que los invalida como juristas, al sesgar de antemano su criterio.
Con sus actuaciones contribuyen a un doble descredito. Por una parte, hacen dudar de que la justicia se vea en buenas manos y, por otro lado, hacen un flaco favor a la noble causa del genuino cristianismo, emponzoñándolo con dogmas católicos que no deberían traspasar los muros del ámbito privado para invadir la esfera pública. Esto es lo que suele suceder en los Estados teocráticos, como el Irán de los ayatolás o el Israel gobernado por fanáticos ultra-ortodoxos, pero no en los Estados laicos como Francia o aconfesionales como España.
El entorno social de Asociaciones como Abogados Cristianos reclaman un respeto a sus creencias del que carecen para las ajenas, en un ejercicio de total asimetría. Sus ideas deben prevaler al estar dictadas por una revelación de carácter divino, mientras que los consensos humanos no merecen crédito alguno cuando se oponen a las premisas de su doctrina. Parece obvio que semejantes pretensiones no deberían tener cabida en una democracia liberal y asombra ver cómo pueden intervenir en la impartición de justicia, retrasando durante dos años una eutanasia que solo puede negar alguien sin entrañas o unos desalmados que disfruten con el sadismo. La vida es un milagro demasiado maravilloso como para malbaratarlo con ese sufrimiento que pretende imponer un conciliábulo de juristas, cuyo proceder es asimilable al de una fanática secta religiosa. Deberían arbitrarse mecanismos para que instancias como esa no pusieran palos en la rueda y fueran capaces de poner demandas por ofensas a su sentimiento religioso, pues la blasfemia solo tiene sentido en el marco de unas creencias compartidas.
A partir del once de mayo en el madrileño cine Verdi se podrá ver el documental elaborado por Juanjo Castro que se titula Eso de lo que nunca se habla, es decir, la muerte. Su hilo conductor son dos casos de personas que afrontan su muerte del mejor modo posible, acogiéndose a cuidados paliativos, tras haberse diagnosticado un proceso irreversible para el que no hay ningún tratamiento médico eficaz. Consuela ver cómo en ciertos lugares cabe despedirse de la vida con dignidad, evitando un sufrimiento innecesario también para quienes rodean a quienes deciden dar ese paso. Despedirse de la vida no es fácil, pero de nada sirve complicarlo aún más con inercias trasnochadas propias del medioevo. En su correspondencia Rousseau, deísta impenitente, comparte con Voltaire un deseo que parece muy razonable para mejorar la convivencia: “Me gustaría que en cada Estado hubiera un código moral, o una especie de profesión de fe civil, que contuviera positivamente las máximas sociales que cada cual estaría obligado a admitir, y negativamente las máximas fanáticas que estaría obligado a rechazar. Así, toda religión que fuera compatible con el código sería admisible, la que no lo fuera quedaría proscrita y cada cual sería libre de no tener otra que el propio código”.