La política del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Ahora Madrid se había convertido en un referente en todo el Estado, no sólo en Madrid, de la lucha contra los recortes de Montoro-Rajoy. Por eso, ver al PP votar sí con 14 de los 20 concejales de Ahora Madrid, ha sido una imagen muy dura. […]
La política del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Ahora Madrid se había convertido en un referente en todo el Estado, no sólo en Madrid, de la lucha contra los recortes de Montoro-Rajoy. Por eso, ver al PP votar sí con 14 de los 20 concejales de Ahora Madrid, ha sido una imagen muy dura. Y, para colmo, el concejal que ha encabezado esta pelea, Carlos Sánchez Mato, es cesado por la alcaldesa. ¿Cómo ha podido suceder?
Tras 26 años de gobiernos de la derecha, Ahora Madrid surge como una alternativa cuya esencia es la participación democrática, y que es una bocanada de aire fresco y la posibilidad de poner por delante los derechos sociales y las condiciones de vida de la mayoría de los vecinos y vecinas de Madrid.
Sin recursos no hay cambio
La primera condición para que el cambio fuese posible era tener dinero, tener recursos, para hacer vivienda protegida, centros culturales, residencias, servicios sociales… Y esa es la prioridad que se trazó el Área de Hacienda con Carlos Sánchez Mato al frente. El PP y las grandes empresas también lo saben. Desde el principio han trabajado para cerrarle a Madrid el grifo de la financiación.
El Ayuntamiento cumple todos los requisitos: tiene superávit, reduce deuda y paga a sus proveedores en menos de 20 días, algo que ya quisiera para sí la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento sube los impuestos a los que más tenían y se los baja a la mayoría, dentro de sus competencias, y aumenta el gasto social en un 50% y la inversión en un 70%. La derecha tiene que parar eso como sea y, de paso, fomentar la idea de que el gobierno de AM es un caos, cuando por primera vez se actuaba contra la corrupción y se le ponían los intereses de la mayoría por delante.
Para eso han utilizado la «regla de gasto», o mejor, la interpretación que hace Cristóbal Montoro. El Ministerio notificaba al Ayuntamiento que incumplía la regla de gasto y exigía un Plan Económico y Financiero. El Ayuntamiento lo presentaba y el Ministerio lo rechazaba, con una nueva interpretación. Hasta tal punto lo manipulaba que la aplicación informática que debía utilizarse para notificar el PEF al Ministerio, no permitía hacerlo porque los criterios nuevos de Montoro no se ajustaban a ella. Incluso un organismo como la AIREF (que supervisa la marcha de la deuda de las administraciones públicas) ha manifestado: «No está en una mala situación; su evolución es la correcta, no vemos por qué se tomó esa decisión del seguimiento semanal de sus cuentas» [1] .
La lucha contra la ley Montoro se estaba haciendo cada vez más dura y más difícil. La única salida era bajar a los barrios, hablar con la plantilla municipal, y explicarles lo que estaba en juego: su dinero y sus derechos sociales. Y llamarles a la movilización, con el Consistorio al frente.
Hay alternativa a los recortes
Sin embargo, la alcaldesa y una parte de los concejales de Ahora Madrid han optado por ceder a las presiones de Montoro, aprobando un nuevo Plan Financiero y Económico. Nos dicen que no va a haber recortes, pero no es cierto: en 2018 habrá 552 millones de euros menos, un 13%. «Pero se desbloquean las obras y actuaciones pendientes -aseguran-«: no servirá de nada pues a estas alturas del año la inmensa mayoría no se podrán tramitar, ese dinero irá casi todo a los bancos en forma de amortización anticipada de deuda. «Pero-siguen- lo compensaremos gastando el remanente de presupuestario de este año en Inversiones Financieramente Sostenibles»: tampoco es cierto, no se puede compensar el recorte de esa forma, pues son inversiones limitadas a obras menores e implican la renuncia a proyectos de más envergadura. «Bueno-siguen- pero no habrá recortes del gasto social»: otra imposible, pues sólo en «transferencias corrientes» van a recortarse 100 millones de euros y eso repercutirá en las ayudas sociales. Hasta en el capítulo de personal se van a recortar 19 millones euros. Es decir, recortes va a haber y los sufrirán los barrios más humildes y las plantillas. Y subirán los impuestos y tasas, para perjuicio de las rentas más bajas, en unos 100 millones de euros. Al final, 550 millones de euros irán a parar a los bolsillos de la banca.
Entonces llega el argumento supremo: «no había otra alternativa». Pero lo cierto es que sí la había: no hacer ningún PEF. Presionados por Montoro, este año se han tomado medidas para cumplir la regla de gasto, con lo que ya se iba a cumplir con una enorme probabilidad. Eso implicaba que no existía obligación legal de hacer un PEF, y que en febrero-marzo se podría aprobar un nuevo Presupuesto sin necesidad de ceñirse a otro corsé que el que manden los recursos disponibles y las necesidades sociales. En febrero-marzo de 2019, cuando se liquidase el presupuesto ya nos exigiría el Ministerio, si fuese necesario, un nuevo PEF. Quizás para entonces, la iniciativa que se ha presentado en el Congreso para modificar la regla de gasto habrá sido aprobada y puesta en práctica.
Es nuestro dinero, nuestros derechos y nuestra decisión
Es un disparate echar por la borda dos años y medio de pelea contra los recortes y que el gobierno se los aplique por sí mismo, cuando tiene alternativas legales. Y, es que el dinero no es del gobierno municipal, sino nuestro, de todos y todas.
Se nos acusa a IU de querer controlar a Ahora Madrid, de maltratar el carácter vecinal de esta candidatura, pero IU ha dicho que hay alternativa y ha pedido que se aplazara la aprobación del PEF para poder hacer una consulta a los activistas que apoyan a AM. ¿Cómo puede desnaturalizar eso a AM? Lo que daña gravemente el proyecto es asumir un plan de recortes y decirles que no hay alternativa, cuando sí la hay. Y, encima, cesar a un concejal de Hacienda que estaba haciendo una labor totalmente coherente con el programa de Ahora Madrid y los intereses de la mayoría de la sociedad.
Además el método, democrático o autoritario, es un principio básico en política y no es casualidad que la claudicación ante la política de recortes del PP venga impuesta por el «ordeno y mando» de la alcaldesa, algo que no sólo está muy lejos de la naturaleza de un movimiento municipalista como Ahora Madrid, sino que pone en peligro el futuro de esta alternativa, pues no podemos aceptar que esta sea la línea política y metodológica de Ahora Madrid. Vinimos aquí no para administrar la miseria, sino para desvelar la deuda injusta, hacer un Madrid habitable, y oponernos a los recortes en el gasto social, y todo ello con participación y democracia. Todo ello ha quedado muy lejos, tan lejos que abona el terreno para la desunión, pues no puede haber unidad por imposición, y sobre todo para la frustración. La decisión de Carmena es un paso más en la línea de abrir la puerta a la vuelta de la derecha al ayuntamiento de Madrid.
¿Por qué no se organiza un plenario de Ahora Madrid, en el que Carlos Sánchez Mato pudiera explicar sus alternativas frente a su sustituto, Jorge García Castaño, y que se sometiera a ratificación el PEF? Y, en función de lo que ahí se aprobase, orientar la política municipal en lo que resta de legislatura.
Ante Montoro, en lugar de rendirse hay que confiar en la gente y llamarles a la movilización. No nos votaron para hacer recortes. Hay que bajar a los barrios y explicar a los vecinos y las vecinas las consecuencias de los recortes que quieren imponernos. Que esas dotaciones sociales, viviendas protegidas, servicios sociales y que se han ido aprobando en lo que llevamos de legislatura, están en peligro y que la mayoría no se van a realizar si no peleamos. Y volver a la senda puesta en práctica por Carlos Sánchez Mato, y hacerla extensiva a toda la actuación municipal.
Porque el conflicto que acaba de estallar en Ahora Madrid no es una rayo en un cielo azul. Se está renunciando al programa de Ahora Madrid en terrenos tan importantes como el empleo, en particular, con las remunicipalizaciones, o en el urbanismo, con la propuesta de Operación Chamartín. Ceder sin dar la pelea o, aún peor, presentar esas renuncias como un éxito, es el peor camino que se puede tomar, pues sólo favorece el desánimo y la indiferencia, es ocultar la realidad. Y, por otro lado, se orillan éxitos que servirían de punto de apoyo para seguir avanzando, como la municipalización de la Empresa Funeraria, del que prácticamente no se habla. ¿Por qué?
Manuela Carmena tiene que rectificar. Los nuevos presupuestos de 2018 no pueden ser unos presupuestos de recortes. Es nuestro dinero, son nuestros derechos. Y debe ser nuestra decisión.
Nota:
[1] http://www.20minutos.es/
Jordi Escuer, miembro de la Coordinadora de IU Madrid ciudad
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