La inflación en Turquía lleva siete meses de continuos aumentos que no solo empujan a las clases populares hacia el abismo, además dejan al descubierto los graves problemas del sector agrícola. En octubre los precios registraron un alza del 25,24 por ciento con respecto al mismo mes de 2017, lo que supone la cifra más […]
Es evidente que el aumento de los precios en general, y el de los alimentos en particular, afectan de forma más preocupante a los sectores de población con menores ingresos, pero con el agravante de que en Turquía cuanto más bajo es el poder adquisitivo de las familias, mayor es la proporción del presupuesto destinado a la compra de alimentos.
Según las estadísticas oficiales de 2017, el rubro más grande en el gasto de los hogares fue la vivienda (compra o alquiler) con el 24,7 por ciento del total, seguido por la alimentación con el 19,7 por ciento, pero en el quintil inferior en la escala de ingresos, es decir, entre el 20 por ciento más pobre de la población, este capítulo llegaba hasta casi un tercio del presupuesto familiar.
Junto con la contracción económica, la depreciación de la lira turca y el aumento del desempleo, la creciente inflación se debe en gran parte a una falla estructural, que afecta principalmente al sector agrícola como reconoció el Banco Central de Turquía (TCMB) en su informe para el tercer trimestre.
Según la institución monetaria ‘la escasez ocasional de suministro de productos alimenticios no procesados, que lleva a aumentos repentinos y bruscos de los precios, se debe principalmente a factores estructurales’, entre otros a ‘la incapacidad de hacer un plan de producción agrícola eficiente y dinámico’.
El informe consideró que el desarrollo de un plan de estas características fortalecería ‘las estadísticas agrícolas, la estimación del rendimiento y la infraestructura del sistema de alerta temprana’, y añadió que ‘otro problema estructural que causa la escasez de suministro cíclico es la mala gestión de la transición de campo a invernadero, especialmente en productos vegetales frescos’.
Para el TCMB esta deficiencia en el terreno de la distribución ‘permite a los intermediarios que dominan el mercado especular sobre los precios y lograr ganancias excesivas’.
No cabe duda de que estos movimientos especulativos, y especialmente con unos productos tan sensibles como son los alimentos, deben ser evitados, pero no es menos cierto que la agricultura en Turquía fue perdiendo peso económico en los últimos años, reduciendo su aporte de alimentos básicos al mercado nacional.
Entre 1998 y 2017 el sector agrícola pasó de contribuir al Producto Interno Bruto (PIB) del 10 al 6 por ciento, respectivamente, y productos ampliamente extendidos como el trigo, el maíz, el girasol o el algodón se están dejando de cultivar, pero no de consumir, lo cual está multiplicando las compras en el exterior.
De acuerdo con el estudio realizado por la Cámara de Ingenieros Agrícolas, durante los seis primeros meses de 2018 las importaciones de trigo aumentaron 38 por ciento, las de maíz 96 por ciento y las de soja 23 por ciento, siempre en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Otro dato destacable es la drástica reducción del número de personas empleadas en la agricultura durante los últimos 20 años, pues de dar trabajo a unos 9 millones en 1998 (41,3 por ciento de la población activa), se pasó a 5,4 millones (17,2 por ciento de la población activa) en 2017, a pesar de que en ese tiempo la fuerza laboral creció más de 45 por ciento.
Durante años el gobierno del AKP alentó un desarrollismo centrado en la construcción y la industria, descuidando la agricultura, y prueba de ello es que a pesar de que la tasa de crecimiento económico para el segundo trimestre fue del 5,2 por ciento, el sector agrícola retrocedió un punto y medio con respecto al trimestre anterior.
El resultado actual es que Turquía enfrenta escasez de suministro y se ha convertido en un importador neto de alimentos, a pesar de su potencial agrícola y su clasificación reciente como autosuficiente y a salvo de los riesgos de seguridad alimentaria.
Además, el investigador Necdet Oral apunta también al proceso de desmantelamiento de las explotaciones familiares, ‘para garantizar que todo el proceso, desde la producción hasta la comercialización, esté controlado por las multinacionales’, y a la aplicación de programas de ajuste estructural en el sector agrícola propios del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
De esa manera se hizo desaparecer la relación Estado-campesino, reemplazándose por la de capital-campesino, lo cual supone en la práctica desaparición de los subsidios a la producción o para insumos (combustibles, fertilizantes), la reducción de créditos y la venta de cooperativas agrícolas a grandes empresas.
A modo de ejemplo, la ley adoptada en abril de 2006 que parecía garantizar sobre el papel el apoyo a los agricultores, asignaba fondos públicos por al menos el 1 por ciento del PIB, según la Unión de Cámaras Agrícolas de Turquía solo llegó al 0,56 por ciento.
Más recientemente, el pasado 19 de octubre, el Ministerio de Agricultura publicó un reglamento que introdujo normas sobre la reproducción, comercialización, mantenimiento y uso sostenible de las variedades locales de semillas, incluyendo el registro de estas como propiedad intelectual.
La Confederación de Sindicatos de Agricultores reaccionó ante la nueva ley asegurando que ‘las semillas locales, que son los valores comunes y los activos desarrollados por los aldeanos con el conocimiento y la cultura comunes durante miles de años, son usurpadas y se convierten en propiedad de individuos y empresas con el reglamento emitido por el Ministerio’.
En la misma línea se expresó el abogado Fevzi Ozlüer, del Colectivo de Ecología, al considerar que con el nuevo reglamento ‘el agricultor, que no puede comercializar semillas industriales, tampoco podrá vender las suyas a menos que obtenga la patente’.
También, la disminución de la actividad agrícola y el envejecimiento de la población en las zonas rurales han dejado sin cultivar vastas extensiones de tierras, que en muchos casos fueron utilizadas para la construcción de viviendas o centros comerciales, si se hallaban en las cercanías de áreas urbanas, de modo que los terrenos cultivables se redujeron desde 2001 7,3 por ciento a nivel nacional.
Las políticas agrarias aplicadas en Turquía durante los últimos años solo han servido para impulsar las importaciones en detrimento de la producción local, y en momentos de alta inflación como el actual, la dependencia del exterior solo contribuye al déficit de alimentos y al aumento de sus precios.
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