El gobierno cubano rechazó la inclusión de la nación caribeña en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional elaborada por el Departamento de Estado norteamericano. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó que Washington «no tiene la más mínima moral ni derecho alguno de juzgar a la Isla, que tiene […]
El gobierno cubano rechazó la inclusión de la nación caribeña en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional elaborada por el Departamento de Estado norteamericano.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó que Washington «no tiene la más mínima moral ni derecho alguno de juzgar a la Isla, que tiene una trayectoria intachable en la lucha contra el terrorismo y que ha sido, además, sistemáticamente víctima de ese flagelo».
El texto afirma que más de tres mil cubanos han muerto y otros dos mil quedaron mutilados, como resultado de «acciones terroristas, organizadas, financiadas y perpetradas desde territorio estadounidense, en muchos casos con la propia complicidad del gobierno de ese país».
La declaración de la cancillería cubana, pidió al gobierno de Estados Unidos que castigue «a los verdaderos terroristas que hoy residen en territorio norteamericano, libere a los Cinco Héroes y ponga fin a la política de bloqueo y hostilidad contra nuestro país».
El Departamento de Estado considera que La Habana mantiene una actitud pública contra el terrorismo y su financiación pero que protege a miembros del grupo terrorista ETA y de las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN.
La presencia en Cuba de miembros de ETA fue el resultado del acuerdo bilateral entre el gobierno de Felipe González y la administración caribeña tras el fracaso de las «negociaciones de Argel».
Las condiciones que puso entonces Cuba fueron que no realizasen actividad política ni operativa en la isla y que una vez saliesen del país no pudiesen entrar de nuevo, para evitar así su participación en atentados.
Por su parte las autoridades colombianas han utilizado a los guerrilleros refugiados en Cuba, para entablar conversaciones de paz y gestionar la liberación de secuestrados.
Para La Habana, el gobierno estadounidense actúa con doble rasero al amparar «de manera permanente, al criminal confeso Luis Posada Carriles, a quien no ha querido juzgar por cargos de terrorismo, a pesar de contar con abundantes pruebas».
Venezuela y Cuba acusan a Posada Carriles de ser el responsable del atentado contra un avión civil cubano en pleno vuelo, que costó la vida a 73 personas en 1976.