El 5 de diciembre, Otegi y Permach leyeron un comunicado en nombre de Batasuna en el que se constataba el bloqueo del proceso de paz en Euskal Herria. Según el comunicado, la «represión y el acoso» a la izquierda abertzale hacen imposible un «diálogo político multilateral». Por su parte, el Partido Socialista de Euskadi (PSE) […]
El 5 de diciembre, Otegi y Permach leyeron un comunicado en nombre de Batasuna en el que se constataba el bloqueo del proceso de paz en Euskal Herria. Según el comunicado, la «represión y el acoso» a la izquierda abertzale hacen imposible un «diálogo político multilateral». Por su parte, el Partido Socialista de Euskadi (PSE) anunciaba el aplazamiento de cualquier contacto con Batasuna mientras se sucedan los actos de kale borroka, con ataques a sedes del PSE y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), como respuesta a las recientes detenciones de 6 liberados de ETA en Francia.
La escalada de declaraciones ha ido subiendo de tono a medida que han pasado los días, en distintos escenarios, hasta concluir en una manifestación de Batasuna ante la sede del PSE en Bilbao el 15 de diciembre. En ella, Otegi acusó directamente a Zapatero de «romper las condiciones para el proceso de paz» y le pidió un compromiso real con el mismo. El presidente del gobierno español respondió a Otegi desde el Consejo Europeo, exigiéndole a su vez menos declaraciones sobre la crisis del proceso y más pasos concretos en relación con la violencia.
Las «consecuencias» anunciadas por Zapatero tras el robo de 350 pistolas el 23 de octubre en Vauvert comenzaban a hacerse presentes. En un círculo de acciones negativas concadenadas, el proceso de paz parece estar en un callejón sin salida con la erosión de la confianza mínima imprescindible entre los interlocutores. Mientras tanto, el Partido Popular (PP) aparece como el único beneficiario de la situación, tras la quinta manifestación masiva en Madrid contra el proceso, y su exigencia -coreada por la mayoría de los medios de comunicación- de que el Gobierno Zapatero vuelva a la política antiterrorista de Aznar.
El único elemento positivo en esta situación, aparentemente sin salida, es la voluntad expresada tanto por el Gobierno Zapatero como por la izquierda abertzale de mantener el horizonte del proceso de paz, a pesar de la situación de crisis actual. A ello están abocados no solo por las posiciones mayoritarias en la sociedad vasca -confirmadas por una encuesta de opinión del Gobierno vasco este mismo mes-, sino porque el daño político de un fracaso definitivo del proceso de paz sería enorme para ambos. El Partido Socialista Obrero de España (PSOE) porque puede ver erosionada parte de su base social electoral con una nueva ofensiva del PP, alimentada por el estancamiento del proceso, hasta perder las elecciones legislativas de 2008. La izquierda abertzale porque una extensión y ampliación de la kale borroka, unida a una nueva oleada represiva, no solo merma su base social, sino que puede conducir a ETA al dilema de una ruptura del alto el fuego, que hoy rechaza masivamente la sociedad vasca, que no ha olvidado las consecuencias trágicas del fin de la tregua anterior en noviembre de 1999.
Lo que bloquea el proceso, en última instancia, es una comprensión distinta de la naturaleza del mismo. Tanto el PSOE -a otro nivel el PNV- como la izquierda abertzale tienen posiciones diferentes sobre en qué debe consistir el proceso y cual es su objetivo final. Para el PSOE, se trata de la disolución de ETA sin «pagar ningún precio político». Para la izquierda abertzale, la creación de un marco político que permita la lucha democrática por la autodeterminación y la configuración territorial de Euskal Herria.
La solución de esta contradicción aparentemente insoluble es la creación de unas condiciones políticas y sociales que permitan una solución democrática del conflicto. Es decir, que todas las fuerzas políticas y sociales puedan, a través de una mesa de todos los partidos políticos, acordar el cómo y el cuándo se trasladan las cuestiones esenciales al conjunto de los ciudadanos vascos para que sean éstos quienes decidan directamente.
La clave, por lo tanto, es la capacidad de actuación legal e institucional de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, como consecuencia de la Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista PP-PSOE, Batasuna es una fuerza política ilegalizada. La exigencia del PSOE -manteniendo en este sentido la política antiterrorista de Aznar- es que Batasuna acepte la Ley de Partidos y se re-legalice con otro nombre y otros estatutos para poder acudir a las elecciones municipales del 2007.
Para la izquierda abertzale, esta exigencia constituye un «precio político» inaceptable, porque pone en cuestión no solo su propia legitimidad como interlocutor, sino su programa político. Para el PSOE, la exigencia responde a la voluntad de anclar su propia legitimidad en un momento de acuerdo con el PP, consciente de que este partido no apoyará el proceso de paz, pero que al mismo tiempo necesita neutralizar a sectores significativos de la derecha con la garantía de unas «líneas rojas». De alguna manera, la experiencia del proceso de paz en 1998-99, bajo la cobertura del Acuerdo de Lizarra, y la trágica frustración posterior pesan todavía más que las perspectivas de futuro del nuevo proceso.
En definitiva, es el peso de la derecha la que impide al resto de las fuerzas políticas superar las «líneas rojas» de la política antiterrorista de Aznar -con su reflejo en la composición de la judicatura-, convertidas en legalidad vigente a través de la Ley de Partidos. Es la capacidad de movilización de la derecha en el estado español -con sus cinco grandes manifestaciones en Madrid- y la falta de una movilización solidaria desde la izquierda con el proceso de paz, la que ha establecido una correlación de fuerzas que se ha convertido en un cerco que el Gobierno Zapatero no es capaz de romper.
La respuesta de ciertos sectores del PSOE a esta situación es adelantar las elecciones. Y la defienden tanto quienes piden un nuevo consenso previo con el PP para avanzar en el proceso como quienes dan por bloqueado el mismo. Sin embargo, las encuestas no parecen apuntar cambios significativos en la correlación de fuerzas. Para ello son necesarias no solo unas elecciones, sino una movilización social profunda que reabra la perspectiva de una solución positiva del proceso de paz.
Visto así, la solución del problema no puede estar solo en Euskal Herria, donde la dinámica actual está acrecentando los factores negativos para el proceso, a pesar de los esfuerzos de iniciativas como las mujeres por la paz Ahotsak («voces para la paz» en euskera, que agrupa a todas las parlamentarias vascas, excepto a las del PP que no aceptan la iniciativa), el Foro de Ibaeta formado por varios sindicatos entre los que se encuentra el mayoritario (ELA), por los derechos de los presos o las iniciativas de otros sectores del mundo sindical. Una parte de la solución tiene que venir del resto del estado español, donde está la principal condicionante negativa del mismo: el peso y la capacidad de movilización de la derecha social y política española. Derrotar a esa derecha supone construir una campaña de solidaridad activa y masiva en el estado español con el proceso de paz en Euskal Herria.
Ello supone variar radicalmente la actitud de espectadores del proceso del conjunto de las izquierdas en el estado español. Es necesario extender a todo el estado las iniciativas en apoyo al proceso de paz que se están articulando en Euskal Herria. Pero también un cambio en la comprensión de la dinámica del proceso por parte de la izquierda abertzale para facilitar la construcción de esa campaña de solidaridad en todo el estado.