La siguiente carta, dirigida a la organización Amnistía-EE.UU., fue enviada por el académico australiano Tim Anderson el 22 de Marzo. Escribo en mi condición de activista en favor de los derechos de los prisioneros; he observado las intervenciones de Amnistía en los arrestos de algunas docenas de «disidentes» en Cuba durante los últimos dos años. […]
Escribo en mi condición de activista en favor de los derechos de los prisioneros; he observado las intervenciones de Amnistía en los arrestos de algunas docenas de «disidentes» en Cuba durante los últimos dos años. También he visitado Cuba en dos ocasiones.
Noté que Amnistía-EE.UU. declaró a los 75 «disidentes» arrestados en Marzo de 2003 como «prisioneros de conciencia»; luego afirmó que tiene una campaña para presionar «a las autoridades cubanas para eliminar los cargos por motivos políticos», alegando que esas personas son simples «disidentes encarcelados por expresar pacíficamente sus creencias» y que la mayoría habían sido «sometidos a injustos juicios sumarios».
Sin embargo, después de leer más sobre el tema, me surgieron serias dudas sobre la campaña de Amnistía y quisiera que usted me ayudara a dar respuesta a las siguientes preocupaciones.
Primero: ¿cómo es que Amnistía llegó a llamar, repetidamente, «prisioneros de conciencia detenidos únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos de libertad de expresión y de libre asociación» a las personas arrestadas tanto en Marzo de 2003 como después de esa fecha? ¿Sabrá Amnistía que, a la mayoría de esas personas, se les probaron los cargos de actuar «en favor de una potencia extranjera» para dañar al Estado cubano y conseguir elementos para justificar «la guerra económica y el bloqueo» contra el pueblo de Cuba? ¿Acaso Amnistía reconoce que ese tipo de acciones representan un crimen? En las publicaciones de Amnistía, esto no queda claro.
Segundo: ¿no cree que, si las preocupaciones expresadas por Amnistía sobre los procedimientos jurídicos y las condiciones de los prisioneros en Cuba fueran tal como ellos mismos lo mencionan, estas deberían ser tomadas con mayor seriedad?
Tercero: ¿sabía usted que los delitos por los cuales se acusó a esas personas están estrechamente ligados con la peligrosa campaña permanente que realiza el gobierno de EE.UU. contra Cuba? Dicha campaña incluye mortales ataques armados contra civiles, explosivos colocados en hoteles, intentos de asesinato, un bloqueo económico condenado internacionalmente, actividades diplomáticas que exceden los límites de las normas internacionales y la ley Helms-Burton (1996) que financia los esfuerzos por derrocar al gobierno cubano. ¿Acaso las serias implicaciones de esta campaña, en el ámbito de los DD.HH., no significan nada para Amnistía-EE.UU.?
Si, en los Estados Unidos, pequeños grupos recibieran fondos por parte de una potencia extranjera con el fin explícito de derrocar al gobierno y al sistema constitucional, sería difícil imaginar que el gobierno de EE.UU . no hubiera aplicado toda la fuerza de sus leyes para defenderse. Más aún si las organizaciones extranjeras que financiaran a dichos grupos tuvieran antecedentes de haber sido partícipes en atentados terroristas e intentos de asesinato contra su jefe de Estado.
Con las evidencias que se dieron a conocer en los juicios de La Habana, se descubrió que muchos de esos «disidentes» recibían fondos de la Fundación Nacional Cubano-Americana así como de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. En Septiembre de 1999, un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas confirmó que la FNCA había financiado y organizado la colocación de explosivos en hoteles turísticos en Varadero y La Habana (Abril-Octubre de 1997). También sabemos que personal entrenado de la CIA y respaldado por la FNCA, incluyendo a Luis Posada Carriles, se encontraba entre las personas arrestadas en Panamá cuando fallaron en su intento de asesinar al Presidente Fidel Castro en el año 2000. Posada Carriles ya había sido encarcelado anteriormente por hacer explotar un avión en pleno vuelo matando a 73 personas en 1976. A finales de los 90’s confesó haber planeado la colocación de bombas en La Habana. Aún así, él y sus cómplices fueron indultados y liberados por motivos «humanitarios» por la presidente saliente de Panamá, Mireya Moscoso, en 2004. No hubo una sola palabra en protesta de parte de Washington.
Las actividades financieras y organizativas relacionadas con estas campañas violentas no deben ser ignoradas. Ningún analista independiente confundiría las claras conexiones entre dichas actividades con simples «prisioneros de conciencia comprometidos con la expresión pacífica de sus creencias». Como dice el ex-agente de la CIA, Philip Agee: «es absurdo pensar que estos disidentes fueron creados por una sociedad civil libre e independiente cuando, en realidad, fueron financiados y controlados por una hostil potencia extranjera.»
Estoy de acuerdo en que los activistas de Derechos Humanos tienen todo el derecho de expresar sus preocupaciones en algunos aspectos del juicio de este caso. Sin embargo, pienso que esas preocupaciones no pueden tomarse en serio en tanto no se trate la problemática de la que hablé con mayor profundidad.
¿Acaso Amnistía-EE.UU. comparte alguna de mis preocupaciones? ¿No les preocupa que la reputación de Amnistía se pueda ver afectada si ignoran esta amplia y seria problemática de los Derechos Humanos y únicamente reflejan la versión de un agresivo Departamento de Estado?
Escribo esta carta con la esperanza de tener una discusión más profunda, sobre este importante tema, con la inmensa cantidad de personas que se preocupan honestamente por los derechos de los prisioneros de cualquier lugar del mundo.