Contribuyendo al debate sobre el futuro de la isla revolucionaria (III)

Como se ha señalado en anteriores entregas, La revolución cubana, el nuevo libro de Francisco López Segura, traza una visión sintética de la realidad actual de la Revolución Cubana. En el capítulo II se expone el itinerario de la revolución y su situación actual. Me centraré aquí en sus dos primeros apartados.

El primero está dedicado a las «Vicisitudes del desarrollo económico socialista». El análisis sobre los modelos de desarrollo socialista en la ex-URSS, en los países de Europa del Este, en China y en Vietnam, dan lugar a la siguiente pregunta: «¿Hay un modelo exitoso de desarrollo socialista o el socialismo es la transición entre el capitalismo y el capitalismo?». Es la pregunta de la hora, de nuestra hora. El autor, vale la pena destacarlo, no se muestra muy crítico del modelo de desarrollo, que considera socialista, de China y Vietnam. Ambos países «han alcanzado éxitos importantes en muchas áreas como, por ejemplo, en la reducción de la pobreza».

Algunos datos facilitados por el autor sobre la evolución económica cubana que es imprescindible recordar: en 1989, el volumen de las importaciones cubanas era de 8 mil millones de dólares; en 1992, 2,2 mil millones, apenas una cuarta parte; en 1993, no hace falta recordar el escenario internacional, la cuantía de las importaciones se redujo aún más: 1.719 millones. Cuba tuvo que vencer esta crisis económica, señala FLS, «cerrando el déficit de seis mil millones de dólares en su capacidad de importar y obteniendo la autosuficiencia de alimentos». El primer objetivo fue alcanzado, el segundo quedó ubicado en el territorio del deseo.

Transitando por la misma senda informativa: cuando la Revolución triunfó, el comercio exterior estaba controlado casi en su totalidad por Estados Unidos: suministraban el 75% de las importaciones y adquirían el 66% de las exportaciones cubanas. Desde el golpe de estado de Batista, desde 1952, los productos principales de la economía cubana (concretamente, el 100% del níquel y el 50% de la producción de azúcar) quedaron en manos usamericanas, «que tenían en usufructo las mejores tierras y casi la totalidad de las minas». Durante 1959-1963, la estrategia económica dio prioridad a la industrialización y a la diversificación de la agricultura.

En 1964, esta estrategia, que duró una década aproximadamente, fue rectificada para favorecer la producción agrícola (azúcar especialmente). En Cuba, que entró en el CAME en 1972, la industrialización se convirtió en la estrategia principal de desarrollo y, señala FLS, el «sistema de dirección y planificación de la economía» (SDPE), basado en el «cálculo económico», fue aplicado en todo el país. Resultado: «un incremento de la producción en la industria, la agricultura y en todos los sectores». Su implementación, sin embargo, generó problemas y limitaciones que la dirección política cubana trató de suprimir en 1986 mediante el proceso de «rectificación de errores», proceso que fue también «una forma de respuesta a los cambios en las relaciones internacionales que se iniciaron con la perestroika ese mismo año».

Errores que se intentaron rectificar: el crecimiento de tipo extensivo «fue la principal característica de la evolución de la economía de cubana en los años 1975-89, previos a la crisis de inicios de la década de los noventa». Este crecimiento fue de baja eficiencia y tuvo un alto nivel de compensación por vía externa. Los defectos y carencias fueron señalados aquel mismo año, durante el 3er. Congreso del PCC: «productos de mala calidad, mala planificación, incumplimiento de contratos con los países socialistas, insuficiencias en la producción industrial y agrícola, mala concepción y aplicación del sistema de normas y primas, tendencias hacia la corrupción y el beneficio personal, burocracia, y falta de responsabilidad en el cumplimiento de las tareas». Todo ello se debía, en gran parte, sostiene FLS, «a las modalidades de concepción y aplicación del SDPE». La Comisión Nacional del SDPE. fue creada «para mejorar estas estructuras y eliminar gratuidades innecesarias»: el salario mínimo fue elevado; se ajustaron las normas para evitar pagos excesivos y se crearon contingentes de fuerza de trabajo con un nuevo espíritu productivo; la estadística fue racionalizada y se hizo un esfuerzo para disminuir los gastos sociales.

Algunos datos económicos complementarios que también es bueno recordar: desde la ofensiva revolucionaria de 1968, la casi totalidad de los sectores económicos fueron nacionalizados: sólo el 30% del sector agrícola pertenecía al sector privado y existía también un pequeño sector de trabajadores independientes; durante el Primer Congreso del PCC, en 1975, se ratificó el predominio de la propiedad estatal y se promovieron a las cooperativas en el sector campesino, las Cooperativas de Producción Agrícola (CPA). Con respecto al sector no nacionalizado, se autorizó en 1980 lo que había sido suspendido en 1968: el mercado libre campesino; seis años más tarde, mayo de 1986, Fidel Castro criticó el mercado libre campesino: era un obstáculo al desarrollo del movimiento cooperativo, era una fuente de enriquecimiento privado y dañino: con ello el mercado libre campesino fue suprimido, «comprometiéndose el Ministerio de la Agricultura a suplir esta oferta con la producción agrícola del sector estatal»; en 1994, «dada la manifiesta incapacidad del Estado para suplir los productos agrícolas que necesitaba la población», apunta FLS, la venta libre de productos agrícolas en los denominados mercados agropecuarios se autorizó nuevamente; la reforma económica en 1993 autorizó expedir licencias a los trabajadores por cuenta propia.

El nuevo modelo y estrategia de desarrollo económico comenzado al final de los años 80 -fortalecimiento del sector estatal; restricción de las relaciones monetario mercantiles; nuevo proceso inversionista- fue reafirmado en 1991 en el IV Congreso del Partido Comunista. Las prioridades establecidas fueron esta vez: el programa alimentario y la industria farmacéutica y biotecnológica. «También se favoreció el movimiento de innovadores, que buscaban soluciones cubanas a la reconversión tecnológica y a la sustitución de importaciones». En el curso de los 90s, «se añadió el turismo a estas prioridades y la exportación de servicios profesionales y técnicos. Esta estrategia también favoreció las exportaciones tradicionales (azúcar, cítricos, níquel, pescado, café y tabaco) y nuevos productos y servicios en los campos de la asistencia médica, los deportes, la cultura y la educación». Las industrias artesanales locales fueron también apoyadas.

Fue en 1993, tal vez por el «síndrome de la perestroika» señala FLS, «es decir, por la preocupación del liderazgo cubano de que cambios muy bruscos y en dirección al mercado pudieran dar al traste con el socialismo cubano», cuando se inició la reforma económica como una estrategia de recuperación ante el derrumbe del socialismo. Esta nueva política, además de las prioridades anteriormente señaladas, «estimuló las inversiones extranjeras y su contribución con tecnologías y mercados». De un modo paralelo, «esta política trató de asegurar el ingreso mínimo para cada familia, y promovió las políticas sociales como una prioridad esencial». Ello no evitó que el nivel de vida de la población cayera drásticamente durante el período especial. El forzado modelo sufrió graves desafíos: «pérdida de los mercados tradicionales del CAME, bloqueo, epidemias y catástrofes climáticas». Principales consecuencias: déficits en el consumo de energía, en la alimentación, en la calidad de los servicios médicos y educacionales…

En el nuevo modelo, con contradicciones casi inevitables (coexistían cuatro formas de economía: la estatal; la que funciona con divisas en los enclaves turísticos; la emergente de pequeñas empresas privadas (restaurantes, habitaciones de alquiler) que exigen el pago en divisas, y el mercado negro). Por lo demás, fueron dos los escenarios de consumo generados con obvias y fuertes contradicciones sociales: el primero, el privilegiado, «con un mercado cuya oferta es accesible sólo a través de la moneda convertible»; el segundo mercado estuvo «sometido a las regulaciones, restricciones y escasez propias del período especial».

La reforma, «parcial y generadora de las contradicciones ya mencionadas», logró una cierta reanimación de la economía: el PIB creció en 0,7% en 1994 en relación con 1993 (bajó ¡un 34,3% si lo comparamos con 1989!, apenas años antes). FLS sostiene que en la adopción de estas medidas «podrían haber jugado un cierto papel las tensiones sociales y políticas a que dieron lugar las carencias propias del Período Especial, así como las manifestaciones de protesta de algunos sectores marginales, que se produjeron en La Habana en agosto de 1994, y que dieron lugar a la emigración masiva en balsas hacia los EE.UU. autorizada por el gobierno cubano (crisis de los balseros)».

Algunas de las medidas adoptadas -la apertura de mercados externos y la promoción de la inversión extranjera- fueron más estables que las que se adoptaron hacia la economía interna: «en este caso fueron restringidas, y aún suprimidas en algunos casos, durante la Batalla de Ideas comenzada en el año 2000». A diferencia, pues, de lo sucedido en China y Vietnam, la reforma económica cubana «asumió la opción de una economía mixta regulada por una combinación singular de planificación y mercado. Su lógica implicaba redistribuir las divisas. Esto explica que los precios en las tiendas en que se venden productos en divisas (TRD) son 270% más elevados que en otros países». Entre 1995 y 2000 el país alcanzó una tasa de crecimiento medio del 4,5 %; en 2006, por fin, el valor del PIB cubano fue equivalente al alcanzado… ¡en 1989!

Empero, la crisis «y las formas que adoptó la reforma económica» repercutieron en el incremento de los precios que prevalecían en la economía informal y en el conjunto de la economía. Una profunda inflación fue la consecuencia. Se produjo además la devaluación del capital humano y de los servicios profesionales en sectores claves como la medicina y la educación. «La migración de profesores, ingenieros y otros profesionales hacia la economía informal, hacia aquellas actividades que operan en divisas como el turismo y aún a países extranjeros», fue el resultado de todo ello. Una economía basada principalmente en los ingresos del turismo y en las remesas es muy vulnerable, recuerda FLS. La economía cubana en los últimos años «ha dependido de la venta de servicios profesionales, en especial en el sector de la salud».

Desde el principio del período que el autor ha llamado de «la Batalla de Ideas», en el año 2000, y sobre todo durante 2004 y 2005, se adoptaron algunas medidas para corregir las contradicciones provocadas en el ámbito social: «se detuvo la expansión de la iniciativa privada y fueron suspendidas las licencias para el trabajo por cuenta propia -en 1999 había 360.000 licencias y en 2010 solo 110.000-, se incrementaron las pensiones y se aprobaron ayudas directas para las familias más pobres». El mayor crecimiento del PIB en esta década fue alcanzado en 2006, con una tasa del 12,1 %. Desde entonces, ha disminuido: 7,3 % en 2007; 4,3 % en 2008 y 1,4 % en 2009. La tasa de desempleo disminuyó: mientras que en 1995 era del 7,9%, en 2008 fue solo de 1,6%. Actualmente, sin embargo, hay «1.300.000 trabajadores subempleados y en riesgo de perder sus empleos»..

Por si faltara poco, la economía de la Isla ha sufrido también una sucesión de choques externos. Y no cualesquiera: fuerte disminución de los términos de intercambio (-38% en 2008), principalmente causada por el incremento de los precios de los alimentos y del petróleo, junto a la disminución del precio del níquel en un 70%; tres huracanes que devastaron el país en 2008 (pérdidas de alrededor de 10.000 millones de dólares), y, desde luego, la crisis económica mundial. FLS recuerda que los acuerdos con Venezuela, «al dar la oportunidad de obtener ingresos considerables de la exportación de servicios profesionales, han tenido desde 2004 un gran impacto en el crecimiento del PIB… La obtención de petróleo a precios inferiores en relación con el mercado mundial, los pagos por servicios profesionales y un programa de cooperación que en 2010 alcanzará la cantidad de 285 proyectos, implica que actualmente la relación con Venezuela es una variable clave para la economía cubana».

Por otra parte, la economía cubana afronta una seria crisis de liquidez en divisas desde 2009. Las fuentes principales de liquidez para el gobierno a corto plazo son: venta de servicios profesionales en el extranjero, el turismo, las tiendas en divisas y las remesas. El talón de Aquiles de la economía cubana, sostiene FLS, es «la producción de alimentos, el déficit de viviendas y la escasez de divisas». Según investigaciones de economistas cubanos que no el autor no precisa, «hay altas probabilidades de que la economía cubana se siga sumergiendo en el estancamiento y la recesión». ¿De que dependerá todo ello? «De la velocidad, la profundidad y la eficacia de las transformaciones que se adopten para estimular la productividad y los ingresos en divisas». Así, pues, en su opinión, «el modelo de crecimiento basado en la exportación de servicios profesionales muestra debilidades estructurales y signos de agotamiento tales como: limitaciones en la disponibilidad de divisas, escasez relativa de recursos para proyectos de inversión y, finalmente, una tendencia a la desaceleración del PIB. El gobierno ha adoptado medidas de austeridad para enfrentar esta crisis»

«La democracia consensuada», un apartado netamente político, es el título del siguiente apartado.

Entre 1959 y 1990, la consolidación de un nuevo bloque social dirigente fue la base de la constitución de un poder político que ha permitido alcanzar resultados como «una unidad política que facilitó la existencia de una democracia consensuada con una participación política masiva, basada en una nueva institucionalización»; la sustitución de un «sistema político dictatorial, corrupto e ilegítimo, por una clase política legitimada por su lucha contra la dictadura y su programa de gobierno»; esta democracia ha enfatizado «los derechos sociales -educación, asistencia médica, vivienda, empleo, etc.- con el fin de permitir a los ciudadanos tener una real participación en la vida política y social»; la creación de un sistema político institucional conforme a las tradiciones y los objetivos del país: «Un Estado con un sistema unipartidista y con organizaciones políticas -Partido Comunista de Cuba (PCC), Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)- y de masas -Central de Trabajadores de Cuba (CTC),Comités de Defensa de la Revolución (CDR)-, entre otras». Además de ello, el «establecimiento de un nuevo sistema jurídico acorde con los valores de la nueva sociedad» y la materialización de una nueva cultura política, basada en la historia de Cuba y su tradición, «dando prioridad a valores tales como: el patriotismo, la solidaridad, el internacionalismo, la igualdad en todos los dominios, la educación permanente, la sensibilidad frente a las violaciones del orden público y la participación política, tanto cuantitativa (en sitios diversos: en el barrio, en el trabajo) como cualitativa (la aspiración a una verdadera participación en la toma de decisiones, y no sólo a su aprobación e implementación)».

Sin embargo, señala FLS, cada uno de estos rasgos tiene tendencias potenciales opuestas. Entre otras, las siguientes: convertir la unidad en unanimidad («han existido exclusiones e intransigencias que conciernen a las ideas políticas y religiosas de ciertas minorías que no comparten los conceptos de los líderes y de las mayorías»); la necesidad de mejorar los mecanismos institucionales y democráticos que garanticen la sucesión política al más alto nivel, cosa que hasta ahora, no habla el autor, se ha realizado con indudable éxito, y la sucesión generacional; la falta de participación en la toma de decisiones («sólo se participa en el debate y en la implementación»); la reproducción del modelo político institucional de otros socialismos con el anexo de sus deformaciones (corrupción, formalismo, burocracia, ineficiencia, alejamiento entre líderes y masas, desigualdad y doble moral); aparición de distorsiones en la política («emergencia de prácticas elitistas y corruptas que generan desigualdad»), al igual que en la cultura del trabajo: la eficacia en el trabajo, unida a otros valores revolucionarios, señala el autor, «no siempre ha determinado la movilidad social ascendente y una remuneración apropiada».

La oposición hacia el sistema es expresada por diversas organizaciones de la emigración y los diversos grupos de disidentes de la Isla. La base social de estos grupos, en opinión de FLS, «es muy reducida y la mayor parte de ellos son financiados por los EE.UU». El sistema político cubano, sostiene FLS, de acuerdo con sus propias normas institucionalizadas, tiene posibilidades democráticas participativas: un vínculo permanente entre el Estado y la ciudadanía; el carácter no profesional de la representación; la obligación de los delegados de rendir cuentas; el derecho de los ciudadanos a plantear sus problemas en las asambleas de rendición de cuentas; la obligación de responder a quejas y solicitudes de los ciudadanos,… En su opinión, tiene también deficiencias: falta de debate en los órganos de toma de decisiones; los ciudadanos consideran, de facto, las asambleas de circunscripción no como una oportunidad para las discusiones colectivas de soluciones alternativas, sino como un simple foro para presentar demandas; las administraciones locales tienen un poder formal, pero carecen de recursos; muchas veces las decisiones se informan, vienen «desde arriba» y ni siquiera se consultan. Por otra parte, concluye FLS, «la consulta y la discusión prevalecen sobre la transformación de las demandas en estrategias de solución de los problemas en el nivel local». Con ello, «la participación no condujo a compartir la responsabilidad entre los diversos actores en el proceso de toma de decisiones».

Según FLS, se produjo un gran debate dentro del Partido y en las organizaciones de masas en 2007, promovido por el presidente cubano Raúl Castro, «pero existe la percepción en amplios sectores de la población de que ese debate no ha tenido como correlato la adopción de medidas con rapidez, ni tampoco en la extensión y profundidad que se demandaba». En su opinión, la mera creación de oportunidades para el debate en el período 2007-2010 «no necesariamente conduce a la amplia participación pública». Para promover el debate, añade de forma algo enigmática y sin precisar, «los sistemas jerárquicos deben ser convertidos en espacios horizontales de carácter democrático»

El siguiente apartado de este segundo capítulo está dedicado a una temática, económica y socialmente, nada marginal: «Equidad y austeridad. ¿Crecimiento sin coste social?».

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