El digital Atalayar ha publicado un artículo que, bajo apariencia técnica, pretende algo más serio: legitimar las nuevas ambiciones marítimas y aéreas de Marruecos en el Atlántico. El texto, firmado por Daniel Abascal, sostiene que el Reino tiene derecho a extender su zona económica, a reclamar parte del entorno marítimo de Canarias y a asumir la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental ocupado. Se presenta como un estudio de Derecho del Mar, pero es en realidad un mensaje político. Y su dirección es clara: preparar a la opinión pública española, y especialmente a Canarias, para que acepte futuras concesiones a Rabat.
El artículo parte de una ficción deliberada que lo contamina todo: el “Sáhara marroquí”. Sobre esa premisa construye una cadena de supuestos derechos que Marruecos no posee. Se habla de costas extensas, de equidad geomorfológica y de la necesidad de corregir la línea media entre el continente africano y el archipiélago canario. La idea es que Canarias debe ceder porque Marruecos tiene más kilómetros de costa. Pero ese relato sólo funciona si se acepta una mentira básica: que el oeste del Sáhara pertenece al Reino. Nada en el Derecho internacional respalda eso. El territorio sigue siendo no autónomo y pendiente de descolonización. Marruecos es potencia ocupante, no soberana. Si esa premisa no se sostiene, tampoco se sostienen las pretensiones sobre el mar que Atalayar presenta como razonables.
Lo más inquietante del texto es cómo coloca a Canarias en una posición subordinada. Describe las islas como un “archipiélago no estatal” que debe adaptarse a la realidad del continente vecino. Se insinúa que la línea media es injusta con Marruecos y que habría que moverla. Se afirma que la cooperación “requiere flexibilidad”. Pero esa flexibilidad no se pide a Rabat. Se espera de España. Y de forma directa, de Canarias. El mensaje es que, si queremos estabilidad, debemos aceptar un nuevo reparto del mar. Es una forma suave de normalizar la cesión.
El Monte Tropic aparece en este relato como un tesoro silencioso. El artículo lo presenta como un espacio de interés compartido. Habla de minerales raros, de futuras oportunidades y de la necesidad de pensar en soluciones conjuntas. Pero oculta que la disputa sobre ese fondo marino sólo se entiende si se reconoce la existencia del Sáhara Occidental como territorio distinto de Marruecos. El Monte Tropic no está sólo frente a Canarias. También queda alineado con la costa saharaui. Y cualquier conversación sobre su futuro exige respetar el derecho del pueblo saharaui, no un acuerdo bilateral entre España y Marruecos para repartirse un recurso que no les pertenece. Si se borra este dato, Canarias queda atrapada en un marco que beneficia a Rabat y desplaza al verdadero titular del territorio.
El asunto del espacio aéreo es igual de grave. El artículo sostiene que Marruecos debe asumir su gestión plena porque la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad habría consolidado su soberanía. Esa interpretación es errónea. La resolución no reconoce tal soberanía, y mucho menos autoriza movimientos unilaterales. Pero el texto de Atalayar lo da por hecho y sugiere que España debe retirarse con calma y buena voluntad. Para Canarias, esto significa perder capacidad de coordinación y control en un espacio aéreo que afecta directamente a sus rutas, a su seguridad y a su actividad económica. Presentarlo como un trámite técnico no cambia la realidad: es un paso político de gran alcance.
La retórica del artículo combina la Hoja de Ruta de 2022 con la 2797 para crear la impresión de un nuevo marco jurídico que no existe. Lo que fueron decisiones políticas discutibles del Gobierno español ahora se reinterpretan como si hubieran cambiado la naturaleza del conflicto. Y a partir de esa lectura, se pretende que España debe renegociar sus límites marítimos y su papel en la gestión del espacio aéreo. Es un intento de convertir errores diplomáticos en obligaciones. Y es también una manera sutil de colocar a Canarias ante un hecho consumado.
Todo esto debería preocupar seriamente a la sociedad canaria. No estamos ante un debate técnico entre ministerios. Estamos ante una ofensiva política diseñada para avanzar posiciones sobre un mar que afecta a la pesca, a los recursos minerales, a la seguridad aérea y al equilibrio estratégico del Atlántico. Si se acepta el marco marroquí, Canarias perderá capacidad de decisión. Y el Sáhara Occidental, una vez más, quedará invisible en una operación diplomática que lo utiliza como terreno de maniobra.
Conviene recordar lo esencial. El Sáhara Occidental no es marroquí. Sus aguas no son marroquíes. Su plataforma continental no es marroquí. Y el espacio aéreo asociado al territorio tampoco lo es. Ninguna negociación entre España y Marruecos puede ignorar este punto sin violar la legalidad internacional. Cualquier cesión basada en un marco falso abre la puerta a conflictos mayores. Y cualquier renuncia en nombre de la “cooperación” terminará afectando directamente a Canarias, que es la región más expuesta a los movimientos de Rabat.
Canarias tiene derecho a saber qué se está intentando normalizar. Tiene derecho a exigir transparencia y a reclamar que no se negocie a sus espaldas. Y tiene derecho a defender que el Atlántico frente a sus costas no se redibuje al ritmo de una propaganda que pretende convertir una ocupación en soberanía consolidada. Lo que está en juego es mucho más que una cuestión técnica. Es la defensa del derecho internacional, de la seguridad en el archipiélago y del futuro del pueblo saharaui, que continúa siendo el titular legítimo de un territorio que Marruecos intenta presentar como propio para extender su control sobre el mar.
Carlos C. Plataforma “No te olvides del Sáhara Occidental”