Traducción: CSCA
HAIFA, miércoles 5 de enero de 2022 – El 26 de diciembre de 2021, el gobierno israelí aprobó un plan estimado en 1.000 millones de shekels israelíes (unos 286 millones de euros) para promover el «crecimiento demográfico» judío israelí en el Golán ocupado a Siria para el periodo 2022-2025.
En respuesta, el 3 de enero de 2022, Adalah – El Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel y Al-Marsad – Centro de Derechos Humanos Árabes en los Altos del Golán enviaron una carta al fiscal general (AG) Avichai Mandelblit y al primer ministro Naftali Bennett exigiendo la cancelación del plan sobre la base de que la decisión constituye una flagrante violación del derecho internacional, que se aplica a los Altos del Golán, como un territorio ocupado.
El objetivo del plan es duplicar la población de colonos judíos israelíes en el Golán en un plazo de cinco años, añadiendo 23.000 habitantes y construyendo 7.300 viviendas adicionales. Para ello, el plan pretende acelerar el establecimiento previsto de dos nuevos asentamientos y trasladar o construir fábricas para crear puestos de trabajo para los nuevos residentes.
El plan también pretende desarrollar y fortalecer el sector agrícola del Consejo Regional del Golán y promover la adopción de un plan maestro integral para Katzrin («Qatzrin» – el mayor asentamiento israelí en el Golán), con el objetivo de aumentar por lo menos su población en 50.000 residentes en los próximos 20 años, hasta 2040.
Tal y como argumentan Adalah y Al-Marsad, este plan se apoderará aún más de las tierras que pertenecen a los residentes sirios del Golán y a los refugiados que fueron expulsados de él, que actualmente se calcula que son medio millón de personas.
Se calcula que el 95% de los Altos del Golán está actualmente bajo la jurisdicción de las localidades de los asentamientos, cuyos residentes constituyen sólo el 50% de los habitantes de los Altos del Golán. Esto ha provocado una escasez de tierras y una crisis de desarrollo para las 28.000 personas que residen en las cinco localidades árabes sirias que sobrevivieron a la guerra. Este grupo se limita ahora a sólo un 5% de la zona (unos 56 kilómetros cuadrados).
Además, estas zonas extremadamente limitadas están sujetas a muchas restricciones: de los 56 kilómetros cuadrados, 11 Km cuadrados han sido clasificados como reservas naturales, además de las tierras asignadas al plan de turbinas eólicas. Las localidades de los asentamientos judíos israelíes controlan las tierras de 341 pueblos sirios cuyos habitantes fueron expulsados en 1967. La aplicación del plan del gobierno conducirá a un mayor uso de esas tierras en beneficio exclusivo de los colonos judíos israelíes, lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional.
En la carta, las organizaciones de derechos humanos argumentaron que la anexión unilateral de los Altos del Golán por parte de Israel y la aplicación de la ley israelí a estos territorios, así como el reconocimiento por parte de la administración del ex presidente estadounidense Donald Trump de la «soberanía» israelí sobre ellos, no cambian su condición de territorio ocupado.
El Consejo de Seguridad de la ONU, en la resolución 497, adoptada por unanimidad en 1981, rechazó firmemente la anexión de los Altos del Golán por parte de Israel y la declaró nula y sin efecto jurídico internacional. Por tanto, el derecho internacional humanitario (DIH) se aplica a los Altos del Golán ocupados.
El plan del gobierno israelí es contrario al derecho internacional, ya que implica la expropiación de propiedades ocupadas por razones distintas a la necesidad militar y el traslado de la población del Estado ocupante al territorio ocupado, dijeron las dos organizaciones.
Por lo tanto, Adalah y Al-Marsad consideran además que estos actos equivalen también a crímenes de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Además, su aplicación conducirá a la creación de nuevos hechos sobre el terreno que impedirán a los residentes del Golán sirio disfrutar libremente de sus recursos naturales.
Por ello, las organizaciones de derechos humanos exigieron al primer ministro y al fiscal general que trabajen para anular el plan. El abogado de Adalah, Suhad Bishara, declaró: «La extensa y creciente violación de los derechos de los residentes sirios del Golán es un acto ilegítimo que viola flagrantemente el derecho internacional. Los intentos de normalizar la ocupación del Golán sirio no tienen validez en el derecho internacional y el estatus de los Altos del Golán sigue siendo de territorio ocupado.»
El abogado de Al-Marsad, Karama Abu Saleh, añadió: «La expansión de los asentamientos en los Altos del Golán no sólo viola las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, sino que profundiza la realidad discriminatoria contra los nativos en lo que respecta a sus derechos de uso de los recursos naturales. Esto agrava la situación en la que los colonos tienen privilegios en la recepción de presupuestos y en el acceso a los recursos naturales, mientras que los nativos sufren la escasez de tierras y otras crisis.»