La presente reflexión pretende problematizar el reconocimiento que han realizado países de América Latina respecto al Estado Palestino, intentando trazar líneas sobre la contradicción entre el reconocimiento de una Palestina soberana, junto con la profundización de relaciones económicas y políticas con el Estado de Israel. No se intenta sellar el tema por medio de argumentos […]
La presente reflexión pretende problematizar el reconocimiento que han realizado países de América Latina respecto al Estado Palestino, intentando trazar líneas sobre la contradicción entre el reconocimiento de una Palestina soberana, junto con la profundización de relaciones económicas y políticas con el Estado de Israel. No se intenta sellar el tema por medio de argumentos y datos históricos, ideológicos y políticos, sino más bien dotarnos de una «caja de herramientas» de tal forma de contribuir a dilucidar la actualidad de «la cuestión palestina».
El reconocimiento oficial de Palestina que iniciaron los países líderes de MERCOSUR, Argentina y Brasil, se hace relevante de analizar no sólo por el protagonismo que están teniendo como bloque económico en las problemáticas y desafíos globales a nivel internacional. Lo que resulta del todo consecuente con las tratativas de Brasil desde hace algún tiempo, de integrar como miembro permanente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, junto a los otros 5 países: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China.
Las declaraciones formuladas son decisiones interesantes porque se realizan de forma coordinada, lo que da cuenta de que las aspiraciones de dicho bloque van más allá de acuerdos económicos, políticas arancelarias y la unión aduanera que ha sido implementada, incorporando posturas políticas y éticas junto a otros organismos como UNASUR, respecto a diversas situaciones propias de la contingencia a nivel regional y mundial.
El otro asunto primordial es que se reconoce al Estado Palestino en las fronteras anteriores a junio de 1967. Es decir, se explicita que el Estado Palestino debe construirse en la Franja de Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Este (22% de la Palestina Histórica), de acuerdo a las resoluciones 242(1967) y 338(1973) del Consejo de Seguridad, que sí son vinculantes y que el Estado de Israel ha violado sistemáticamente con el apoyo explicito de Estados Unidos y con la complicidad de un gran número de estados que conforman la comunidad internacional.
Lo trascendente de reconocer las fronteras del año 1967 es que se encuentran definidas por el derecho internacional, pero a su vez por los impactos que se tornan implícitos. Al estipular como legales dichas fronteras, se está afirmando que se rechaza la presencia y construcción de asentamientos en los Territorios Ocupados, que no se reconoce la anexión de Jerusalén como «capital eterna e indivisible del Estado de Israel» o cualquier otro acto jurídico o fáctico que implique la apropiación de tierra y recursos de Palestina, como por ejemplo, la construcción de carreteras exclusivas para los colonos en la Ribera Occidental del Jordán o la apropiación de las aguas subterráneas en la Franja de Gaza1.
A todas luces, de manera preliminar, el apoyo descrito resulta del todo exitoso como una forma de expresar solidaridad con la causa del pueblo palestino, que es la autodeterminación en su propio país, la cual ha sido negada por más de 60 años, junto a un intento de exterminio físico y simbólico de su presencia en dicha tierra.
El problema que se presenta es el siguiente: no nos encontramos en presencia de un conflicto de larga data en donde se enfrenten dos fuerzas simétricas, en igualdad de condiciones. De hecho, una de las partes ha hecho esfuerzos sistemáticos para borrar por la fuerza y por medio de una limpieza étnica al pueblo palestino, como queda demostrado principalmente por historiadores israelíes y palestinos que se han dedicado al estudio y la investigación del Nakba en 1948 y la Naksa en 1967. Pero también por la fuerza de los hechos que ha quedado en evidencia durante la última década, gracias a la difusión de las comunicaciones y la tecnología, facilitada principalmente por parte de ONGs y medios de comunicaciones alternativos; camarógrafos, periodistas y en general profesionales internacionales que promueven una información bastante más sensata y desvinculada de intereses económicos o corporativos.
Desde principios de la década pasada, cuando se inicia la Intifada Al-Aqsa (2000), la potencia ocupante se niega a que exista presencia de Observadores Internacionales en los Territorios Ocupados (2001-2002), principalmente en aquellos lugares donde se producían choques entre los manifestantes y los militares israelíes. Además, construye un Muro propio de los antiguos imperios que refuerza el control sobre la población palestina en conjunto con los puestos de control militar que existen en las entradas y salidas de todas las ciudades y aldeas palestinas. Dicho Muro ha sido declarado como ilegal (2004) por el Tribunal de la Haya (el mismo tribunal que se encuentra resolviendo el litigio marítimo entre Perú y Chile). Algunos desinformados y/o mal intencionados sostendrán que Israel tiene derecho de ejercer su soberanía y defender a sus ciudadanos. Lo que es un hecho cierto para todos los pueblos y naciones-estado del mundo y no sólo para quienes creen tener un «mandato divino» sobre «la tierra prometida».
La cuestión central radica en que dicho Muro de hormigón se encuentra instalado en territorio palestino, en los mismos territorios que Argentina, Brasil, Ecuador y otros países como Costa Rica, Cuba, India y China han reconocido como territorio soberano palestino. Es como si Chile decidiera construir un Muro de contención entre Tacna (Perú) y Mendoza (Argentina) para combatir el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. El Muro ha destruido miles de hectáreas cultivables, robando sus recursos más preciados como el agua, ha fragmentado poblados, familias, universidades, en fin.
A lo anterior, se debe agregar el bombardeo sobre Gaza por aire, mar y tierra (Operación Plomo Fundido/2008-2009), que tenía como objetivo principal atacar a la población civil por su «culpa» de apoyar a Hamas, el mismo movimiento que fomentó Israel para debilitar a la OLP desde fines de los años 80. No se explica de otra manera que instalaciones de Naciones Unidas para la distribución de alimentos, tiendas de campaña, escuelas y hospitales, hayan recibido el impacto directo de artillería pesada y armamento como el fósforo blanco(reconocido por sus propias autoridades) que se encuentra prohibido por la Convención de Ginebra y la Ley Internacional. A lo que se debe sumar, el ataque a la Flotilla Internacional (denominada Flotilla de la Libertad/2010) que se proponía ayudar a romper el bloqueo absoluto que impone la potencia ocupante a la Franja de Gaza, la construcción de nuevos asentamientos en Jerusalén y, por último, la intransigencia de la dirigencia israelí de frenar incluso lo que ellos denominan de forma antojadiza como «crecimiento natural» de las colonias en «los territorios en disputa».
Estos hechos grafican que nos encontramos en un conflicto absolutamente desproporcionado, desequilibrado y por tanto si se deja a las partes «negociar» bilateralmente, con Estados Unidos como facilitador, las posibilidades de lograr una solución razonable y viable (ni siquiera justa) son igual a 0. Por esta razón, resulta decisivo apoyar el reconocimiento del Estado Palestino soberano con sus fronteras definidas, como lo han hecho una gran cantidad de estados y actores internacionales.
Pero no basta para tener éxito, la historia política contemporánea y los estudios internacionales han confirmado la vigencia del (neo) realismo político. Se debe presionar por medio de un Boicot integral externo2 y también a nivel local por parte de los palestinos e israelíes comprometidos con la paz3, puesto que el Estado de Israel se ha propuesto en términos estratégicos; dilatar una situación de inestabilidad y precariedad por medio de un eterno «proceso de paz», fomentar el statu quo y así ganar tiempo para proseguir con su objetivo de lograr cambios físicos y demográficos. Así como asfixiar a los palestinos por medio de una «guetización» del territorio árabe en cientos de islas inconexas, separadas forzosamente como Gaza y Cisjordania, situación que coexiste con una dirigencia oficial palestina agotada y desacreditada4 e interlocutores árabes preocupados de mantener sus privilegios. Actualmente ya no se puede hablar de 2 grandes territorios palestinos, sino de cientos y miles de terruños, divididos por la potencia colonial.
Esta contingencia catastrófica se torna relevante y decisiva de abordar puesto que precisamente hace escaso tiempo atrás, el MERCOSUR firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, el primero de este tipo, siendo ratificado, tal como se estipula, por cada uno de sus miembros plenos. Dicho acto es criticable por la inconsistencia política que demuestra, puesto que por un lado se reivindican los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino, reconociendo incluso a su estado. Pero al mismo tiempo, se formalizan y profundizan intercambios comerciales y acuerdos de integración o cooperación con el Estado de Israel.
Actuar en ambas direcciones casi en forma simultánea, se podría interpretar o traducir vulgarmente como un discurso «populacho» para la «galería» y otro «formal-real» que se propone profundizar las relaciones con la potencia ocupante, sin balancear o sopesar los potenciales efectos adversos a nivel local, regional e incluso mundial, como podría ser debilitar o fragilizar las relaciones con los países árabes (22) e islámicos (57), que poseen un mercado de más de 1.200 millones de habitantes. Consecuencias que se pueden ver reflejadas también en una mayor legitimidad de movimientos y partidos políticos en la región, que se encuentran convencidos de que sólo una guerra de guerrillas popular y altamente disciplinada con base filosófica en el Islam, puede hacer retroceder a la entidad sionista.
Si efectivamente se reconoce que Israel ocupa territorios que no le corresponden ni pertenecen, que asesina a civiles palestinos y también a activistas solidarios extranjeros, aplicando un Sistema de Apartheid homologable al de la Sudáfrica de antaño, pero con mayores niveles de sofisticación para controlar, vigilar a la población (biopolítica del terror) y hacer insoportable la vida cotidiana por medio de confiscaciones, destrucción de hogares y todo tipo de castigos colectivos. Por dichas razones, se le debe hacer sentir presión civil, académica, política y sobre todo económica; rompiendo relaciones diplomáticas, frenando las invitaciones a profesores israelíes que apoyan la ocupación, saboteando actividades de inversiones en el extranjero, restringiendo intercambios comerciales5, no firmando TLCs, hasta que el Estado de Israel cumpla, convirtiéndose idealmente en un «crisol de culturas» y en un «democracia plena», tal como se definen.
Por el momento, es un Estado Apartheid que desde su fundación declaró «Un Estado de Excepción»6 que se mantiene vigente, una Democracia de Bantustanes que fomenta y genera terror en contra de los «no judíos», manteniendo una actitud beligerante, un conflicto abierto y latente con el objetivo de lograr una necesaria cohesión interna, que no se obtiene electoralmente, en donde el ejército juega un rol aglutinador clave.
A su vez, para seguir recibiendo apoyo político, compensaciones, subsidios y ayuda económica por los perjuicios provocados por la «Europa Ilustrada y Capitalista», requiere proseguir con la propaganda de que son perseguidos por el hecho de «ser judíos». Por este motivo, es que en países como Chile7 se viene presionando mediante diversas tácticas y maniobras políticas, para que exista una «Ley de Antidiscriminación» que haga mención explicita sobre el «antisemitismo». De tal modo, que en la praxis política cualquier reproche a la política que implementa Israel sobre Palestina, sea considerado como un enunciado «antisemita» y por tanto despreciable en un país democrático que se supone resguardar los derechos humanos, con dicha ley una revista como Hoja de Ruta quedaría expuesta a una censura con sustento jurídico.
El reconocimiento de un Estado Palestino soberano con fronteras explicitadas es un gran avance en cuanto a la obtención de más legitimidad para la causa palestina. Pero para que dicho progreso simbólico y diplomático se haga realidad, los países que se definen como democráticos, confiables y justos, deben generar presión sobre la potencia ocupante de manera decidida. Por de pronto, rechazar «los cursos» y «entrenamientos» que se ofrecen a las Fuerzas Castrenses por parte de Fuerzas Especiales Israelíes, para aprender a reprimir y torturar a las poblaciones locales, como lo han hecho países como Colombia y Honduras. No comprar armamento israelí, una de sus principales industrias, como lo hacen la mayoría de los países de America Latina y Europa, inclusive por países que se declaran fervientes partidarios del Estado Palestino. De hecho, según diversas fuentes, en el mes de diciembre de 2010 arribaron a Chile procedentes de Sao Paulo y Buenos Aires8 aviones no tripulados de la compañía israelí Elbit para realizar demostraciones ante las Fuerzas Armadas y de Orden.
Por otro lado, hace un tiempo atrás la empresa israelí Arrow Ecology especializada en reciclaje, le propuso al Gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli9, la instalación de una planta de residuos con una inversión estimada de 60 millones de dólares y la licitación de una Planta Potabilizadora Regional en La Plata. En tanto que el Intendente de Bahía Blanca ratificó desde Jerusalén que la Empresa Mekorot 10 (Empresa nacional de Agua de Israel) ¡participará en la elaboración misma de la licitación para el tratamiento de aguas residuales!, empresa que ha conseguido recursos hídricos a partir del saqueo a los palestinos y de sus recursos naturales.
Si se acepta la instalación de megaproyectos económicos, aunque en este caso no sea responsabilidad directa de Cristina Fernández de Kirchner, el apoyo a un Estado Palestino se convierte en letra muerta. En definitiva, si el Estado de Israel no asimila ningún costo económico y político va a proseguir pisoteando a Palestina y desafiando las resoluciones internacionales, aunque el conjunto de la comunidad internacional se declare a favor de la autodeterminación del pueblo de la Intifada.
Retomando, lo que han hecho los países hegemónicos de MERCOSUR (más Paraguay y Uruguay) es compensar el TLC que firmaron y ratificaron con Israel hace escaso tiempo atrás. Es decir, la fórmula aplicada es: TLC con Israel y luego reconocimiento de un estado soberano palestino en las fronteras del 67. En Chile se podría generar una situación adversa, pero todavía peor. Reconocimiento de un Estado Palestino, sin fronteras explicitadas y luego un TLC con Israel para «satisfacer las necesidades» de cada una de las partes. ¿Les entregarán a los palestinos para construir su estado una parte de Gaza11? ¿El Reino de Jordania? ¿Un espacio en el Barrio Patronato de Santiago de Chile? O ¿quizás tendremos lugar en una «República Magallánica», rescatando tal vez el viejo anhelo sionista de ubicarse en la Patagonia?
Nicolás Chadud es politólogo e investigador. Miembro de la Revista Hoja de Ruta.