Israel no es sólo el principal receptor de ayuda artillada estadounidense: es, además, uno de los compradores más importantes de sistemas de armas producidos por el complejo militar-industrial a través de los mecanismos tradicionales de venta. Esta doble condición —beneficiario de asistencia y cliente privilegiado— revela una relación que va más allá de la retórica de la “seguridad compartida”.
Estados Unidos no sólo financia a Israel: le vende, le provee tecnología de punta, lo integra a su cadena de producción bélica y, al mismo tiempo, lo utiliza como plataforma de validación en combate real y panóptico de Medio Oriente. Las armas que devastan Gaza no son meras transferencias estratégicas: son productos testeados en territorio ocupado, certificados en escenarios de guerra asimétrica y luego reinsertados en el mercado global como soluciones “probadas”.
En los últimos días, un solo almacén en Jersey City, Nueva Jersey, organizó, empaquetó y transportó más de mil toneladas de equipo militar a Israel cada semana durante los primeros ocho meses de 2025, según un informe conjunto publicado por el Movimiento Juvenil Palestino (PYM) y la Internacional Progresista (IP). Una red de empresas con sede en Nueva Jersey utiliza el almacén para trasladar equipo militar, incluyendo piezas de tanques Merkava, piezas de F-16, municiones, equipo militar y vehículos blindados y no blindados. El equipo se empaqueta y entrega en aeropuertos y puertos marítimos cercanos para su envío a Israel, revelaron los investigadores. Así, el almacén es la ubicación predeterminada para cualquier exportación de material militar a Israel, afirman los investigadores. En un documento del gobierno israelí (en inglés), el IMOD (Ministerio de Defensa israelí) exige a las empresas que etiqueten la carga con la dirección de G&B Packing.
Cada ofensiva sobre Gaza funciona como una vitrina sangrienta donde se exhibe la eficacia de sistemas de puntería, drones, bombas guiadas y tecnologías de vigilancia que serán ofrecidas a otros países bajo la promesa de control, disuasión y orden. El genocidio, así, deja de ser una excepción y se convierte en parte del proceso productivo. La línea entre ayuda, comercio y negocio se borra de modo deliberado, mientras Washington mantiene su blindaje diplomático y bloquea cualquier intento de rendición de cuentas internacional.
El mismo esquema comienza a proyectarse sobre América Latina. Las tecnologías desarrolladas, perfeccionadas y legitimadas en Medio Oriente regresan bajo otros nombres: cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, asistencia antiterrorista. Venezuela aparece como uno de los blancos principales de esta lógica, pero no es el único.
Un flujo histórico sin precedentes
Desde la creación del Estado de Israel en 1948, Estados Unidos ha destinado a ese país más ayuda exterior que a cualquier otro. En términos acumulados, la cifra supera los 300.000 millones de dólares ajustados por inflación, una magnitud sin precedentes en la política internacional estadounidense.
Lo que en sus primeras décadas combinó asistencia económica y militar se transformó, desde los años setenta, en un apoyo militar casi exclusivo, que consolidó a Israel como el principal brazo estratégico de Washington en Medio Oriente. Este respaldo no responde a una supuesta afinidad moral ni a un compromiso abstracto con la seguridad regional, sino a una lógica de poder: garantizar presencia, control y capacidad de intervención en una zona clave para los intereses energéticos, comerciales y geopolíticos de Estados Unidos, ayer frente a la Unión Soviética; hoy, frente a Irán, China o cualquier actor que desafíe su hegemonía. Sin embargo, Israel figura entre una breve lista de «aliados importantes no pertenecientes a la OTAN» y tiene acceso privilegiado a las plataformas y tecnologías militares estadounidenses más avanzadas.
En ese esquema, el rol estadounidense como “mediador” del conflicto israelí-palestino aparece menos como un gesto diplomático que como una ficción política sostenida con cuidado. Quien financia, arma y blinda a una de las partes no arbitra: administra el conflicto. Washington no busca resolverlo, sino regular su intensidad, dosificar la violencia y preservar un equilibrio de profunda asimetría que garantice la superioridad militar israelí y la continuidad de su dominio regional. Cada ronda de negociaciones, cada llamado al cese del fuego, convive con un flujo constante de armas, fondos y respaldo diplomático que vuelve estructural la ocupación y crónica la guerra. Esa lógica quedó formalizada en el Memorando de Entendimiento (MOU). Mediante este, Estados Unidos se comprometió a entregar 3.800 millones de dólares anuales en asistencia militar hasta 2028, incluidos 500 millones para sistemas de defensa antimisiles. Además, institucionalizó una política que no busca la paz, sino la gestión permanente de la violencia bajo el lenguaje de la estabilidad.
Estados Unidos, intervención y simulacro
Hacia 1946, el Informe del Comité Angloamericano de Investigación, creado por Estados Unidos y el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial para decidir qué hacer con los judíos sobrevivientes del Holocausto y con el futuro político de Palestina, entonces bajo mandato británico, niega que ese territorio deba convertirse en un Estado judío y, al mismo tiempo, expone una paradoja fundacional que opera hasta nuestros días.
Si bien reconoce que la tragedia del pueblo judío tras el Holocausto exigía una respuesta humanitaria urgente y colectiva, desplaza esa responsabilidad hacia Palestina, aun cuando admite que el territorio no podía absorber por sí solo el volumen de desplazados. La solución propuesta —la admisión de 100.000 judíos— aparece así menos como una respuesta integral al desastre europeo que como una reubicación geopolítica del problema, trasladando la carga de la violencia y el trauma a una región ya atravesada por tensiones coloniales.
El informe enfatiza que Palestina no debía convertirse ni en un Estado judío ni en un Estado árabe, y que ninguna religión o pueblo podía reclamarla como propiedad exclusiva. Sin embargo, esa advertencia fue pronto erosionada por la praxis política de las potencias occidentales, en particular de Estados Unidos, que en los años siguientes pasó de la retórica del equilibrio y la tutela internacional al respaldo explícito y sostenido para la construcción de un Estado con fuerte militarización. La figura de Washington como mediador emerge ya en este momento como un rol ambiguo: proclama neutralidad mientras interviene de forma activa en la arquitectura del conflicto.
La declaración presidencial estadounidense de octubre de 1946 refuerza esa ambivalencia. Por un lado, invoca la catástrofe humanitaria de los sobrevivientes judíos; por otro, se resiste a abrir de manera significativa las fronteras de Estados Unidos y de Occidente, insistiendo en Palestina como destino prioritario. El llamado a liberalizar las leyes migratorias aparece más como una formulación retórica que como una política concreta, mientras el peso real de la solución se concentra en un territorio bajo mandato colonial y en disputa.
Este desplazamiento inicial explica, en parte, la deriva posterior. La urgencia moral del Holocausto fue utilizada para legitimar decisiones geopolíticas que ignoraron —o minimizaron— la presencia, los derechos y las vidas de la población palestina. Lo que el informe de 1946 advertía como un riesgo —la imposición de un dominio excluyente— terminó cristalizando en una estructura de poder con profunda asimetría, sostenida décadas más tarde por el apoyo militar, financiero y diplomático de Estados Unidos a Israel.
Leído a la luz del presente, el documento no funciona como una pieza del pasado, sino como un antecedente: revela de qué manera, desde su origen, la “gestión internacional” de Palestina estuvo marcada por soluciones parciales, responsabilidades desplazadas y una mediación que nunca fue neutral.
La máquina de destrucción masiva
El gobierno de Estados Unidos ha proporcionado la mayor parte del armamento y de la tecnología de puntería utilizada para matar a miles de palestinos en Gaza y para convertir al resto de la población en refugiados, tras la destrucción sistemática de viviendas, oficinas, escuelas y hospitales.
La administración de Joe Biden no sólo mantuvo ese respaldo, sino que nunca amenazó en serio con retirarlo, incluso cuando Israel bloqueó el ingreso de alimentos, agua y combustible esenciales a una franja de apenas cuarenta kilómetros de extensión. Tampoco permitió avanzar con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU destinadas a exigir responsabilidades al Estado israelí. Y aunque el Presidente Biden ha ensayado cambios retóricos en su posición, la nueva administración de Trump sigue respaldando al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ejercito israelí, aun cuando estos han ignorado las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y persistido en la comisión de atrocidades.
En otras palabras, la columna vertebral de la guerra contra Gaza lleva una marca indeleble: “Hecho en Estados Unidos”. En la década previa al 7 de octubre, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), dos tercios de las importaciones de armas de Israel provinieron de Estados Unidos; entre 1950 y 2020, esta proporción ascendió al 83 %. En los primeros meses de la actual ofensiva, la administración Biden envió a Israel 230 aviones de carga y 20 barcos repletos de material militar, incluso 100 bombas BLU-109 de 2.000 libras diseñadas para penetrar estructuras reforzadas antes de explotar, 5.400 bombas antibúnker MK84, 5.000 MK82, 1.000 bombas guiadas GBU-39, 3.000 kits de guiado JDAM y 200 drones kamikaze. No se trata de apoyo diplomático ni de abstracciones estratégicas: se trata de una maquinaria de destrucción concreta, cuantificable y sostenida, financiada y suministrada por Washington.
La guerra como negocio: matar cotiza en Wall Street
El blindaje político y militar a Israel no puede leerse por fuera de una lógica más amplia: la guerra como industria y como negocio con una extraordinaria rentabilidad. Esa ecuación quedó marcada con claridad en 2020, tras el asesinato del líder iraní Qassem Soleimani.
Mientras en sus redes, Donald Trump celebraba el “éxito” del ataque, en otra parte del mundo se contaban los muertos; al mismo tiempo, las acciones de las grandes compañías de defensa —Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, entre otras— se disparaban en los mercados financieros. No es casual que haya más dueños, accionistas y beneficiarios de las guerras en Washington DC, Virginia y Maryland que en Afganistán o en cualquier territorio devastado por la intervención militar. Según datos del portal Statista, se espera que para 2026 la industria militar estadounidense emplee a más de 777.000 trabajadores en empresas de más de 10.000 personas, consolidando un complejo militar-industrial que no solo se alimenta de los conflictos, sino que los necesita. Gaza, como antes Irak o Afganistán, no es sólo un escenario bélico: es parte de una cadena de valor donde la destrucción produce dividendos y la muerte se transforma en rendimiento económico.
El patrón de la intervención
Estados Unidos no concentra su ofensiva sólo en Medio Oriente: América Latina vuelve a entrar en el radar de una guerra administrada desde Washington. Venezuela aparece como un nuevo laboratorio de presión militar bajo un libreto ya ensayado. Como en Afganistán o Irak, la escalada comienza con operaciones de “baja intensidad”: despliegues navales y aéreos, ejercicios militares, construcción de amenazas y un objetivo de cambio de régimen encubierto bajo el lenguaje del antiterrorismo o la lucha contra el narcotráfico. Los ataques recientes frente a las costas venezolanas operan como pruebas: miden defensas y preparan el terreno para una intervención mayor.
Mientras Israel arrasa Gaza con armamento estadounidense y desoye resoluciones internacionales, Washington refuerza su presencia militar en el Caribe con buques de guerra, efectivos desplegados y operaciones encubiertas que reproducen el mismo patrón previo a las invasiones de Afganistán e Irak. No son escenarios aislados, sino una misma lógica de proyección de poder.
Para América Latina, esto no es una advertencia abstracta, sino una alarma concreta. Las guerras presentadas como operaciones limitadas terminan siendo conflictos prolongados que devastan territorios y poblaciones. El esquema se repite: el negocio se concentra en el norte y el costo humano se paga en el sur.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/hecho-en-estados-unidos/