A diferencia de otros conflictos armados que finalizaron con acuerdos globales (El Salvador, Sudáfrica, Irlanda) ETA acabó por desistimiento, convencimiento, autodesarme y autodisolución. No hubo ni interlocución, ni contrapartida política, ni revisión penal, como las que se habrían producido -si hubiera prosperado- con el preacuerdo de Loiola (2006).
Aquí y hoy, no hay más cambios políticos que los que se derivan de los resultados de las urnas y de la presión ciudadana. La vuelta a la normalidad de la legislación penitenciaria está siendo lenta, llena de obstáculos y parcial, con algunos hitos como el fin de la política de alejamiento y dispersión, algunas revisiones selectivas de progresiones de grados o el cómputo de penas cumplidas en la UE, aún sin aplicar. Sigue habiendo temas pendientes. Todavía buena parte del aparato de Estado -con la excepción relativa del Gobierno de España- sigue actuando como si viviera ETA, y no ha permitido deshacer todo el arsenal excepcional penal y penitenciario, de muy dudosa constitucionalidad, que forjó contra ETA: desde el Tribunal Central de Vigilancia Penitenciaria a la ley 7/2003 de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas con hasta 40 años de privación de libertad.
Lo que se reclama desde Euskal Herria, no son precios políticos ni penitenciarios, solo la vuelta a la normalidad, a la justicia ordinaria, al principio de legalidad. Que se vuelva a la casilla anterior al antiterrorismo en un Estado de Derecho. En el caso de las personas presas de intencionalidad política, se trata solo de que se respeten sus derechos a los beneficios penitenciarios y que se revisen las leyes retorcidas por el antiterrorismo, y que se constate que, en su inmensa mayoría, ya han pagado con largas condenas de cárcel. Se trata, además, de generar el valor añadido de la convivencia.
El supuesto que puede dar sentido a penas largas de prisión para un victimario es que sea alguna amenaza para la sociedad y sea de difícil reinserción. No es el caso de las personas presas por vinculación con ETA. En sus acciones no hubo perversión, sino idealismo que conculcó derechos humanos, incluido el de la vida; no hubo beneficio o pulsión criminal, sino orden jerárquica desde el colectivo autoconstituido en juez de las vidas de los adversarios en un contexto de conflicto político y negación de derechos. En caso de libertad, hay garantía de no reincidencia, de arraigo y de inmediata resocialización.
Social y políticamente, no cabe reclamar deudas morales ni arrepentimientos. El arrepentimiento no está en el Código Penal, sino solo en la esfera moral individual. En la esfera pública sólo son exigibles el reconocimiento del daño y del dolor causados, el compromiso de no volver a delinquir –qué mejor prueba que disolver una organización perpetradora-, el comportamiento carcelario y asumir la responsabilidad civil pecuniaria. Estos pasos ya se han dado.
Otros pasos pueden ser importantes para fortalecer la convivencia, pero no exigibles. Por ejemplo, la autocrítica, que debería ser colectiva, de cada corriente, y de todos los agentes. Pero es difícil que se produzca en un lado, sin que otros actores colectivos -Estado, Fuerzas de Seguridad, Judicatura, partidos centrales, Gobierno Vasco, Ertzaintza…- también la hagan, lo que no se espera que se produzca, porque no aceptan haber delinquido.
Hubo y hay impunidad de quienes, desde el Estado y sus entornos, perpetraron asesinatos, torturas y abusos de poder que nunca se investigaron y, en los raros casos en los que se hizo y hubo condena, fue irrisoria y rápidamente cumplida de forma silenciosa. La maquinaria del Estado se encargaba de la justicia tuerta, del perdón para los “nuestros”. Un ejercicio de amnesia, que no resiste una hemeroteca, pero la maquinaria del Estado y la conjura de silencio lo ampara. Eso no facilita la convivencia, y sí las trincheras y los relatos antagónicos, y es que la verdad oficial no comparte muchas veces escenario con la realidad de lo ocurrido.
Además, hay víctimas de primera, de segunda y de “no consta”. Unas están siendo reconfortadas, pero hay otras con dolores escondidos, como los hubo después de la guerra civil. Sigue el esquema de vencedores y vencidos, de relatos que no dan reconocimiento legal a las “otras” víctimas, las que padecieron la violencia del terrorismo de Estado, el abuso policial y la tortura o las que no ampara la Ley de Víctimas del Terrorismo.
A esas alturas, no se trata de juzgar penalmente a ese tipo de perpetradores escondidos sino de saber su verdad, de que muestren alguna empatía con las otras víctimas, las no reconocidas, y de hacer lo necesario para terminar con el sufrimiento ajeno.
Necesitamos verdad, todas las verdades; justicia igual para todos y todas; paz para los espíritus; y decisiones políticas y resoluciones judiciales en claves restaurativa y de convivencia. El 11 de enero es una ocasión para reclamarlas por las calles de Bilbao.