Andalucía dejó de ser el histórico “feudo del PSOE” para convertirse en el nuevo bastión del Partido Popular no por un hecho aislado, sino por una lenta acumulación de cambios políticos, sociales y territoriales que fueron transformando el mapa electoral andaluz. Durante más de tres décadas, desde 1982 hasta 2018, el PSOE gobernó de manera ininterrumpida la comunidad autónoma, construyendo mayorías sólidas que, con el paso del tiempo, terminaron derivando en desgaste, pérdida de confianza ciudadana y fracturas internas. Aunque entre 2012 y 2018 el partido continuó siendo la fuerza más votada, cada elección evidenciaba un debilitamiento mayor, hasta alcanzar en 2018 su peor resultado histórico con tan solo 33 escaños.
La irrupción de nuevas fuerzas políticas como Podemos, Ciudadanos y posteriormente Vox rompió el viejo equilibrio bipartidista y abrió una nueva etapa. El acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox permitió el primer gobierno no socialista de la historia andaluza. No fue un giro repentino, sino la consecuencia de una transformación estructural acelerada por la crisis financiera de 2008 y posteriormente por la pandemia de la COVID-19, acontecimientos que modificaron profundamente las percepciones sociales, las prioridades ciudadanas y la relación de la población con la política.
El cansancio acumulado tras casi cuarenta años de hegemonía socialista, la aparición de una sociedad más urbana y plural, el relevo generacional de unos jóvenes que ya no crecieron bajo el dominio político del PSOE y la expansión de discursos centrados en el orden, la seguridad y la identidad facilitaron el ascenso de la derecha andaluza. A ello se sumó la estrategia de moderación discursiva impulsada por Juanma Moreno Bonilla, la desaparición práctica de Ciudadanos y la capacidad del PP para atraer a votantes desencantados con la etapa de Susana Díaz. La normalización de los pactos con Vox terminó consolidando un nuevo bloque conservador con una enorme capacidad electoral.
Sin embargo, Andalucía vive hoy una profunda contradicción política y social. Mientras la figura de Juanma Moreno Bonilla parece blindada por una imagen de moderación y estabilidad, el malestar ciudadano crece con intensidad en ámbitos esenciales como la sanidad pública. En las salas de espera de hospitales y centros de salud late una indignación cada vez más evidente que, paradójicamente, no termina traduciéndose en un castigo electoral al Partido Popular.
La posibilidad de que el PP revalide sus 55 escaños o incluso alcance los 58 no debe interpretarse como un respaldo absoluto a su gestión, sino como el reflejo de una izquierda fragmentada, debilitada y desconectada de una parte importante de la ciudadanía. Resulta profundamente doloroso comprobar cómo, mientras miles de andaluces describen la sanidad pública como un sistema “cerca del colapso”, el gobierno andaluz mantiene intacta su fortaleza electoral. Más del 56 % de la población considera que el sistema sanitario está al borde del derrumbe y, aun así, Moreno Bonilla continúa rozando la mayoría absoluta.
Bajo una imagen cuidadosamente construida de diálogo y moderación, el Ejecutivo andaluz ha impulsado un modelo que muchos ciudadanos perciben como un progresivo desmantelamiento de lo público. Mientras el presupuesto sanitario alcanza cifras récord, una parte creciente de los recursos termina derivándose hacia clínicas privadas y empresas de servicios sanitarios. Las listas de espera aumentan, la atención primaria se deteriora y la precariedad laboral de numerosos profesionales sanitarios se agrava.
Esta situación afecta especialmente a las clases trabajadoras y a las familias con menos recursos, porque son ellas quienes dependen exclusivamente de unos servicios públicos cada vez más saturados. La campaña andaluza de 2026 gira precisamente en torno a esa gran disyuntiva: avanzar hacia la privatización o reforzar los pilares del Estado del bienestar.
En sanidad, el deterioro es visible. Conseguir una cita en atención primaria se ha convertido para muchos ciudadanos en una auténtica odisea. Las listas de espera baten récords históricos y cientos de miles de niños carecen de pediatra asignado. Desde 2019, miles de millones de euros han sido destinados a conciertos con clínicas privadas mientras aumenta de forma acelerada el número de personas que contratan seguros médicos privados. La consecuencia es evidente: quien no puede pagar una alternativa privada queda atrapado en un sistema público debilitado.
La educación tampoco escapa a esta dinámica. La expansión de universidades privadas y de una formación profesional cada vez más orientada al pago amenaza con debilitar el principal ascensor social de las familias humildes: la enseñanza pública. Cuando la educación pública pierde calidad y recursos, la igualdad de oportunidades se resquebraja y las desigualdades sociales se consolidan generación tras generación.
En dependencia y cuidados, el panorama tampoco resulta alentador. Los retrasos, la saturación administrativa y la falta de recursos afectan especialmente a personas mayores, dependientes y familias cuidadoras, muchas veces sostenidas por mujeres que cargan en solitario con responsabilidades que deberían ser colectivas. Cuando el sistema público falla, la pobreza y la exclusión avanzan silenciosamente.
A todo ello se suma el debate sobre el modelo de sociedad. La igualdad, la memoria democrática, los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI se han convertido también en un campo de disputa política. La posibilidad de que el Partido Popular dependa nuevamente de Vox para gobernar introduce un elemento de enorme preocupación para quienes consideran que los derechos sociales y civiles nunca deberían utilizarse como moneda de cambio parlamentaria.
Si el Partido Popular alcanza nuevamente una mayoría amplia, no será únicamente por sus méritos de gestión, sino también por los errores estratégicos de una oposición incapaz de construir un proyecto ilusionante y unitario. Pero si Moreno Bonilla pierde parte de su apoyo y queda obligado a pactar con la ultraderecha, caerá definitivamente el relato de la llamada “vía andaluza” de moderación. La entrada de Vox en áreas sensibles del gobierno supondría abrir la puerta a políticas profundamente regresivas en derechos sociales y libertades públicas.
Por eso, lo que hoy está en juego en Andalucía trasciende a la propia comunidad autónoma. Se está decidiendo qué modelo de sociedad queremos construir: uno basado en servicios públicos fuertes, capaces de garantizar igualdad y dignidad, o un modelo donde quien pueda pagar accederá a derechos de calidad mientras quienes no tengan recursos quedarán condenados a servicios saturados y deteriorados.
La privatización de la sanidad no es simplemente una cuestión económica o administrativa; es una cuestión profundamente humana. Cuando la atención médica deja de ser un derecho garantizado y comienza a depender del nivel de ingresos, la desigualdad deja de ser una estadística para convertirse en sufrimiento cotidiano. Diversos estudios han demostrado que los procesos de privatización sanitaria suelen ir acompañados de mayores desigualdades y de un aumento de la mortalidad evitable debido al deterioro paralelo del sistema público.
Andalucía vive hoy una crisis que refleja algo mucho más profundo: una crisis de prioridades, de valores y de compromiso con lo común. El deterioro de la sanidad pública se ha convertido en el espejo de un modelo político que coloca el beneficio privado por encima de la equidad social. Gobernar por pura inercia electoral puede parecer cómodo a corto plazo, pero significa hacerlo sobre un volcán social que tarde o temprano termina estallando.
Andalucía no merece convertirse en el laboratorio de un modelo donde los derechos fundamentales dependan del poder adquisitivo. Lo que está en juego no son únicamente unas elecciones, sino la dignidad colectiva de toda una sociedad.
Porque cuando la salud, la educación y los cuidados dejan de ser derechos para convertirse en privilegios, la democracia comienza lentamente a vaciarse de contenido.
Es hora de decir: ¡BASTA!
Carpi (J. Luis Carpintero, médico y exprofesor de la UMA)
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