Controvertida palabra, «copago» sanitario y tan recurrente estos días en la mayoría de los medios. Pero ¿es realmente necesario y los argumentos que se ofrecen para su implantación son inabordables a través de otras medidas? Primero expliquemos a qué atiende el copago y sus modalidades, para poder entrar en el análisis de su carácter «imprescindible» […]
Controvertida palabra, «copago» sanitario y tan recurrente estos días en la mayoría de los medios. Pero ¿es realmente necesario y los argumentos que se ofrecen para su implantación son inabordables a través de otras medidas? Primero expliquemos a qué atiende el copago y sus modalidades, para poder entrar en el análisis de su carácter «imprescindible» para asegurar el mantenimiento del servicio sanitario.
El copago hace referencia a la participación directa en el coste de los servicios sanitarios en el momento de su uso por parte del paciente. Se trataría de compartir los costes del servicio entre el usuario y el Estado, pero en el caso español nos hace preguntarnos ¿acaso no se reparte ya? ¿Por qué seguimos llamándolo copago cuando lo que se pretende es simplemente reducir la parte del gasto que soporta el Estado y que obtiene a través de la recaudación impositiva de la población?
El copago puede aplicarse bajo muchas tipologías, sobre diferentes conceptos. Puede ser sobre los servicios de atención médica, modalidad que existe en numerosos países europeos, sobre todo en aquellos con sistemas sanitarios tipo Bismark (basados en las contribuciones a la Seguridad Social) más que en los de tipo Beveridge o sistemas nacionales de salud (financiados mediante impuestos). Se puede aplicar copago sobre servicios hoteleros, es decir las hospitalizaciones, o finalmente, sobre los medicamentos y farmacia, como ocurre en España donde actualmente los activos pagan un 40% del coste y los enfermos crónicos pagan un 10%.
España y el gasto sanitario:
El punto de partida para dar una respuesta alternativa a los argumentos sobre la insostenible gratuidad del servicio, se remonta a comienzos de 1999, cuando entra en vigor lo dispuesto en la Ley 49/1998 sobre Presupuestos Generales del Estado a través de la cual, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria. Inicialmente, los recursos provenían de las cuotas directas sobre los salarios que se aportaban por parte de los empresarios y los trabajadores, repercutiendo solamente en una parte de la población y por otro lado, de los impuestos generales. Con la nueva ley, se suprimía la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social, cesando el aporte de cuotas directas desde ésta y pasando a financiarse aquella íntegramente con impuestos variados y con distintas formas para nutrir de recursos al Estado que repercuten en todos los ciudadanos (IVA, IRPF, IS, etc.). Por tanto, se trata de un cambio en la forma de recaudar dinero a los ciudadanos para su financiación, sin que en ningún caso haya sido o sea gratuita.
Para seguir y teniendo en cuenta la financiación de la sanidad, entremos en los argumentos que atañen al excesivo gasto e insostenibilidad. Hay numerosas alegaciones al respecto, pero sin ser respaldadas por lo datos que las desmontan. El gasto excesivo que hace España en la partida de sanidad, es bastante menor al de otros países de la Unión Europea con los que otras veces se nos compara. Concretamente en porcentaje del PIB, el Estado destina un 1% menos que Reino Unido y Suecia y un 2% menos que Francia y Alemania (según datos de la OCDE).
El problema de hacer frente a los gastos que históricamente ha ido acometiendo España, no es relativo a la cuantía de la partida (sanidad en este caso, pero tampoco el de educación y otros servicios sociales) sino al decrecimiento de los ingresos para sufragarla. En el año 2010 fueron del 36,1 % del PIB muy por debajo de otros países como Suecia (52,7%) o Francia (49,5%), pero también a una importante distancia de la media comunitaria del 41,1% del PIB. La particularidad del caso español, es que antes de la crisis, sus ingresos se situaban en niveles similares a los del Reino Unido, pero a consecuencia de ésta sufren una caída en picado espectacular, que previsiblemente se verá intensificada con los datos del 2011.
Fuente: Eurostat
Ya lo anterior hace vislumbrar la tendencia a una menor presencia del Estado en la economía nacional, pero se hace necesario recalcar que la mayoría de los ingresos impositivos del Estado se basan en la rentas del trabajo y no del capital como en otros países. Por lo que la destrucción de empleos del mercado de trabajo español, también ha significado el hundimiento de la recaudación impositiva en un nivel netamente superior al del resto de países europeos.
Concluyendo, el problema de financiación de la sanidad pública, es en última instancia el problema de financiación del Estado. En los años anteriores al estallido de la crisis económica, se impulsaron reformas tributarias por parte de los gobernantes que beneficiaron ampliamente a las rentas del capital, dejando recaer la mayor parte de la financiación del Estado en las rentas del trabajo, de una manera cada vez menos progresiva. Por lo tanto, la solución del problema de financiación de la sanidad pública, pasa por volver a un sistema tributario justo, basado en los principios de equidad y progresividad.
El caso concreto, Cataluña:
Actualmente el copago es una alternativa propuesta para rebajar la deuda y disminuir el déficit y que ya se está aplicando en Cataluña (con previsible extensión a otros territorios) buscando reducir los gastos sanitarios y supuestamente buscando ser la herramienta disuasoria para eliminar el consumo abusivo e innecesario, y reducir la demanda. La modalidad elegida finalmente es el «tique moderador» de carácter universal, consistente en el pago de un euro por cada receta, con un tope de 61 euros por ciudadano y año. Copago adicional al ya existente en todo el Sistema Nacional de Salud sobre medicamentos aunque técnicamente esta medida no sería un copago, sino una tasa ya que no se está pagando una parte del medicamento, sino un valor arbitrario por una receta.
Se trata de una medida que no discrimina tipo de medicamento, ni tipo de usuario. Es una clara medida recaudatoria (a diferencia de lo que se expone) y con lo recaudado se plantea sufragar la aplicación de la receta electrónica y la historia clínica compartida. Se ha concretado también que serán las farmacias las responsables de cobrarlo y administrarlo, gestión que será recompensada con un porcentaje.
¿Quiénes sufrirán y serán más vulnerables a la nueva medida? Atendiendo al impacto, debemos considerar que el usuario acude a comprar medicamentos tras la prescripción de un facultativo, por lo que el comprar medicamentos no depende directamente del usuario, más bien de lo que considere necesario el médico. Por lo tanto, el pago del «tique moderador» sólo perjudicará a los usuarios, ya que incrementará el coste de su tratamiento o en el caso de que limite la compra de medicamentos, lo hará a costa de su salud. Esta medida perjudica especialmente a 2 grupos sociales, especialmente vulnerables: enfermos crónicos y personas de rentas bajas.
Se ha barajado la posibilidad de discriminar en función de la renta de la persona que hace uso de la receta médica, pero no cambiaría el hecho de que estamos ante un repago, además de todas las consecuencias negativas anteriormente citadas. Sin embargo, la aplicación de mecanismos correctores acaba elevando el coste de la gestión de la medida y, por tanto, su eficacia a la hora de ahorrar (siendo el ahorro uno de los principales pretextos).
Otro contraargumento es el que detalla el informe de la Fundación 1º de Mayo, señalando que el rendimiento real de los copagos en términos financieros es muy bajo si se cuenta con el coste de la recaudación, el de la protección a rentas bajas y el de la protección a grandes usuarios.
Cabe preguntarnos la inevitabilidad de la medida, el excesivo gasto que se está realizando en sanidad en Cataluña, el supuesto incremento de la referida partida y la evolución de los presupuestos que hace necesario imponer una medida de tal calibre. (Para ver con más detenimiento, la falsedad de los argumentos que se esgrimen en contra de la sanidad pública, recomendamos el anterior artículo: Recortes. «Siguiente turno, Sanidad«)
Atendiendo al siguiente gráfico, los niveles de gasto de partidas como sanidad y educación han sufrido recortes y no se ha incrementado su gasto. Sin embargo otras partidas han crecido notoriamente durante la crisis, en especial la concerniente a la amortización y gastos financieros de la deuda de la administración pública catalana. Esto se debe a que en el caso particular de Cataluña, ha habido una caída espectacular en los ingresos impositivos desde el comienzo de la crisis en el año 2008. En el año 2010 se recaudó un 17,66% menos que en el año 2008. Con lo cual la Generalitat ha tenido que recurrir al endeudamiento.
Fuente: Departament d’Economia i Coneixement. http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=683
El Govern de CiU liderado por Artur Más, está primando los intereses de una minoría que representa a la esfera financiera, en detrimento de la mayoría de la sociedad, plasmándose en dos hechos: que los recortes se están realizando en partidas esenciales de las políticas de bienestar social, a su vez que el gasto en el servicio de la deuda y ayudas al sector financiero no para de crecer. Lo que se esconde detrás de los recurrentes ataques a la «insostenibilidad» de la financiación de la sanidad pública, es el desvío de recursos para asegurar el pago del principal y los intereses de la ingente deuda pública catalana.
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