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La Campaña CIES No pide el cierre inmediato e incondicional del Centro de Internamiento de Extranjeros

Denuncian el encierro de menores migrantes y agresiones en el CIE de Valencia

Fuentes: Rebelión

«Lugares de segregación, desposesión y vulneración de derechos»; «dispositivos de control, privación de libertad y deportación»; «piedra angular de la necro-política europea», denuncian los activistas. Un muchacho argelino de 16 años permaneció encerrado una semana «ilegalmente» en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, según ha denunciado la Campaña CIEs No. […]

«Lugares de segregación, desposesión y vulneración de derechos»; «dispositivos de control, privación de libertad y deportación»; «piedra angular de la necro-política europea», denuncian los activistas. Un muchacho argelino de 16 años permaneció encerrado una semana «ilegalmente» en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, según ha denunciado la Campaña CIEs No. «Es una práctica convertida en habitual en los últimos tiempos», añadieron las ONG. El Artículo 62 de la Ley Orgánica de Extranjería establece que no podrá acordarse el ingreso de menores de 18 años en los CIE (la página Web del Ministerio del Interior, del que dependen los centros de internamiento, se hace eco de este principio legal). En un auto con fecha 2 de enero, el Juzgado de Instrucción Número Tres de Valencia (en funciones de control del CIE) dispuso la puesta en libertad del joven y su traslado al correspondiente Centro de Menores.

Integrada por 30 organizaciones de derechos humanos y lucha contra el racismo, la Campaña pide el cierre inmediato e incondicional de los CIE. En el caso del adolescente argelino, las ONG aportaron al Juzgado la documentación original que acreditaba la minoría de edad, la partida de nacimiento traducida y la cédula de identidad, remitidas de inmediato por la familia; sin embargo, «en la mayor parte de los casos no es posible demostrar la minoría de edad ante las autoridades judiciales, por lo que muchos menores acabaron siendo privados de libertad hasta 60 días en el CIE y deportados», explican las organizaciones en un comunicado. El menor arribó en patera al estado español por la costa de Almería, donde fue detenido el 25 de diciembre.

Asimismo las ONG alertaron, el pasado 4 de junio, de que otro chico argelino -también llegado en patera al litoral almeriense- llevaba un mes encerrado en el centro de Zapadores; y en diciembre de 2018, organizaciones de derechos humanos dieron cuenta de la liberación de tres menores -todos de nacionalidad argelina- de los cuatro que estaban recluidos en el CIE valenciano. En el estado español, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) informó -citando fuentes del Ministerio del Interior- que 89 menores fueron encerrados en los CIE durante 2018, frente a los 48 de 2017; además, a partir del trabajo de visitas y acompañamiento, el informe del SJM titulado Discriminación de origen contabilizó 93 internos en 2018 que afirmaron ser menores de edad, en los centros de Madrid (20), Barcelona (42), Valencia (16) y Algeciras y Tarifa (15).

El portavoz de CIEs No en Valencia, Adrián Vives, compartió el 5 de enero en Twitter las reivindicaciones de las personas recluidas, en la protesta que tuvo lugar entre la noche del día 3 y el mediodía del 5: «El director (del CIE de Zapadores) pregunta por qué estamos haciendo huelga de hambre. La única súplica para esta huelga es la libertad». Además del encierro durante una semana del menor, la huelga de hambre -que coincidió con el debate de investidura de Pedro Sánchez- tuvo presente a un chico de 20 años, Steven, interno más de un mes en el CIE de Valencia; según informaron el 1 de enero las ONG, el joven denunció ante el juzgado de guardia presuntas agresiones por parte de agentes de la policía local, en el automóvil que regresaba del hospital donde se le trasladó por la contusión en una mano. En este contexto, «son numerosos los casos en los que se ha procedido a la deportación de la víctima después de haber efectuado una denuncia, por lo que los procedimientos acaban siendo archivados y los presuntos agresores quedan impunes», señala la Campaña.

Los activistas difundieron en las redes sociales otros motivos de la huelga de 24 horas; por ejemplo el 5 de enero, compartieron que dos inmigrantes estaban inconscientes y en el suelo, sin que fueran atendidos adecuadamente. Además el 3 de enero, interpelaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio: «Internos del CIE nos informan de que han entrado los antidisturbios y les han sacado de las celdas para cachearles sin explicarles el motivo». A estos hechos se añade la notificación, el 7 de enero, del traslado a Madrid para su deportación a Venezuela de un migrante (venezolano) portador de VIH, y encerrado durante cerca de dos meses en el CIE valenciano; los colectivos sociales reclamaron que se paralizara la expulsión por razones humanitarias; finalmente quedó en libertad (a mediados de diciembre ya sufrió un primer intento de deportación).

En el CIE de Valencia hay actualmente 85 migrantes privados de libertad, principalmente marroquíes, argelinos y colombianos, pero la población es «muy variable», destaca Adrián Vives; «si mañana llega una patera a Alicante, Murcia o Almería, puede que haya 20 personas más; si se produce un vuelo de deportación, entonces una veintena menos», añade el portavoz de la Campaña. ¿Qué idea transmiten quienes se hallan tras los muros? «Hay un sentimiento generalizado de no saber por qué están allí internados, no entienden que se les ingrese en una cárcel (el CIE) y prive de libertad -como si hubieran cometido algún delito-, sólo por no tener papeles; a esto se añade que en el centro se encierra a menores, alguna persona con VIH, con algún trastorno mental, lesiones o enfermos que no reciben la atención médica necesaria», explica Vives.

El 8 de diciembre tuvo lugar en Granada el Encuentro estatal por el cierre de los CIE. Los colectivos recordaron que el pasado 15 de julio se produjo la muerte de un migrante marroquí, Marouane Abouobaida, de 23 años, en una celda de aislamiento del centro de Zapadores; el joven fue aislado tras sufrir una agresión por parte de otro recluso (denunció la paliza en un escrito al director del CIE, en el que también daba cuenta de dolores fuertes de cabeza, lesiones oculares y adjuntaba la copia de un informe hospitalario de urgencias). «Las personas encerradas en los CIE están bajo la tutela del Estado y es este quien tiene la obligación jurídica de garantizar su integridad física y psicológica», subrayan las organizaciones. Durante el verano, además, la dirección del centro restringió los horarios y condiciones de atención para los colectivos sociales que apoyan a los migrantes.

Diez días después de la muerte de Marouane Abouobaida, el Juzgado de Instrucción Número Tres emitió un auto con 16 medidas -la mayor parte, sobre las situaciones de aislamiento– para que las cumpliera «en lo sucesivo» la dirección del CIE; se trataba de medidas adoptadas por el juez tras las visitas al centro y la recepción de informes oficiales, «a fin de preservar en mejor forma la vida, integridad, salud y derechos» de los encerrados. Por otra parte, «se están observando comunicaciones del CIE de incidentes, incluso huelgas de hambre, que se dice que se han remitido a este juzgado y que no se han recibido, cuestión a todas luces importante (…)», señalaba el magistrado en la resolución.

La muerte del joven marroquí se halla en proceso de investigación judicial; «tememos que acabe una vez más archivada y sin conseguir reparación», expresó la Campaña estatal contra los CIE en Granada. Las ONG han podido documentar, desde 2007, al menos 9 fallecimientos en situaciones de encierro o deportación forzosa; este recuento se inicia con el surgimiento de los colectivos y campañas de apoyo, matiza el portavoz de CIEs No Valencia, que critica la opacidad del Ministerio del Interior.

Los colectivos sociales recuerdan, entre otros fallecidos, a Mohamed Bouderbala, ciudadano argelino que apareció muerto en diciembre de 2017 en la cárcel-CIE de Archidona (Málaga); a Aramís Manukian, migrante armenio y padre de una niña de 7 años: perdió la vida en diciembre de 2013 en el CIE de Zona Franca (Barcelona); en el mismo centro de internamiento murió en 2012 Idrissa Diallo, de 21 años, natural de Guinea Konacry; y unas semanas antes, en diciembre de 2011, Samba Martine, de la República Democrática del Congo y madre de una niña de 9 años: «murió tras 3 meses en el Centro Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y 38 días en el CIE de Madrid sin tratamiento de una posible infección derivada del VIH», denunciaron las organizaciones.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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