La Justicia egipcia volvió a golpear ayer a los Hermanos Musulmanes con la condena a muerte de su líder, Mohamed Badie, junto a otros 720 islamistas, un mes después de un primer juicio rápido similar que provocó la protesta internacional y a treinta días de las elecciones. La comunidad internacional denunció lo que consideró una […]
La Justicia egipcia volvió a golpear ayer a los Hermanos Musulmanes con la condena a muerte de su líder, Mohamed Badie, junto a otros 720 islamistas, un mes después de un primer juicio rápido similar que provocó la protesta internacional y a treinta días de las elecciones. La comunidad internacional denunció lo que consideró una «farsa judicial» y pidió la revocación de esas sentencias.
El líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie, y otros 683 presuntos islamistas favorables al derrocado presidente Mohamed Morsi fueron condenados a muerte ayer por un tribunal egipcio en un juicio rápido de un solo día.
El mismo tribunal de Minyia conmutó, sin explicaciones, en cadena perpetua 492 de las 529 penas capitales dictadas en marzo, también contra islamistas partidarios de Morsi, y confirmó 37. La condena masiva del 24 de marzo fue muy criticada por la ONU y suscitó una fuerte indignación en todo el mundo.
Esas condenas tienen, no obstante, pocas posibilidades de ser confirmadas en apelación, ya que según la opinión unánime de los expertos, el juez Said Youssef Sabry, no respetó el procedimiento judicial ni los derechos de la defensa. Es casi seguro que se ordenará repetir los juicios.
Sin embargo, el simple hecho de que la Justicia dicte sentencias de ese tipo sin conmocionar al país muestra el clima viciado que existe en Egipto.
Desde el golpe de Estado el 3 de julio que derrocó a Morsi, las fuerzas de seguridad egipcias han matado a unos 1.400 seguidores de Morsi y miembros de los Hermanos Musulmanes y han encarcelado a más de 15.000, incluidos casi todos los líderes de la Cofradía, que ganó todas las elecciones realizadas desde la caída de Hosni Mubarak a comienzos de 2011. Gran parte de la población y la inmensa mayoría de los medios aplauden de forma casi unánime esa implacable represión.
«Si me ejecutan un millar de veces seguiría sin desviarme del camino recto», afirmó Badie al término del juicio, según recogió en su página de Facebook Usama Morsi, hijo del presidente derrocado, que estuvo presente.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, consideró que las condenas a muerte «parecen no respetar las reglas de base del proceso justo», indicó su portavoz. La Casa Blanca denunció las condenas al estimar que «constituye un desafío a las reglas más elementales de la justicia internacional» y «un precedente peligroso». En similares términos se expresaron Londres, París y Berlín.
Amnistía Internacional dijo que «demuestra de nuevo cómo la Justicia egipcia se ha convertido en arbitraria y sesgada (…) y puede llegar a ser solo una pieza más en el aparato represivo».
«¿Dónde está la justicia?»
Las 683 personas condenadas ayer fueron acusadas de participar en protestas violentas en Minya, el 14 de agosto de 2013.
Varias mujeres que esperaban el veredicto en las afueras del tribunal, rodeado por fuezas policiales, se desmayaron o increparon a los agentes al conocer la sentencia. «¿Dónde está la justicia?», preguntó una. «Mi hijo Jaled no hizo nada y es condenado a cadena perpetua», dijo otra.
Antes del veredicto varias personas habían dicho que sus familiares no tenían nada que ver con las manifestaciones de Minya en las que murió un policía.
«Mi hijo murió hace tres años y su nombre aparece citado en este caso», señaló la madre de uno de los condenados a muerte.
Según dijo a AFP Jaled ElKomy, coordinador de la defensa de los 529 condenados el 24 de marzo, el 60% «tiene pruebas que demuestran que no estaban presentes en el ataque a la comisaría».
En declaraciones a EFE, el defensor Mohamed Faruq dijo que el tribunal no tiene pruebas y que el fallo es «político y contrario a la legislación egipcia».
Sobre los 1.200 acusados de los dos juicios, sólo 200 están encarcelados. Los otros están en libertad bajo fianza o prófugos.
Los 37 condenados a muerte del primer juicio deben esperar ahora que el gran muftí de Egipto, la máxima jerarquía religiosa del país, confirme o no la sentencia, tal y como estipula el procedimiento jurídico egipcio, aunque su decisión no es vinculante. Para los 683 condenados a muerte ayer, el juez dará a conocer su decisión final el 21 de junio tras conocer la opinión del gran muftí.
Ilegalizado el movimiento que lideró la caída de Mubarak
El Tribunal de Asuntos Urgentes de El Cairo prohibió ayer las actividades del movimiento juvenil 6 de Abril, uno de los principales instigadores de las protestas que provocaron la caída de Hosni Mubarak, en febrero de 2011. La Corte, presidida por el juez Tamer Riad, también ordenó la confiscación de sus sedes, según la agencia estatal Mena.
Fuentes judiciales dijeron a Efe que un abogado interpuso la denuncia ante el Tribunal, acusando a los integrantes del movimiento de trabajar para dañar la seguridad y estabilidad de Egipto, y de recibir financiación extranjera.
Según medios locales, la sentencia considera que el movimiento ha espiado y difamado al Estado.
El 7 de abril, un tribunal de El Cairo confirmó la pena de tres años de cárcel dictada en diciembre contra Ahmed Maher y Mohamed Adel, fundadores del 6 de Abril, y del bloguero Ahmed Duma, por organizar una protesta ilegal y causar disturbios el 30 de noviembre de 2013. La concentración no contaba con el permiso de las autoridades, como exige la ley de protestas aprobada por el Gobierno ese mismo mes.
Maher y otros jóvenes crearon en 2008 un grupo de Facebook denominado «6 de abril: Día de la Rabia» para llamar a una jornada de paro y protestas pacíficas en solidaridad con los trabajadores textiles de Mahala al-Kubra, en el delta del río Nilo.
El movimiento fue uno de los instigadores de las protestas que llevaron a la revuelta contra Mubarak (1981-2011) y actualmente es muy crítico con las nuevas autoridades surgidas del derrocamiento en julio pasado de Mohamed Mursi, sobre todo después de la promulgación de la ley de protestas y el encarcelamiento de sus líderes.