Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
Por La divulgación de las transcripciones de las reuniones clandestinas celebradas en marzo de 1986 entre los tres altos oficiales del Shin Bet, el servicio de seguridad de Israel, y funcionarios del entonces fiscal general Yitzhak Zamir (reporteado por Gidi Weitz en la edición en inglés de Haaretz el 27 de septiembre), trajo nuevamente la historia del autobús 300 a los titulares.
Más de 27 años han pasado desde que el oficial del Shin Bet, Ehud Yatom, asesinó a los dos terroristas que secuestraron el autobús. Posteriormente confesó, en una entrevista con el diario Yedioth Ahronoth -que más tarde negó que hubiera concedido-, que «en el camino, recibí la orden de [el jefe del Shin Bet] Avraham Shalom de matar a los hombres, y es lo que hice». Con la refutación de la versión oficial de los hechos, la publicación de una foto de uno de los terroristas en vida, y los rumores sobre la forma en que opera el Shin Bet, el sistemático encubrimiento del asesinato se puso en marcha. Este esfuerzo tuvo éxito obnubilando los ojos de dos comités de investigación (dirigidos por Meir Zorea y Baltman Yona respectivamente), que intentaron estudiar las circunstancias de las muertes de los terroristas secuestradores.
Una vez que el tema de portada se hizo desaparecer, se supo que algunos de los testigos que fueron citados por los comités afirmaron que la «aniquilación» y el falso testimonio se llevaron a cabo de acuerdo con las normas, según las cuales el Shin Bet a menudo ha torturado a los sospechosos durante los interrogatorios y luego ha negado sistemáticamente ese comportamiento en los tribunales.
Cuando las historias acerca de los falsos testimonios, los intentos de engañar a los comités y otras actividades del Shin Bet para que no se conozca la verdad llegaron al conocimiento del público, hubo una fuerte protesta. Sin embargo, Shimon Peres y Yitzhak Rabin (primer ministro y ministro de Defensa respectivamente en 1986) y Yitzhak Shamir (primer ministro en el momento de los asesinatos) eligieron proteger a los funcionarios del Shin Bet, y Zamir, el fiscal general que deseaba investigar el asunto, fue despedido. La inmunidad y el indulto presidencial, antes del juicio, se organizaron también para aquellos que participaron en el asesinato y el falso testimonio.
La Comisión Landau, que se creó para examinar las prácticas del Shin Bet, a raíz de este y otros asuntos, también reveló que funcionarios del organismo habían mentido sistemáticamente en los tribunales a lo largo de muchos años. En su informe final, la Comisión señaló que «los investigadores tienen la sensación de que no sólo sus acciones cuentan con el respaldo de sus superiores, sino también de que otros entes, fuera del servicio sabía de ellas y las aprobó. Con base en lo que se dijo ante el comité, estos entes incluyen los establecimientos de procesamiento civil y militar, los tribunales y la jerarquía política».
La década de 1980 finalizó, y sin embargo, la tortura continúa hasta nuestros días, al igual que la cultura que permite mentir a los jueces y al público en nombre de la «seguridad». La misma cultura de la fabricación y el mismo sentido de la inmunidad de permanecer en su lugar. Sólo el estilo de respaldo institucional y el encubrimiento han cambiado.
Desde 2001 se han presentado en la fiscalía general más de 700 quejas contra los interrogadores del Shin Bet, sospechosos de torturar a las personas investigadas, pero no se ha llevado a cabo ninguna investigación criminal en respuesta. Las quejas están dirigidas al Procurador General para ser examinadas por el «inspector de quejas sobre las personas investigadas», puesto ocupado por un oficial del Shin Bet. Como era de esperar, las personas que ocuparon este cargo en la última década «investigaron y descubrieron» que todas las denuncias de tortura fueron presentadas demasiado tarde, o no eran correctas, o que las acciones de los investigadores estaban justificadas.
Esta información sobre la «investigación», se presentó al oficial de la Oficina del Fiscal del Estado, que supervisa al inspector del Shin Bet, certifica los informes del inspector, que recibió la autorización del fiscal general, en todos los casos. El respaldo otorgado por el fiscal general ha llevado a una situación en la que, desde 2001, las investigaciones penales no han sido iniciadas por la división de la policía de asuntos internos en el Ministerio de Justicia, encargada de investigar las quejas contra los agentes del orden. Tal como se lee, el fiscal general se ha convertido en el obstáculo que prohíbe la investigación de las denuncias de tortura por parte del Shin Bet.
Aun cuando una denuncia por tortura del Shin Bet se plantea en los tribunales, la veracidad de los «memorándum» (un documento legal vinculante) de interrogatorio del sospechoso -en la que se basa su condena en cierto grado- es parcial en el mejor de los casos. Al parecer, sin el conocimiento de los tribunales, o sin que haya expresado algún interés en el asunto, existe un doble sistema de grabación en lo que respecta a las medidas adoptadas en las salas de interrogatorios del Shin Bet. Es decir, hay dos versiones de los memorandos que se compilan después de un interrogatorio, uno interno, para el Shin Bet solamente, y el otro «limpio», destinada a la policía y los tribunales.
Hoy, como en aquellos días, la inmunidad ofrecida a los interrogadores de Shin Bet sigue siendo absoluta, incluso si están torturando a sus detenidos. Del mismo modo, la verdad acerca de lo que se hace dentro de las salas de interrogatorio del servicio a miles de personas que son interrogadas por asuntos de seguridad, sigue siendo relativa, como en aquellos días.
El doctor Ishai Menuchin es el director ejecutivo del Comité Público contra la Tortura en Israel y presidente de la sección israelí de Amnistía Internacional.
Fuente: http://www.haaretz.com/print-