Activistas y medios de comunicación suelen referirse a Yemen como “el peor desastre humanitario del mundo provocado por el hombre”, una cantinela que predomina en la cobertura informativa sobre el país desde 2014.
En respuesta, cada vez más organizaciones no gubernamentales internacionales y programas de ayuda administrados por Naciones Unidas intentan abordar específicamente la malnutrición y la propagación de enfermedades relacionadas con la guerra. Pero los pocos resultados perceptibles y la intensificación de la crisis han llevado a muchos analistas a criticar el modelo utilizado para proporcionar asistencia humanitaria a Yemen. Aunque lo de “provocado por el hombre” se refiere obviamente tanto a la campaña de bombardeos y al bloqueo de Arabia Saudí como a la guerra interna que lidera el movimiento yemení Huti en Sanaa, puede que los programas de ayuda humanitaria dirigidos desde el extranjero también estén contribuyendo a la perpetuación de este desastre.
En lugar de contribuir a la resolución del conflicto y al desarrollo de la estabilidad de Yemen a largo plazo, mucha de la ayuda humanitaria que llega a Yemen exacerba la guerra porque fomenta una lucrativa economía de guerra que desincentiva las soluciones pacíficas y prolonga la dependencia nacional de la ayuda extranjera. La asistencia humanitaria constituye uno de los más importantes sectores económicos del país que enriquece a una atrincherada élite militante que monopoliza la distribución de la ayuda y utiliza los alimentos y los suministros como capital político. El potencial de corrupción y los efectos nocivos de la ayuda humanitaria en un conflicto civil no es un fenómeno nuevo en Yemen; ha sido objeto de muchos estudios críticos en los últimos diez años [1].
Las agendas que establecen los donantes, sobre todo en lo relacionado con la pandemia de la COVID-19, han tenido un involuntario impacto negativo; al mismo tiempo, el aumento de la dependencia yemení de los donantes ha creado obstáculos adicionales para el desarrollo a largo plazo de la economía nacional y de la atención sanitaria del país. Incluso las organizaciones locales de la sociedad civil, que pueden suponer una vía para que aumente la intervención yemení en la distribución de la ayuda y el desarrollo, luchan contra las tensiones políticas relacionadas con la guerra, la corrupción y la ausencia de rendición de cuentas.
El negocio de la respuesta a la hambruna
Desde 2014 los medios de comunicación han declarado muchas veces que Yemen está al borde de la hambruna. Aunque esta información describe la severa escasez de alimentos derivada de la guerra también sirve para incrementar la audiencia y apelar a la brújula moral de la opinión pública. Las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI), que dependen de la generosidad de donantes privados para sus presupuestos operativos y de programas, han utilizado reiteradamente la crisis de Yemen en sus campañas de recaudación de fondos. OXFAM Internacional, por ejemplo, utiliza regularmente titulares conmovedores en sus páginas web , como “Yemen al borde del abismo: el conflicto lleva a millones de personas a la hambruna”, yuxtapuestos junto a los enlaces de “Dona ahora”. Pero, ¿cuántas de estas donaciones acaban llegando a Yemen y qué parte de esta financiación se destina a gastos generales e indirectos de la organización en general? Según el informe anual de OXFAM de 2019, el 33% de los gastos se destinan a partidas no relacionadas con los programas, como recaudación de fondos y marketing. Sin embargo, la recaudación de fondos es esencial para el funcionamiento de estas organizaciones y para mantener los salarios del personal de la organización. Como sostiene Michael Barnett , “[…] como las buenas causas no se venden por sí solas sino que hay que venderlas, las organizaciones de ayuda han desarrollado una importante destreza en el marketing… anuncian, si no embellecen, la tragedia para aprovechar el sentimiento de culpa de los ricos” [2] La publicidad de las propias organizaciones forma parte del modelo de negocio de la ayuda humanitaria, aunque entre el utilitarismo y la explotación solo haya una fina línea.
Además de las ONGI, una lista cada vez mayor de agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias viene utilizando eficazmente un lenguaje de crisis similar para impulsar las contribuciones estatales y las donaciones privadas. La Oficina del Enviado Especial (OEE) para Yemen en particular, ha necesitado una publicidad adicional y justificarla públicamente, pues su presupuesto operativo básico anual para 2020 aumentó a 18,4 millones de dólares, superando el presupuesto de la OEE para Siria, de 16,2 millones de dólares. En diciembre de 2018, la OEE para Yemen utilizó una subvención suplementaria para financiar una importante reunión de delegados en Estocolmo, Suecia, a fin de negociar un alto el fuego en la ciudad portuaria occidental yemení de Hodeida. Las negociaciones y la aplicación del Acuerdo de Estocolmo, finalmente infructuoso, costaron 56 millones de dólares y produjeron pocos resultados tangibles –como consecuencia de la influencia creciente de la línea dura en el seno del movimiento Huti y de la falta de progreso general en las negociaciones directas entre Arabia Saudí y los Huti [3]. Los costes de los viajes de avión en 2019 sólo de la OEE para Yemen ascendieron a 1,3 millones de dólares, con un gasto adicional de 3,8 millones de dólares en alojamiento en hoteles de Hodeida para los miembros de la Misión de Naciones Unidas en Apoyo al Acuerdo de Hodeida (UNMHA por sus siglas en inglés) de 2019. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la ONU, a pesar de reconocer “el difícil entorno operativo de la Misión” expresó su preocupación en un informe de 2019 por los gastos y la utilización de recursos por parte de la UNMHA [4].
Como observó Fiona Terry “[…] insistir en las complejidades de las crisis se ha convertido en una forma conveniente de desviar la responsabilidad por las consecuencias negativas de la acción humanitaria del régimen de ayuda internacional debido al contexto en el que opera”. [5] El conflicto actual en Yemen representa el compendio de una “emergencia compleja”: un gobierno reconocido internacionalmente en el exilio, un grupo rebelde que gobierna la capital, una intervención militar regional, restricciones a la movilidad, desplazamientos internos y un desastre humanitario provocado por el hombre. La ayuda humanitaria no puede resolver el conflicto político pero puede desempeñar un papel en la creación de las capacidades locales preparando a los yemeníes para la necesaria reconstrucción de posguerra.
Política de la ayuda en Yemen
La crisis humanitaria en Yemen no empezó en 2014 sino que deriva de un crescendo del abandono de las infraestructuras, la corrupción política y las prolongadas luchas internas. El papel de la ayuda extranjera al desarrollo en la reconfiguración de la agricultura yemení está íntimamente conectado con la creación de este desastre. El proceso comenzó en la década de 1960 en el norte de la República Árabe de Yemen (RAY) cuando USAID contribuyó a la construcción de carreteras que conectaban las principales zonas urbanas de la RAY. Utilizando gran parte del mismo equipamiento y material, USAID construyó un sistema de suministro de agua y alcantarillado en la ciudad central yemení de Taiz, denominado Proyecto de Agua John F. Kennedy. También se llevaron a cabo proyectos hídricos a pequeña escala en las aldeas de los alrededores; personal de USAID asistió a los autóctonos a construir nuevos pozos e instaló bombas de aguamodernas [6]. Durante la década de 1970 la ayuda extranjera financió un aumento importante del número y el tamaño de esas bombas; los yemeníes empezaron a sustituir las fuentes de alimentación nacionales por alternativas importadas más baratas, lo que incentivó el cambio de la plantación de alimentos básicos por cultivos comerciales más lucrativos. Estos proyectos fueron decisivos para desarrollar una economía agrícola de uso intensivo de agua que contribuyó a la alarmante crisis hídrica de Yemen [7].
Tres décadas de corrupción incontrolada bajo la presidencia de Ali Abdulá Saleh (1990-2012) agravaron la pésima gestión de los recursos por parte del gobierno, que priorizó sus propias finanzas familiares y su red política por encima de los servicios públicos, y permitió el deterioro de las infraestructuras de Yemen. Un país antes conocido como el granero de la Península Arábiga y la Arabia Félix de la antigüedad depende ahora de la importación para el 90% de sus alimentos básicos. La magnitud del deterioro de las infraestructuras yemeníes quedó patente en las imágenes de las destructivas inundaciones del verano de 2020 agravadas por el colapso de múltiples presas. A pesar del reconocimiento histórico con que contaba el sistema de riego de su país, las y los yemeníes no pudieron aprovechar el valioso caudal de las lluvias y sólo pudieron lamentar la destrucción causada por su abundancia.
La crisis alimentaria en Yemen no puede atribuirse solo al conflicto sino que está asociada a esas transformaciones a largo plazo de las infraestructuras y la agricultura incentivadas, y a veces directamente construidas, a través de la ayuda extranjera.
En las décadas posteriores a la Guerra Fría, un número cada vez mayor de organizaciones internacionales que operaban bajo los auspicios de la ONU, fundaciones filantrópicas internacionales y otras organizaciones nacionales de ayuda desembolsaron ayuda a Yemen destinada a fines humanitarios o de desarrollo. Las consecuencias potencialmente negativas de estos programas surgieron en general por el desajuste entre los fines ocultos que tenían las organizaciones extranjeras y los hechos sobre el terreno en Yemen. A lo largo de los últimos 30 años, Yemen ha tenido que lidiar con numerosos conflictos internos, desde la Guerra Civil de 1994 hasta las Guerras Huti de 2004 a 2010, y el actual conflicto entre los rebeldes Huti y el gobierno yemení desplazado que comenzó en 2014. El hecho de que para cualquier organización internacional resulte difícil operar en Yemen sin parecer que se alinea con uno u otro actor ha fomentado una sospecha inherente entre los yemeníes sobre los planes ocultos de los trabajadores extranjeros y sus financiadores.
El legado de desconfianza se viene arrastrando de décadas de ayuda al desarrollo a largo plazo y sigue afectando a la relación de Yemen con los proveedores de ayuda humanitaria extranjera durante el conflicto actual. Entre 2015 y 2019, Yemen recibió un total estimado de 15.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y más de 2.500 millones de dólares en ayuda bilateral saudí destinada a estabilizar la economía y evitar el colapso de la moneda, el rial yemení. El año 2018 marcó el máximo de la ayuda exterior en 5.200 millones de dólares, es decir, el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) de Yemen de 2012, que fue de 35.400 millones de dólares, y casi el 20% del PIB en tiempo de guerra en 2018. La ayuda humanitaria es ahora uno de los mayores sectores económicos para el país, un peligroso precedente para el desarrollo actual y futuro de Yemen.
Los actores políticos y los militantes locales, que por defecto actúan como socios de las organizaciones humanitarias internacionales, tratan de ejercer el control sobre la administración de la ayuda. Los miembros de la tribu Huti y otras milicias locales se benefician de la crisis humanitaria del país y de la generosa ayuda extranjera al cobrar tasas de tránsito y distribución infladas o entregando la ayuda a sus electores como forma de capital político. Irónicamente, la distribución de la ayuda elimina los incentivos para las iniciativas de paz y prolonga la misma crisis que las organizaciones humanitarias pretenden aliviar. Los dirigentes de los Huti utilizan la ayuda alimentaria –concediéndola o reteniéndola– para atraer a los jóvenes a los frentes de guerra a través de un sistema de registro de familias de combatientes para que reciban ayuda y proporcionar a los hombres un estipendio. En cambio, los refugiados desplazados internos sólo reciben cantidades mínimas de ayuda alimentaria y sufren una grave desnutrición. Las agencias internacionales de ayuda respaldadas por la ONU tienen pocas alternativas cuando trabajan en el territorio controlado por los Huti, donde, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) opera con el Proyecto de Alimentación Escolar y Ayuda Humanitaria del Ministerio de Educación de los Huti para distribuir el 60% de toda la ayuda alimentaria en el norte de Yemen. El comportamiento lucrativo de los Huti y otras milicias alcanzó nuevas cotas en 2020, cuando la interferencia sistemática en las operaciones de ayuda provocó un enfrentamiento con las organizaciones internacionales de ayuda, lo que llevó a su retirada parcial sin que hubiera suficientes organizaciones locales de la sociedad civil.
El impacto de la COVID-19 en la ayuda humanitaria a Yemen
En mayo de 2020, Altaf Musani, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Yemen, estimó que la totalidad de la población de 28 millones de personas de Yemen contraería COVID-19 y al menos 65.000 morirían a causa del virus [8]. En realidad, es poco probable que Yemen vea cifras tan altas pero incluso si mueren 65.000 según esa estimación, ello se traduciría en una tasa de mortalidad del 0,2%. En cambio, las tasas de mortalidad por COVID-19 en el mundo occidental en noviembre de 2020 superaban el 1,5%. La declaración de Musani reflejaba dos aspectos típicos y desafortunados de las operaciones de las agencias humanitarias en Yemen: la sobreestimación del impacto de las crisis sanitarias y la promoción interesada.
Debido al aislamiento impuesto por el bloqueo que dirige Arabia Saudí, el primer caso confirmado de COVID-19 en Yemen no se identificó hasta abril de 2020, convirtiéndose en uno de los últimos países en notificar casos. Los expertos de las agencias humanitarias habían advertido con anterioridad de lo devastador que podría ser el virus para la población yemení y también habían realizado una estimación en el número de víctimas. El anuncio de los primeros casos confirmados de COVID-19 significó que las organizaciones humanitarias que operan en Yemen y que habían tenido que hacer frente a carencias presupuestarias se beneficiasen. Por ejemplo, en respuesta a la pandemia, el PMA recibió una subvención de 225 millones de dólares de Estados Unidos destinada a sus programas en Yemen. Hasta ahora ha habido menos de 7.000 casos confirmados de COVID-19, mucho menos de los 28 millones previstos, aun teniendo en cuenta la relativa ausencia de instalaciones de análisis y la inaccesibilidad de las zonas de conflicto [9].
Al mismo tiempo, el sistema de atención sanitaria de Yemen sigue enfrentándose a los retos ya conocidos –que no están relacionados con el coronavirus– incluidos más de 150.000 nuevos casos de cólera. La escasez de inversiones a largo plazo en el suministro de agua potable y saneamiento provocó brotes de cólera de proporciones epidémicas en 2016 y 2017 que se extendieron por casi todas las provincias del país. Cada vez se diagnostican más casos de dengue, malaria y difteria, así como de desnutrición grave. El número de yemeníes sin acceso a la atención preventiva básica aumentó hasta los 14,8 millones en 2017, lo que supone de hecho una sentencia de muerte para muchos por enfermedades crónicas no transmisibles que en otras circunstancias serían tratables.
En 2020 la ONU retiró la financiación y los recursos a 30 de sus programas de salud pública en Yemen, o trasladó esos fondos a la lucha contra la pandemia mundial dentro del país. Como resultado, la atención primaria de salud, las campañas de vacunación y las instalaciones médicas en Yemen han disminuido significativamente en sólo un año, exponiendo cómo depende el sistema de salud de la financiación extranjera y cuáles son las prioridades de los países donantes. La ausencia de atención sanitaria básica, cancelada por la pandemia, puede acabar provocando una tasa de mortalidad superior a la de la COVID-19, una advertencia de la que se hacen eco los autores de un estudio reciente que afirman que “[…] el cierre de los programas humanitarios de salvamento y el desplazamiento del apoyo hacia la seguridad sanitaria, es decir, para apoyar la respuesta a la COVID-19, a expensas del apoyo a la atención sanitaria primaria, devastará las iniciativas para fortalecer el sistema de salud y empeorará la crisis humanitaria”. [10] Es bien sabido que la medicina preventiva es menos costosa, sostenible y, a menudo, más eficaz para tratar las enfermedades a largo plazo.
El mayor reto estratégico para los modelos de ayuda humanitaria a Yemen es equilibrar las crisis del país a corto plazo con sus necesidades a largo plazo. La mayor parte de la programación se centra en las crisis emergentes de salud pública, como el cólera y la COVID-19, lo que refleja el interés de los donantes y no las prioridades de Yemen. Pero Yemen se enfrenta a importantes retos de salud pública a largo plazo. Antes del inicio de los enfrentamientos en 2014, el sistema sanitario yemení ya sufría una escasez crónica de suministros y personal médico –solo tres médicos por cada 10.000 personas, una de las menores proporciones de médicos por persona del mundo. Las prioridades de atención sanitaria establecidas desde el extranjero en Yemen han contribuido inadvertidamente a la fuga de cerebros médicos del país, ya que Yemen depende cada vez más y más de la experiencia y del personal médico extranjero. Los profesionales médicos yemeníes que podían permitirse abandonar el país devastado por la guerra ya lo han hecho, mientras que los que se quedan se orientan hacia iniciativas médicas internacionales mejor pagadas en lugar de hacia la atención sanitaria básica.
Los retos y beneficios de las iniciativas de ayuda local
Una forma de abordar el ciclo nocivo de la ayuda humanitaria extranjera y la dependencia es limitar las burocracias exageradas e hinchadas de las ONG internacionales y, en su lugar, incrementar la intervención yemení en el proceso estratégico de asignación de la ayuda. La colaboración con las entidades locales, tanto en situaciones de conflicto como de posconflicto, es esencial para crear un desarrollo y una estabilidad autosostenibles [11]. Las organizaciones locales pueden dar prioridad a las necesidades de creación de capacidades a largo plazo frente a las respuestas humanitarias a corto plazo, y pueden trabajar para sustituir el costoso personal extranjero por personal yemení, especialmente en la atención sanitaria básica.
Por ejemplo, en lugar de importar alimentos, una práctica que se remonta a principios de la década de 1970, las iniciativas locales de adquisición de recursos pueden permitir a los yemeníes invertir en la seguridad agrícola y alimentaria a largo plazo. El competencia desleal derivada de grandes cantidades de alimentos importados por las organizaciones humanitarias puede paralizar a los agricultores locales y provocar un círculo vicioso de empobrecimiento. Los modelos de ayuda sostenible recurren, en cambio, a los suministros de alimentos de emergencia de origen local en la medida de lo posible, sabiendo que ese enfoque centrado en la inversión reducirá la dependencia en el futuro.
La fundación sin ánimo de lucro Yemen Relief and Reconstruction Foundation (YRRF) sobresale como una de las pocas organizaciones que abastece de alimentos a nivel local: compra alimentos a los agricultores yemeníes y los distribuye como ayuda a través de las divisiones políticas en coordinación con las ONG locales. [12] Aunque YRRF (fundada en 2017) opera a pequeña escala, su modelo de abastecimiento local tiene el potencial de funcionar a nivel regional. Otras organizaciones populares dirigidas por yemeníes locales se han unido a las filas de YRRF para operar en un modelo mucho más sostenible a largo plazo. Mona Relief, fundada por el periodista y activista yemení Fatik al Rodaini, utiliza donaciones en efectivo para comprar alimentos a los agricultores y vendedores locales y entregar cestas de alimentos a familias necesitadas. Ahmad Algohbary, periodista yemení afincado en Sanaa, fundó Yemen Hope and Relief, una organización que apoya la ayuda en caso de crisis para niños y niñas con desnutrición grave. Ambos organizadores utilizan las plataformas de las redes sociales para llegar a donantes, periodistas y familias necesitadas. En comparación con operaciones de envergadura como las de la ONU, los gastos generales de estas ONG son mínimos y la ayuda humanitaria por dólar que proporcionan resulta mucho más eficaz.
La comunidad de la diáspora yemení presenta otra vía para superar la brecha de ayuda humanitaria que de otro modo sería insuperable. Por ejemplo, Yemen Aid, fundada en 2016 y dirigida por la estadounidense yemení Summer Nasser, eliminó la burocracia de los intermediarios mediante un modelo de ayuda que opera de manera eficiente y directa con los afiliados locales yemeníes. Según el Informe Anual de 2018 de la organización, Yemen Aid compromete el 97% de sus gastos en áreas relacionadas con el programa, mientras que organizaciones más grandes como OXFAM comprometen por lo general menos del 70%.
Las ONG locales, sin embargo, están limitadas por las mismas divisiones políticas que plagan el sistema político del país. La mayoría no tienen una convocatoria a escala nacional y están limitadas a las redes regionales. Mona Relief, por ejemplo, limita su programación a las provincias de Sanaa, Hodeida y Dhamar, y no trabaja en el sur. Yemen Aid, por su parte, realiza gran parte de su programación en Adén. La excepción puede ser Itar for Social Development, dirigida por Wameedh Shakir, que funciona como un consorcio de la sociedad civil para las ONG locales yemeníes y las organizaciones humanitarias con una programación activa en las regiones del norte, sur y este de Hadramaut. Las organizaciones locales de la sociedad civil están sometidas a un amplio abanico de problemas de seguridad impuestos por los Hutiy otros grupos militantes regionales, lo que limita su capacidad para operar fuera de ciertas zonas o para ampliar la escala a nivel nacional. Los dirigentes de la sociedad civil tampoco pueden viajar libremente dentro de Yemen o a nivel internacional, ya que el aeropuerto de Sanaa sigue cerrado al tráfico civil, lo que deja únicamente a los lejanos aeropuertos de Seyun y Adén como opciones de vuelo.
Incluso la mera transferencia de fondos de donantes a Yemen supone un grave problema para las ONG locales, ya que los bancos “hutificados” con sede en Sanaa ejercen el monopolio de las transacciones monetarias extranjeras (y obtienen porcentajes exactos de las mismas). Este método de entrega de ayuda y dinero en efectivo beneficia inadvertidamente a la arraigada élite política a expensas de los que más sufren la crisis humanitaria. Aunque la descentralización de la gestión de la ayuda puede limitar el alcance del control de los Huti o la capacidad de un único grupo militante para monopolizar la entrega de la ayuda humanitaria, sigue existiendo riesgo de corrupción y mala gestión incluso a nivel local. Sin una rendición de cuentas sostenida, los donantes individuales del extranjero sólo habrán conseguido dispersar la búsqueda de rentas centralizadas entre los actores regionales aprovechados. [13] La ayuda extranjera financia la programación pero no el desarrollo de capacidades, al tiempo que exige complicados informes financieros y de subvenciones. Aparte de Itar, no existe una coordinación de la sociedad civil yemení que haga posible la rendición de cuentas y la programación interregional. No obstante, la ampliación de un mayor grado de intervención a las y los yemeníes en la asignación de la asistencia extranjera y el abastecimiento local de la ayuda humanitaria cuando sea posible ofrece una vía de abordar la creciente dependencia de los donantes y el ciclo de la ayuda, evitando al mismo tiempo los gastos generales de una gran agencia de ayuda internacional.
En general, el año 2020 ha constituido una triple amenaza para la estabilidad económica de Yemen: las remesas de los trabajadores yemeníes en los países del Golfo se redujeron a medida que la caída del precio del petróleo cerró los campos petrolíferos; las restricciones de la COVID-19 impidieron la actividad económica nacional; y el nivel de ayuda exterior cayó en detrimento de las y los yemeníes que dependen de la generosidad de los donantes. Los compromisos de los donantes tras el evento virtual que prometía contribuciones de alto nivel organizado por Arabia Saudí en junio de 2020 ascendieron a 1.350 millones de dólares, muy por debajo de los 2.400 millones de dólares solicitados por Naciones Unidas. Dentro de ese compromiso, los fondos se han desviado de la asistencia humanitaria ordinaria y se han reorientado hacia iniciativas relacionados con la COVID-19, según las prioridades de los donantes internacionales. Estados Unidos, por ejemplo, redujo su cantidad global para el PMA de 920 millones de dólares en 2019 a 225 millones en 2020, destinando toda la ayuda al sur y limitando el apoyo a los territorios controlados por los Huti en el norte.
Cambiar la ayuda a la atención médica preventiva por la respuesta a la pandemia y equipos de protección personal puede contribuir a aumentar la mortalidad por enfermedades no relacionadas con el coronavirus combinadas con desnutrición, al tiempo que profundiza la pobreza del país y la consiguiente dependencia de la ayuda exterior. Sin una estrategia clara de salida que transfiera la responsabilidad a los socios locales, los programas de ayuda humanitaria en Yemen se enfrentan a la difícil decisión de permanecer indefinidamente o retirarse prematuramente, dejando así caos y dependencia a su paso.
Notas:
- Neil Narang, “Assisting Uncertainty: How Humanitarian Aid Can Inadvertently Prolongate Civil War”, International Studies Quarterly 59/1 (2015).
- Michael Barnett, Empire of Humanity: A History of Humanitarianism (Ithaca: Cornell University Press, 2011) p. 42-43.
- Raiman al Hamdani y Helen Lackner, “Talking to the Houthis: How Europeans Can Promote Peace in Yemen»”, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (octubre de 2020).
- A/74/6 (Sect. 3)/Add. 1, Asamblea General de la ONU (junio de 2019).
- Fiona Terry, Condemned to Repeat?: The Paradox of Humanitarian Action (Ithaca: Cornell University Press, 2002) p. 15-16.
- Asher Orkaby, Beyond the Arab Cold War: The International History of the Yemen Civil War, 1962-68 (Nueva York: Oxford University Press, 2017).
- Sheila Carapico y Richard N. Tutwiler, Yemeni Agriculture and Economic Change: Case Studies of Two Highland Regions (Sanʾa: American Institute for Yemeni Studies, 1981).
- Sharmila Devi, “Fears of ‘Highly Catastrophic’ COVID-19 Spread in Yemen”, The Lancet (edición británica) 395/10238 (2020).
- A. A. Al Waleedi y otros, “The First 2 Months of the SARS-CoV-2 Epidemic in Yemen: Analysis of the Surveillance Data”, PLoS One 15/10 (2020).
- Sameh Al Awlaqi y otros, “COVID-19 in Conflict: The Devastating Impact of Withdrawing Humanitarian Support on Universal Health Coverage in Yemen”, Public Health in Practice 1 (noviembre de 2020).
- Hameed Alqatabry y Charity Butcher, “Humanitarian Aid in Yemen: ¿Colaboración o cooptación?”, Journal of Peacebuilding & Development 15/2 (2020).
- Ann Marie Kimball y Aisha Jumaan, “Yemen: The Challenge of Delivering Aid in an Active Conflict Zone”, Global Security 5/1 (2020).
- Tim Eaton y otros, “Conflicts Economies in the Middle East and North Africa”, Chatham House (2019).
Asher Orkaby es investigador asociado del Instituto Transregional de la Universidad de Princeton y becario del Centro Internacional Woodrow Wilson.
Fuente: https://merip.org/2021/05/benefiting-from-the-misery-of-others/
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