En junio de año pasado, cuando la inflación ya comenzaba a manifestarse crudamente en casi todo el mundo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconoció que el cambio climático también era responsable del alza de los precios.
Llevaba toda la razón, aunque sorprenda que casi al mismo tiempo dijera que la subida de precios era coyuntural y que tenía la firme convicción de que bajaría en 2022.
Más adelante, algunos investigadores del BCE y gobernadores, como el del Banco de España, han señalado, también con razón, que el efecto del cambio climático sobre los precios se producía a través de una triple vía. La primera, el coste creciente del deterioro del medio ambiente que produce sequías, inundaciones y otros desastres que disminuyen la oferta y destruyen capital, provocando escasez, menor productividad y subidas de precios. Una segunda, el precio cada día más elevado de los combustibles fósiles que termina trasladándose a gran número de actividades económicas que los usan, directa o indirectamente. La tercera, el coste elevado, al menos en las primeras fases, de las estrategias de transición hacia fuentes de energías más limpias y eficaces. Y eso, sin olvidar que el cambio climático deteriora la situación patrimonial de las empresas y la banca y la economía en general, por lo que afecta igualmente a la estabilidad económica y financiera.
Puesto que la autoridad monetaria es la encargada de conseguir la estabilidad de los precios y la del sistema financiero en su conjunto, es lógico que los dirigentes de los bancos centrales hayan comenzado a ser sensibles a los problemas climáticos. En el caso del Banco Central Europeo, respondiendo en junio de 2021 con una especie de hoja de ruta climática que realmente supuso un cambio importante, pues asumía el compromiso de reflejar más sistemáticamente las consideraciones de sostenibilidad ambiental en su política monetaria.
Para ello, el Banco Central Europeo se fijó objetivos como los siguientes:
– En materia de investigación y datos, desarrollar modelos macroeconómicos para monitorear las implicaciones del cambio climático en la economía e indicadores que cubran los instrumentos financieros verdes, la huella de carbono de las instituciones financieras y su exposición a los riesgos relacionados con el clima.
– En relación con la gestión de riesgos, realizar pruebas de estrés climático del balance del Eurosistema en 2022, incorporar los riesgos del cambio climático en sus calificaciones y tenerlos en cuenta a la hora de comprar activos de empresas o aceptarlos como garantía.
– Para mitigar el cambio climático, tener en cuenta la divulgación que las empresas hagan de los efectos sobre el clima de su actividad a la hora de financiarlas, comprar sus títulos o aceptarlos como garantías.
– Como colofón, se comprometía a evaluar posibles sesgos en la asignación del mercado, es decir, si los mercados (cuya actuación trata de respetar con neutralidad el BCE cuando actúa) están valorando correctamente los riesgos climáticos que generan las empresas contaminantes.
Un año más tarde, en julio de 2022, el BCE dio un paso más para «reducir el riesgo financiero relacionado con el cambio climático, fomentar la transparencia y apoyar la transición ecológica de la economía», según su propia declaración de intenciones (aquí).
Para lograrlo, añadía nuevos compromisos o concretaba los del año anterior. Por ejemplo, modificar su tenencia de bonos de empresas para orientarse hacia los de emisores con un mejor desempeño climático; limitar la proporción de activos emitidos por entidades con una elevada huella de carbono; o aceptar solamente los títulos que cumplan con la directiva europea que establece la información que han de dar las empresas para que se conozca el efecto de su actividad sobre el medio ambiente.
Es verdad que este cambio de comportamiento del Banco Central Europeo es una buena noticia. Sin duda, eso es mejor que nada y aunque haya tardado tanto en asumirlo.
Pero, en cualquier caso, ese reconocimiento positivo no puede ni mucho menos silenciar que esta estrategia está cargada de lagunas, silencios, limitaciones e incluso contradicciones que algunas investigaciones y responsables de organizaciones ecologistas y financieras se han encargado de poner de manifiesto.
Las más relevantes son las siguientes:
– En ningún caso se propone alinearse con los objetivos de la lucha de la Unión Europea contra el cambio climático o con los del Acuerdo de París. Como si el cambio climático se pudiera combatir actuando cada institución por su cuenta y sin coordinar las diferentes políticas.
– No excluye a las empresas que incumplen el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El BCE se ha comprometido a que la proporción de activos de las empresas que tengan un «mejor desempeño climático» aumente en relación con las de peor. Lo cual quiere decir que pueden seguir teniendo apoyo empresas que directa o indirectamente produzcan efectos nocivos sobre el cambio climático que es lo que supuestamente quiere combatir el BCE.
– Los indicadores que pretende aplicar el BCE pueden provocar efectos perversos, como ha ocurrido ya con otros muy parecidos utilizados por el Banco de Inglaterra. Así, una empresa con gran efecto contaminante puede resultar mejor valorada y favorecida por el BCE si actúa con mayor transparencia que otra menos contaminante.
– La estrategia del BCE no contempla la financiación de las políticas de transición que ha emprendido la Unión Europea. Y, para colmo, la estrategia de subir los tipos de interés para combatir la inflación va a encarecer las inversiones que es urgente llevar a cabo para frenar los tres tipos de costes señalados que comporta el cambio climático. Dicho de otro modo, el Banco Central Europeo va a agudizar el problema que tendría que resolver.
A la vista de esas deficiencias, una serie de organizaciones civiles europeas han hecho una propuesta de principios y medidas que permitirían hacer más efectiva la política monetaria del Banco Central Europeo en su combate contra la inflación y ponerla al servicio efectivo de una estrategia europea eficaz contra el drama colosal que implica el cambio climático. Sus propuestas y medidas se podrían resumir en cuatro ideas principales (informe completo, aquí):
– El Banco Central Europeo debe cumplir con su obligación legal de apoyar las políticas económicas generales de la Unión Europea en materia de políticas climáticas, favoreciendo sus inversiones y no encareciéndolas; y, en concreto, apoyar las emisiones de bonos del Banco Europeo de Inversiones y NextGeneration de la Unión Europea para impulsar la inversión verde y asegurar un futuro bajo en carbono.
– El BCE debe actuar con urgencia y no alargar los plazos. En concreto, debiera descarbonizar desde el primer momento la política monetaria y las operaciones de financiación, excluyendo ya de los programas de compras de activos, de flexibilización cuantitativa y del marco de garantías a los operadores que no respeten los compromisos internacionales en medio ambiente.
– Igualmente, debe integrar los riesgos climáticos en las calificaciones crediticias que establece el banco para conceder garantías y comprar activos e incluir entre los requisitos prudenciales (los encaminados a garantizar la solvencia de las empresas o bancos) los que permitan que los flujos financieros se acomoden al objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
– El BCE no puede actuar al margen de la sociedad sino trabajar para ella, mejorando el compromiso con los ciudadanos y aumentando la responsabilidad democrática.
La experiencia nos dice que el Banco Central Europeo no suele ser permeable a las demandas de la sociedad civil pero, ante un riesgo planetario tan grande y peligroso, hay que exigirle que deje de ser lo que ha sido hasta ahora y lo que también parece estar dispuesto a seguir siendo en materia de cambio climático, si se contemplan -como acabamos de hacer- su falta de decisión y las medidas tan ineficaces que ha propuesto en este campo: una agencia al servicio de los intereses privados, a quien ha protegido siempre con prelación y privilegio frente a los colectivos.