Defensora del territorio en Honduras y asilada política, Dalila Argueta vive actualmente en Bilbao; madre de dos hijos, solicitó el reagrupamiento familiar establecido en la Ley española de Extranjería, pero –debido a la demora- se decidió por la autogestión; “No pude más, me salté el reagrupamiento; había esperado seis meses y ni siquiera me contestaron, así que fui por la otra vía, que es ir a buscarlos (hijos)”; en síntesis, no se le garantizó el derecho al reagrupamiento familiar en el Estado español.
La Ley de Extranjería del año 2000 señala, en el Capítulo II, que el cónyuge y los familiares de los extranjeros que residan en España tienen derecho a la situación de residencia en el estado español para reagruparse con el residente.
Dalila Argueta contó con el respaldo de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD) y la Casa de Defensoras Basoa, entre otros colectivos; tuvo que salir de Honduras tras sufrir amenazas y persecuciones por la denuncia de los impactos de un proyecto minero en la comunidad/río Guapinol.
Emprendió el camino al exilio en abril de 2019, y su ejemplo es uno de los recogidos en la investigación Deshumanizadas. Caminos migratorios atravesados por la burocracia, el racismo y el patriarcado (periódico Directa, Entrepueblos y PBI, 2023).
La lideresa hondureña intervino en la presentación del informe sobre Patrones de criminalización de movimientos sociales y defensoras de derechos humanos en América Latina y Valencia, que tuvo lugar el 12 de junio en la Facultad de Derecho de la Universitat de València (UV); el acto estuvo organizado por la ONG Entrepobles, que elaboró el documento junto al alumnado de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la UV.
En el capítulo de personas defensoras del medio ambiente figura Vidalina Morales, campesina y activista contra la minería en El Salvador, principalmente en el departamento de Cabañas; forma parte de la Asociación de Desarrollo Económico Social de El Salvador (ADES) y ha participado en la Mesa Nacional contra la Minería Metálica.
Durante más de una década, la lucha se desplegó contra la multinacional canadiense Pacific Rim (desde 2013 en manos de la australiana Oceana Gold), y su iniciativa para la extracción de oro y plata en la mina El Dorado.
Un hecho reseñable en la represión contra defensores del territorio en El Salvador se produjo en 2023; a comienzos del año fueron detenidos el director ejecutivo de ADES, Antonio Pacheco, y otros cinco líderes de la asociación (Los cinco de Santa Marta); Vidalina Morales ha denunciado la situación -”hacinados y en condiciones deplorables” -de sus compañeros en la cárcel.
Otra protagonista del Informe es Catalina Reyes Cisternas, de 27 años, chilena, estudiante y empleada en trabajos eventuales e integrante del sindicato de mujeres trans Amanda Jofre; “ha sido rechazada y violentada por ser una mujer trans”, detalla el reporte, que agrega la valoración de Catalina Reyes:
“La gente no conoce lo que es ser una mujer trans, por ello, no reacciona bien. Se le ha negado el saludo, ha sido ridiculizada, perseguida en espacios públicos y amenazada de muerte”.
Realizado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOILH), el XXII Informe Anual de Derechos Humanos. Diversidad sexual y de género en Chile recoge 1.597 casos/denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, identidad y expresión de género en 2023 (aumento del 52% respecto a 2022); la mayor parte corresponde a declaraciones de odio (933).
Otra persona represaliada fue el alcalde en la provincia de Espinar (departamento de Cuzco, Perú) entre 2011 y 2014, Óscar Mollohuanca; defensor de la población Quechua, se enfrentó al extractivismo minero (empresa Xstrata Tintaya); Mollohuanca fue hallado muerto -con señales de violencia- el 7 de marzo de 2022, cerca de su vivienda.
La persecución y victimización del excalcalde tuvo su origen en las movilizaciones de mayo de 2012 (dos personas muertas, 50 heridas y arrestos como el del defensor y activista), durante la presidencia de Ollanta Humala.
Sobre la violencia racista (policial) “en los márgenes de la ciudad”, se apunta el caso del abogado afrodescendiente en el departamento colombiano del Cauca, Alí Bantú Ashanti; hace una década fue torturado por la policía en Buenaventura (Valle del Cauca) y, dos años después, constituyó -junto a otros abogados afro– la organización Justicia Racial, que defiende a víctimas sin dinero para el acceso a la justicia.
Pero la defensa de los derechos humanos ha tenido consecuencias; En enero de 2023, Alí Bantú Ashanti fue declarado objetivo militar por la banda (narcoparamilitar) Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también denominada Clan del Golfo.
El documento de Entrepobles y la UV da cuenta de la situación de periodistas que investigan la vulneración de los derechos humanos en México; es el caso de Marcela Turati; participó en la fundación del colectivo Quinto Elemento Lab y la Red de Periodistas de a Pie (reportajes de investigación), en un país -México- en que 164 comunicadores han sido asesinados entre 2000 y 2024 (en posible relación con su labor), según Article 19.
Coordinadora del proyecto A dónde van los desaparecidos, formado por un grupo de periodistas de México, Marcela Turati “ha padecido los efectos de la persecución y la criminalización de que es víctima de la prensa mexicana”; Por ejemplo, cuando investigaba sobre una fosa relacionada con el cártel criminal de Los Zeta; fue, asimismo, sometida a espionaje -al menos un año- durante el sexenio presidencial de Manuel Peña Nieto (2012-2018).
En el País Valenciano, la activista ambiental Datxu (Piedad) Peris participó en las protestas del Forn de Barraca, en septiembre de 2019; junto a ecologistas, vecinos y agricultores, se oponían a la ampliación de la Autovía CV-21, que suponía la destrucción de 60.000 metros cuadrados de huerta en el término municipal de Alboraya (25.800 habitantes, Valencia).
A los cinco días de acampada, agentes de la Guardia Civil ejecutaron el desalojo, y detuvieron a cuatro de los activistas (incluida Datxu Peris); “quedaron en libertad la misma tarde, pero con cargos de desobediencia grave y resistencia”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.