Orriols es un barrio ubicado en la zona norte de Valencia, pegado a la huerta, con un fuerte tejido asociativo que viene de lejos, de los últimos años del franquismo. De hecho, cuenta con una de las asociaciones de vecinos más antiguas de la ciudad. Fuentes municipales cifran su población en unas 20.000 personas, pero […]
Orriols es un barrio ubicado en la zona norte de Valencia, pegado a la huerta, con un fuerte tejido asociativo que viene de lejos, de los últimos años del franquismo. De hecho, cuenta con una de las asociaciones de vecinos más antiguas de la ciudad. Fuentes municipales cifran su población en unas 20.000 personas, pero el colectivo vecinal lo eleva a unas 25.000, de los que cerca del 30% son personas inmigrantes (sobre todo procedentes de América Latina y el África Susahariana, aunque últimamente también de Marruecos, Argelia, India o Pakistán; en menor medida, de la Europa del Este).
La historia de la barriada está muy vinculada a la inmigración. Al terminar la guerra civil, el Monasterio de San Miguel de los Reyes se convirtió en cárcel de republicanos, y familiares de los presos llegaron a vivir a Orriols para permanecer cerca del penal. Ya en la década de los 60, en pleno «desarrollismo» franquista, trabajadores llegados sobre todo de Andalucía, y también de Castilla-La Mancha, pusieron su lugar de residencia en Orriols.
Hoy, la crisis económica golpea con saña a esta barriada periférica. Tasas de paro del 40% entre la población adulta y cercana al 60% entre los jóvenes, componen la postal de este barrio, donde el empleo, cuando se encuentra, es en precario, lo que lleva a gente con trabajo a asistir a los puntos de recogida de alimentos. Como en muchos de los barrios de las afueras de Valencia, los vecinos afirman que se sienten abandonados y critican la falta de inversiones municipales. El secretario de la asociación de vecinos de Orriols-Rascanya, Toni Terrones, señala que los recortes en personal han afectado a la limpieza de las calles del barrio; además, las reducciones presupuestarias hacen más difícil la rehabilitación de viviendas o combatir la aluminosis en los edificios.
A ello se agregan carencias históricas, como la de un centro cultural o un centro social (como los que existen en muchos pueblos), donde las asociaciones puedan reunirse y mantener sus actividades. En materia educativa, el problema reside en la escasa inversión para la mejora de centros escolares e institutos. En 2013 el movimiento popular obtuvo una importante victoria al lograr que se terminara de construir el centro de salud. Fue tras años de movilizaciones. Sin embargo, hoy los vecinos denuncian que el centro no dispone de las dotaciones adecuadas, ni del personal y especialistas suficientes. Orriols: un barrio periférico, obrero y de inmigración, uno de los más afectados de la ciudad por el fenómeno de los desahucios (aunque muchos casos se desconozcan, por la vergüenza a denunciar y pedir ayuda). ¿Problemas de convivencia? «Nunca ha habido problemas de xenofobia en el barrio, salvo alguna excepción muy concreta», responde Toni Terrones.
Asociaciones y vecinos de la barriada han impulsado la iniciativa «Orriols Con-Vive», que ha celebrado ya tres asambleas. Puesto en marcha en un principio por la ONG Valencia Acoge, en el proyecto confluyen el veterano movimiento vecinal con las organizaciones que trabajan con inmigrantes, y nuevas formas de lucha como el 15-M, la Red de Solidaridad Popular, la Asamblea de Parados de Orriols-Torrefiel, pero también el Centro Cultural Islámico, la Asociación Evangélica o las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA). «Es un movimiento de amplio espectro», resume Esther Izquierdo, de «Valencia Acoge», quien señala además de los problemas de paro, recortes y vivienda, el cierre de pequeños comercios y «cierto sentimiento de falta de identidad de barrio». Los grupos de trabajo de de «Orriols Con-Vive» ya han empezado a constituirse.
Un nubarrón asomó en este barrio proletario y multicultural el sábado 29 de marzo. Pescar en río revuelto. La organización de extrema derecha España 2000 organizó una jornada de reparto de alimentos para familias españolas, bajo la invocación «Ayudas sociales para los nacionales», en la que se debía acreditar DNI español y un documento que atestiguara la situación de desempleo. Un mero vistazo a la página Web de este partido aproxima a reclamos como «El Islam es incompatible con Europa» (al que se adjunta una mezquita inserta en una señal de prohibición); «Ni uno más: con 6 millones de parados, sobran 6 millones de inmigrantes» o «Afíliate al único partido que defiende a los españoles».
A juicio de Toni Terrones, «fue un acto político, no de solidaridad, para dividir al barrio y crear conflictos». Critica duramente que la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento concedan los permisos para actos de estas características, cuando a las asociaciones del barrio se les ponen trabas para cualquier autorización («Aquí todos los proyectos los impulsamos los vecinos, pues la Administración no invierte un euro»). «No entendemos cómo a una organización política se le permite un acto xenófobo contra nuestro barrio». Sin embargo, «no entraremos en su juego de confrontación, ya que nosotros estamos por la convivencia y la vida digna de las personas». Recuerda el secretario de la asociación vecinal que en el barrio hay organizaciones «que sí reparten comida de manera objetiva, sin discriminación y durante campañas periódicas, no en un solo día como ha hecho España 2000».
Por ejemplo, la Asociación Evangelista, que ha repartido casi 16 toneladas de alimentos en Orriols sin discriminación por razones de etnia, religión o nacionalidad. «Como marca la ley», zanja uno de sus portavoces, Luis Vargas. «Al permitirse este acto de España 2000 se ha cometido un delito, por vulneración del artículo 510 del Código Penal, en el que se castiga la incitación al odio por razones de raza o etnia». Además, «los derechos humanos son iguales para todos, no hay personas diferentes, ni siquiera el señor Botín o la gente que se está llevando el dinero».
El Centro Cultural Islámico lleva seis años colaborando con Cruz Roja en el reparto de comida en barrios de la zona norte (incluido Orriols). Organizan las entregas tres veces al año, según los criterios muy estrictos que marca la Unión Europea, y sin ningún tipo de distingo ni discriminación entre las personas receptoras. En el primer reparto de 2014 se entregaron 19 toneladas de alimentos a 250 familias (un total de 900 personas). Rosa Mas, del Centro Cultural Islámico, considera que no hay que darle más importancia de la debida al acto de España 2000, aunque «ciertamente fue una incitación al odio; la gente que asistió lo hizo únicamente por la necesidad de alimentos». Considera que no existen problemas de convivencia en Orriols. Pone un ejemplo: El Centro Cultural Islámico organizará este verano la tercera edición de la Escuela Intercultural, en el que participan 70 menores de toda procedencia, y sin que se dé ningún tipo de conflicto.
En una de las asambleas de «Orriols Con-Vive» se ha decidido que próximamente (finales de abril o principios de mayo) tenga lugar una manifestación por la integración y la convivencia, en un sentido lúdico y, sobre todo, «en positivo», a la que se invitará a todas las organizaciones antirracistas y antifascistas.
Mientras, la barriada continúa desarrollando, poco a poco, músculo asociativo. De origen boliviano, Juan Villarroel participa en el colectivo «Jóvenes por Orriols», y critica la inexistencia de lugares de ocio. María José Martín, de la AMPA del Instituto Rascanya, se extiende en los efectos perniciosos que tiene para el barrio la consideración de la ciudad como «distrito único educativo», lo que implica el trasvase de niños y niñas de Orriols a colegios de otras zonas de Valencia. Ello se agrega a la supresión de unidades escolares públicos (con la secular apuesta del PP por los privados-concertados) y la eliminación de líneas de enseñanza en valenciano. Juan Villarroel y María José Martín han participado, junto a representantes de otras asociaciones del barrio, en una rueda de prensa para presentar el proyecto «Orriols Con-Vive» y criticar la presencia de España 2000.
Quien pone de manifiesto una visión más global es Mor Diagne, senegalés de 22 años, con ocho de residencia en el barrio, y voluntario de la ONG Valencia Acoge. Relaciona lo que sucede en Orriols con la realidad de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), las permanentes identificaciones y redadas policiales en la calle, o las detenciones y agresiones en Ceuta y Melilla por parte de las policías española y marroquí. «La Unión Europea es quien más nos discrimina». «La única ayuda que recibimos es por parte de las ONG», destaca.
Ante la amenaza de la extrema derecha, asociaciones y vecinos de Orriols se dirigieron a la Delegación del Gobierno para solicitar que se impidiera el reparto de alimentos el sábado 29 de marzo, y esgrimieron argumentos como que el acto suponía una «provocación», tenía una componente «electoralista», «jugaba con las necesidades de las personas», y tendría lugar en una zona donde el porcentaje de población inmigrante alcanzaba el 50%. Se trataba, por lo demás, de un reparto «irrisorio» de alimentos. Se sumaron al rechazo entidades como la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, el Foro Alternativo de la Inmigración, Acción Popular contra la Impunitat, Plataforma Valenciana por la Interculturalidad y la Campaña CIEs No, entre otras. Pero la respuesta de la Delegación del Gobierno se limitó a que España 2000 es un partido legalmente constituido y, en consecuencia, con derecho a reunirse y manifestarse. Por eso, «entendemos que gran parte de la responsabilidad en lo ocurrido recae en la Delegación del Gobierno», afirma Esther Izquierdo.
Valencia Acoge y el Movimiento contra la Intolerancia han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía para la igualdad de trato. Durante el reparto impulsado por la formación ultraderechista, se pudo comprobar cómo se sacaba de la «cola» a personas con DNI español pero que, por sus rasgos, podía observarse el origen extranjero, afirman las asociaciones del barrio. Tampoco disponía España 2000 de los permisos del Ayuntamiento necesarios para colocar mesas en la calle, hacer uso de la megafonía o realizar los repartos, denuncian los colectivos.
España 2000 ha enunciado los «10 puntos para ser una gran nación y salir de la crisis», entre los que propone la reforma de la Ley de Extranjería: «Repatriación de los excedentes de inmigración. Hay siete millones de inmigrantes, de los que la mitad nunca podrán ser absorbidos por el mercado de trabajo. Sus países deben hacerse cargo de ellos lo antes posible. Nuestra economía no puede mantenerlos». Además, en el programa sobre inmigración propone medidas como exigir un examen médico para ingresar «en territorio nacional» y «excluir a aquellos inmigrantes que no estén en condiciones físicas», además de solicitar a quienes pretendan regularizar su situación «un conocimiento mínimo de la lengua española y un juramento de fidelidad a las leyes, constitución y respeto de nuestras tradiciones».
Vinculadas a España 2000, desarrollan una labor supuestamente altruista y exclusivamente con nacionales ONG como el Hogar Social Patriota María Luisa Navarro, que el pasado 8 de marzo organizó una recogida de alimentos en Valencia y cuenta con delegaciones en la capital, y municipios de la provincia como Alaquàs, Sollana y Torrent; «Alimentos para un pueblo», que funciona en Silla, donde España 2000 suma dos concejales; y «Españoles en Acción».
Las organizaciones del barrio actúan de modo radicalmente distinto. La Red de Solidaridad Popular desarrolla su actividad en la zona norte de Valencia (Benicalap, Zaidía, Torrefiel y Orriols), donde efectúa un reparto semanal de una bolsa de comida sin distingos entre nacionales e inmigrantes. A cambio de la comida se pide únicamente la participación del receptor en los movimientos sociales. La Red atiende las necesidades de 55 familias a la semana (175 personas, entre adultos y menores). Actúa asimismo un grupo de reparto de ropa, otro de educación (que imparte clases de repaso y recoge material escolar), el de sanidad (que participa en los Consejos de Salud de Distrito) y la iniciativa de Huertos Urbanos, que ha puesto en cultivo una parcela de 2.000 metros cuadrados de la que se obtienen verduras incluidas en la bolsa de reparto.
Hace algo más de un año empezó a caminar la Asociación de Parados y Paradas de Orriols-Torrefiel, donde españoles e inmigrantes trabajan en común. «Aquí no excluimos a nadie», comenta Arturo Peiró, quien también forma parte de la PAH-zona Norte. Han organizado un taller de limpieza industrial, que ha proporcionado una salida laboral a 10 personas. Y otro de manualidades, que ha permitido a un grupo de mujeres vender sus artesanías en ferias y mercadillos. En proyecto, un taller de reparación de muebles (actualmente a la espera de local), de fontanería y electricidad, y de limpieza de fincas.
Con 25 años de arraigo en Orriols, la ONG Valencia Acoge se implica en la lucha por los derechos de los inmigrantes, los derechos humanos y contra el racismo. Trabaja con personas extranjeras de toda la ciudad, pero principalmente del barrio. Valencia Acoge, entidad señera en el tejido asociativo de Orriols, dispone de un programa de atención jurídica y de acogida para inmigrantes, clases de castellano, sensibilización, inserción sociolaboral y vivienda, entre otros servicios.
Como ocurre habitualmente en las zonas de numerosa población inmigrante, las «redadas» policiales (basadas en identificaciones y, si no se presenta a los agentes la documentación en regla, detenciones) están a la orden del día en este barrio valenciano. «La presencia de la Policía Nacional, a las órdenes de la Subdelegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, es desmesurada», comenta Sara Verdú, de Valencia Acoge y la Campaña por el Cierre de los CIE. En los aledaños del Centro Cultural Islámico se produce una presencia policial «masiva», sobre todo los viernes, día de culto para las personas musulmanas, según han denunciado el Centro Islámico y fuentes de la Plataforma Estatal contra la Islamofobia. El objetivo es producir un efecto intimidatorio.
Desde la última «redada» junto a la sede de Valencia Acoge (noviembre de 2013), se han producido continuas identificaciones en la calle, en las puertas del metro o dentro de los locutorios, donde la policía ha entrado sin orden judicial e identificado a personas inmigrantes, afirma Sara Verdú. Denuncia asimismo que las identificaciones se producen por el aspecto físico, es decir, se establece una presunción de delincuencia por el color de la piel. Se produce un ciclo que comienza con las «redadas», continúa con el ingreso en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la calle Zapadores (si previamente se ha producido una detención) y culmina con vuelos de deportación, para lo que el estado español ha suscrito un convenio con la compañía Air Europa. El estudio «Identificación policial por perfil étnico en España», de la Universitat de València, apunta en el mismo sentido, al subrayar que las minorías étnicas tienen tres veces más posibilidades de ser «parados» por la policía que un Europeo (perfil caucásico); 10 veces más en el caso de la población gitana; 7,5 veces los magrebíes y 6,5 los afro-latinos.
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