El V Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidido por Raúl Castro, quien dejará la presidencia el 19 de abril, examinó durante dos intensos días de trabajo la actualización del modelo económico y social cubano, complejo proceso emprendido en el país a partir del 2011. El mandatario cubano, de 86 años, continuará […]
El V Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidido por Raúl Castro, quien dejará la presidencia el 19 de abril, examinó durante dos intensos días de trabajo la actualización del modelo económico y social cubano, complejo proceso emprendido en el país a partir del 2011.
El mandatario cubano, de 86 años, continuará hasta 2021 como jefe del gobernante Partido Comunista. Hace una década reemplazó en el poder a su hermano Fidel Castro y emprendió desde 2010 un programa que incluyó la apertura de pequeños negocios privados (en los que trabajan unas 580 mil personas) y la compraventa de viviendas, entre otras reformas.
Estas medidas buscaban dar mayor espacio a la iniciativa privada en el sector servicios y la apertura a la inversión extranjera, manteniendo el Estado el control de los sectores estratégicos. El Pleno reconoció que no siempre los organismos estatales se involucraron en el éxito de los negocios privados.
En la actualidad se revisan todos los procesos y entre las prioridades están el ordenamiento monetario, en particular los estudios sobre la unificación monetaria y cambiaria; la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030; así como el examen integral y el perfeccionamiento de las medidas que lo requieran, con las correspondientes propuestas.
En Cuba circulan el peso CUP, moneda en la cual se pagan la mayoría de los salarios, y el peso convertible CUC, usado en el sector turismo y para los productos importados. El gobierno sostiene que la convivencia de ambas obstaculiza el control económico.
Sobre este último asunto se ejemplificó con la política para el trabajo por cuenta propia, de la cual ya han sido firmadas las normas jurídicas de mayor rango y debe desplegarse a continuación un proceso de capacitación que incluirá a los 580.000 trabajadores por cuenta propia y a más de 30.000 funcionarios públicos.
Para este análisis global se tomó en cuenta, fundamentalmente, aquellas políticas con normas jurídicas y un plazo de ejecución suficiente para poder medir sus resultados. La meta era revisar todas las políticas para conocer a profundidad qué había salido bien, qué se debía rectificar y qué cuestiones obstaculizaban la implementación de las medidas.
Los funcionarios reconocieron que los primeros tres años se caracterizaron por un alto ritmo de implementación de políticas, que se redujo luego por la complejidad de las medidas y también a causa de errores en la planificación de los procesos y en su control. En ello incidieron además limitaciones económicas y financieras que imposibilitaron el respaldo adecuado a un grupo de medidas que requerían inversiones, añadieron.
Durante los años 2016 y 2017 los esfuerzos se dirigieron, principalmente, a perfeccionar lo logrado. Entre las causas y condiciones generales que influyeron en los resultados desfavorables se señaló que no siempre la Comisión de Implementación logró involucrar a los órganos, organismos, organizaciones y entidades para que desde la base fueran capaces de orientar, capacitar, apoyar, controlar y rendir cuentas de su gestión.
Al mismo tiempo se denunció una insuficiente integralidad, visión limitada sobre los niveles de riesgos e incompleta apreciación de los costos y beneficios. En algunos casos ha sido deficiente el seguimiento y control de las políticas, varias de las cuales se fueron desviando de sus objetivos, sin una oportuna corrección.
Los miembros del Comité Central se refirieron también a la carencia de una cultura tributaria en el país; al aún deficiente empleo de la contabilidad como herramienta fundamental para cualquier análisis económico; y a las dificultades en la comunicación de las políticas, que en ocasiones no permitieron una comprensión a fondo por la población de estos difíciles temas y generaron malas interpretaciones debido a vacíos informativos.
Castro reiteró la necesidad de ahorrar hasta lo más mínimo, ajustándonos a la realidad que vivimos. Tenemos que adelantarnos a los problemas, luchar resuelta e inteligentemente y mantener la unidad de la nación, y recordó los difíciles momentos del Periodo Especial en la década del noventa, cuando el país atravesaba una situación extrema. El escenario desde entonces ha cambiado, pero aún persiste una mentalidad derrochadora, cuando la línea a seguir tiene que ser la del ahorro y la eficiencia, dijo.
Los asistentes al Pleno analizaron en detalle el proyecto de la Política de la Vivienda en Cuba, considerando el estado actual del fondo habitacional y la conformación de una estrategia para detener el deterioro y poder avanzar en su recuperación y solución. En Cuba existen más de 3,8 millones de viviendas, de las cuales el 39% se encuentra en regular y mal estado técnico. La proyección para la recuperación del fondo habitacional del país se estima en no menos de diez años.
A la par de estas inversiones, se prevé un mayor desarrollo de la producción local de materiales, que en los últimos cinco años ha venido creciendo anualmente entre el ocho y 11 %. Al cierre del 2016 ya se producían en los 168 municipios un total de 57 renglones, a partir de las materias primas y reciclables de las localidades. Para este año se instalarán 423 minindustrias en municipios y consejos populares, que se suman a las que ya funcionan en los territorios.
Raúl Castro reiteró que esta política de la vivienda tiene que incluir y prever el respeto al ordenamiento territorial y urbanístico, empezando por las instituciones del Estado para luego exigir a la población.
Asimismo, se presentó a los miembros del Comité Central un informe aprobado por el Buró Político acerca de los estudios que se vienen realizando para una futura reforma de la Constitución, que deberá reflejar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales derivadas de los acuerdos aprobados ya en el VI y VII congresos del Partido, al tiempo que ratificará el carácter irrevocable del socialismo y el papel dirigente del Partido Comunista en la sociedad cubana.
Elmer Pineda dos Santos. Periodista cubano asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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