La jubilación parcial es una reducción de la jornada laboral a la que tiene derecho el personal funcionario y estatutario. Sin embargo, este derecho no se está haciendo efectivo en la actualidad.
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DIAGONAL: El 25 de septiembre de 2010 se cumplió el plazo que el Gobierno y los agentes sociales se habían dado para adaptar las normativas, de manera que se permita el acceso a la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas. ¿Se ha llegado a un acuerdo?
RAMÓN SERNA: Hay que hacer dos aclaraciones previas: primera, que la necesidad de adaptación de las normativas está en tela de juicio. No sólo por las personas y organizaciones que siempre la hemos combatido, sino también por la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo que la niega. En consecuencia, los acuerdos entre los agentes sociales y el Gobierno para realizar esa adaptación han actuado como un refuerzo para las sentencias que niegan el acceso directo al derecho. Segunda aclaración: el Acuerdo para la Función Pública de 2009 firmado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, que vencía para este punto el 25 de septiembre, era el segundo plazo de un año que se otorgaban «graciosamente» esos interlocutores para retardar el acceso del personal estatutario y funcionario a ese derecho. El primero lo concretó la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social, fruto de un acuerdo previo en esa materia entre el Gobierno, UGT, CC OO, CEOE y CEPYME; y vencía el 8 de diciembre de 2008. Los dos plazos se han incumplido a pesar de nuestros requerimientos, a los que ni siquiera hemos obtenido respuesta formal. Yo diría que han llegado a un acuerdo secreto o tácito consistente en traspasar el tema a las negociaciones del Pacto de Toledo para utilizarlo como moneda de cambio.
D.: Entonces, ¿en qué situación queda la jubilación parcial?
R.S.: La jubilación parcial, desarrollada por Real Decreto de 31 de octubre de 2002, sigue siendo posible para el personal de régimen laboral pero con las restricciones introducidas desde entonces. Primero, por la citada ley pactada de 2007, que endurece las condiciones de acceso estableciendo un período transitorio, entre 2008 y 2014; alarga la edad de los 60 a los 61; disminuye el máximo de jornada que se deja de trabajar del 85 al 75%; aumenta el tiempo mínimo de cotización necesaria de 15 a 30 años; e incorpora el nuevo requisito de una antigüedad en la empresa de seis años. Todo ello con el objeto de reducir considerablemente el número de beneficiarios del derecho. Y después, por el más reciente Real Decreto Ley de 20 de mayo que elimina ese período transitorio adelantando a la actualidad las condiciones de acceso previstas para el 2014, con el mismo objetivo. Los primeros recortes vinieron antes del reconocimiento de la existencia de una crisis, enmarcados en la tendencia neoliberal dominante de recorte de todo tipo de derechos. Ciertamente, en el caso del personal funcionario y estatuario, se podría argüir el coste, económico y de personal, que supone ese reconocimiento para la Administración, pero en ningún caso es motivo que justifique la discriminación.
D.: ¿Cuál es el papel que CC OO y UGT han jugado en este asunto?
R.S.: Como he explicado, han pactado repetidamente recortes a cambio de nada. De nada para el conjunto de trabajadores. Otra cosa es que cesiones de este tipo reporten, directa o indirectamente, compensaciones a esos sindicatos de cara al mantenimiento o aumento de su estructura y de su poder. Es algo que se ve de manera clarísima cuando acuerdan un plan de pensiones y pasan a ser gestores con su parte correspondiente de comisión. Creo que, como dice Vicenç Navarro, los comportamientos de ese tipo de la socialdemocracia se han convertido en parte del problema en lugar de en parte de la solución que es lo de ellos cabría esperar y demasiados trabajadores, y trabajadoras aún esperan.
D.: En un contexto amplio, ¿qué caracteriza la postura de estos sindicatos ante la reforma de las pensiones?
R.S.: Hace tiempo que estamos acostumbrados a sus continuas cesiones, a su falta de combatividad, a su amoldamiento al sistema. Se siguen sintiendo cómodos en las inútiles mesas de negociación y en sus estructuras vacías y siguen temiendo la participación directa de trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones. Su obsesión por ser los únicos interlocutores les acaba por restar cualquier credibilidad democrática.
DIAGONAL: Dentro del proceso de reforma de las pensiones ¿qué significa que no se alcance un acuerdo en cuanto a la jubilación parcial?
RAMÓN SERNA: Significa que hay que seguir luchando y que hay que aprender de quién y de qué te puedes fiar y de qué y de quién no. Para el personal funcionario y estatutario, como no se consolide una imprevisible jurisprudencia favorable, es una vuelta a empezar después de ocho años de secuestro de un derecho, es seguir viendo cómo otro personal que realiza las mismas funciones, pero es laboral, tiene acceso y tú no. En realidad, más de lo mismo: continuación de las desigualdades arbitrarias a las que nos tiene acostumbrado el sistema y en las que ahora te toca estar en la franja desfavorecida.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/CC-OO-y-UGT-han-pactado-recortes.html