La violencia sexual y las amenazas de abuso contra los hombres y mujeres palestinos forman parte del arsenal de opresión de las fuerzas de ocupación israelíes. Un nuevo informe de la ONG Equality Now recoge el testimonio de una mujer detenida que afirmó que un soldado israelí amenazó con violarla en grupo, matarla y quemar a sus hijos pequeños. Él le preguntó: «¿Cómo quieres que te violemos? ¿Uno por uno o todos a la vez?». Después de que la detenida denunciara estas amenazas a su abogado, se le negó el acceso a asistencia letrada.
Esta forma de violencia por parte de las fuerzas israelíes está profundamente arraigada en los puestos de control, los entornos penitenciarios y durante las redadas nocturnas en viviendas, según el último informe de Equality Now titulado «Sexual violence and legal accountability in Israel and the occupied West Bank and East Jerusalem» (Violencia sexual y responsabilidad legal en Israel y en la Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas).
La balanza de la justicia se inclina ahora de forma aún más abrumadora a favor de Israel tras la noticia de su ley de pena de muerte aprobada el 30 de marzo. En el ámbito de los tribunales civiles, impone la pena de muerte para el asesinato premeditado de una persona que tenga la intención de «negar la existencia del Estado de Israel».
Equality Now subrayó que la violencia sexual no es un fenómeno nuevo entre las fuerzas israelíes. En 2020 se presentaron 1.542 denuncias, 26 de las cuales se referían a violaciones. La Asociación de Centros de Ayuda a Víctimas de Violación de Israel (ARCCI, por sus siglas en inglés) interpuso una demanda contra varios ministerios y organismos policiales israelíes en 2025. Las autoridades israelíes no atendieron las solicitudes de información sobre datos exhaustivos sobre los abusos sexuales. Esta negativa dificulta comprender el alcance total de la violencia sexual y de las medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, a fin de prevenir dicha violencia, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas, según declaró Equality Now.
Intensificación del régimen de apartheid
La nueva ley de pena de muerte ordena la ejecución mediante ahorcamiento, restringe el acceso a la asistencia letrada y las visitas de los familiares, limita la supervisión externa y otorga inmunidad a quienes participan en la ejecución de las sentencias, según ha informado Human Rights Watch.
La violación también se considera un acto de terrorismo. Equality Now destacó en el informe que, tras una enmienda a la Ley Antiterrorista realizada en 2023, un hombre que viole a una mujer por «motivos nacionalistas» podría ser acusado de cometer un acto terrorista. Sin embargo, con la ley de la pena de muerte, esto conlleva el riesgo de aplicar de manera desproporcionada la pena capital contra hombres palestinos que puedan haber sido acusados de agredir a mujeres israelíes. Jacqui Hunt, abogada especializada en derechos humanos de Equality Now, explicó que la nueva ley sobre la pena de muerte solo se aplica a los palestinos. Por lo tanto, una violación cometida por un palestino contra un israelí podría calificarse como un supuesto acto terrorista o nacionalista y dar lugar a una sentencia de pena de muerte.
Henriette Willberg, directora del departamento de investigación y discurso de Law For Palestine (L4P), declaró a The New Arab que la pena de muerte unilateral «debe entenderse como la última escalada del régimen colonial de apartheid de Israel».
Equality Now señala en sus recomendaciones que la aplicación de la Ley Antiterrorista debe revisarse y supervisarse para garantizar que no dé lugar a una aplicación discriminatoria ni cree jerarquías injustas entre las víctimas de violación y los agresores en función de la raza, la religión, la identidad nacional o el origen étnico.
La pena capital como coacción
La ONG señala que las amenazas de violación en grupo son «habituales» por parte de las fuerzas israelíes durante los interrogatorios y la detención. Esto, sumado a la falta de rendición de cuentas del ejército israelí, «fomenta un clima de miedo constante, lo que hace que los palestinos sean muy conscientes de su vulnerabilidad ante la violencia sexual», se lee en el informe. En este contexto, el uso habitual de amenazas de violación por parte de las fuerzas israelíes funciona como una herramienta de control coercitivo para imponer la sumisión y reforzar la dominación, según constata Equality Now.
La investigadora Willberg afirmó que «la pena capital puede intensificar las dinámicas coercitivas en los entornos de detención e interrogatorio, especialmente en el caso de los detenidos por motivos de seguridad». Esto resulta especialmente preocupante dada la tasa de condenas de aproximadamente el 96% en los tribunales militares israelíes y el hecho de que las condenas se basan con frecuencia en confesiones obtenidas durante los interrogatorios, incluso en condiciones coercitivas, señaló Willberg.
Abuso selectivo
Los niños palestinos son cada vez más vulnerables al abuso durante la detención, y «Defensa de los Niños Internacional Palestina» (DCIP, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer múltiples casos de violencia sexual contra menores detenidos.
En un vídeo reciente de Gaza publicado por The New Arab una madre palestina de un niño menor de dos años, Jawad Abu Nasser, describió las lesiones y el sufrimiento psicológico de su hijo tras su liberación de la detención israelí, después de que fuera secuestrado y torturado en marzo. Extendió la ropa manchada de sangre de su hijo y señaló los agujeros visibles en las rodillas, donde, según dijo, las fuerzas de ocupación israelíes le clavaron herramientas metálicas en las piernas, que le causron heridas graves. «Mi hijo era como una flor; no le pasaba nada, pero ahora sufre mucho, su estado mental se ha deteriorado tanto desde el incidente», dijo. Jawad tiene dificultades para comer y ya no juega como solía hacerlo; siempre está asustado, contó su madre a The New Arab.
Equality Now señaló que las autoridades israelíes se niegan sistemáticamente a investigar las denuncias contra las fuerzas israelíes y prohíben habitualmente que los abogados acompañen a los menores durante los interrogatorios. De hecho, el informe revela que los defensores de los derechos humanos que denuncian estos abusos se enfrentan a represalias. Un ejemplo clave de ello ocurrió en 2021: después de que el Departamento de Estado de EE. UU. preguntara por el informe creíble de DCIP sobre un adolescente palestino violado por un interrogador en Jerusalén, se informó de que funcionarios israelíes irrumpieron en las oficinas de DCIP y la declararon entidad terrorista.
Más recientemente, a mediados de marzo, Israel retiró todos los cargos contra cinco soldados acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino en un centro de detención militar. La propia acusación del ejército describía cómo los soldados apuñalaron al detenido con un objeto punzante cerca del recto, le causaron fracturas en las costillas, un pulmón perforado y un desgarro interno. Hunt dio más detalles y afirmó: «La falta de rendición de cuentas por las violaciones no anima a las personas a dar un paso al frente». Cuando las personas sí dan un paso al frente, con frecuencia se les culpa de lo que les ha ocurrido; «no se hace justicia», declaró la abogada de derechos humanos a The New Arab.
El silencio se impone mediante un bloqueo logístico. Equality Now descubrió que las a menudo las supervivientes deben atravesar docenas de puestos de control militares antes de poder llegar a una comisaría de policía palestina. Otro problema es la falta de investigadoras que hablen árabe, lo que obliga a las supervivientes a relatar experiencias traumáticas ante agentes israelíes varones, lo que puede reforzar la vergüenza y el miedo.
En respuesta a la cuestión de la rendición de cuentas y los datos disponibles, la ONG recomienda que se establezca una base de datos centralizada para recopilar y publicar datos sobre violaciones y otras formas de violencia sexual, así como un aumento del número de investigadoras que hablen árabe.
La arquitectura de la vergüenza
La ley de la pena de muerte puede agravar una situación ya de por sí insostenible. «Los detenidos palestinos suelen ser los principales testigos de la violencia sexual y las violaciones cometidas por las autoridades israelíes en prisiones, salas de interrogatorio y puestos de control», afirmó Willberg. El sistema está ya plagado de control coercitivo y, al introducir la pena de muerte, «la ley abre la posibilidad de que su aplicación pueda llevar a la eliminación de los testigos principales», explica Willberg.
Las autoridades israelíes «se benefician ya de una impunidad arraigada, especialmente en lo que respecta a las denuncias de violencia sexual», Willberg subrayó que la pena de muerte amplía aún más los poderes punitivos y socava los procedimientos de protección. La investigadora puso como ejemplo que las ejecuciones deben llevarse a cabo en un plazo de 90 días y que el uso del aislamiento podría contribuir a crear un clima generalizado de impunidad institucional.
Entre sus conclusiones, Equality Now identificó que las mujeres y niñas palestinas también se enfrentan a amenazas de violación, individuales o en grupo, tanto por parte de colonos como de soldados. La violencia sexual también puede producirse delante de los familiares como un intento de ejercer dominio y control sobre toda la comunidad. Hunt comentó: «La violación tiene que ver con el poder y el control en cualquier contexto; no se trata de lujuria. Y es devastadora para la víctima, ya que a menudo afecta a la capacidad de una mujer para salir, disfrutar de su vida y participar en la sociedad».
Olivia Hooper es una periodista británica afincada en Marruecos que está especializada en cuestiones humanitarias y de género y es codirectora de Politics4Her. Publica sus trabajos en numerosos medios, entre otros Middle East Eye y Al-Monitor.
Texto en inglés: The New Arab, traducido por Sinfo Fernández.