Los Estados miembros de la Unión Europea pretenden cambiar la Directiva Marco del Agua que regula la calidad de los cauces de los ríos, acuíferos y humedales, y retrasar los márgenes de acción más allá de 2027.
El 40% de las masas de agua de España están en riesgo, según los datos de la Agencia Ambiental Europea. (MIGUEL RIOPA/AFP)
La Directiva Marco del Agua (DMA) , la normativa que protege el agua en Europa corre peligro. Sus objetivos -que buscan asegurar y certificar el bienestar de los ríos , humedales y acuíferos- podrían ser reducidos si se cumplen las pretensiones de algunos de los países que en los últimos meses han cuestionado la norma, como Alemania, Holanda o Bélgica. Curiosamente, tres de los Estados que menos cumplen con las pretensiones de conservar el entorno que tiene esta ley, según los datos de la Agencia Ambiental Europea .
En el año 2000 los Estados miembros impulsaron esta legislación pionera con la intención de mejorar las condiciones medioambientales de las diferentes fuentes de agua del continente. La norma daba varios plazos para reconducir la situación y garantizar niveles de calidad y cantidad óptimos en las aguas europeas. El límite de actuación era 2027. Con esta fecha cada vez más cerca, el balance no es nada positivo, en tanto que el 60% de los ríos y humedales se encuentran en mal estado . El 40% si ponemos el ojo en España.
Pese a los datos alarmantes, los países europeos están buscando modificar la norma y ampliar los plazos de acción más allá de 2027. De esta forma los Ejecutivos de la UE pretenden evitar multas como la que ya se impuso a España por la sobreexplotación de Doñana . De hecho, el plazo temporal para el cumplimiento de los objetivos de la norma ya se retrasó con anterioridad, pues originalmente los países europeos acordaron que 2015 era la fecha límite para garantizar la recuperación de la calidad y cantidad de las masas de agua del continente.
«Si no han cumplido con lo acordado en estos 19 años, ¿qué hace pensar que los Estados van a hacerlo en el futuro?», se pregunta retóricamente el experto en Agua de SEO Bird/Life, Roberto González, que denuncia que retrasar la fecha de cumplimiento restaría ambición y garantías a la legislación.
Sin embargo, los directivos del Agua justifican sus intenciones alegando que, «pese a los esfuerzos, hay riesgos de que los objetivos medioambientales no se cumplan en 2027» porque en los últimos años «las condiciones naturales han cambiado». Amparados en ello, se remiten al Artículo 4.5 de la DMA , que da autonomía a los Estados para «cumplir con los requisitos mínimos de la Directiva».
En ese sentido, la modificación de la DMA no sólo alargaría en el tiempo los plazos para el cumplimiento de los acuerdos, también establecería un marco mucho más permisivo con las situaciones excepcionales que justifican la « exención del cumplimiento de los requisitos para lograr el buen estado de las aguas «.
«Las sequías son fenómenos naturales en España, por lo que de manera ordinaria se deben efectuar planes de prevención»
Algo que podría afectar de lleno a España, debido a su clima sujeto a sequías cíclicas. Y es que, según denuncian más de cien asociaciones en un manifiesto , los cambios pretendidos desde Bruselas podrían servir de excusa a las instituciones españolas para saltarse sus compromisos con el bienestar de las masas de agua durante las etapas más secas del año, como los veranos. No sólo eso, sino que también se podría abrir la puerta a futuros trasvases.
«Las sequías son fenómenos naturales en España, por lo que de manera ordinaria se deben efectuar planes de prevención», explica Rafael Seiz, especialista del Programa de Agua de WWF España , que piensa que una apertura de las situaciones consideradas como excepcionales podría traducirse en que España califique sus ciclos de sequía natural como periodos climáticos extraordinarios y, con ello, eludir sus compromisos con la Unión Europea.
Por otro lado, algunos de los directivos del Agua de la Comisión Europea pretenden despejar las restricciones económicas de los usos del agua que garantizan que actividades socioeconómicas nocivas para el entorno ambiental, como la agricultura intensiva, paguen para emplear sistemas de regadíos. «Hay muchos sectores en España que dependen del agua», señala Natalia Funes, coordinadora de Agua de Ecologistas en Acción , para evidenciar las evidentes presiones de la industria agrícola. El grupo medioambientalista explica que se trata de una medida que, lejos de garantizar estabilidad en los niveles del agua de España, podría incentivar aún más la sustracción de acuíferos y ríos.
Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) denuncian que «no es el momento adecuado para modificar la norma» y reivindican que lo que precisamente hace falta es que se aplique «más y en mayor medida». Una visión similar a la expuesta desde WWF, que señalan a los datos sobre el mal estado de los ríos, humedales y acuíferos de España.
Las aguas del Ebro bordean la central nuclear de Ascó en Tarragona. (REUTERS/Gustau Nacarino)
Opacidad y contradicciones internas
Estos son tan sólo algunos de los cambios pretendidos y denunciados por cientos de grupos y asociaciones. Sin embargo, quedan muchos aspectos que no se han revelado debido a la opacidad que hay detrás del proceso. «No tenemos toda la información, falta transparencia», lamenta Julia Martínez, directora técnica de la FNCA.
«No tenemos toda la información, falta transparencia»
Por el momento las premisas para modificar la Directiva se encuentran en la primera fase, vinculada a una consulta ciudadana que finaliza el próximo 4 de marzo . No obstante, los sectores ecologistas denuncian que no se está haciendo un llamamiento a la participación ciudadana ni se está informando de lo que suponen estas leyes.
«Por el momento sabemos que el documento que pide la modificación ha sido elaborado por doce de los 27 miembros de la UE y se apoya en unos argumentos que ni siquiera fueron apoyados por la propia Comisión», denuncian desde la FNCA.
Desde WWF ponen en el foco la contradicción que supondría que Bruselas atendiera las demandas de los grupos de presión. «Esta propuesta se contradice con la conclusión a la que llegó la CE en su evaluación intermedia, realizada en 2012, en la que afirmaba que esta norma era adecuada para su propósito y que los esfuerzos debían dirigirse a mejorar y extender su aplicación por parte de los Estados Miembros», denuncia el grupo ecologista en un comunicado.
González, sin embargo, aunque advierte que «es muy difícil hablar de expectativas», reconoce que aún hay esperanzas en que las masas de agua europeas sigan estando protegidas por la DMA . El experto acude a la hemeroteca para demostrar que la presión de la sociedad civil puede tener efectos en las decisiones políticas. «No sería la primera vez. Ya se consiguió frenar mediante firmas los cambios en la Directiva de Hábitats y Aves», zanja.
@alxtena
Fuente: https://www.publico.es/politica/agua-europa-peligro-pendiente-acuerdo-proteccion.html