Con cientos de miles de muertos, millones de refugiados e incontables pérdidas, la justicia en Siria parece hoy más lejana que nunca. En un contexto de aumento de la impunidad y con todos los intentos de establecer mecanismos de rendición de cuentas bloqueados sistemáticamente por las potencias implicadas, ¿existe alguna vía para la reparación de […]
Con cientos de miles de muertos, millones de refugiados e incontables pérdidas, la justicia en Siria parece hoy más lejana que nunca. En un contexto de aumento de la impunidad y con todos los intentos de establecer mecanismos de rendición de cuentas bloqueados sistemáticamente por las potencias implicadas, ¿existe alguna vía para la reparación de las víctimas?
El grupo de despachos internacionales Guernica 37, que lleva la primera querella de una ciudadana española contra las autoridades sirias, ve las jurisdicciones nacionales como única vía. Junto con la Fundación Abogacía Española y Amnistía Internacional, Guernica 37 presentó el martes en Madrid las claves de las iniciativas en curso contra la impunidad en Siria. La presentación forma parte del trabajo de un grupo de abogados europeos que prepara estos días la creación de un Comité de Coordinación de Justicia en Siria para tratar los casos de lesa humanidad cometidos en el país.
Francia, España, Suecia o Alemania son algunos de los países donde se han abierto causas relacionadas con la guerra siria, la mayoría contra las autoridades del Estado, con acusaciones que van desde terrorismo hasta crímenes de lesa humanidad.
«Es la única vía que queda, frente al poder de veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estos dos países han impedido que el Tribunal Penal Internacional inicie enjuiciamientos contra los responsables de crímenes internacionales cometidos en Siria», destacó Ignacio Jovtis, responsable del Área de Investigación y Políticas de Amnistía Internacional Sección España. «Ante el bloqueo, el recurso que queda contra la impunidad es recurrir a la justicia universal por iniciativa de cada país».
El principio de jurisdicción universal -la facultad de los jueces para investigar delitos con independencia de quién los cometió, contra quién y dónde- supone una herramienta clave para luchar contra la impunidad en genocidios, crímenes de guerra o de lesa humanidad, tortura o desapariciones forzadas o extrajudiciales. Durante años España ocupó una posición de liderazgo en este ámbito, con numerosos procedimientos abiertos y con el caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet como uno de los más mediáticos.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2009 y posteriormente la de 2014 supusieron que se limitase la actuación de la Audiencia Nacional a los casos en los que las víctimas fuesen españolas o los responsables del delito se encontrasen en España. Esas reformas coincidieron con presiones primero de Israel, que anunció un deterioro de las relaciones bilaterales si España aplicaba la jurisdicción universal a crímenes cometidos por autoridades israelíes, y después de China, que amenazó con detener la compra de bonos de deuda a España. Para Maite Parejo, de Guernica 37, «las reformas de 2009 y 2014 responden claramente a motivos económicos y políticos, no a motivos jurídicos».
«Las reformas no desalentaron a todos los jueces, algunos continuaron trabajando sobre casos en los que hubiese una conexión relevante con España», explicó Jovtis. «Pero las reformas suponen un gran retroceso y el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de España, frente a otros países europeos, africanos, latinoamericanos, donde el proceso ha sido el contrario».
El archivo César, clave en la causa
Hoy en día la mayoría de estados reconoce el principio de jurisdicción universal para al menos alguno de los delitos de crímenes de guerra o de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura o desapariciones extrajudiciales, aunque no todos la apliquen y se hayan limitado en muchos de los casos los requisitos para las causas.
Este paraguas jurídico sido clave en el caso de víctimas donde iniciar un procedimiento no era posible en el propio país. Entre las beneficiarias ha habido víctimas españolas, como las de la causa abierta en México por un bebé robado en España, y la iniciada en Argentina en 2010 contra el franquismo. La única justificación necesaria para la jueza en el caso argentino fue «la propia gravedad de los delitos, sean o no argentinas las víctimas».
Si la gravedad de los delitos del franquismo ha quedado sobradamente probada, en el caso de Siria la evidencia de violaciones contra los derechos humanos continúa aumentando sin que hayan podido hasta el momento remitirse a un tribunal internacional. Este bloqueo en el ámbito internacional fue lo que decidió al despacho Guernica 37 a representar a la ciudadana española de origen sirio Amal H., considerada víctima, aún de modo indirecto, de los crímenes de las autoridades sirias, con Bashar al Asad como máximo responsable.
Amal identificó a su hermano Abdul, meses después de que este desapareciera en Damasco, en una de las imágenes del archivo César tomadas entre mediados de 2011 y mediados de 2013. «Abdul era un transportista de frutos secos que ni siquiera había estado implicado en manifestaciones, por tanto pudo haber sido desaparecido simplemente por vivir en un barrio que las autoridades sirias consideran hostil», explicó Maite Parejo, la abogada que lleva el caso junto con Almudena Bernabéu.
«Esta ha sido una táctica habitual desde marzo de 2011, con castigos colectivos, detenciones y desapariciones forzosas de personas simplemente por vivir en el barrio equivocado», añadió la abogada. Guernica 37 continúa luchando por sacar adelante el procedimiento, que el juez Eloy Velasco aceptó antes de que el fiscal apelase por no considerar a Amal «víctima directa». Guernica 37 ha recurrido la última decisión de la Audiencia Nacional de archivar el caso y espera la próxima resolución de una causa que el despacho ha calificado como «delito de terrorismo y desaparición forzada, en el contexto de la Primavera Árabe».
El archivo César del que parte la querella remite al seudónimo de un exmilitar sirio, que tomó más de 50.000 imágenes de crímenes contra detenidos en centros de inteligencia en Damasco. Según su propio testimonio, el exmilitar comprobó al poco de incorporarse a la supervisión de prisiones que la mayoría de detenidos trasladados a los centros no eran yihadistas ni combatientes extremistas, como se informaba a los funcionarios de prisión, sino detenidos de las manifestaciones pacíficas que se extendieron por el país en la primavera de 2011. Esto le llevó a recabar la mayor cantidad posible de pruebas de las torturas y abusos.
El archivo incluye imágenes difíciles de digerir. Cadáveres con los ojos arrancados, miembros mutilados, evisceraciones, cuerpos con signos de electroshocks, de asfixia o de haber muerto de hambre son algunos de los horrores que muestran los documentos y que han permitido que cientos de familias puedan identificar a familiares desaparecidos.
«Las imágenes del archivo César son reales, fueron analizadas cuidadosamente cuando las recibimos», asegura Stephen Rapp, exembajador estadounidense en misión especial para los crímenes de guerra y fundador de la Comisión para la Justicia Internacional y la Responsabilidad (CIJA), que ha colaborado en el caso de Amal. «Incluyen más de 6 000 personas distintas en los dos años que cubre el archivo. De los cientos de familias que logramos que identificasen a familiares a través de las imágenes, unas 50 decidieron colaborar con procesos abiertos en distintos países. Una de ellas fue la española Amal».
Amal reside y trabaja en España desde hace más de 20 años y sus hijos son también españoles. «Es una víctima de las autoridades sirias y su única opción son los tribunales españoles», explica Parejo. «Ningún otro la va a atender. La justicia para los sirios está bloqueada por los grandes actores del conflicto. Por eso no dejaremos de luchar por esta vía».
«Los peores crímenes del siglo XXI»
«El caso de Amal es una muestra más del patrón de desapariciones y torturas que sirve también para aterrorizar a las familias y al resto de la población», señaló Rapp. «En Siria se están cometiendo los peores crímenes de este siglo XXI. Más de 500 000 personas han sido asesinadas, contribuyendo esta impunidad además al empoderamiento de Daesh (Estado Islámico), que desde 2014 también ha cometido crímenes de guerra».
Según Rapp, las autoridades estatales no son las únicas que han cometido crímenes en Siria, y existen también causas abiertas contra grupos armados, la mayoría contra el grupo Estado Islámico. Rapp califica sin embargo de «especialmente grave que los crímenes los cometan actores estatales, responsables en teoría de proteger a la población», y añade que «buena parte de los crímenes que están cometiendo las autoridades sirias están tipificados desde hace más de cien años por el derecho internacional».
La lista incluye el uso de armas químicas -hay evidencias del uso de gas sarín por parte del régimen sirio en Khan Sheikhoun- , los ataques contra instalaciones médicas y profesionales sanitarios, las numerosas desapariciones forzosas y la tortura y asesinato de personas en centros de detención. «Algunos de los crímenes que estamos viendo no se vieron ni durante la Segunda Guerra Mundial. Hay más evidencia de la implicación del régimen sirio en crímenes de lesa humanidad de las que había incluso en el caso de Ruanda», añade Rapp.
Con más de 13 millones de sirios (más de la mitad de la población) obligados a abandonar sus hogares, muchos de ellos arriesgando su vida por intentar llegar a Europa, Rapp señala la importancia de que Europa se implique en llevar estos casos a la justicia.
Los precedentes
El grupo de abogados reunidos en Madrid estos días prepara un Comité de Coordinación de Justicia en Siria que facilite la colaboración de abogados particulares y organizaciones de juristas que quieran judicializar estos casos en sus respectivas jurisdicciones nacionales. Tienen en mente los precedentes de Sierra Leona y la condena de Charles Taylor en los años 90, el juicio en Senegal a un expresidente de Chad por crímenes de lesa humanidad o el juicio a Ríos Montt en Guatemala. En este sentido supuso un hito el año 1998, el mayor después de Nuremberg, con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y con la detención del dictador Augusto Pinochet por una orden de la Audiencia Nacional, lo que llevó a la Cámara de los Lores a pedir la extradición del dictador a España.
«En los últimos años hemos visto cómo personas poderosas responsables de atrocidades han podido ser juzgadas, como Milosevic y ahora Mladic, condenado recientemente a cadena perpetua por crímenes de guerra y lesa humanidad después de 16 años huyendo de la justicia», aseguran desde Amnistía Internacional. «Los sirios se merecen que los responsables de crímenes de lesa humanidad en su país sean juzgados también.»
Para ello, los abogados implicados en la creación del Comité remiten a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 71/248 del 21 de diciembre, en la que se especifica la necesidad de un «Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos Más Graves en virtud del Derecho Internacional Cometidos en la República Árabe Siria desde marzo de 2011».
«Esto es un proceso lento», señalan desde Guernica 37, «pero igual que hoy vemos a responsables de crímenes de lesa humanidad en la exYugoslavia sentados ante un tribunal y respondiendo frente a sus víctimas, continuaremos luchando para que los crímenes contra los sirios no caigan en el olvido».
Fuente original: http://www.vientosur.info/spip.php?article13260
http://www.eldiario.es/internacional/Siria-Justicia_0_713578966.html