El aparecimiento de los organismos genéticamente modificados o transgénicos a nivel comercial ha suscitado, como muy pocas actividades, mucha oposición debido a los impactos que pueden ocasionar al ambiente, la biodiversidad, la salud humana y el bienestar socioeconómico. Los organismos transgénicos, no representan ninguna ventaja real para el productor o el consumidor, la industria hace […]
El aparecimiento de los organismos genéticamente modificados o transgénicos a nivel comercial ha suscitado, como muy pocas actividades, mucha oposición debido a los impactos que pueden ocasionar al ambiente, la biodiversidad, la salud humana y el bienestar socioeconómico. Los organismos transgénicos, no representan ninguna ventaja real para el productor o el consumidor, la industria hace propaganda con promesas de que la tecnología solucionará muchos problemas. Sin embargo, hasta ahora, no han podido demostrar nada.
Dadas las amenazas potenciales a la biodiversidad y a la salud humana, y reconociendo que los transgénicos son diferentes a los organismos convencionales, se creó un instrumento internacional legalmente vinculante para regular el movimiento transfronterizo de los ogm’s, utilizando el principio de precaución y así evitar daños irreversibles. Este acuerdo se conoce como Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, y constituye un conjunto de normas mínimas que los Estados deben cumplir. De hecho, el Protocolo reconoce el derecho de los países de establecer normas más estrictas. Con la finalidad de ayudar a los países a cumplir con los requerimientos del Protocolo, se establece un proyecto, financiado por el UNEP-GEF, que se desarrolla a nivel mundial para que los países puedan establecer políticas de bioseguridad.
Lamentablemente, este proyecto en Ecuador se ha caracterizado por
· La falta de determinación de una política de Bioseguridad.
· La no observancia de los derechos de los ecuatorianos establecidos en la Constitución y;
· La irresponsable omisión de la inexistencia de capacidad técnica en el país.
El proyecto se desarrolla a través del Ministerio de Ambiente, por un monto total de 180 mil dólares (PNUMA/FMAM 120 mil dólares, contraparte gobierno ecuatoriano 60 mil dólares) y se inició en Junio de 2003.
Debieron transcurrir seis meses para que la sociedad civil (organizaciones campesinas e indígenas, ecologistas, otras) conocieran de la existencia del mismo y eso, por fuentes ajenas al Proyecto.
El primer boletín informativo del proyecto aparece en Enero 2004, en el cual se informa sobre la existencia del proyecto y los pasos que seguía. El documento es meramente descriptivo, un listado de actividades básicas de ejecución del mismo.
Según las hojas informativas del UNEP-GEF, el proyecto consta de cinco elementos: 1) Políticas en materia de bioseguridad, 2) Un sistema reglamentario, 3) Un sistema para responder a las peticiones, 4) Medidas de seguimiento, 5) Concientización y participación del público.
Sin embargo, el boletín no menciona siquiera el tema de la definición de política, sino que se ocupa de crear un Comité para asesorar al proyecto y contrata dos consultorías para determinar el estado de la biotecnología en Ecuador y la normativa legal vigente.
Según lo que consta en el proyecto firmado entre el UNEP-GEF y el Ecuador, se debería:
· «Incrementar la conciencia ciudadana y mejorar el flujo de información al público en cuestiones relacionadas a la liberación de OVMs para promover un debate informado y para asegurar transparencia con relación a la regulación de OVMs;
· Proporcionar a todos los actores la oportunidad de ser involucrados en el diseño e implantación del Marco Nacional de Bioseguridad (MNB).
· Acceso a información relevante para todos los actores conforme los requisitos del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (PCB) y legislación nacional.
· Mecanismos para el adecuado involucramiento de todos los actores, inclusive sectores públicos y privado en cuestiones relativas a bioseguridad.
…Con base en las propuestas desarrolladas antes de la ejecución de este proyecto, el diagnóstico realizado en la primera fase y la consulta con todos los actores relevantes se espera obtener los siguientes resultados: Borrador del instrumento legal (acuerdo interministerial) incluyendo en caso de ser apropiado lineamientos operativos´´
No obstante, el proyecto no ha tenido ninguna intención de garantizar la participación. De hecho, se ha limitado ha realizar tres reuniones con 40 invitados para discutir el tema. Creemos que 120 personas (si asistieron todos los invitados) no son suficientes para decidir sobre el futuro de 12 millones de ecuatorianos, ¿quién los designó, quién les otorgó la representación de nuestros derechos?
Decir que este proyecto es participativo, es una burla al concepto mismo de participación. Si bien se crea un Comité, que teóricamente reúne a diferentes sectores de la sociedad, no se establecen mecanismos ni estrategias para que los representados en ese Comité puedan participar.
Al omitir la definición de políticas, la conducción del proyecto está marcando una línea clara de aceptación de los transgénicos, entonces su función se reduce a crear un reglamento que legalice la introducción de éstos en nuestro país. Así claramente en los talleres, que no tienen carácter informativo sino propagandístico, se señala expresamente que el país ya ha tomado una decisión acerca de los transgénicos, esto es que van a entrar, y que los talleres son solamente para topar el tema de la regulación.
Esta asunción es errónea, pretenciosa y transgrede derechos de los ecuatorianos establecidos en la Constitución Política y en otros acuerdos internacionales.
El proyecto tampoco ha buscado informar a la población ecuatoriana, toda la información que se produce es: un tríptico que habla de las ventajas y desventajas de los ogm’s, ignorando deliberadamente los impactos socioeconómicos de los ogm’s y sin ningún ánimo de que la población decida sobre una política de bioseguridad. El tríptico concluye con que los ogm’s deben ser regulados por el Estado Ecuatoriano, no ha habido ningún intento de realizar una amplia campaña de información, debates públicos, consultas.
Frente a estas circunstancias las organizaciones indígenas y campesinas del país entregan por escrito en uno de los talleres oficiales del proyecto, una declaración en la que deslegitiman el proyecto y reclaman su derecho a que el Ecuador sea Declarado Libre de OGM’s.
Como era de esperarse estas peticiones no son ni siquiera mencionadas en las
memorias del taller ni en las consideraciones para la redacción del marco nacional de bioseguridad. Así en otro de los boletines del proyecto se anuncia que iniciará la redacción de la regulación pues el proyecto debía terminar en Noviembre de 2004.
En este momento y debido a la presión ciudadana y de las organizaciones, el Presidente de la Comisión del Consumidor del Congreso Nacional, cuyo representante era parte del Comité del proyecto envía una carta al Ministerio de Ambiente solicitando una moratoria a la introducción de OGM’s, pues considera que el proceso para el establecimiento del marco normativo ha tenido graves deficiencias.
De igual forma el Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional, envía una carta al Ministro de Ambiente, solicitando información acerca del proyecto, pues no conocía de su existencia. Hace especial énfasis en conocer los mecanismos y formas en las que han sido informados los Pueblos Indígenas.
Sin ningún aviso, al público, el proyecto se retrasa y conocemos que debe terminar en mayo de 2005. En este tiempo no ha habido ningún cambio significativo en la conducción del mismo, de hecho ya ni siquiera aparecen los boletines informativos.
Sabemos que nuevamente se contrataron dos consultores particulares para la redacción del marco jurídico y otro para la aplicación de dicho marco. Continuando en su negativa de respetar nuestros derechos, seguramente pensarán aprobar esa norma.
Esta regulación permitiría el ingreso de ogm’s, con el pleno conocimiento de que el país no cuenta con la capacidad técnica, profesional ni la infraestructura para aplicar dichas normas. ¿Un reglamento y una lista de procedimientos administrativos son una norma estricta de bioseguridad? Cómo va a garantizar el Ministerio la protección a la biodiversidad y a la salud si tanto el SESA, el INIAP y el Instituto de Higiene Izquieta Pérez han reconocido que no están al momento en capacidad de asumir estas funciones. Incluso, la consultoría sobre el Estado de la Biotecnología en el Ecuador (hecha como parte del Proyecto) señala que el SESA y el INIAP piensan capacitarse.
Y mientras piensan capacitarse ¿quién implementa lo establecido por la Ley?, ¿quien garantiza nuestros derechos? ¿Por qué el UNEP-GEF sigue auspiciando este juego malicioso?
Nota :
Los proyectos UNEP GEF fueron desarrollados en el marco del Protocolo de Cartagena para posibilitar que los países desarrollen normas de bioseguridad. Un elemento indispensable de estos proyectos es la participación de la sociedad civil, lo que ha sido tomado como un requisito y no como el derecho de participación en un tema tan importante para el futuro de la agricultura de nuestros países, como son los organismos genéticamente modificados.
COORDINACION
RALLT