Durante la última década, casi medio centenar de países han sufrido procesos en los que su moneda ha sido parcial o totalmente sustituida por otra. En los países latinoamericanos afectados (casos de El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, entre otros), el fenómeno se ha manifestado de muy diversas formas y, sin embargo, ha sido […]
Durante la última década, casi medio centenar de países han sufrido procesos en los que su moneda ha sido parcial o totalmente sustituida por otra. En los países latinoamericanos afectados (casos de El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, entre otros), el fenómeno se ha manifestado de muy diversas formas y, sin embargo, ha sido identificado bajo un mismo término: la dolarización.
En casi todos los casos, este fenómeno se origina cuando la economía recibe lo que en términos macroeconómicos se denomina un «shock» de carácter externo (en general, el derivado de la crisis de la deuda sufrida durante las décadas de los ochenta y noventa). La crisis económica derivada de este shock termina por traducirse en un proceso hiperinflacionario que erosiona el valor de la moneda nacional. La dolarización surge cuando la pérdida de confianza en dicha moneda fuerza a su progresiva substitución por una divisa fuerte (como el dólar estadounidense).
El desarrollo de este fenómeno (impuesto muchas veces por los mismos organismos internacionales que loan sus potenciales beneficios sobre el desarrollo -caso FMI-, y consecuentemente asociado a políticas de ajuste neoliberal) ha generado escasos beneficios económicos sobre los países dolarizados, además de un importante deterioro social. Cabe añadir, que en los países latinoamericanos en los que se ha conseguido controlar la inflación, la dolarización no sólo no se ha revertido sino que, en muchos casos, se ha expandido, lo que ha abierto el debate sobre su posible irreversibilidad.
Las causas de la irreversibilidad de la dolarización o hysteresis han sido ampliamente estudiadas. En general, la experiencia latinoamericana muestra las dificultades para restaurar la moneda nacional en condiciones que garanticen su plena convertibilidad, fundamentada en una recuperación económica suficientemente sólida como para ofrecerle un contravalor real.
En su origen, el proceso de dolarización en Cuba guarda similitud con el latinoamericano. Así, surge también de un shock externo (aunque de distinta naturaleza -la desintegración del bloque socialista-), y se traduce en una inflación que, si bien no se manifiesta en la economía formal (donde el control estatal regula los precios), sí es claramente evidente en los espacios informales (el mercado negro). Pero lo que más diferencia la dolarización cubana de las latinoamericanas son sus rasgos: no llega impuesta por ningún organismo internacional, se asume pragmática pero estratégicamente, y se hace compatible con un Estado fuerte con pleno control sobre su política económica. Ello permite, por un lado, utilizar la dolarización al servicio de los objetivos económicos y sociales del Gobierno (a través de la captación y asignación de dólares según convenga), así como avanzar en las condiciones que permitan que, la dolarización, sea sólo una opción temporal y transitoria.
En este sentido, las medidas tomadas en los últimos meses por el Gobierno cubano marcan pasos importantes hacia la desdolarización de la economía de la isla, lo que la convierte en referente para todos los países que sufren procesos de substitución de su moneda. Así, de momento, y contradiciendo cualquier pronóstico, el Gobierno de Cuba ha logrado dos de las condiciones necesarias (aunque no suficientes) para revertir la dolarización. En primer lugar (octubre del 2004), ha conseguido retirar de la circulación el dólar estadounidense, ello a través de un canje de esta divisa por una moneda nacional (el peso convertible) de idéntica validez en el ámbito interno de la economía. En segundo lugar (marzo de 2005), ha iniciado un proceso de revalorización de las dos monedas emitidas por el Banco Central de Cuba (peso cubano y peso convertible), frente a las divisas extranjeras.
Ambas medidas son coherentes con los planteamientos iniciales: tanto con la pretendida temporalidad de la dolarización, como con su «estratégica utilización» en pro de los objetivos económicos y sociales establecidos por el Estado cubano. En este sentido, ambas medidas penalizan a los tenedores de dólares (que los obtienen mayoritariamente fuera de la esfera legal de la economía) y benefician a quienes perciben sus ingresos en moneda nacional (básicamente pensionistas y trabajadores del sector estatal). Además, obligan a quienes mandan remesas a enviar un volumen de divisas relativamente mayor (si lo que desean es mantener el poder adquisitivo de quienes las reciben), lo que potencialmente aumenta los ingresos en moneda fuerte del Gobierno cubano (no sólo a través del obligado canje sino, también, a través de un cambio más favorable para el Estado).
No obstante, parte de los discursos con los que el Comandante en Jefe ha acompañado el anuncio de las medidas, así como las declaraciones del presidente del Banco Central de Cuba, obligan a su vez a interpretar con cierta cautela los éxitos conseguidos por el momento. Así, y aunque Fidel Castro insista en que Cuba está en camino de la recuperación, el crecimiento económico acumulado desde 1995 hasta el 2003 (de a penas un 30%) todavía no permite compensar la fuerte caída sufrida entre 1989 y 1994 (de un 35%). Esto limita la consecución de un contravalor real a las monedas nacionales, e impide su plena convertibilidad (condición requerida para una auténtica desdolarización). De hecho, la coexistencia de dos monedas de carácter nacional, sitúa como objetivo prioritario la unificación monetaria y cambiaria como paso previo a una reversión real del proceso. Conforme a ello, el propio Fidel anuncia la necesidad de seguir avanzando en «el acercamiento» de los valores del peso cubano y el peso convertible hasta «su plena unidad».
Sólo esto permite solucionar dos de los principales problemas de la economía cubana actual (ambos explicitados en los discursos del Comandante en Jefe): la escasez de algunos bienes de carácter esencial, por un lado, y el todavía relativamente bajo nivel de los salarios en moneda nacional respecto al nivel de precios vigente en el país. De cualquier modo, la voluntariedad del Gobierno cubano en términos de seguir avanzando hacia la resolución de estos problemas, y de hacerlo con instrumentos económicos que tienden a diferenciarse de los convencionales, es por si sólo un referente a valorar y a analizar, en tanto en cuanto demuestra que, la consecución de modelos económicos alternativos, depende tanto de las posibilidades técnicas, como de la voluntad política.