El 17 de noviembre de 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2803, que respalda el plan de veinte puntos del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza. La votación se produjo tras semanas de presión política y de persuasión por parte de Washington a los miembros del Consejo de Seguridad. La resolución se aprobó finalmente con 13 votos a favor y dos abstenciones, las de Rusia y China.
Además de respaldar el plan en su totalidad, la resolución apela a la creación de dos organismos supuestamente «de transición» para tomar el control de Gaza. El primero es la Junta de Paz (Board of Peace en inglés), un órgano de gobierno encargado de supervisar la entrega de ayuda, la reconstrucción y la administración diaria. El segundo es la Fuerza Internacional de Estabilización (International Stabilization Force), encargada de hacerse cargo de la seguridad y desarmar a Hamás hasta que la Autoridad Palestina (AP) lleve a cabo lo que el plan considera una reforma satisfactoria. Cabe destacar que la resolución no hace referencia al genocidio de los últimos dos años ni plantea la responsabilidad por el mismo.
En última instancia, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU reinventa el control colonial sobre el pueblo palestino en Gaza después de haber sufrido más de dos años de genocidio a manos del régimen israelí. En lugar de aprovechar este momento para promover justicia y rendición de cuentas y sentar un precedente para la humanidad, la ONU, a través de su Consejo de Seguridad, ha optado una vez más por contravenir sus propias normas y principios ante la presión de Estados Unidos y la deferencia casi total del mundo hacia Trump. De hecho, se recompensa a Estados Unidos –cómplice del genocidio– con el control sobre Gaza y su potencialmente lucrativo proceso de reconstrucción, al tiempo que exime al régimen israelí de todas sus responsabilidades como fuerza de ocupación ilegal.
Una nueva forma de supervisión colonial
Los detalles de la estructura de gobierno de la Junta de Paz siguen siendo opacos. Aunque Trump se ha designado a sí mismo como presidente, los demás miembros aún no han sido confirmados. Hay informes que indican que el ex primer ministro británico y criminal de guerra Tony Blair participará en ella; su grupo de expertos, el Tony Blair Institute, lleva tiempo desarrollando un plan para la gobernanza y la reconstrucción de Gaza. También hay indicios de que Jared Kushner, yerno de Trump y negociador clave de los Acuerdos de Abraham, desempeñará un papel importante.
Bajo esta estructura emergente es previsible que la participación palestina sea muy limitada y esté sujeta a numerosas condiciones. El plan de Trump la limita a funciones tecnocráticas y apolíticas, sujetas a una supervisión externa continua y excluyendo de facto a cualquier representante con legitimidad democrática o capacidad política. Cabe destacar la ausencia en el diseño de la Junta de Paz de cualquier sistema relevante de rendición de cuentas, ya sea ante los y las palestinas, ante las instituciones internacionales o frente a las normas jurídicas universales.
La Junta de Paz tendrá autoridad absoluta sobre la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza. Todas las organizaciones internacionales y agencias de la ONU, incluidas aquellas con mandatos de larga duración como la UNRWA, estarán obligadas a operar bajo la supervisión del de la Junta. En la práctica, este organismo conseguirá un control determinante sobre quién recibe la ayuda y en qué condiciones. Para una población que depende totalmente de la ayuda humanitaria debido al genocidio en curso, este control centralizado tiene graves implicaciones. La ayuda se ha utilizado como arma en Palestina durante mucho tiempo pero la resolución de la ONU otorga un grado de control externo sin precedentes sobre quién sobrevive, quién pasa hambre y quién tiene acceso a los servicios básicos.
La Junta de Paz también es responsable de supervisar la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, las declaraciones de funcionarios estadounidenses, incluido el vicepresidente JD Vance, indican que la reconstrucción solo se permitirá en las zonas donde Hamás no opere. En la práctica eso limita la reconstrucción a las zonas bajo control de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE). En virtud del actual acuerdo de alto el fuego, las fuerzas del régimen israelí han delimitado una frontera de retirada invisible denominada línea amarilla. El territorio más allá de esta frontera comprende aproximadamente el 53 % de Gaza, incluida la mayor parte de sus zonas agrícolas e industriales. Esta zona, que el régimen israelí denomina zona libre de Hamás, ha sido casi totalmente despoblada por las fuerzas de ocupación durante la campaña genocida. Presumiblemente esta es la zona donde primero se desplegará la FIE. Como resultado, la reconstrucción se limitará a estas zonas controladas por Estados Unidos e Israel, mientras que el resto de Gaza permanecerá en ruinas de forma permanente. En efecto, lo que este enfoque afianza es la ingeniería demográfica que ya opera, facilitando la limpieza étnica y el desplazamiento forzoso continuados de los y las palestinas de Gaza.
Al igual que con la Junta de la Paz, aún no está claro quién proporcionará el personal para la Fuerza Internacional de Estabilización aunque está previsto que sea una fuerza multinacional con un mando unificado que responderá ante la Junta. La administración Trump ha dejado claro que no habrá soldados estadounidenses sobre el terreno, una posición que comparten los gobiernos europeos. Mientras tanto, se ha pedido a Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos que aporten tropas, si bien no se han comprometido a hacerlo. Lo que está claro es que la Fuerza Internacional de Estabilización ejercerá una autoridad de gran alcance para hacer cumplir lo que la resolución denomina «la seguridad y la desmilitarización de la Franja de Gaza», actuando efectivamente como un protectorado y como brazo ejecutor de la ocupación y el asedio continuo del territorio por parte del régimen israelí.
Responsabilidad e inclusión palestina
Aunque el 9 de octubre de 2025 se declaró un segundo alto el fuego, el régimen israelí ha seguido violándolo —al menos 280 veces en el momento de redactar este artículo—, lo que ha provocado la muerte de centenares de personas palestinas. La destrucción de las infraestructuras de Gaza –incluidos sus sistemas sanitario y educativo, así como el entorno construido y natural– es apoteósica. Los y las palestinas de Gaza siguen siendo asesinadas, mutiladas y desplazadas. De hecho, el alto el fuego no ha acabado con el genocidio sino que, sencillamente, éste ha dejado de ser noticia.
Aunque la ONU siempre ha fallado sistemáticamente al pueblo palestino, esta resolución representa incluso una más profunda erosión de la institución. Atenta contra los fundamentos jurídicos y las normas del sistema internacional. En primer lugar, viola los derechos inalienables del pueblo palestino a resistir la ocupación colonial, a la soberanía y a una vida digna en su patria. En segundo lugar, elimina el genocidio y no promueve recurso alguno para exigir responsabilidades. Por lo tanto, la resolución debe ser rechazada en tanto que acto de extorsión política y de respaldo al control colonial de Estados Unidos sobre Gaza. Se trata, en la práctica, de una forma renovada de dominación colonial presentada como iniciativa para lograr la paz.
Lo que más se necesita en este momento es que se rindan cuentas por el genocidio y que lo hagan quienes han contribuido a él y quienes lo han apoyado. Asimismo es esencial respaldar una visión de recuperación liderada por los y las palestinas. Un ejemplo es el Plan Phoenix, publicado en enero de 2025 por un grupo de expertos y expertas palestinas de diversas disciplinas. Esta iniciativa colaborativa reúne voces de Gaza, Cisjordania y de la diáspora para esbozar un plan de reconstrucción a corto y medio plazo. Es fundamental que incluya a personas de los municipios de Gaza, que son quienes conocen a fondo las comunidades locales y tienen experiencia directa de la realidad sobre el terreno.
El Plan Fénix es un ejemplo que contrasta radicalmente con la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que margina a los y las palestinas tanto del diseño, como del liderazgo y de la aplicación de una visión autodeterminada de la reconstrucción. Más allá de estar liderado por palestinas y palestinos, el plan representa un acto de visión de futuro frente a la aniquilación y la indiferencia global. Reconocer y apoyar este tipo de agencia palestina es esencial para cualquier proceso significativo de recuperación, lo que directamente viene a rechazar la lógica colonial que sustenta la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Yara Hawari, palestina, es codirectora de Al Shabaka. Previamente fue investigadora y analista de políticas palestinas. Completó su doctorado en Política de Oriente Próximo en la Universidad de Exeter, donde impartió diversas asignaturas de grado y sigue siendo investigadora honoraria. Además de su labor académica, centrada en los estudios indígenas y la historia oral, es comentarista política habitual en diversos medios de comunicación como The Guardian, Foreign Policy y Al Jazeera English.
Traduccion: viento sur