Human Rights Watch y Amnistía Internacional mantienen sus alertas ante la flagrante violación de derechos humanos contra la amplia comunidad bedún que reside en Kuwait. De hecho, en noviembre de 2011, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al Gobierno de Kuwait que pusiera fin a la discriminación que sufre la comunidad apátrida, […]
Human Rights Watch y Amnistía Internacional mantienen sus alertas ante la flagrante violación de derechos humanos contra la amplia comunidad bedún que reside en Kuwait. De hecho, en noviembre de 2011, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al Gobierno de Kuwait que pusiera fin a la discriminación que sufre la comunidad apátrida, incluyendo una solución a su situación de ilegalidad.
Durante las últimas semanas varias decenas de bedún han sido arrestados por participar en manifestaciones pacíficas en las que exigían el derecho a la ciudadanía y, por ende, su acceso a derechos y libertades básicos, tales como la sanidad pública o la gratuidad de la educación.
Además, las manifestaciones que los bedún organizaron el 1 y 2 de mayo en la plaza de Taima (dentro del distrito de Al-Jahra) fueron aplacadas con violencia por las fuerzas de seguridad. De hecho, algunos policías vestidos de civil usaron porras y vehículos blindados para dispersar a los dos centenares de bedún que se habían congregado.
En principio, como habitantes ilegales, los bedún no tienen derechos políticos y menos aún el derecho a manifestarse. Éste es el motivo que alegan continuamente las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejecutivo para justificar que estos manifestantes sean disueltos y con frecuencia detenidos y puestos a disposición judicial. Así lo ratifica el Artículo 12 de la Ley de Reunión Pública kuwaití, según la cual aquellas personas que no disfruten de la ciudadanía kuwaití no pueden participar en reuniones públicas. Sin embargo, al mismo tiempo, la Constitución garantiza a todos los individuos el derecho a participar en asambleas pacíficas.
A ello hay que añadir que Kuwait ratificó el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996, cuyo artículo 21 establece el derecho a llevar a cabo reuniones pacíficas y, por tanto, «no se impondrán restricciones al ejercicio de este derecho, salvo las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática».
El Director de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Philip Luther, declaró que estas «protestas muestran la urgente necesidad por parte de las autoridades kuwaitíes de curar la herida abierta debido a la discriminación contra la comunidad bedún». Añadiendo que en «lugar de arrestar a manifestantes pacíficos, las autoridades kuwaitíes deberían avanzar en la resolución de la situación de los bedún, y poner fin a la ilegal discriminación de la que son objeto».
El Ejecutivo lleva años prometiendo solventar la compleja situación, que afecta aentre 90.000 y 180.000 habitantes, que no ciudadanos, carentes de documentación básica y de asistencia social. Pero las reticencias son claras, y el Gobierno suele alegar que buena parte de estos apátridas tienen otras ciudadanías árabes y asiáticas, que esconden para aprovecharse de obtener la ciudadanía kuwaití que les depara mayores beneficios y derechos.
De momento, la Agencia Central y Departamento de Migración (creada hace un par de años con el objetivo de solucionar el problema en menos de un lustro) ha establecido un sistema que secciona a 67.000 bedún en tres categorías, a las cuales les corresponde un documento con un determinado color.
Así, la primera categoría, designada con el color rojo, engloba a aquellos residentes que presentan ciertas restricciones de seguridad; lo cual les impide poder obtener la ciudadanía kuwaití. La segunda categoría, color verde, la disfrutan aquellos titulares de un documento que acredita que se encontraban en Kuwait durante el censo de 1965 y, por tanto, son los afortunados que pueden acceder a la ciudadanía si consiguen salvar el resto de trabas legales. Por último, la tercera categoría, de color amarillo, la componen los apátridas llegados a Kuwait después de 1966, por lo que no pueden obtener la ciudadanía kuwaití y están a la espera de obtener los pasaportes de sus países de origen.
El Ejecutivo ha anunciado que con esta medida cerca de 30.000 apátridas que sean capaces de demostrar que sus padres habitaban el país antes del censo de 1965 conseguirán la nacionalidad kuwaití, incluidos todos sus derechos y libertades. Sin embargo, el anuncio de estas medidas son constantes por parte del Gobierno y carecen de ninguna demostración en la vida real, como muestra la ausencia de documentos que permitan hacer estimaciones sobre los bedún que en los últimos años han logrado la ciudadanía kuwaití.
La situación está claramente ralentizada por un Gobierno y una ciudadanía poco preocupada por esta violación de derechos, y centrada, primordialmente, en la difícil situación político-económica que Kuwait viene sufriendo en los últimos meses, a pesar de que la comunidad bedún es fundamental para sostener el sistema productivo y económico de un Kuwait en decadencia.
A ello hay que sumar que buena parte de los parlamentarios no están conformes con otorgar la ciudadanía a estos residentes. Así lo demostró el parlamentario Juwaihel, cuando el 7 de mayo subió al estrado portando un cartel en el que se leía «Kuwait es sólo para los kuwaitíes» , defendiendo la necesidad de «limpiar el país» de aquellos que ostentan una doble nacionalidad (prohibida por las leyes kuwaitíes), ya que eso supone un serio problema para el país y su familia real.
Fuente original: http://www.aish.es/index.php/