La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró, con el apoyo de los países de la Unión Europea, que no es necesario investigar la situación de los detenidos en la base norteamericana de Guantánamo a pesar de que se trata de presos que no poseen abogado defensor ni visitas de su familia, no están […]
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró, con el apoyo de los países de la Unión Europea, que no es necesario investigar la situación de los detenidos en la base norteamericana de Guantánamo a pesar de que se trata de presos que no poseen abogado defensor ni visitas de su familia, no están bajo la jurisdicción de ningún juez ni tribunal civil y se les niega el derecho internacional humanitario. Washington llama «combatientes enemigos» a los prisioneros enviados a Guantánamo y dice que no están protegidos por los derechos garantizados a los prisioneros de guerra bajo la Convención de Ginebra.
La resolución fue presentada por Cuba, en cuyo territorio se encuentra la base si bien está bajo jurisdicción norteamericana. El representante cubano permanente en la Comisión, Jorge Iván Mora Godoy, defendió la iniciativa para poner fin a lo que consideró «la impunidad y el silencio cómplice» frente a uno de los capítulos «más graves de violaciones masivas y flagrantes a los derechos humanos de la historia reciente».
La iniciativa cubana, que pedía una investigación imparcial y objetiva de las condiciones de encarcelamiento en la base, fue rechazada por 22 votos contra ocho y 23 abstenciones.
Estados Unidos mantiene en el territorio ocupado en Guantánamo a más de quinientas personas detenidas de más de 40 países, incluidos europeos y menores de edad, según ha reconocido el propio gobierno norteamericano. Algunos de ellos llevan allí más de tres años aislados. Como se ha denunciado reiteradamente por la prensa y organizaciones de derechos humanos, en esta base naval se está aplicando un sistema de torturas oficialmente aprobado por las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos, y fundamentado jurídicamente mediante un dictamen escrito en la Casa Blanca por el ahora Fiscal General de ese país.
La razón esgrimida por europeos y norteamericanos para no apoyar una investigación de las Naciones Unidas sobre los presos en Guantánamo es que La Habana no deja entrar en la isla relatores especiales para que comprueben la situación de los presos. La conclusión, por tanto, es que la Unión Europea y Estados Unidos están pidiendo en la ONU la presencia de relatores para toda Cuba menos para la base naval de Guantánamo.
Se da la circunstancia de que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 28 de octubre un documento denominado «Preparativos con vistas a la 60 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», en el que se exigía que los países de la UE patrocinaran una resolución sobre los prisioneros de Guantánamo.
El texto aprobado por la única institución elegida por los ciudadanos europeos afirmaba textualmente: «Pide a la Presidencia que patrocine una resolución en la que se inste a los Estados Unidos a que aclaren inmediatamente la situación de los prisioneros en Guantánamo por lo que se refiere a las normas en materia de derechos humanos internacionales y derecho humanitario y, en consecuencia, a proceder a su enjuiciamiento o puesta en libertad».
En ese mismo documento, el Parlamento Europeo «pide al Consejo y a la Comisión que informe exhaustivamente al Pleno del Parlamento sobre los resultados de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos a más tardar en mayo del 2004». En ese informe, afirma el Parlamento Europeo, no sólo se describirán las resoluciones que se hayan apoyado o patrocinado «sino también en qué ocasiones y porqué motivo no se patrocinó una resolución».
Una vez debatido el asunto en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, ha sido el gobierno cubano quien más se ha acercado a lo solicitado por el único órgano elegido electoralmente en la UE, mientras que sus representantes comunitarios votaron justo en contra de lo solicitado por el Parlamento Europeo.
De la postura de la UE se desmarcó, no obstante, el comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, quien quiso dejar claro que el voto en Ginebra en contra de observadores en Guantánamo fue protagonizado por Estados miembros que actuaron «soberanamente». En concreto, los países europeos con derecho a voto fueron Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, Finlandia y Hungría.
Al término de la votación, el jefe de la delegación cubana en Ginebra, Juan Antonio Fernández, subrayó que la Comisión ha perdido «toda credibilidad y que Cuba continuará denunciando la situación en Guantánamo».
«No prejuzga ni condena, no busca sanciones. Sólo exige el derecho a conocer lo que está ocurriendo en el centro internacional de torturas implantado dentro del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo», dijo, por su parte, el encargado de su defensa en la Comisión en relación a la resolución presentada.
Mora Godoy arremetió luego contra la UE, recordando que Cuba ha pedido reiteradamente el copatrocinó a la propuesta a todos los miembros de la UE pero que «ni uno sólo se atrevió a desafiar la amenaza de la potencia hegemónica».
«La Unión Europea y aquellos que suman su complicidad dolosa a las agresiones que los halcones neofascistas de la administración Bush urden contra Cuba y otros pueblos del sur, extienden ahora el bochornoso y criminal manto de la impunidad al régimen de Washington, que pretende legalizar y promueve aberrantes formas de tortura», arengó el representante cubano.
«No voy a llamar otra vez a que la Unión Europea y otros aliados de EEUU se quiten las máscaras porque su hipocresía y cobardía no hay cómo ocultarlas. Han quedado ya totalmente al desnudo», dijo al concluir su alocución en la Comisión.
El representante norteamericano se defendió de las acusaciones cubanas sobre las condiciones de los presos de Guantánamo afirmando que «Estados Unidos es un país con leyes, con una justicia independiente y elecciones libres, un país con prensa libre y donde existe la libertad de expresión y el Gobierno es plenamente responsable de lo que afecta a sus ciudadanos».