El Gobierno Valenciano, presidido por Carlos Mazón, del PP, aprobó en febrero el Decreto Ley de modificación de la actual Llei de L’Horta de Valencia, que data de 2018; el ejecutivo derechista aprobó asimismo el Plan de Acción Territorial (PAT) de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia.
El preámbulo del Decreto Ley recuerda que el paisaje de L’Horta, de importante valor productivo y cultural, “estuvo seriamente amenazado de desaparición en las últimas décadas por la crisis y el abandono de la actividad agraria, por el fraccionamiento producido por las infraestructuras de movilidad y por la presión de la actividad urbanística, que redujo su superficie notablemente”.
En mayo el PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sumar y Podemos han presentado un recurso de inconstitucionalidad -ante el Tribunal Constitucional- contra la Llei de L’horta impulsada por el Consell; los cuatro partidos destacaron que, en el contexto de la crisis por la DANA (227 muertes en el País Valenciano y 75 municipios afectados) el Decreto Ley “permite construir sobre huerta protegida” (Europa Press, 8 mayo).
Otra de las formaciones que interpusieron el recurso, la coalición Compromís, criticó en un comunicado que la nueva legislación “reduce los niveles de protección de L’Horta, permitiendo la urbanización de más de 3.800 hectáreas de suelo agrícola y obviando su capacidad de actuar como una infraestructura verde,clave para la protección ante fenómenos extremos como la DANA (29 de octubre de 2024)”.
Compromís denunció, asimismo, la eliminación del Consell de L’Horta, consorcio del que forman parte la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, los municipios y tanto organizaciones agrarias como defensoras de L’Horta.
La legislación de 2018 detalla las funciones del Consell de L’Horta; entre otras, la gestión de los fondos provenientes de las Administraciones; el respaldo a la promoción y comercialización de los productos hortícolas; la representación de todos los agentes que figuren en el consorcio; y la “gestión de mecanismos de intermediación de tierras”, por ejemplo el banco de tierras.
El pasado 28 de abril, Per L’Horta presentó una solicitud formal -ante la Defensoría del Pueblo española- con el fin de que planteara un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Llei de L’Horta. La petición del colectivo contó con un importante apoyo ciudadano: más de 25.000 firmas recabadas en menos de tres meses.
La solicitud al Defensor fue respaldada, asimismo, por 150 entidades, como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Acció Ecologista-Agró, WWF, Cerai, Mundubat y Xúquer Viu; también por colectivos vecinales de la comarca de L’Horta: Campanar, La Torre, Benimaclet y Castellar-L’Oliveral.
A la campaña se sumaron el filósofo, poeta y matemático ecologista, Jorge Riechmann, autor de obras como Gente que no quiere viajar a Marte, Poesía de los vínculos o Ecologismo: pasado y presente; el científico e investigador del CSIC, Fernando Valladares; y la bióloga e investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), Anna Traveset.
Per L’Horta insta al recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto de la Generalitat con cuatro argumentos: “La falta de urgencia que justificó el uso del Decreto Ley; el debilitamiento de las protecciones ambientales; la merma de la protección del patrimonio cultural y el efecto regresivo sobre el derecho a la participación ciudadana”.
En concreto, los movimientos ciudadanos denuncian que la reforma de la Llei de L’Horta desprotege un tercio del suelo protegido por la legislación de 2018; por ejemplo, el PAT de la huerta podrá permitir -de modo excepcional- la implantación de usos residenciales, dotacionales y terciarios (estos deben contar con un informe favorable de la Generalitat).
El Decreto Ley de febrero añade que el PAT y los planes generales estructurales también permitirán “la introducción de usos y actividades de carácter terciario que sean compatibles con los valores de la huerta y beneficien el ejercicio de la actividad agraria”.
¿Qué valores distinguen L’Horta? La FAO (Naciones Unidas) declaró en 2019 el Regadío histórico de L’Horta de Valencia como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM); en 2009, la UESCO inscribió al Tribunal de las Aguas de L’Horta valenciana en el listado del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Además, la Agencia Europea de Medio Ambiente subrayaba -en el Informe Dobris, de 1998- que L’Horta de Valencia es una de las seis huertas -de similares características- existentes en la UE; de ahí la importancia de su preservación.
Un antecedente de la movilización actual es la recogida de 118.000 firmas, en 2001, dentro de la campaña por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)-; el objetivo de la propuesta era que las Cortes Valencianas aprobaran una ley de protección de la huerta; la mayoría (absoluta) parlamentaria del PP, con Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, rechazó la iniciativa.
A la petición de recurso de inconstitucionalidad planteado por el colectivo Per L’Horta, se añadía un manifiesto, titulado Parem la construcció en terrenys inundables! El documento hace referencia a los precedentes:
“Desde los años 70 la construcción de grandes infraestructuras y la transformación de L’Horta en barrios, industrias y centros comerciales ha eliminado los sistemas tradicionales de drenaje. Se ha urbanizado sobre los barrancos y acequias que llevaban las aguas hacia l’Albufera o el mar; el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de las lluvias catastróficas”.
Además de las modificaciones legislativas, las reivindicaciones vecinales y ecologistas se centran en las iniciativas urbanísticas concretas; Per L’Horta denunció a principios de mayo que el Ayuntamiento de Vinalesa (3.500 habitantes, Valencia) plantea la urbanización de un sector de 50.000 m2 de huerta productiva; la zona está ubicada entre el núcleo urbano y el barranco del Carraixet.
La nota informativa de la asociación detalla que se trata de una modificación puntual del plan urbanístico municipal, que afecta al denominado sector La Devesa; otro rasgo destacable es el paso por la zona de la sèquia de Montcada; el citado sector está considerado urbanizable desde el año 2005.
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