Este artículo es continuación de otro que apareció en el número 322 de la revista El Viejo Topo correspondiente a este mes de noviembre [y publicado por Rebelión: http://rebelion.org/noticia.php?id=192891]. Inicialmente era un solo artículo pero su extensión hizo recomendable su división en dos. Es por ello que publicamos este segundo escrito con idéntico titulo pero […]
Este artículo es continuación de otro que apareció en el número 322 de la revista El Viejo Topo correspondiente a este mes de noviembre [y publicado por Rebelión: http://rebelion.org/noticia.php?id=192891]. Inicialmente era un solo artículo pero su extensión hizo recomendable su división en dos. Es por ello que publicamos este segundo escrito con idéntico titulo pero con el ordinal 2. El aplazamiento en la publicación de este segundo artículo nos ha permitido actualizarlo con los datos del «proceso participativo del 9N».
Si en el primero situamos el análisis de la actual coyuntura en el contexto histórico del nacionalismo catalán y de su evolución hacia los postulados secesionistas presentes, en este intentamos abordar, desde una perspectiva preferentemente social y política, algunos de los tabúes ideológicos y políticos de la coyuntura actual y algunas claves de la sociedad catalana de los últimos años, con especial atención a la evolución del electorado. La irrupción de Podemos en el escenario español, y por tanto en el catalán, nos ha inducido, asimismo, a evaluar los postulados de dicha formación sobre el «proceso soberanista» y el llamado «derecho a decidir» y a exponer una crítica a los mismos desde los postulados demócrata radicales. Pero, antes de centrarnos en la coyuntura actual consideramos necesario deshacer algunos equívocos y supuestos sobre la sociedad y la política catalanas.
1.- Deshaciendo equívocos y supuestos.
Es bastante común dar validez a la posición victimista de los nacionalismos «periféricos». En la mayoría de las exposiciones históricas y políticas se da por supuesto un diferencialismo catalán cimentado sobre la acumulación de agravios y agresiones centralistas (centralismo y españolismo expresan lo mismo en el lenguaje catalanista). Así, se habla de la búsqueda del «acomodo», «cohabitación», «encaje», «falta de afecto», etc., de Cataluña en España, para compensar supuestos maltratos, malquerencias, incomprensiones y desafectos por parte española, como si se tratara de una «cuestión de género» o de una desavenencia matrimonial entre dos partes contratantes. Es sintomático que tal cuestión nunca se plantea en términos de ciudadanía democrática y menos aún de «patriotismo constitucional».
Ese discurso construido por los catalanistas desde el Romanticismo hasta hoy ha sido siempre una reacción al triunfo del liberalismo y a la irrupción de la democracia y política de masas de principios del siglo XX. No es un discurso nada original ni singular, es parte del construido por todos los nacionalismos surgidos en las regiones ricas de los Estados nacionales europeos formados en el siglo XIX, es decir, en el Norte geográfico y económico de unos mercados nacionales con fuertes desigualdades regionales, donde la existencia de un Norte rico contrastaba con la de un Sur pobre.
En Alemania entre los bávaros y en Italia entre los de Lombardía y el Véneto existe una literatura política, similar a la de los nacionalistas vascos o catalanes, que expresa un agrio rechazo con fuertes tintes racistas respecto a las regiones más pobres del Sur y a la mano de obra que fluía del mundo agrario tradicional a los centros de la industrialización localizados en las regiones en vías de enriquecimiento. Demógrafos, ideólogos, historiadores, políticos, justificaban el enriquecimiento del Norte económico como fruto de la laboriosidad, moral y capacidad de sus «pueblos» y explicaban el empobrecimiento del Sur por la haraganería, destemplanza, vicios e incapacidad de sus «pueblos», de modo muy similar a como los publicistas colonialistas justificaban la sociedad colonial por el desorden moral, inferioridad mental y vagancia de los colonizados. La diferencia entre unos nacionalistas y otros (entre los periféricos españoles y los lombardos, por ejemplo) estriba en que en España el Estado liberal era lo suficientemente débil como para que los movimientos nacionalistas reaccionarios se convirtieran en «cuestión nacional».
El victimismo y sentido del agravio de muchos industriales catalanes subsistió incluso en tiempos del franquismo, no porque el régimen fuera poco o nada respetuoso con la lengua y la cultura catalanas, sino porque, a pesar de que el régimen supuso el fin de la anarquía, el desorden social y la revolución que tanto les aterrorizaba, el franquismo, desde los años 50, dio unos primeros pasos de reglamentación del mundo laboral y del sistema de Seguridad Social, que dificultaba el despido, regulaba las bajas médicas, obligaba a pagar las correspondientes cuotas a los industriales, etc. Quienes se lamentaban de tal modo, hecho bien documentado, alegaban que tales prácticas propiciaban la holganza, vicios y propensión a la picaresca de trabajadores advenedizos, escasamente identificados con la laboriosidad e idiosincrasia del país. Se trata del mismo discurso del «déficit fiscal», del «España nos roba», etc., con el que se trata de desmontar o limitar el alcance de la fiscalidad redistributiva estatal.
Por ello, la posición de los nacionalistas catalanes sobre el «derecho a decidir» no es, en realidad, resultado ni de la opresión, ni del expolio ni de la «falta de afecto» por parte de los españoles ni del Gobierno central. Por el contrario, es ilustrativa del nacionalismo de región rica, que ha gozado de una posición privilegiada en el mercado español y de una posición de superioridad en su relación con otras regiones españolas. Por lo que se aboga es por el estatus diferenciado del rico, que no acepta comer en la misma mesa que los pobres.
Un segundo equívoco, asumido por propios y extraños, es la identificación de Cataluña con la modernidad y la europeidad en contraste con una España anacrónica, atrasada y casi «africana». Como es obvio, detrás de estos tópicos subyace una fuerte carga ideológica xenófoba. El supuesto de la europeidad y modernidad catalanas ha sido siempre una clave de la bóveda construida por la historiografía catalanista. Pero, hay también una historiografía española, subalterna de la catalanista, en la que Cataluña es el paradigma español de europeidad y modernidad. El derecho a decidir se presenta ante Europa justo en esos términos, asociados a los de un pueblo tolerante y democrático que se ve impedido de votar por un Estado intolerante y autoritario.
No siempre han casado del todo modernidad y europeidad con catalanismo, y menos aún éste con democracia. Con motivo de la celebración oficial del «mil.lenari de Catalunya» (de la Cataluña carolingia), el historicismo mitómano publicitado de forma apabullante desde el poder no cesaba de proclamar una europeidad originaria, desconocida para el resto de España, que servía tanto para situar los «orígenes europeos» en el Imperio carolingio como para remontar los «orígenes nacionales» a Guifré el Pilós (el Don Pelayo catalán). En realidad, se trataba de una Cataluña abans letre, pues no se conocían por aquel entonces ni el nombre ni la cosa de Catalunya. El mil.lenari y la parafernalia del Premio Carlomagno fueron un utilísimo instrumento para conformar una identidad «nacional» catalana surgida a lo largo de la Edad Media. La «formación nacional» se remitía a una ideología medievalizante y feudalizante, ajena y alejada de la Europa moderna, de la modernidad y de las revoluciones liberales.
Esa escuela historiográfica, de cuño romántico conservador, ha tenido su correlato en la historiografía «castellana» (caso de Vicente Cacho Viú y muchos otros), que, pese a las evidencias y a la historiografía catalana crítica, ha considerado a Cataluña reducto casi exclusivo en España de la modernidad europea, receptora del positivismo, etc.
El grueso del flujo de movimientos ideológicos, sociales y políticos que confluyen en el catalanismo son reacciones al triunfo del liberalismo en España y no al conservadurismo español. Es más, en las colonias fabriles catalanas, uno de los motores de la industrialización en Cataluña, los industriales -como hace ya algún tiempo mostró Ignasi Terrades- crean estructuras de su idea «pairalista» del Estado, verdadero anhelo del pensamiento catalanista -un sistema protector en que no solo el trabajo, sino la vivienda, el consumo, la escuela, la capilla, el ocio…, están regulados y controlados por el industrial-. Aparte del atractivo del aprovechamiento de la energía hidráulica, había otros atractivos más estimulantes para ubicar las colonias fabriles lejos de Barcelona en las cuencas de los ríos Ter y Llobregat: la huida del desorden social, de los conflictos laborales, de los motines populares y «rebomboris» que acarreó la implantación del liberalismo en España. Desde entonces, la ineficacia represiva para contener el «desorden social», del que Barcelona era su mejor exponente, la implantación de una fiscalidad estatal y la ausencia de políticas proteccionistas de sus negocios han sido para los catalanistas síntomas inequívocos de la ineficacia, el atraso y el parasitismo del Estado español. Nada tiene que ver su rechazo al Estado (España) con la modernidad.
Ese miedo a las clases subalternas, que alcanza al «forani», al intruso, al inmigrante y a las perturbaciones políticas (asociadas a España) llega a nuestros días. Conviene recordar que fue precisamente en Barcelona donde las fuerzas de seguridad, las de la Generalitat, se emplearon con una violencia inusitada contra los acampados del 15 M en la Plaza de Cataluña. La violencia desplegada está en línea con la exclusión política, social y mediática de las generaciones que pueden sentirse representadas por Loquillo, por los personajes de Marsé o los de Javier Cercas en Las leyes de la frontera.
La gestión de los catalanistas durante tres décadas ha sido el mejor exponente de las políticas excluyentes con las que se han blindado. Tras la maraña de senyeras, banderas esteladas y proclamas del «derecho a decidir», encontramos un oscuro panorama de corrupción, de endeudamiento y, finalmente, de estado de quiebra fáctica socorrida por el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica del Estado). La tozuda realidad ha desprovisto a Cataluña del tradicional estereotipo de gestión moderna y eficaz. De la galería de fiascos forma parte el despropósito de las operaciones «políticas» que ha caracterizado los grandes proyectos financieros, energéticos y aeronáuticos que han urdido las élites catalanistas. Un análisis somero de estos proyectos revelan a las claras los objetivos y procedimientos de la nueva burguesía y casta autonómica catalanas -la burocrática y la de negocios-, que describen Emmanuel Rodríguez e Isidro López en su réplica (1) a los planteamientos de Gerardo Pisarello y Jaume Asens(2). Se trata de una burguesía especulativa y ligada a la corrupción. La familia Pujol puede ser un claro referente.
2.- Metonimia y significados del «derecho a decidir»
Desde una óptica nacionalista hay, pues, razones para que esas élites catalanistas, apoyadas en sectores de una clase media en crisis, del funcionarizado y de la pequeña burguesía, que demandan un blindaje frente a la competencia del mercado español, se propongan el desenganche de España. No es la primera vez. La apuesta secesionista del «derecho a decidir» se ha conocido con anterioridad en el siglo XX bajo otros parámetros pero con características similares. Josep Tarradellas advirtió unas cuantas veces contra tales veleidades, que desembocaron en astracanadas, alguna de ellas cruentas, como las de Macià contra Primo de Rivera, Companys en 1934 y sectores de nacionalistas exiliados en la posguerra «secesionados» del resto del exilio republicano. Si, a pesar de fiascos y advertencias, esas élites catalanistas se han decidido volver a embarcarse en el proyecto soberanista de secesión es porque consideran que ahora es la hora («ara es l´hora»).
Los guías del proceso saben sobradamente, como veremos más adelante a la vista de la evolución de los resultados electorales, que los catalanes que son potencialmente partidarios de la legalidad estatal y del sistema constitucional español o que se consideran catalanistas no independentistas, son muchos, mayoría. Saben también que hay más coincidencias entre los diversos pueblos y ciudades de España, incluyendo Cataluña, que divergencias entre Barcelona, Madrid y Palma, por poner algunos ejemplos.
Por ello, no pueden propugnar que el derecho de autodeterminación, al menos en su vertiente externa, de relación con el resto de España, sea aplicable a Cataluña o a Euskadi. Sobre la vertiente interna del derecho de autodeterminación, la del autogobierno, ya lo disfruta; cuenta con gobierno autónomo propio, con una amplitud de competencias estatales propias o mayores que las de un Estado federal, y un sistema, más o menos democrático, de elección de sus representantes.
Pero, saben igualmente, que no habrá otra ocasión como ésta para capitalizar el descontento social de importantes sectores que buscan acomodo frente la crisis y la globalización, fuera y lejos de la base social y de los objetivos del 15 M, por lo que urge adelantarse a la quiebra del sistema partitocrático en el que se asientan sus recursos y organizaciones y para ello resulta imprescindible neutralizar una eventual reincorporación a la vida política de la mayoría social resignada o hastiada de la deriva nacionalista de los partidos de izquierda, ya que eso puede significar la irrupción de nuevos movimientos y organizaciones que den al traste con el actual mapa político.
Finalmente, saben que no se presentará ocasión como ésta, en la que dominan todos los resortes institucionales y los recursos de la Generalitat, para poner tierra por medio ante la amenaza cada vez más cercana de la legalidad y la justicia «españolas».
Estas son razones suficientes para explicar el embarque de esas élites hacia la Ítaca nacionalista; el problema que se dirime no es eso, sino el cómo estas élites intentan cohesionar a la grey nacionalista y galvanizarlas para que ésta siga a los conductores del proceso y se embarque en la aventura. Es en este momento cuando aparece como fundamental y determinante la manipulación y suplantación de la democracia participativa por el «derecho a decidir».
Uno de los rasgos más característicos del nacionalismo catalán ha sido el de tejer una «sociedad civil catalanista», responsable históricamente de la reivindicación de la lengua y de la construcción en torno a la demanda lingüística de una hegemonía cultural, que ha marcado desde hace décadas las fronteras de lo políticamente correcto en Cataluña. Salvador Giner y otros lingüistas y sociólogos han dilucidado en sus investigaciones y propuestas la importancia de la lengua y la cultura catalanistas como instrumento de hegemonía social y política.
En primer lugar, esas fronteras han delimitado con unos trazos gruesos y precisos lo propio (lengua, cultura, ideología, pensamiento político y tradición catalanistas) de lo externo o foráneo. De hecho, la cohesión social que se propone el catalanismo y que esgrime como una de las principales armas políticas se fundamenta en el éxito de «externalizar» todo lo relativo al «Estado español» (lengua, historia, cultura, ideologías, sociedad, inmigración «española»…) y de considerarlo como una amenaza para la supervivencia de la «nación catalana», de modo que cualquier ciudadano, colectivo, asociación, sindicato o partido político, ha de proponerse la «integración», el abandono del «sucursalismo» y condenar las posiciones «lerrouxistas», si quiere jugar y sentirse en casa.
En segundo lugar, el nacionalismo lingüístico ha sido el principal agente de manipulación del propio lenguaje político. Lo «políticamente correcto» en Cataluña está plagado de sustituciones semánticas resultantes de la manipulación lingüística. La nación de ciudadanos, la constitucional, la democrática, es expresión del españolismo que niega la existencia de las otras naciones (de los pueblos que se legitiman histórica y políticamente por lazos internos invisibles y preconstitucionales, constituidos en pasados remotos, etc.). El federalismo es una Nación con Estados federados (algo más igualitario que el Estado autonómico, pero parecido) pero aquí se trasvierte en un Estado plurinacional, un «país de naciones», del tipo de las monarquías «compuestas» del Antiguo Régimen. La identidad (contraviniendo la etimología misma de la palabra) es la colectiva, la que somete el individuo a la comunidad, no la personal. Y así, sucesivamente, hasta que el derecho a la autodeterminación sufre la metástasis del «derecho a decidir».
Actualmente existe una tendencia a reclamar el «derecho a decidir» para todo. Ni siquiera se repara en los límites del derecho de decisión. Siguiendo la cadena del razonamiento nacionalista, podrían exigirse el derecho a decidir en consulta sobre la pena de muerte, la esclavitud, el maltrato de género, la supresión de la educación y sanidad públicas y un largo etcétera de cuestiones anticonstitucionales. Así, el reconocimiento y defensa de los derechos sociales se han visto suplantados por el derecho a decidir si esto, aquello o lo de más allá. «Tenemos derecho a decidir qué sanidad queremos» o más concretamente «tenemos derecho a decidir el sistema nacional de sanidad de Cataluña». Pero, ¿dónde está la reivindicación de la sanidad universal?, ¿dónde está la reivindicación de una sanidad de titularidad y gestión pública y gratuita? No es cuestión de reivindicar el votar para definir cómo ha de ser la sanidad. Sabemos qué sanidad queremos y va más allá del «derecho a decidir», es exigir la democratización de los derechos sociales, es atacar la desigualdad allí donde existe.
Habrá que hacer en algún momento un estudio contrastado sobre los mensajes subliminales de la publicidad en los últimos años. El derecho a decidir se nos cuela ante la nimiedad más absurda: «toda mujer tiene derecho a ser guapa», «decide la ropa que te pones, es el derecho a tu propia identidad», «somos lo que comemos, tienes derecho a tomar xxxx para estar sano». «Separar es fácil», este mensaje subliminal se pudo ver durante un par de meses en autobuses de Barcelona hasta hace poco, en letras grandes y con la foto de una actor de series de TV3; conseguir ver quién financiaba el anuncio y a qué se refería exigía un esfuerzo ya que las explicaciones sobre la necesidad de seleccionar la basura para su correcto reciclaje estaban en pequeñas letras y logos con colores menos visibles. Saber las relaciones accionariales de las empresas publicitarias que elaboran estos eslóganes con carga subliminal con la casta catalanista sería muy clarificador.
Si lo que planteamos es que queremos una sociedad más democrática, donde las decisiones políticas han de contar con la participación de toda la ciudadanía y que es preciso consultarla, estamos hablando de democracia radical y no de otra cosa. Decisiones políticas se toman cada día, lo importante es cómo se toman, no ya desde despachos sino contando con los ciudadanos. Incrementar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas es profundizar en democracia. ¡Hablemos de democracia! No utilicemos subterfugios interesados. Montar procesos de segregación auspiciados desde la casta catalanista que detenta el poder político y económico en Cataluña, con un control cuasi absoluto de los medios de comunicación y con la escuela como creadora de «buenos catalanes», no es en absoluto democrático.
Así, pues, desde nuestro punto de vista el verdadero dilema es lo que venimos demandando como democracia radical y participativa. Es el pueblo, pueblo como idea luxenburguista, es decir como clase trabajadora, es decir los de abajo, quienes tenemos la capacidad para replantear cualquier estructura preexistente siempre desde un posicionamiento de clase, nunca identitario.
3.- La izquierda y el «derecho a decidir»
La izquierda en Cataluña, al menos la que tiene presencia pública, ha optado por un apoyo al proceso secesionista. No hablamos de su posición en el voto final, que depende de filigranas coyunturales, sino de la demanda de la consulta del 9N. Pudiera parecer que ello es debido a la tradicional reclamación histórica del viejo PSUC y otros históricos, sobre el derecho a la autodeterminación. Y es en parte cierto, sobre todo en esa militancia que sufre la esquizofrenia de no sentirse nacionalista y reclamar una consulta que se le atraganta por su componente más derechista y etnicista. La realidad es que hay un fuerte componente étnico en las direcciones de los partidos de la izquierda catalana. El nacionalismo siempre ha sido transversal y su transversalidad es operativa, ha practicado el entrismo en todas las organizaciones de todo el arco político catalán. Las excepciones al origen «étnico catalanista» de las direcciones de los partidos (José Montilla, David Fernández, etc.) son causa de «caídas del caballo» a modo de las revelaciones de San Pablo, que de todo tenemos en Cataluña. Los demás no han pasado del rango de «capitanes», como significativamente se les llamaba a los dirigentes socialistas provenientes de la inmigración, que tenían como techo las alcaldías de las grandes urbes del Barcelonés y del Bajo Llobregat. Siempre se ha dicho que no hay peor nacionalista que un charnego agradecido. La realidad es que está vedado en Cataluña medrar en la izquierda a un crítico al nacionalismo.
Pretender la hegemonía en el proceso secesionista de esa izquierda es de una ingenuidad manifiesta. Dejando ahora a un lado la historiografía existente a este respecto, es evidente que quien dirige y gestiona el proceso es la casta catalana representada en este caso por la coalición no declarada pero real de CDC y ERC. A las grandes manifestaciones por la independencia asisten mayoritariamente gentes que nunca se movilizaron por los derechos laborales y nunca asisten a concentraciones contra los recortes. La convocatoria por una República Catalana realizada por el entorno de izquierda contó con una pequeña participación. La mayoría de los soberanistas dejan la respuesta y solución a tales asuntos sociales y políticos para el día en que se logre el edén independentista. Incluso desaprueban los movimientos sociales y cívicos más activos como el de Can Vies. Imposible el sorpaso, imposible la hegemonía. La conclusión más importante de todo ello es que una Cataluña independiente no será una sociedad más justa socialmente, en todo caso un estado pequeño y débil a merced del neoliberalismo. ¿Y qué pasará con los de abajo? Pues que estaremos peor, los de Cataluña y del resto de España, separados por identidades y más débiles, peor pagados, con menos derechos y más solos frente a la casta, a las castas.
Las formas que toma la desigualdad, lo que clásicamente se denomina conflicto de clases, es variada. En Ferguson, USA, estamos viendo los conflictos en forma de racismo, también los problemas con la inmigración hispana y los conflictos para integrarse. En ambos se puede observar un hilo conductor que es la creciente desigualdad en el reparto de la renta. Podemos afirmar que tal cosa sucede igualmente en España, en Cataluña, en Barcelona. Sin que el tema racista y la violencia salgan a relucir, es evidente que la distribución de renta de la ciudad de Barcelona es desproporcionada: en Ciudad Meridiana el 51%, en Can Peguera el 34% frente al 193% de Sant Gervasi o el 212% de Las Tres Torres. Es una constatación de la manifiesta injusticia de esta sociedad (3). Ese reparto no es casual y responde a estratificaciones sociales concretas con elementos de segregación por razones de lengua. Es evidente que la renta media de Barcelona es superior a la renta media española. Pero la distribución de la misma es inaceptable. El problema clasista es idéntico a los casos americanos antes mentados pero hábilmente matizados u ocultados por los elementos étnicos y comunitarios que alimentan todo conflicto. El nacionalismo prima la existencia de una comunidad superior de intereses, de su nación, por encima de la conflictividad social.
La izquierda catalana parece haber olvidado sus principios ideológicos sobre la igualdad abrazando criterios que alimentan la diferencia y los privilegios de una parte de la población; en este caso, como afirma Jesús Sánchez Rodríguez en Rebelión (4), «estamos en presencia de una de las situaciones más habituales en la historia de las relaciones entre la izquierda (¿marxista?) y el nacionalismo, es decir, aquella en la que la izquierda (catalana) está en una situación de subordinación respecto al nacionalismo de derechas. En Cataluña es la burguesía (CiU) y pequeña burguesía (ERC) la que pilota el proceso soberanista, marcando los objetivos y los ritmos«. Aunque olvidado y sepultado, no es un hecho nuevo. Recordamos bien cómo en los años 60, 70 y principios de los 80, se desarrolló el debate suscitado por tal cuestión en las revistas teóricas del PSUC (Taula de Canvi, Nous Horitzons) y en otras como Materiales y Mientras Tanto.
Quien reclama el «derecho a decidir» lo hace con la intención de conseguir la independencia, la secesión, transgrediendo si es necesario las líneas rojas de las garantías democráticas en toda consulta o referéndum. Cierto es que en el debate mucha gente, confundiendo tal idea con la de la democracia, se apuntan a él aunque no sean independentistas. A nuestro modo de ver han caído inocentemente en una trampa de la que luego es difícil escapar, dada la irracionalidad con la que se conduce la dinámica nacionalista y la presión social bajo la que se vive. No es cuestión de repetirnos pero es evidente que para estos ciudadanos, atrapados en las emociones nacionalistas, hay temas sociales de mayor urgencia en los que tomar decisiones de forma radicalmente democrática. Evidentemente no pondría en la cesta de estos ciudadanos «buenistas» a las direcciones de ICV-EUiA ni del PSC. Lo suyo es contaminación nacionalista y juego coyuntural.
4.- La base electoral del «derecho a decidir»
Si miramos las últimas citas electorales en la que los ciudadanos de Cataluña hemos sido llamados a ejercer nuestro «derecho a decidir» individual, es decir, a votar, encontraremos que lo más destacable es nuestra desafección.
Tal vez una visión gráfica nos permita verlo más claramente:
La primera constatación es la altísima abstención. Sobre todo en las elecciones autonómicas, la abstención es siempre superior al 40%; únicamente se rompe ese techo en 2012 con un incremento de votos que reduce la abstención hasta el 32,24%. Este incremento de la participación respecto a las autonómicas de 2010 represento una subida del 14,16% entre el independentismo, el 9,72% entre los soberanistas y el 51,39% entre los no soberanistas; en conjunto «No independentistas» tuvo un incremento del 25,54%. Podemos inferir que el aumento de la participación beneficia a las posiciones «N.S.» en mayor grado y al conjunto «N.I.» en segundo lugar.
Los absentismos más bajos se dan siempre en las elecciones generales. Si en las del año 2011 el absentismo se situó en un 34,66%, en las del 2008 bajó hasta el 29,70%
También se puede concluir que el No Independentismo se manifiesta claramente en las convocatorias generales superando las posiciones independentistas. Es evidente que el control social y mediático del nacionalismo en Cataluña ha conseguido que dichas posiciones se debiliten a favor del independentismo (disminución del no independentismo del 47% en las generales del 2008 al 37% en 2011, aun así por encima del independentismo), sobre todo en las elecciones autonómicas, donde como se comentaba antes baja la participación (sube la abstención). Este fenómeno permanece prácticamente estable desde los primeros estudios de sociología electoral que realizó Josep Mª Colomer en los años 80.
Es llamativo sin embargo que en las autonómicas de 2012, cuando es más alta la participación en elecciones de este tipo, se da un triple empate entre las posiciones «No Independentista», «Independentista» y «Abstención». Ello nos parece indicativo de cierta reacción de las clases sociales más afectadas por la crisis, clases trabajadoras procedentes de la inmigración y que no comulgan con los proyectos étnico-identitarios. Es lo que evidencia la localización de las mayorías abstencionistas y no independentistas. Gentes que habitualmente se abstienen en las autonómicas pero que empiezan a ver que su exclusión social no va a superarse con dichos proyectos y que sus problemas están más insertos en la dinámica izquierda-derecha de la política española que en la dinámica Cataluña-España.
5.- Análisis de los resultados del 9 N
La culminación de toda la serie se completa con el llamado «proceso participativo del 9N» que, independientemente de su legalidad o no y de su carencia de valor jurídico, nos permite valorar de una manera más directa las opciones de los catalanes. En primer lugar es necesario constatar que las agrupaciones sobre partidarios de la independencia, soberanismo y no-independentismo en las elecciones previas las realizamos en función del posicionamiento de cada partido respecto a la misma. Igualmente la participación en dicho «proceso participativo del 9N» fue totalmente libre -sin ningún tipo de oposición ni de control policial- y a nadie se le impidió que lo hiciera. Más bien lo contrario; en los días precedentes, se ejerció una notoria coerción telefónica y domiciliaria sobre cientos de miles de ciudadanos para que acudieran a votar. Ha de tenerse en cuenta, además, la movilización de todos los medios de propaganda institucional de la Generalitat al servicio de dicho «proceso», sin que se sepa hasta la fecha los costes de dicha publicidad, sumados a toda una movilización desde supuestas organizaciones cívicas, fuertemente subvencionadas desde las instituciones catalanas. La conclusión más importante es que, si prescindimos de los condicionamientos que impusieron estas «anomalías», quien acudió a introducir una papeleta el nueve de noviembre como quien no quiso participar lo hicieron con total libertad.
De los resultados podemos concluir que, sin ser un auténtico proceso democrático, dadas las carencias garantistas que dichos procesos requieren, frente al tan aireado 80% de la sociedad catalana que reclamaba su «derecho a decidir» tan solo un 37% acudió a reclamar ese derecho o a ejercerlo, si se habla desde el punto de vista del nacionalismo.
Primera e importante conclusión. La abstención en este «proceso» es de un 63,41% la mayor de toda la historia de las votaciones en Cataluña. A las dos terceras partes de los catalanes no nos interesa el tema del «derecho a decidir». De hecho, en una consulta de parecidas características en el Véneto, pero sin el control de las instituciones, centros públicos y medios de comunicación, el índice de participación allá fue más alto que el de la abstención aquí.
De los que fueron a votar y no son independentistas, cuyos partidos representaron entre un 15% en autonómicas y un 22% en generales de 2011, los participantes no llegaron ni al seis por ciento, quedándose en un 5,91%, lo que indica que los postulados de estos partidos sobre el tema no encuentran el consenso entre sus votantes. Habría que integrar en este grupo a Podemos ya que aunque tan solo se presentó en las últimas europeas, su defensa del «derecho a decidir» queda muy en entredicho entre sus votantes.
El independentismo tiene votantes más consecuentes y si en las autonómicas de 2012 consigue su máximo de seguidores con un 32,15%, en el «9N» pierde más de dos puntos porcentuales al enfrentarse directamente a la pregunta. Se sitúa en un 29,91% gracias a una ampliación de votantes en el margen de los 16 años, hijos de una educación más cercana a la asimilación identitaria que a la formación de ciudadanos libres y críticos y más propensa a las influencias emocionales que comportamientos racionales.
El «No Soberanismo» y el «No Independentismo» aparecen menguados – el primero ni existe-, en este «proceso participativo del 9N», pero concluir que no existen es mirar con orejeras los hechos. Los contrarios al «derecho a decidir», por considerarlo sin validez jurídica o poco democrático, han ejercido su derecho a la abstención activa como forma de libertad de expresión, igual que lo ha hecho quien acudió a depositar la papeleta, igual. Si descontamos ese 30% de abstencionismo estructural concluiremos que los que no quieren la secesión de Cataluña (sumando «Soberanistas no Independentistas» y «No Soberanistas», en este caso abstencionistas), se sitúan alrededor del 38 o 39%.
Ciertamente el voto «N.I.» no es mucho mayor. Pero el problema no es cuántos son necesarios para mantenernos juntos sino cuántos son precisos para separarnos. Es también un problema tener que soportar que la vida política catalana, los medios de comunicación públicos, la actividad parlamentaria, los ritmos electorales, giren de forma monotemática sobre los eslóganes nacionalistas. Y, a pesar de ello, si se tensa más la cuerda, el incremento de participación puede llevar a minorizar aun más el porcentaje independentista, aunque este se mantenga.
6.- Podemos, el «Derecho a Decidir» y el 9N
La posición de Podemos respecto al derecho a decidir es nominalmente favorable, pero en los documentos no termina de definir claramente en qué consiste tal derecho y se refiere a él de forma muy generalista y sin especificar quiénes son los pueblos que tienen ese derecho; tampoco acaba de definir el concepto pueblo (la terminología utilizada de «naciones sin Estado», «plurinacionalidad», «izquierdas nacionalistas», «derechos colectivos»…, se aleja sintomáticamente de las ideas democráticas). Sin embargo, define con claridad y contundencia qué pueblos tienen derecho a la autodeterminación: Sahara Occidental y Palestina.
- Programa electoral de Podemos Europeas 2014
4.4 (inicio párrafo 2) Defensa del derecho a decidir como un derecho democrático básico. Defensa de las identidades culturales de las naciones sin Estado y de las minorías culturales de la UE. Impulsaremos un marco que garantice el efectivo ejercicio de los derechos lingüísticos y la diversidad cultural de los pueblos.
4.5 (inicio párrafo 2) Política de apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Reconocimiento del Estado Palestino y exigencia de la devolución íntegra de los territorios ocupados por Israel.
5.7 – Reconocimiento del derecho a decidir. Reconocimiento del derecho de los distintos pueblos de Europa a constituirse como tales y decidir democráticamente su futuro
- Ponencia política.
- Contexto: crisis de régimen, ofensiva oligárquica y ventana de oportunidad.
(Párrafo 5) En medio de la crisis política, las fuerzas de izquierda nacionalista han analizado, en general y en particular en Catalunya, que este es el momento preciso para la movilización soberanista. Lo han hecho, en general, confiando en el unilateralismo, una estrategia muy rentable en el corto plazo pero que puede abocarles ahora a un callejón de muy difícil salida, como podríamos ver con motivo de la consulta en Catalunya el 9 de noviembre. La cuestión general constituyente reaparecería así en toda su complejidad y plurinacionalidad. Por otra parte, las hipótesis «movimientistas» y de gran parte de la izquierda, instaladas en un cierto mecanicismo por el que «lo social» ha de preceder siempre a «lo político», se han demostrado incorrectas para romper la impotencia de la espera y proponer pasos concretos más allá de la movilización más o menos expresiva.
Lo que se propone merece un breve comentario. Dejamos el análisis pormenorizado para una próxima ocasión. En el punto 4.4 (Programa europeas 2014) la alusión al derecho a decidir parece relacionarse con la defensa de la identidad cultural y el ejercicio de derechos lingüísticos y reconocimiento de la diversidad cultural, con una agravante significativa: no se dice nada de que tales derechos, la identidad y la diversidad están garantizados no solo constitucionalmente sino por un cúmulo ilimitado de medidas políticas de la Generalitat y legislativas del Parlament , que parten del principio, dudosamente democrático, de lengua propia y de discriminación positiva ad libitum. Justamente son los que no participan de ese constructo identitario los que carecen del mismo reconocimiento, tal y como lo han venido mostrando sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del T.S.J.C. y de distintos organismos de la Unión Europea.
El punto 5.7 es una declaración tan generalista -aunque bien explícita-, sin definir cuáles son los pueblos de Europa, que parece más bien un deseo de contentar a todos sin aclarar nada. En todo caso, la expresión se acerca a la Europa de los pueblos, que vienen defendiendo los nacionalismos europeos, lepenistas incluidos, y bajo la cual se cobijan los movimientos más reaccionarios y ultraliberales de la U. E.
El documento político hace una alusión al proceso soberanista con una crítica sutil a la estrategia de la izquierda nacionalista catalana en el momento actual, por sumarse ésta a un proceso unilateral, y a la española, por anteponer lo social a lo político, lo que confunde más que aclara.
En los discursos sus dirigentes no profundizan demasiado en la argumentación quedándose en un nivel coloquial al estilo de «si los catalanes quieren votar pues habrá de permitírselo» sin entrar en más consideraciones o análisis. Llama la atención que en la posición ante la «consulta del 9N» la capacidad de crítica política que acostumbra a utilizar Pablo Iglesias o Monedero sea prácticamente nula, limitándose a dar por válido un proceso que flaquea en su concepción democrática , sobre todo, está promovido por esa casta a la que tan acertadamente critican. Evidentemente, ello tiene su origen en el falso mito, instalado en la mente de casi todos los dirigentes de la izquierda española, construido alrededor de una supuesta «épica de la izquierda nacionalista», catalana o vasca, y de las fluidas relaciones con los gestores de ésta en Cataluña (ICV-EUiA, Forcades, Vicenc Navarro, Esther Vivas, CUP, etc,).
Errejón parecía, en sus declaraciones tras analizar el resultado electoral de las europeas en los barrios obreros de Barcelona, haber captado algo más que no le cuadraba en esa cosmovisión nacionalista, pero que, al parecer, no fue suficiente para que cuestionara los postulados de la casta catalanista. En los últimos días Pablo Iglesias nos sorprende gratamente afirmando que la Generalitat no tiene competencias para hacer una Declaración Unilateral de Independencia y Monedero con una ácida crítica a la casta nacionalista en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sutiles actualizaciones del discurso con salpicaduras contradictorias. Una de cal y otra de arena.
Se destaca y diferencia con unos planteamientos claros y definidos Carlos Jiménez Villarejo por su oposición y crítica al proceso soberanista del 9N. Lo hace a título personal pero su conocimiento y su implicación en la vida catalana en los últimos 40 años le dotan de un saber y una contundencia argumental contra el proceso secesionista que pocos pueden discutir. Sus planteamientos son apoyados por muchos de los votantes de Podemos en Cataluña, aunque no se reflejen en las declaraciones de los portavoces del círculo «Podem BCN».
La consolidación de Podemos en Cataluña sufre de esa indefinición sobre el tema del derecho a decidir y de la lucha por la conducción y representación por parte de actores políticos que pretenden que esta organización no se salga del los parámetros políticamente correctos en Cataluña: el nacionalismo. Su actitud está generando no pocas tensiones internas (sobre todo en el círculo Podem BCN). Existen maniobras de control sobre los círculos de distrito en la ciudad de Barcelona, con procedimientos que rayan el delito y se saltan la democracia interna que para sí reclaman. Los intentos de bloqueo del Círculo de Podemos de Nou Barris, distrito obrero de mayoría castellano-hablante y con pocas querencias por el nacionalismo, como el mismísimo Iñigo Errejón comentó tras analizar las elecciones europeas en Cataluña y que, a tenor de sus últimas manifestaciones, parece haber olvidado, son, hasta ahora, lo más sobresaliente de dichas maniobras.
Pero la clave está en definir claramente que, si de lo que hablamos es del derecho a la secesión y de si éste se ha de regular, es preciso, desde una posición radicalmente democrática, abandonar el concepto ambiguo y falaz del «derecho a decidir» y hablar sin tapujos de la secesión. Y si es ese el caso, nos parece que solo es posible hacerlo a través de un proceso de reforma constitucional o de un nuevo proceso constituyente, en el que se decida entre todos los ciudadanos españoles si tal derecho existe o se concede y en todo caso se definan los criterios para someterlo a votación y las condiciones democráticas y de participación que cualquier parte de España ha de cumplir para poder optar a dicha secesión de forma democrática.
Otra cosa es que éste sea el tema prioritario de los de abajo, en España (incluyendo Cataluña), e incluso que fuera prioritario en una iniciativa de reforma constitucional o en un proceso constituyente. Quien así lo desee (no es nuestro caso) que lo defienda democráticamente, es decir, respetando los derechos de los ciudadanos españoles y sometiéndose a la voluntad de todos.
En cualquier caso, un desenlace de la situación actual en línea con las posiciones nacionalistas, nos parecería una derrota política irreversible para la mayoría social, particularmente la trabajadora y popular, no integrada en el régimen catalanista, y una hipoteca durante mucho tiempo sobre cualquier movimiento de regeneración democrática. Las propuestas del 15M tendrían que esperar, al menos una generación, para volver a tomar vuelo.
Notas:
(1) http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6319
(2) http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6259
(3) http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/05/catalunya/1357414914_291755.html
Vicente Serrano. Miembro de la asociación Alternativa Ciudadana Progresista y del Círculo Podemos de Nou Barris (Barcelona). Rafael Núñez. Exdirigente del Partido del Trabajo. Profesor de Historia jubilado.
Fuente: http://www.cronicapopular.es/2014/11/derecho-a-decidir-versus-democracia-radical-2/
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