La triple catástrofe del 11 de marzo de 2011 constituyó un importante punto de inflexión en la historia contemporánea de Japón, pero su alcance político no es unívoco. Marcó una ruptura radical en la visión que muchos japoneses tenían de las autoridades y las instituciones de su país y dio lugar a una revuelta ciudadana […]
La triple catástrofe del 11 de marzo de 2011 constituyó un importante punto de inflexión en la historia contemporánea de Japón, pero su alcance político no es unívoco. Marcó una ruptura radical en la visión que muchos japoneses tenían de las autoridades y las instituciones de su país y dio lugar a una revuelta ciudadana profundamente progresista. Ahora bien, todo esto se produjo en medio de una profunda inestabilidad de la situación geopolítica de Asia oriental: al sentimiento popular de inseguridad se le añadió una gran incertidumbre sobre la evolución de la relación de fuerzas entre las distintas potencias regionales, la cual suscitó el renacimiento de movimientos militaristas y nacionalistas reaccionarios.
El terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011 tuvieron fuertes implicaciones sociales y económicas, sobre todo en el área directamente afectada, el nordeste de Japón, donde la mayoría de la población afectada se encuentra impotente y muy dependiente. Las redes institucionales, sociales y familiares tradicionales han saltado por los aires. El choque psicológico es profundo, debido a la desaparición física de espacios comunitarios (pueblos, barrios…), la pérdida de seres queridos, la ausencia de información fiable, la soledad y el sentimiento de no tener ya ningún control sobre el futuro. Frente a la enorme impotencia administrativa que ha mostrado el Estado durante estos tiempos de crisis, las organizaciones militantes regionales (sindicatos, asociaciones…) han realizado un trabajo notable para ofrecer los primeros auxilios y generar una actividad colectiva hacia los refugiados. Para llevarla a cabo han contado con el apoyo de redes nacionales e internacionales, pero sus recursos ante la amplitud de la catástrofe son, a todas luces, limitados. El movimiento obrero japonés, por su parte, está muy debilitado y burocratizado para implicar al conjunto del país en los retos que ha puesto encima de la mesa la catástrofe.
En este contexto y dada la extrema gravedad del accidente en la central de Fukushima la cuestión nuclear dominó la escena política en el periodo posterior al 11 de marzo.
El consenso pronuclear que existía hasta entonces en Japón, saltó por los aires. Las confesiones realizadas por las personalidades implicadas en este sector económico y la publicación de documentos inéditos mostraron que ese consenso estaba basado en mentiras, corrupción y la complicidad del sector público con el privado; en la negación de los riesgos relacionados con la radioactividad y con la posibilidad de graves accidentes. Las mentiras continuaron incluso durante y después de la catástrofe, hasta el punto de que las madres de las zonas contaminadas no sabían qué precauciones adoptar para proteger a sus hijos (más sensibles que las personas adultas a las dosis de radiación relativamente bajas). Antes del accidente los colectivos ciudadanos contra las centrales tenían, sobre todo, un carácter local. Tras el accidente, el movimiento antinuclear ha adquirido una dimensión nacional que, en ocasiones, ha llegado a movilizar a decenas de miles de personas, cosa que nunca antes se había visto en el archipiélago. Por razones diversas, una tras otra, las centrales nucleares fueron parando su actividad y en mayo de 2012 no había ninguna en funcionamiento. En julio, Naoto Kan, Primer Ministro en el momento de la catástrofe, se manifestó a favor de un Japón sin nucleares.
En 2012, muchos sondeos otorgaban una amplia mayoría a favor de una salida de la energía nuclear. Sin embargo, a principios de febrero de 2013, los sondeos mostraron que el 56% era favorable a una política de relanzamiento de las centrales, tal y como pregona el nuevo gobierno de Shinzo Ave. ¿A qué se debe este cambio?
Inestabilidad regional y contraofensiva nuclear
Tras la catástrofe de Fukushima, el lobby nuclear se puso a la defensiva. La evolución de la situación en Asia Oriental le ha dado la ocasión de retomar la ofensiva. El lanzamiento de misiles norcoreanos, aunque algunos fueran fallidos, alimentó el miedo a una amenaza militar. Y, sobre todo, el conflicto de soberanía con China se agudizó. Tokio administra las islas Senkaku (en japonés) o Diaku (en chino). Pekín rechazó siempre que Japón las anexionara pero, hacía décadas, los dos gobiernos evitaban hacer de esta cuestión un «punto caliente» de sus relaciones.
Los llamados «puntos calientes» territoriales se encontraban (y se encuentran aún) más al Oeste: China reivindica, con un fuerte despliegue militar, las islas Parecels y Spratley contra el Vietnam, Malasia, Brunei, Filipinas…, pero se mantenía discreta en la delimitación de sus fronteras marítimas con Japón.
En setiembre de 2012, Tokio abrió la gran caja de pandora: el gobierno «nacionalizó» las islas Senkaku, que estaban en manos de un propietario privado. Pekín reaccionó enviando a la zona navíos y aviones, y declarando después que quería cartografiar el micro-archipiélago… La tensión subió de tono cuando el gobierno japonés acusó a un barco de guerra chino de haber apuntado con su radar de ataque a uno de sus destructores.
Esto no quiere decir que vayamos hacia una guerra entre potencias, pero sí que estamos ante un conflicto territorial activo, que va a durar.
Si lo que hasta ahora estaba circunscrito al marco diplomático se convierte en un conflicto explosivo, es debido a que cada Estado codicia las riquezas sub-marinas del Mar de la China Meridional. Y también porque cada uno de ellos tiene interés en alimentar un nacionalismo de gran potencia: tanto por razones internas (desviar la atención de la crisis social), como porque las relaciones de fuerza están en plena evolución. China se reafirma como potencia militar y no quiere verse bloqueada por una «primera línea de islas» que va desde Senkaku/Diaku hasta Spratley y Paracels. Los Estados Unidos refuerzan la presencia de la VII Flota. Sin embargo, Tokio no tiene asegurado que la protección de Washington continuará indefinidamente.
En ese contexto, por primera vez se oyen voces autorizadas de Japón declarando, de forma más o menos explícita, que el archipiélago debería dotarse de armas nucleares. Está a punto de caer un tabú fundamental de este país que, en 1945, vivió en propia carne los crímenes contra la humanidad de Hiroshima y Nagasaki. Cada vez se evoca más la supresión del Art. 9 de la pacifista Constitución nipona que consigna su renuncia a la guerra. Se adoptan medidas concretas (y se anuncian otras nuevas) orientadas a acrecentar el poder militar de las «fuerzas de autodefensa»: incremento del presupuesto militar, redespliegue de cazas F-15, puesta en órbita de un satélite óptico de gran precisión, etc.
El lobby nuclear argumenta que quien quiera la seguridad energética en estos tiempos turbulentos, debe querer la energía nuclear para no depender de las vías de aprovisionamiento marítimas. Al igual que quien quiere la bomba: la industria nuclear «civil» proveerá las materias fisibles necesarias a los militares. Esta campaña alarmista ha tenido éxito entre la población japonesa.
Confrontada a esta nueva situación, la izquierda civil japonesa realizó un llamamiento para que cada país de la región se opusiera al incremento de los nacionalismos xenófobos y militaristas. Denuncia la voluntad de recurrir a una historia mitificada para apropiarse de islotes deshabitados. Platea una gestión compartida de los mares en interés de los pueblos y respetando las exigencias ecológicas.
Se han conformado dos bloques políticamente opuestos, lo que constituye toda una novedad. De un lado, el lobby nuclear, las corrientes militaristas y en general la derecha nacionalista. De otro, el movimiento antinuclear (civil), los últimos supervivientes de Hiroshima/Nagasaki o quienes les representan (los alcaldes), los pacifistas que defiendes la Constitución, la población que lucha en la isla de Okinawa contra las bases estadounidenses, personalidades como el premio Nobel de Literatura Kenzaburo Oe… Sin embargo, el movimiento antinuclear nipón se enfrenta a una situación política difícil para la que no estaba preparado.
A falta de una alternativa política a la izquierda, el rechazo de la energía nuclear tras Fukushima fue capitalizada en el terreno electoral por los partidos de centro-derecha, que pronto cayeron en desgracia por su incompetencia. Se consolidan nuevas formaciones políticas populistas de derecha radical; primero en la región de Osaka y después en Tokio. Por el momento, es el Partido Liberal Demócrata, partido mayoritario de la post-guerra, el que ha reconquistado el poder con Shinzo Abe. Se ha beneficiado de la abstención de los sectores desencantados de la población, de una bien amañada reputación de buen gestor y de trasladar para después de la campaña electoral las malas noticias, como la firma Tratado transpacífico de Libre Cambio, cuyos efectos sociales serán desastrosos.
Internacionalización del movimiento antinuclear
No hay posibilidad de que la central de Fukushima vuelva a la normalidad. La crisis nuclear va para largo.
El movimiento ciudadano del archipiélago continúa luchando día a día: piquetes ante la sede de Tepco (el operador de Fukushima), denuncias de las víctimas, oposición a la reapertura de las centrales… En noviembre pasado, Japón acogió la segunda conferencia internacional para un mundo libre de nucleares. En él se tejieron estrechos vínculos entre las luchas que se desarrollan en diversos países de la región, como en Corea del Sur o India. Por primera vez, el Fórum Popular Asia-Europa realizó una declaración a favor de abandonar la energía nuclear. Y en marzo de 2013 están convocadas numerosas movilizaciones en torno al segundo aniversario de la catástrofe.
La onda de choque de Fukushima continúa ampliándose.
Traducción: VIENTO SUR