La Corte de Apelación de Bahréin confirmó el 4 de septiembre, las sentencias de cadena perpetua contra Abdulhadi al-Khawaja y diecinueve activistas más acusados junto a él. De nuevo el proceso jurídico ha estado plagado de irregularidades. «Ni el juicio ni el trato al que sometieron a Abdulhadi cumplieron con los mínimos estándares internacionales y […]
La Corte de Apelación de Bahréin confirmó el 4 de septiembre, las sentencias de cadena perpetua contra Abdulhadi al-Khawaja y diecinueve activistas más acusados junto a él. De nuevo el proceso jurídico ha estado plagado de irregularidades. «Ni el juicio ni el trato al que sometieron a Abdulhadi cumplieron con los mínimos estándares internacionales y las acusaciones formuladas en su contra no aguantan ningún tipo de análisis serio», declaró Mary Lawlor, directora de Front Line Defenders, en Dublín.
Al día siguiente, Catherine Ashton, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE emitió una declaración en la que aseguraba estar decepcionada y preocupada por la decisión que ha tomado la Corte de Apelación de Bahréin; y añadió que va a seguir de cerca el proceso y la situación general del país.
Bahréin fue el primer país del Golfo en contagiarse de la Primavera Árabe. Las manifestaciones empezaron el 14 de febrero de 2011, cuando los activistas empezaron a organizar concentraciones en Manama, la capital. Las reivindicaciones de los manifestantes tenían como objetivo el establecimiento de un sistema político democrático que garantice las libertades y los derechos de los ciudadanos. Además han estado denunciando las políticas discriminatorias contra la mayoría chií (casi el 70%), en un país gobernado por los sunitas de al-Khalifa.
Abdulhadi al- Khawaja es uno de los más preeminentes activistas por los derechos humanos en Bahréin. Tiene doble nacionalidad, bahrení y danesa y es uno de los fundadores del Centro para los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), una ONG que trabaja para promover los derechos humanos en el país. Su perseverancia en la causa y su valentía le han convertido en una figura destacada para todos aquellos que buscan el cambio en Bahréin.
El 9 de abril de 2011 fue arrestado y golpeado, y el 22 de junio de ese mismo año lo condenaron a cadena perpetua junto a ocho activistas más a través de un «juicio injusto», según fuentes de Front Line Defenders. Como acto de reivindicación para una nueva revisión de su sentencia y su puesta en libertad, en febrero de 2012 inició una huelga de hambre que duró 110 días; era la primera vez en Bahréin en el que se hacía uso de la huelga de hambre como arma de resistencia. No pareció tener mucho éxito ya que las autoridades no cambiaron la sentencia, pero acabaron suministrándole líquidos a la fuerza para que su estado de salud no empeorara. Según la BBC, Abdulhadi al-Khawaja dijo que aunque no había logrado su verdadero objetivo, la libertad, si que «había logrado el objetivo de llamar la atención del mundo entero sobre la causa de los manifestantes antigubernamentales bahreiníes en prisión».
De los diecinueve activistas sentenciados junto a al-Khawaja hay siete figuras prominentes. Entre ellos se encuentran, según fuentes de Freedom House, Hassan Mushaima, líder de Haq, movimiento republicano chií, de carácter moderado; Abdel Wahab Hussein, dirigente de Wafa, y uno de los líderes de las revueltas; y Ebrahim Sharif, máximo representante de Waad, formación minoritaria laica de izquierda. Todos ellos han sido acusados de conspirar para derrocar al Gobierno.
Esas acusaciones y sus correspondientes sentencias demuestran que «una vez más las autoridades bahreiníes no están en el camino de las reformas», como declara Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía Internacional. El uso de la fuerza y la represión que ha ejercido Bahréin, ha sido una herramienta utilizada comúnmente por los vecinos del Golfo (especialmente Irán), para acallar las reivindicaciones de una población que ansía la libertad de expresión y que lucha por unas estructuras políticas que protejan los intereses de cada uno de sus ciudadanos.
Aunque la confirmación de las cadenas perpetuas ha sido un golpe duro para los activistas pro derechos humanos en Bahréin, la batalla aún no ha terminado, ya que no parece que la oposición y los movimientos de protesta vayan a cesar.