39.474 personas fueron interceptadas este año cuando intentaban llegar a nuestro país por mar y tierra, según los datos hasta el 15 de diciembre del Ministerio del Interior. Son 8.799 migrantes más (un 28,7%) respecto al año anterior. Este 2020 niega así la existencia del llamado “efecto llamada”, que vincula el aumento de llegadas a las políticas de mejora de las condiciones de los migrantes en España. La inmigración aumenta, sin embargo, en un año con perspectivas económicas nada halagüeñas debido a la pandemia y sin medidas sociales para proteger a quienes están en situación irregular.
Así lo sostiene el Defensor del Pueblo en su informe sobre las Actuaciones ante la pandemia de covid-19 que ha publicado este año. “Una vez más se comprueba como el supuesto ‘efecto llamada’, que reiteradamente se esgrime para explicar el incremento de llegadas, es más bien un ‘efecto expulsión’ por la situación que se vive en los países de origen de estas personas que intentan desesperadamente encontrar una vida mejor”, reflexiona.
Durante este año, los contagios de covid-19 obligaron a poner el foco en las condiciones deplorables de los temporeros migrantes, que venían siendo denunciadas desde hace años por las ONG. Las imágenes para no volver a repetir de Arguineguín (Gran Canaria) o la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las devoluciones en caliente son también las noticias migratorias que nos deja este año. De fondo sonaba fuerte la campaña que exigía “regularización ya” para todos.
El año que se visibilizó la situación de los temporeros y las trabajadoras del hogar
Las organizaciones venían advirtiéndolo desde hace tiempo. Las condiciones de los asentamientos de los temporeros que venían a trabajar al campo a lo largo y ancho de nuestro país eran caldo de cultivo para el virus. El hacinamiento, la escasez de agua e higiene que sufrían en estas infraviviendas dejaba a estas personas sin defensa posible ante la enfermedad. Era, además de una cuestión humanitaria, un problema de salud pública.
Aún así no hubo noticias de casos entre los temporeros hasta bien entrado el verano. Entonces se produjeron varios contagios de temporeros de Huesca y Lleida, en la comarca de Segrià, que contribuyeron al rebrote en este territorio. En Albacete la situación desesperada de estos trabajadores y un confinamiento impuesto derivó en momentos de tensión entre temporeros, transeúntes y periodistas. Por otro lado, varios incendios calcinaron los campamentos de Lepe (Huelva), y los trabajadores se instalaron durante varias semanas a las puertas del Ayuntamiento para exigir un techo bajo el que dormir.
También este año se han visibilizado mediáticamente las condiciones de las trabajadoras del hogar, la inmensa mayoría mujeres migrantes, menos 400.000 afiliadas a la Seguridad Social y unas 670.000 si se cuentan las que trabajan en la economías sumergida, según las organizaciones de empleadas. Estuvieron entre las trabajadoras que más se expusieron al virus al principio, sin seguridad sanitaria ni laboral a su alcance. Gracias a su lucha, el Gobierno terminó aprobando un subsidio específico para ellas aunque, según datos del Ministerio de Trabajo, hace un mes solo les había llegado al 10% de las afiliadas.
Pese a los problemas que se visibilizaron, no ha habido grandes avances para el colectivo. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) finalmente dejó fuera a las personas migrantes en situación irregular en España, unas 600.000 según cálculos aproximados. La Campaña Regularización Ya consiguió promover una proposición en el Congreso, aunque acabó siendo rechazada debido a los votos en contra de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.
La llegada a las costas: Arguineguín y las devoluciones en caliente
La política fallida a la hora de gestionar la migración quedó plasmada en las fotos del muelle de Arguineguín (Gran Canaria). Unas 2.600 personas llegaron a dormir a la intemperie, sobre el asfalto. La reactivación de la peligrosa ruta de las Canarias pese al cierre de fronteras llegaba a los telediarios con la foto del “muelle de la vergüenza” colapsado. El Defensor del Pueblo recomendó su “cierre inmediato”.
“Se decía que estaban allí voluntariamente, pero muchos no lo estaban. Ha habido una vulneración al derecho fundamental de moverse libremente”, explica Manuel Felipe Garoña, presidente de Abogados Extranjeristas. El experto indica que en esta ocasión el derecho a solicitar asilo pudo verse vulnerado porque muchas personas no tuvieron acceso a “una asistencia jurídica adecuada”. Las organizaciones también culpan a las autoridades de falta de previsión. Mientras las pateras descendían en el Estrecho y el Mar de Alborán, las llegadas por la ruta de las Canarias se multiplicaban por ocho a principios de este año.
El pasado mes también veíamos como el Tribunal Constitucional aprobaba la Ley de Seguridad Ciudadana, incluidas las expulsiones en caliente de inmigrantes que intenten cruzar la frontera. La controvertida práctica había sido rechazada por el propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), que acabó retractándose. La razón es que así se evita la migración que un Estado no desea, mientras que los refugiados pueden solicitar asilo por los cauces legales. Las ONG como CEAR mantienen que la práctica supone vulneración de los derechos porque es “de sobra conocida la imposibilidad de solicitar asilo en una embajada para ser trasladado a territorio español”.
Hace poco más de dos años de la llegada del Aquarius a Valencia. Al barco de rescate se le ofreció desembacar en España ante el cierre de los puertos del entonces ministro italiano, Matteo Salvini. El gesto del recién llegado a la Moncloa, Pedro Sánchez, apuntaba a un cambio en las políticas migratorias. Un país como el nuestro podía liderar un cambio hacia una UE más humanitaria en el trato de sus inmigrantes. El espejismo ha acabado por disolverse en este 2020, un año en el que los CIE cerraron y volvieron a abrir para internar a otras personas, se legitimaban las «devoluciones en caliente» y los migrantes en situación irregular se vieron condenados a las peores consecuencias socioeconómicas de la covid-19.