La organización Red Acoge, integrada por 18 asociaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes, ha presentado el informe «Los efectos de la exclusión sanitaria en las personas inmigrantes más vulnerables», documento de julio de 2015 que analiza las consecuencias del Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 abril «para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional […]
La organización Red Acoge, integrada por 18 asociaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes, ha presentado el informe «Los efectos de la exclusión sanitaria en las personas inmigrantes más vulnerables», documento de julio de 2015 que analiza las consecuencias del Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 abril «para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud», aprobado por el ejecutivo del PP. El Real-Decreto, muy criticado por las organizaciones de derechos humanos, eliminaba el acceso a la sanidad -en las mismas condiciones que los nacionales- a los inmigrantes en situación considerada «irregular».
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, informó en el Congreso de los Diputados (febrero de 2013) sobre el alcance de la iniciativa legal: «Fueron dadas de baja 873.000 tarjetas de extranjeros no residentes que habían accedido a la tarjeta sanitaria sin tener derecho a ella, de acuerdo a los criterios legales de la Unión Europea». Autonomías como el País Valenciano y Baleares han dado, después de las elecciones municipales y autonómicas, pasos para la reversión del modelo.
El 20 de julio la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón (PSOE), anunció que de inmediato empezarían a expedirse las tarjetas para que unos 30.000 inmigrantes puedan acceder a la cobertura sanitaria gratuita, siempre que lleven al menos tres meses empadronados en el País Valenciano. La consellera afirmó tener constancia de que en el País Valenciano se facturó por la atención prestada a colectivos que teóricamente la tenían cubierta, como personas embarazadas, menores o casos de «urgencias». Se trata de una de las primeras medidas adoptadas tras el Acuerdo de Gobierno firmado en junio por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos. Recientemente el Govern de Balears ha informado, a través de la nueva consellera de Sanidad, Patricia Gómez (PSOE), que unos 15.000 inmigrantes llamados «irregulares» podrán recuperar sus derechos en materia sanitaria.
Uno de los ejemplos expuestos en el informe de Red Acoge es el de Jeanneth Beltran, joven nicaragüense de 30 años residente en Toledo, que esperaba contar con la documentación por el procedimiento de arraigo. Su jefe estaba dispuesta a contratarla, detalla el documento de Red Acoge. A los tres años viviendo en España, esta trabajadora doméstica no quiso, en abril de 2014, ir al médico al sentirse indispuesta, por temor a que se le remitiera una factura y no poder pagarla. En mayo acudió a «Urgencias» del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde permaneció horas sin ser atendida. «Cuando finalmente recibió atención -prosigue el informe de Red Acoge- sólo pudieron certificar su muerte». Días después una carta de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha le reclamó el pago por el servicio prestado.
La muestra recogida en el informe, basada en 140 personas (64% hombres y 36% mujeres) de 41 países diferentes, señala diferentes tipologías de exclusión. La mayor parte de los afectados son personas inmigrantes en situación que se considera «irregular» (124, el 88,57% de los encuestados); un segundo perfil es el de los residentes excluidos (10, el 7,14%), al que se añaden los menores no atendidos (4; 2,86%) y la facturación en urgencias (2; 1,43%). La media de afectados por la exclusión es de 41 años, aunque varía según el tipo discriminatorio. Los datos de la encuesta corresponden a personas atendidas en Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Madrid y Murcia.
Pese a que el Real Decreto-Ley 16/2012 teóricamente debería afectar a las personas inmigrantes «sin papeles», la Red Acoge ha constatado la exclusión del acceso al sistema sanitario también a personas con permiso de residencia. Otros ejemplos que se detallan son los de personas que, habiendo sido residentes legales, no han tenido posibilidad de renovar los «papeles»; o personas a quienes se ha denegado la solicitud de asilo. Un caso específico que aborda el documento es el de los inmigrantes en condiciones que se consideran «irregulares» y presentan enfermedades mentales (los casos de «urgencias» se centran en las enfermedades de carácter físico).
Además de provocar «inseguridad jurídica», el estudio concluye que las personas inmigrantes «desconocen a priori si van a recibir asistencia sanitaria más allá de los casos previstos en la legislación; en muchos casos manifiestan temor a la hora de acudir al sistema público de salud, pues ignoran si tienen o no derecho a ello, o si se les cobrará posteriormente por el servicio prestado», apunta el informe. Además, pese a que en algunas autonomías se les permita el acceso a las personas inmigrantes, o se les facilite una tarjeta incluso estando en situación llamada «irregular», «esto no crea realmente un derecho a la asistencia sanitaria, dado que la legislación estatal lo impide».
La legislación aprobada por el gobierno de Rajoy reconoce teóricamente los derechos a la población inmigrante «sin papeles» en los casos de grave enfermedad, mujeres en el embarazo, parto y postparto, y menores de edad. Sin embargo, la Red Acoge subraya «problemas burocráticos» en el caso de los menores, que están dando lugar a que se deniegue la asistencia, porque al no contar con pasaporte, tampoco se les puede expedir la tarjeta sanitaria. Este supuesto afecta, por ejemplo, a menores rumanos o búlgaros nacidos en España, que sus familias no han podido tramitar el pasaporte por falta de recursos, y que tampoco cuentan con otra célula de identidad.
Otra práctica habitual consiste en que a las personas «sin papeles» se les obligue a firmar un requerimiento de pago, cuando asisten a «urgencias», que después se les remite a sus domicilios. Es decir, el pago por los servicios prestados. La citada práctica no está estipulada en la legislación, recuerda el informe, y actúa como freno para que los inmigrantes «sin papeles» acudan a las «urgencias». «El alto coste de los servicios médicos, y el miedo a que esto sea un obstáculo en el futuro para poder regularizar su situación en España, está contribuyendo a que no acudan a los servicios de urgencia aun cuando tengan necesidad y derecho a ello». También ha afectado a la población inmigrante la obligación de costearse los medicamentos.
En el apartado de conclusiones, los autores del estudio señalan la falta de información sobre el decreto por parte de los profesionales, principalmente quienes atienden en los mostradores. Esta circunstancia ha llevado a denegar la asistencia a personas que tenían derecho a ella. «Ha sido necesario hacer acompañamiento en muchos casos, por parte de las organizaciones sociales, para que las personas migrantes vieran reconocido su derecho».
La Red Acoge incluye en el documento varios casos de inmigrantes afectados por la exclusión sanitaria. Una inmigrante colombiana residente en Murcia, afectada por una enfermedad renal, se vio en la necesidad de practicarse diálisis tres días a la semana. Una vez se le acabaron los ahorros, dejó de acudir a la diálisis, se le agravó la enfermedad y finalmente fue ingresada en un hospital. Con un informe médico que le reconocía la enfermedad crónica, empezó un «calvario burocrático», relata el informe de Red Acoge, para que la Consejería de Sanidad de Murcia le facilitara la tarjeta sanitaria. «Finalmente ha sido reagrupada por su marido, residente legal en España, y disfruta de una tarjeta sanitaria que le permite recibir tratamiento médico en cualquier punto del país», concluye el documento.
El Real Decreto-Ley de medidas urgentes ha sido cuestionado por instituciones como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia; la Relatora Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos; el Comité Europeo de Derechos Sociales; y numerosas organizaciones de derechos humanos. La medida se ha aplicado de manera diferente según las comunidades autónomas.
El informe señala a Madrid y Castilla-La Mancha como las autonomías que han presentado mayores dificultades de acceso. Por el contrario, en Cataluña se requiere únicamente el empadronamiento y en otras comunidades autónomas, como Castilla-León, se permite el acceso de inmigrantes «sin papeles» a la atención primaria. Además, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por los gobiernos de Navarra, País Vasco, Cataluña, Canarias y Andalucía.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.