Sobre un escenario instalado en el centro de Montevideo, el escritor Eduardo Galeano se dirigía en tono calmo a la multitud: «Hay decisiones que se toman en 15 minutos pero tienen consecuencias durante siglos». Era el 27 de mayo, cuando se realizó una movilización contra la instalación de dos grandes fábricas de celulosa en las […]
Sobre un escenario instalado en el centro de Montevideo, el escritor Eduardo Galeano se dirigía en tono calmo a la multitud: «Hay decisiones que se toman en 15 minutos pero tienen consecuencias durante siglos». Era el 27 de mayo, cuando se realizó una movilización contra la instalación de dos grandes fábricas de celulosa en las orillas del río Uruguay. No era la primera vez que las organizaciones ecologistas y sociales salían a la calle a manifestar su desacuerdo con dos megaproyectos que amenazan con contaminar el principal río del país, que además es compartido con Argentina, pero era el primero que se realizaba bajo un gobierno progresista o de izquierda. Por eso Galeano fue cauteloso: «Antes de tomar una decisión que nos parece grave y que puede implicar el envenenamiento del río y la reducción del poco humus que nos queda en la tierra, esto que va pudrir las aguas y secar las tierras, que es la experiencia triste que han dejado las fábricas de celulosa en Chile y Argentina, antes de tomar una decisión… piensen mucho lo que van a hacer.»
Sin embargo el gobierno de Tabaré Vázquez decidió autorizar la construcción de las plantas de la española Ence y la finlandesa Botnia. No sólo no escuchó a las organizaciones sociales, sindicatos, grupos ecologistas y profesionales universitarios, que demandaban tiempo y diálogo para profundizar los estudios de impacto ambiental, sino que tampoco escuchó al gobierno argentino, cuyo país se verá también perjudicado por la instalación de las plantas. El conflicto diplomático entre Uruguay y Argentina se arrastra desde hace tres años, pero en los últimos meses generó fuertes disputas entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Vázquez.
El problema es que entre ambos países existen acuerdos firmados -como el Estatuto del Río Uruguay, regulado por una Comisión Administradora binacional- que estipula que si alguna de las partes proyecta obras que afecten la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión. Si ambos países no llegaran a un acuerdo, puede llevarse el caso a la Corte Internacional de Justicia. Pero los gobernantes uruguayos nunca hicieron el planteo a los argentinos, porque estaban conscientes de que la respuesta iba a ser negativa. En todo caso, prefirieron violar los acuerdos internacionales a dejar de lado las inversiones que prometen las empresas de celulosa.
El 14 de setiembre, un fiscal de la justicia uruguaya presentó una demanda al ministerio de Medio Ambiente [1] en la que exige la prohibición de la instalación de Botnia por «la omisión en el cumplimiento de su deber de protección del medio ambiente y que se prohíba la instalación y la operativa de la planta.» El fiscal considera que los derechos ambientales de los uruguayos serían violados por la que será la fábrica de celulosa «de mayor volumen de producción en el mundo.» [2]
Monocultivo forestal
El diez por ciento de la superficie cultivable de Uruguay está sembrada con árboles para la producción de celulosa. El monocultivo de eucaliptus desplazó la importante producción cerealera (trigo, cebada, lino, girasol) que llegó a ser uno de los principales rubros de exportación del país. La fiebre forestadora se inició hace 16 años, impulsada por el modelo neoliberal y de la mano de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ese momento la tonelada de madera pulpable se cotizaba a 60 dólares en el mercado internacional y la demanda era importante. En la visión de los organismos financieros, la tala indiscriminada de madera pulpable, a razón de 15 millones de hectáreas anuales en el mundo, imponía la sustitución de los bosques tropicales como insumo principal para la producción de papel y cartón.
Uruguay fue visualizado -entre otros países del tercer mundo- como un productor potencialmente importante de madera pulpable, y los gobiernos nacionales, a partir de 1988, siguieron al pie de la letra las recomendaciones de los organismos internacionales. Una de ellas consiste en los subsidios que otorga el Estado: 50% del costo de la forestación; créditos a muy bajo interés con una gracia de hasta diez años; exoneración de impuestos nacionales y municipales, y realización de obras de infraestructura (puentes, puertos, carreteras y ferrocarriles) para facilitar el transporte y la exportación de madera. En apenas 12 años el Estado uruguayo invirtió más de 500 millones de dólares (entre desembolsos directos e impuestos no recibidos) en apoyo a la forestación, casi un 4% del Producto Bruto Interno (PBI) anual del país. [3]
Los resultados de semejante inversión -que se ha hecho a costa de reducir los gastos en educación y salud de los uruguayos- han sido claramente negativos. Como muchos países siguieron las recomendaciones del BID y el Banco Mundial, la oferta mundial de madera pulpable creció y los precios bajaron a menos de la mitad de lo que habían alcanzado en el momento en el que se promovió la forestación masiva como negocio «seguro, rentable y confiable.» Ahora, con un precio que oscila entre 23 y 28 dólares la tonelada, muchos pequeños inversionistas privados no han podido recuperar la inversión.
En tanto, las grandes empresas ejercen una doble presión: para que el Estado construya grandes obras de infraestructura (al puerto de Montevideo ingresa un camión de 45 toneladas con madera cada cinco minutos) y ahora para que se construyan fábricas de celulosa para compensar la caída del precio de madera en bruto. Los principales forestadores son también los que instalarán las grandes fábricas: Weyerhaeuser, de Estados Unidos, posee 130.000 hectáreas de monocultivo forestal, la finlandesa Botnia tiene 57.000 y la española Ence otras 50.000.
Diversos estudios aseguran que los monocultivos forestales generan graves problemas al país. El monocultivo forestal expulsa población rural, ya que ocupa el último lugar en cuanto a empleo por hectárea: apenas cuatro trabajadores cada mil hectáreas, frente a seis que ocupa la ganadería extensiva, ocho el arroz y, en el extremo opuesto, 133 trabajadores por cada mil hectáreas la horticultura, 165 la viticultura y 211 la avicultura. Además, el avance de los cultivos forestales impide a los campesinos seguir cultivando sus tierras, porque resecan los suelos que quedan inaptos para la agricultura, y las fuentes de agua desaparecen.
Por otro lado, la Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay (AITU) realizó una investigación que demuestra que unos 6.000 trabajadores forestales viven en condiciones de semi esclavitud. Un trabajador especializado que maneja la motosierra, que debe pagar de su propio bolsillo, gana apenas 5 dólares diarios, siendo el salario más elevado entre los forestales. Los inspectores concluyen: «El sistema es prácticamente de esclavitud. Pasan meses y meses sin recibir prácticamente nada en un ciclo en el cual ellos cortan, duermen, le mandan comida a la familia y no ven un peso. Duermen en condiciones infrahumanas, debajo de carpas casi siempre hechas con simples trozos de nailon y sobre el piso de tierra» [4].
En cuanto al impacto de la forestación sobre los suelos, un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República establece que luego de 25 años de forestación con eucaliptos los resultados son graves. [5] Los suelos se han vuelto más ácidos: mientras las praderas uruguayas tienen un pH de 6,5 a 6,8, los predios que tienen plantaciones forestales mostraron valores de 3,8 a 4. El eucalipto extrae grandes cantidades de calcio del suelo, contribuyendo a que el pH descienda, lo que provoca que el suelo sea menos permeable por la proliferación de hongos y micelios, que impiden que el agua penetre en la tierra aumentando así la erosión. Otros resultados, según el estudio, son la disminución de la fertilidad, del contenido de materia orgánica, y cambios irreversibles en la textura y estructura de los suelos.
Un estudio realizado en Chile demuestra que las regiones forestales son las que más se han empobrecido. Entre 1994 y 1998 algunas zonas con alto impacto de la forestación han registrado un crecimiento de la pobreza y la indigencia hasta en un 29%. [6] Chile, con más de dos millones de hectáreas forestadas, ha sido definido como el «modelo forestal» a seguir. Sin embargo, el estudio revela que los municipios donde el aumento de la pobreza ha sido mayor son aquellos en los que además de cultivos forestales hay plantas de celulosa y papel, como la Comuna de Constitución y la Comuna de Nacimiento, en el sur del país.
Por lo menos dos ministros del actual gobierno uruguayo (el de Ganadería, José Mujica, y el de Trabajo, Eduardo Bonomi) han declarado la necesidad de poner límites a la forestación. Mujica señaló que la forestación degrada los suelos y se mostró contrario a seguir beneficiando a las multinacionales forestadoras con generosos subsidios. En tanto, Bonomi denunció las condiciones irregulares de trabajo, la «tercerización y subcontratación irresponsable» que se registra en el sector y aseguró que el Estado va a comenzar a controlar el trabajo en ese sector.[7]
Celulosa y contaminación
Durante la campaña electoral de 2004, que llevó a la presidencia a Tabaré Vázquez, la izquierda (Encuentro Progresista-Frente Amplio) no quiso debatir en público sobre la construcción de las dos plantas de celulosa. Desde 1996 existe en la ciudad de Fray Bentos, donde se instarán las dos fábricas, el Movimiento por la Vida, el Trabajo y un Desarrollo Sustentable, cuyas principales dirigentes son mujeres militantes de la izquierda. Pese a ello, Vázquez nunca quiso recibirlas y se negó a debatir el tema.
Aunque el 60% de los uruguayos se oponen a las plantas de celulosa, la mayoría de los habitantes de Fray Bentos (unos 23.000) están a favor ya que los 600 puestos de trabajo que crearían las dos fábricas serían un respiro a la elevada desocupación que sufren. Sin embargo, los ambientalistas argumentan que la contaminación afectará a las 2.000 personas que viven del turismo en la zona, así como a la pesca artesanal en el río Uruguay. Son más que temores sin fundamento: en Chile, el gobierno decidió el cierre de la celulosa de Arauco al comprobar que fue responsable de la muerte de dos mil cisnes de cuello negro que son una atracción turística en la zona.
Lo cierto es que una sola de las fábricas verterá al río 200 toneladas anuales de nitrógeno y 20 toneladas de fósforo, además de las emisiones de dioxinas y furanos.[8] Greenpeace Argentina ha elaborado una lista para promover la Producción Limpia de papel, que incluye la eliminación del cloro en el proceso de blanqueo de la pasta de papel y su sustitución por oxígeno; eliminar los efluentes contaminantes, reciclándolos dentro del proceso; aumentar los porcentajes de papel reciclado en los papeles en venta y exigir la explotación sostenible de los recursos forestales.[9] Ninguna de estas recomendaciones ha sido tenida en cuenta.
Lo que llama la atención es que pese a las evidencias, la Dirección de Medio Ambiente de Uruguay aprobó -con algunas observaciones- la instalación de las plantas de Ence y Botnia. Más extraño aún es que el presidente Vázquez haya aceptado reunirse con los ejecutivos de Botnia pero nunca lo haya hecho con los ambientalistas y los movimientos sociales que se oponen a las fábricas. Éste es uno de los puntos clave, que muestra que los gobiernos de centro-izquierda de la región no tienen el menor interés en dar pasos serios para abandonar el modelo neoliberal.
Para el ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori, los 1.100 millones de dólares que invertirá Botnia suponen un crecimiento del 1,6 por ciento del PBI pero, sobre todo, serán una buena señal para los inversores internacionales a los cuales el gobierno aspira atraer para resolver la crisis económica del país.[10] Sin embargo, por lo menos la mitad de la «inversión» total es dinero que nunca saldrá de Finlandia ya que corresponde a la parte que se invertirá en maquinaria.
El profesor de economía ecológica Carlos Pérez Arrarte estima que el único «valor agregado» que aportarán las plantas de celulosa son unos 270 puestos de trabajo cada una. En efecto, estima que el precio que las fábricas pagarán a los cultivadores de eucaliptos será el mismo, o menor aún, que el que se paga en el mercado internacional; que en la medida que las empresas están en «zonas francas», no pagan impuestos; que los insumos y servicios que demandarán, incluyendo la energía, son de origen internacional; que tampoco requerirán servicios portuarios porque las plantas tienen sus propias terminales portuarias. En suma, que no alimentarán otras industrias de valor agregado para el país y, por lo tanto, «no existirán encadenamientos y dinamismos significativos» que contribuyan a dinamizar otros sectores productivos.[11] Por último, las utilidades serán, como suele suceder, transferidas a paraísos fiscales o sitios más seguros que los del tercer mundo.
Profundizar el modelo neoliberal
«El futuro de las plantas de celulosa está en Asia, Sudamérica y probablemente Rusia,» comentó a principios de año el director general de Stora Enso, empresa que tiene plantaciones de eucaliptos en el tercer mundo y también plantas de celulosa.[12] Todo indica que esa apreciación es correcta. Mientras en los países escandinavos, por ejemplo, los salarios y los impuestos son altos y las restricciones ambientales severas, en el tercer mundo muchos países se han convertido en «paraísos forestales» que ofrecen muchas facilidades y escasos obstáculos al negocio papelero. Pero así como en los países del Norte los ambientalistas han jugado un papel destacado a la hora de imponer restricciones a la contaminación de la industria, en el Sur están naciendo movimientos que empiezan a cuestionar el modelo forestal.
En Brasil, la sueca Stora Enso, asociada con la brasileña Veracruz en la firma Veracel, desplazó a miles de campesinos y a 37 de los 40 pueblos indígenas de la zona, al comprar miles de hectáreas en el nordeste pobre y rural. En setiembre de 2004, el Movimiento Sin Tierra ocupó terrenos de Veracel, talaron bosques de eucaliptos y plantaron frijoles para mostrar que esos terrenos son aptos para la agricultura. Es la opción de los desplazados por el modelo para no verse expropiados de sus medios de sobrevivencia.
El gobierno uruguayo se apresta a recibir más inversiones vinculadas a la celulosa, como acaba de señalar el ministro de Industria luego de la reciente Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York. En efecto, la firma estadounidense Weyerhaeuser, que ya posee 130.000 hectáreas forestadas, piensa invertir hasta 1.000 millones de dólares en la ampliación de sus negocios en Uruguay. Sólo la finlandesa Bornia producirá en 2007 un millón de toneladas, una cifra que supera la producción anual de las 60 plantas de celulosa existentes en Argentina. [13]
A fines de enero, en el Foro Social Mundial celebrado en Porto Alegre, Galeano y el premio Nóbel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, encabezaron una carta colectiva dirigida a Tabaré Vázquez en la que afirmaban que el modelo de monocultivo forestal «ha profundizado la exclusión social, la concentración y extranjerización de la tierra y la degradación del ambiente.» Agregaban que la construcción de las fábricas de celulosa consolidará ese modelo y «desplazará fuentes de trabajo locales en los sectores agropecuario, turístico y de la pesca, así como también impactará sobre la salud de la población local uruguaya y argentina». Aunque parezca una ironía, tal vez los gobiernos progresistas -que fueron elegidos para salir del modelo neoliberal, que ha sido deslegitimado por la protesta social- sean los encargados de profundizarlo, como parece demostrarlo la política forestal, por lo menos en Uruguay. Uno de los dramas que enfrenta el movimiento social es su enorme soledad. Ante la falta de empleo, la población tiende a apoyar la instalación de cualquier fuente de trabajo sin importar demasiado las consecuencias a medio plazo. Además, y este punto es especialmente delicado, la llegada de nuevos gobiernos sensibles a los problemas de la gente, crea más y más dificultades a movimientos pequeños y de arraigo local.
Hasta ahora, como señala Greenpeace, «los gobiernos de ambos países prefirieron apostar a que la polémica se diluyera y bajara su intensidad. Ésa parece ser la política ambiental más popular: apostar a que la gente no se entere o no se movilice.» [14] Pero a fines de abril, unos 40.000 uruguayos y argentinos protagonizaron la mayor movilización contra las papeleras: un «abrazo» que unió las dos márgenes del río Uruguay en el puente que une la localidad de Gualeguaychú y la de Fray Bentos, a poca distancia del emplazamiento de las papeleras. Al parecer, éste es el único lenguaje que entienden los gobiernos, tanto los de derecha como los progresistas.
* Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Es colaborador mensual con el IRC Programa de las Américas www.ircamericas.org. – Publicado en Programa de las Américas del International Relations Center (IRC)
Recursos
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Argentina): www.noalapapelera.com.ar
Brecha , «Uruguay país forestal: Un modelo en rojo», Claves de Brecha, 19 de noviembre de 2004, en www.brecha.com.uy
CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social): www.ambiental.net/claes/
Greenpeace Argentina: www.greenpeace.org.uy
Grupo Guayubirá: www.guayubira.org.uy
Movimiento Mundial por los Bosques: www.wrm.org.uy
REDES-Amigos de la Tierra: www.redes.org.uy
UITA (Unión Internacional de Trabajadores): www.rel-uita.org
Sitios gubernamentales:
División Nacional de Medio Ambiente (DINAMA): www.dinama.gub.uy
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA): www.mvotma.gub.uy
Referencias
- Su nombre completo es Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
- Búsqueda, 15 de setiembre de 2005, p. 112.
- Brecha, 19 de noviembre de 2004.
- Carlos Amorin, «Trabajo esclavo en las plantaciones forestales», en www.brecha.com.uy
- Grupo Guayubirá, «Comunicado de prensa, 5 de mayo de 2005», en www.guayubira.org.uy
- «Chile: forestación y celulosa generan pobreza e indigencia», en www.wrm.org.uy
- Grupo Guayubirá: «Trabajo forestal: algo ha empezado a cambiar», en www.guayubira.org.uy
- Carlos Amorin, «¿Quién necesita a Botnia?», en www.brecha.com.uy
- Greenpeace Argentina: «Plantas de celulosa sobre el río Uruguay. Nueva amenaza de una industria sucia», en www.greenpeace.org.ar
- Sergio Israel, «Visiones del desarrollo», en www.brecha.com.uy
- Carlos Pérez Arrarte, «¿Cuánto valor agregado suman a la vida nacional», en www.brecha.com.uy
- Albérico Lecchini, «Un futuro latinoamericano», en www.brecha.com.uy
- Paula Bustamante, «Las papeleras plantean un dilema a América del Sur», AFP, 8 de setiembre de 2005.
- www.greenpeace.org.ar