La huelga indefinida que comenzó el 11 de mayo reivindicando mejoras en la educación pública valenciana tuvo un seguimiento masivo en su primera jornada, valoraron los sindicatos convocantes, STEPV -mayoritario en el sector-, Comisiones Obreras, UGT y CSIF; las organizaciones anunciaron que la huelga continuará hasta que se produzca una negociación “real” y “efectiva” con la Conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí, del PP; además del paro en la enseñanza pública no universitaria, el 11 de mayo se celebraron manifestaciones -con la participación de miles de personas- en Valencia, Alicante, Castellón y Elche.
La vaga és el nostre dret, l’educació el nostre futur, l’educació el nostre futur!; este fue el lema elegido por CGT, CNT, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) dels Països Catalans y el Consell Sindical Obrer (CSO) para hacer un llamamiento -al conjunto del profesorado y la comunidad educativa- para que participara activamente en la huelga.
El STEPV cifró en más de un 90% el seguimiento del primer día de huelga, en una jornada calificada de “histórica”; el segundo día de paro indefinido, el 12 de mayo, las organizaciones sindicales situaron el apoyo en el 75%, con la convocatoria de asambleas, piquetes informativos, acciones en calles y mercados, encierros en centros educativos y pegada de carteles.
Asimismo, el 12 de mayo centenares de personas participaron en una marcha que recorrió el centro de Torrent (91.000 habitantes, Valencia); fue muy numerosa, también, la manifestación que tuvo lugar el mismo día en Port de Sagunt (43.600 habitantes, Valencia), con la asistencia de docentes del Camp de Morvedre y comarcas cercanas; en la concentración desarrollada el 11 de mayo en Alzira (48.200 habitantes, Valencia), profesores, familias y alumnos defendieron “una escola pública i en valencià”.
Estas protestas se prolongaron con las convocatorias de concentraciones el 13 de mayo ante el Palau de la Generalitat, en Valencia; y las sedes de la Delegación del Gobierno en Valencia, Alicante y Castellón; el 14 de mayo ante la Conselleria de Educación y, el 15 de mayo, los sindicatos han programado una gran manifestación unitaria a las 12,00 horas en la plaza de San Agustín de Valencia.
Forzada por el paro en los centros y la movilización en la calle, el 13 de mayo la consellera Carmen Ortí convocó a los sindicatos a una reunión el día siguiente en la Conselleria, con el fin de presentar una “propuesta integral” que incluya “medidas de apoyo” al profesorado, según afirmó; portavoces del STEPV, Comisiones Obreras y UGT respondieron que acudirían a la reunión, pero que las huelgas y movilizaciones continuarán hasta que Educación formalice una propuesta que asuma las expectativas del profesorado, informó Europa Press.
Los sindicatos ya rechazaron la propuesta “ridícula” de mejora salarial ofrecida por la Conselleria en la Mesa Sectorial; la iniciativa consistía en un aumento progresivo del salario hasta alcanzar, en 2029, un incremento de 75 euros brutos mensuales.
Además de la recuperación del poder adquisitivo, las organizaciones reclaman una disminución de las ratios de alumnado por aula; mejorar las infraestructuras educativas, reducir la burocracia y la derogación de la llamada Ley de Libertad Educativa, aprobada en 2024 en las Cortes Valencianas con los votos favorables del PP y Vox, y criticada entre otras cuestiones por marginar la enseñanza en valenciano.
Pocas fechas antes del inicio de la huelga del 11 de mayo, la Coordinadora d’Asemblees Docents del País Valencià (CADPV), el STEPV, CGT, CNT, COS, CSO, Comisiones Obreras, UGT y la plataforma Docents en Lluita firmaron un acuerdo unitario de negociación con ocho bloques de demandas y 40 medidas que se plantean a la Conselleria de Educación.
El documento se presenta como una respuesta al proceso de “desmantelamiento” y “denigración” experimentado en la educación pública valenciana durante los últimos años; también ante la situación “límite” en la que se hallan el alumnado, los trabajadores del sector y la red de infraestructuras educativas.
Por ejemplo, en material salarial, las asambleas, plataformas y sindicatos reivindican la recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo perdido desde 2010; la cláusula de revisión salarial anual vinculada al IPC y la recuperación íntegra de la paga extra para todo el profesorado, entre otras medidas.
En el apartado de las ratios de alumnos en las aulas, el acuerdo plantea una reducción de los 25 actuales en infantil y primaria a 15; y pasar de los 30 alumnos por aula en la ESO y 35 en bachillerato actuales, a 20 en los dos casos; además, en las aulas UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario), para alumnado con necesidades educativas especiales, se plantea un máximo de 8 alumnos.
Respecto a los ciclos de Formación Profesional (FP), las asambleas y sindicatos piden una disminución de las ratios, “sin que ello suponga reducir las plazas ofrecidas, ni más horas de docencia para el profesorado y tampoco recortes de plantilla”.
El informe de STEPV Retallades a l’FP Pública: menys drets, més privatització denuncia una “reducción grave de la oferta de FP pública en el País Valenciano para el curso 2026-2027”; el informe hace referencia, en concreto, al cierre de ciclos formativos, la supresión de unidades educativas y la “conversión forzada de la enseñanza presencial en semipresencial”; otra cuestión apuntada es el contraste entre el desmantelamiento de la red pública y, por otra parte, el mantenimiento de la oferta en los centros concertados.
Asimismo, los sindicatos demandan la derogación de la Orden de Plantillas de 2025, que regula los criterios para la determinación de las plantillas de personal docente en los centros de la Generalitat; proponen, en este capítulo, la creación de 2.000 plazas nuevas en el sistema educativo; la dotación de plantillas estructurales según las necesidades reales de cada centro y el impulso a la codocencia y el refuerzo educativo.
Tomando como referencia la Ley de Simplificación Administrativa asturiana de 2025, el acuerdo unitario sindical plantea un plan de desburocratización, que elimine informes duplicados y simplifique procedimientos para liberar tiempo docente; la sustitución “inmediata” de todas las bajas del profesorado; la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y también la disminución del horario lectivo, en ambos casos sin merma salarial.
Otro de los puntos -el dedicado a las infraestructuras “dignas” y “seguras”- reivindica un plan de adecuación climática de los centros educativos; un estudio presentado por el STEPV el 6 de mayo señalaba que más del 86% de los centros educativos del País Valenciano declara haber alcanzado temperaturas superiores a los 27ºC en el aula, mientras que el 42% de los centros ha sufrido temperaturas inferiores a los 17ºC.
Los sindicatos reclaman a la Conselleria, además, una mejora y mantenimiento de las infraestructuras con un plan de inversión “real” y “continuado”; e instan a Educación a que exija a los ayuntamientos el cumplimiento de sus responsabilidades para garantizar unos centros educativos en condiciones adecuadas.
En este contexto, critican también los recortes aplicados en el programa Edificant, sobre obras de construcción y reforma de centros educativos, y proponen que se agilice la reconstrucción de los centros afectados por la Dana.
El acuerdo unitario de negociación plantea la recuperación de un modelo lingüístico “que garantice competencia plurilingüe y cohesión social, con el valenciano como lengua de cohesión y de calidad educativa”; y también la “retirada inmediata de la censura a los autores catalanes y baleares del currículum de bachillerato”.
El listado de reivindicaciones incluye el objetivo de garantizar la estabilidad laboral, entre otras razones, por la necesidad de revertir el “agravio comparativo” respecto a otros territorios y ámbitos de la Administración.
Con este punto de partida, las asambleas, plataformas y sindicatos demandan, entre otras medidas, la reducción de la temporalidad; el mantenimiento del Acuerdo de Interinos, que no sea rectificado por una Orden; la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones; la reducción de la carga lectiva para personas mayores de 55 años; fórmulas de jubilación voluntaria y anticipadas a partir de los 60 años para todo el colectivo docente y aplicación de los complementos retributivos autonómicos en situaciones de baja laboral.
Otro ejemplo de movilizaciones recientes fueron las promovidas por la Plataforma d’Escoles Infantils 0-3 de la Comunitat Valenciana, que el 7 de mayo se sumó a la jornada de huelga estatal y concentraciones en el sector; la plataforma contó con respaldo sindical y demandó, entre otras medidas, la reducción de las ratios para garantizar una atención individualizada; la incorporación de la llamada pareja educativa en las aulas y dotar de más recursos para la atención del alumnado con necesidades educativas específicas.
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