Amnistía Internacional lanza una campaña para denunciar el acoso que sufren y para reclamar a Gobiernos y multinacionales «que se les permita trabajar en un entorno más seguro»
Manifestación reclamando justicia para la activista Berta Cáceres. AFP/ Marvin Recino
Defender la tierra sale caro en muchas partes del mundo. Reivindicar la libertad, también. Tanto como para que en los dos últimos años Amnistía Internacional haya contabilizado la muerte violenta de 437 activistas proDerechos Humanos, buena parte de ellos ambientalistas, en 22 países.
«Miles de defensores de los Derechos Humanos soportan campañas de hostigamiento, agresiones, detenciones irregulares e incluso homicidios», explica Miguel Ángel Basés, portavoz de Amnistía Internacional (AI) en Aragón, que este martes ha presentado en las Cortes autonómicas la campaña Valiente, con la que la oenegé pretende denunciar el acoso y las amenazas que sufren esos activistas y reclamar que desde los gobiernos «se les permita trabajar en un entorno más seguro».
El informe distribuido a los parlamentarios, que recuerda cómo «hoy se incumplen abiertamente tanto el espíritu como la letra de la declaración» de la ONU que en 1998 señaló a los defensores de los derechos humanos como «agentes del cambio», pese a que los Estados miembros se comprometieron a apoyar su labor «y a permitirles trabajar sin obstáculos y sin temor a represalias», considera «esencial, por tanto, que se les conceda protección efectiva contra la violencia, incluida la violencia sexual, y la discriminación».
Agresiones en nombre de otras empresas
Sin embargo, la batería de 28 medidas que promueve en la campaña no van únicamente dirigidas a las instituciones públicas. Hay un apartado específico para las empresas, a las que llama a «implementar procesos adecuados de diligencia debida» para «garantizar que se respetan los Derechos Humanos de las personas y comunidades» afectados por sus actividades o las de «sus filiales, subcontratistas o proveedores».
La propuesta no es para nada infundada. De hecho, el último dictamen del relator de la ONU sobre la situación de los activistas documenta los vínculos de grandes compañías con «violaciones de los derechos humanos, que van desde la restricción de las actividades legítimas de las personas defensoras para limitar el ejercicio de sus derechos hasta agresiones perpetradas por empresas de seguridad privadas en nombre de otras empresas».
El activista, Gustavo Castro (primero por la derecha), compareció en las Cortes de Aragón con los representantes de Amnistía Internacional Miguel Ángel Bases y Luis Ángel Muñoz para presentar la campaña ‘Valientes’.
El mexicano Gustavo Castro, superviviente del ataque en el que murió asesinada la indigenista y ambientalista hondureña Berta Cáceres y que también participó en la comparecencia, es una de las víctimas de esa violencia de las oligarquías. Hoy, tras haber pasado un mes detenido mientras intentaban colgarle el crimen, vive acogido por AI. «El Gobierno me tuvo secuestrado un mes para tratar de imputarme», apunta.
«No se ha querido investigar e ir más allá, hacia los autores intelectuales», explica, en referencia al ‘cortafuegos’ judicial que rodea a los ocho detenidos por el asesinato, entre ellos el gerente de la empresa hidroeléctrica Desa, promotora de la presa a la que se oponía la comunidad Ienca, cuyo territorio iba a ser inundado, con Cáceres a la cabeza, además de varios militares y presuntos sicarios.
El 95% de los crímenes quedan impunes
El 95% de los crímenes contra ambientalistas y activistas proDerechos Humanos en el mundo quedan impunes, según las estimaciones de AI, que también admite que la cifra oficial de 427 víctimas queda restringida a las documentadas. La cifra real de asesinatos es mucho mayor.
«La historia no nos da muchas expectativas, con tanta impunidad, pero tenemos que seguir exigiendo justicia», anota Castro, que recuerda cómo varias organizaciones han llevado al Gobierno de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos «para que esto no quede impune».
«Es paradójico que la misma policía vaya persiguiendo y asesinando a los defensores», anota, con sarcasmo, al evocar los 120 ambientalistas asesinados en los últimos siete años en ese país; «cinco de ellos con medidas de la comisión interamericana», recalca.
«Cada vez más gobiernos atacan a los defensores de los Derechos Humanos y dificultan su labor con fuerza excesiva», refuerza Luis Ángel Muñoz, responsable de la campaña Valientes, que describe a esos activistas como «personas que tratan de defender los derechos de otros y que se oponen a los intereses de grupos políticos, grupos armados y empresas».
«La persecución a las mujeres es terrible»
El grueso de esos conflictos en América Latina, donde el año pasado se produjeron el 75% de los asesinatos documentados de activistas, están relacionados con actividades extractivas, ya sea de hidrocarburos o de minerales. Estas últimas afectan a 90 millones de hectáreas en México y al 40% del territorio en Guatemala, mientras países como El Salvador y Costa Rica han declarado una moratoria para frenarlas.
«Este modelo de extractivismo tan voraz implica necesariamente desplazar población», explica Castro, para quien «a final de cuentas el problema no es solo de allá, sino que tiene un impacto global, va en detrimento de la alimentación y de la salud, de la calidad de vida de nuestro planeta».
Castro llama la atención sobre el hecho de que «los feminicidios están aumentando de una manera impresionante» en la represión de los movimientos sociales en Latinoamérica. «La persecución contra las mujeres es terrible, porque eso minimiza e incide en la concienciación social», apunta. «Ya no hay ninguna inhibición por parte de las fuerzas represivas -añade-. Saben que con eso también impiden mucho la movilización social, y las mujeres están cada vez más al frente de la lucha por la defensa de sus hijos, de la tierra, del agua».