Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
Ya es hora restaurar la prohibición legal de la izquierda israelí. ¿Por qué perseguimos a las ramas? ¿Por qué necesitamos un fiscal que prolongue un exhaustivo proceso legislativo en la promulgación de una ley otra? ¿Para qué estas diferentes propuestas y enmiendas? En lugar de todo lo anterior, vamos a hacer una cosa muy simple: declarar a la izquierda una entidad ilegal en el Estado de Israel. A partir de entonces, el que piensa como izquierda, actúa como izquierda, se manifiesta como izquierda o tolera la izquierda, va a la cárcel.
Vamos a construir otro «centro de acogida» para los extranjeros, pero esta vez para los extranjeros de dentro -la izquierda- y tendremos nuestro campamento limpio. Tal medida reflejaría el espíritu de la época que se ha apoderado de la mayoría de los israelíes, y les permite reflejar un retrato auténtico de la democracia israelí.
En el Israel de 2011, ya no es legítimo pertenecer a la izquierda. Se tornó ilegítimo hacer campaña por los derechos humanos, para oponerse a la ocupación o para investigar los crímenes de guerra. Este tipo de acciones imprime una marca de vergüenza sobre los israelíes. Un colono que roba tierra es un sionista, hacer un llamado belicista de extrema derecha es ser patriota, un rabino que incita al racismo es un líder espiritual, un racista que expulsa a los extranjeros es un ciudadano leal. Sólo el de izquierda es un traidor.
El nacionalista ama a Israel, mientras que el izquierdista lo desprecia. El de derecha no tiene que disculparse por nada, mientras que el de izquierda tiene que desmentir rumores y especulaciones. En el Israel de 2011, ya no podemos hablar de los sentimientos expresados por los vendedores ambulantes y los de los bazares. Ahora, la mayoría de los organismos gubernamentales y entidades jurídicas participan en esta peligrosa bonanza de deslegitimación.
La Knesset resolvió crear una comisión, que habría ruborizado al senador Joseph McCarthy, para que haga una investigación parlamentaria que investigue las actividades de los grupos de izquierda «y su contribución a la campaña de deslegitimación contra Israel». Como si fueran organizaciones delictivas.
Nuri el-Okbi, un ciudadano beduino y activista de los derechos, fue enviado a prisión por el juez Zecharia Yeminy por operar un negocio sin licencia; el juez no tuvo vergüenza en admitir que aumentó la pena sólo por el hecho de que Nuri-el-Okbi era un activista de los derechos de la dispersa población beduina.
Jonathan Pollak, miembro de «Anarquistas contra el Muro» y activista anti-ocupación del cual cualquier sociedad sana estaría orgullosa, fue enviado a la cárcel por montar su bicicleta en una carretera.
Mossi Raz, un ex miembro de la Knesset, que estaba inocentemente parado en la acera durante una protesta contra el asesinato de un activista palestino de Bil’in, fue golpeado por un oficial de policía, esposado y arrestado.
Los activistas por la paz son interrogados por el servicio de seguridad Shin Bet y advertidos de antemano por si cometen algún delito. Un grupo de médicos está considerado «de extrema izquierda», una organización social «desprecia a Israel,» las mujeres activas que vigilan retenes de control son «traidoras» y un centro de información se considera «cómplice del terrorismo».
Los colonos que arrojan basura a los soldados israelíes y sus amigos que prendieron fuego a los campos palestinos no son sometidos a juicio, y sin embargo, mientras tanto Pollak es enviado a la cárcel. Los soldados que mataron a los palestinos que portaban banderas blancas todavía no han recibido su castigo, pero los que revelaron este tipo de incidentes son denunciados. Todo esto se ve agravado por una cantidad de de proyectos de ley -desde el juramento de lealtad hasta la ley Nakba-. Todos estos componentes se mezclan para formar una imagen horrible: la izquierda es un enemigo del pueblo y un enemigo del Estado.
Mientras ocurre todo esto, el daño real a la imagen de Israel y su prestigio internacional está causado por su política obstruccionista y los esfuerzos del gobierno para consolidar aún más la ocupación. El daño es causado por las actividades violentas del ejército israelí y los colonos, sumando las acciones racistas de los legisladores de Israel y los rabinos.
Un solo día de la Operación Plomo Fundido hizo más para pudrir el hedor de Israel que todos los informes críticos combinados. Una mezquita incendiada hizo más para arrastrar el nombre de Israel por el barro que la combinación de todas las columnas y editoriales que critican a Israel.
Sin embargo, nadie está exigiendo que cualquiera de estos hechos se investigue. Muy pocas personas, si es que hay alguna, se han llevado a juicio por tales acciones. ¿Quién se acuerda de la izquierda, el único grupo que sigue conservando en alto la moral de Israel? A los pocos solitarios que mantienen la llama vacilante de la maltrecha humanidad se les acusa, condena y castiga mientras que a los verdaderos culpables se les absuelve de todos los cargos. La policía, el sistema legal, la Knesset, el Shin Bet, y el ejército han unido sus fuerzas a los de los propagandistas del derecho a actuar como fiscales sin un juicio, mientras que la izquierda se ve privada de un abogado defensor.
Una sola ley puede simplificar las cosas: deja que cada israelí sepa lo que está prohibido. Está prohibido creer en un Israel justo, prohibido pelear contra cualquiera de sus injusticias, prohibido luchar por sus principios. Aún así, alguna duda se las arregla para deslizarse en el corazón. ¿Todos los que están librando batalla contra la izquierda -los jefes del Shin Bet y la policía, los jueces y los legisladores de la derecha- en verdad quieren una «democracia» sin la izquierda? ¿Entienden qué están haciendo?