Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García
El cambio climático es una de las mayores amenazas que enfrenta hoy la vida humana. Sus consecuencias son globales, lo abarcan todo y se distribuyen inequitativamente. A pesar de que los palestinos y los israelíes habitan el mismo territorio, los palestinos -afectados por la ocupación- lo sufrirán más gravemente.
El mayor riesgo no ambiental con que se enfrentan los palestinos de Cisjordania sigue siendo la ocupación israelí, una ocupación tan absoluta que el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas la considera un «riesgo» medioambiental en sí misma. Hoy día, después de 52 años, la ocupación impide que los palestinos puedan acceder y gestionar la tierra y otros recursos, particularmente el agua. Significativamente, les imposibilita tomar medidas para ayudar en la adaptación al cambio climático, es decir, el ajuste de los sistemas humanos o naturales a las consecuencias del cambio climático. En Cisjordania, la imposibilidad de que la Autoridad Palestina (AP) realice políticas de adaptación es una consecuencia asociada directamente con la ocupación y tendrá repercusiones, tanto humanas como medioambientales, en la población palestina.
Las consecuencias para Palestina
Palestina e Israel están situados en una de las regiones más secas del mundo. Se espera que el cambio climático tenga como consecuencia un descenso en el régimen de precipitaciones en el lugar y el aumento de la temperatura media. Esto pone en serio riesgo la disponibilidad de agua y la agricultura en el territorio palestino ocupado, que tiene uno de los índices de agua disponible per cápita más bajos del mundo. La principal fuente de agua potable de Palestina es subterránea (predominántemente, de acuíferos); aproximadamente la mitad del agua extraída de los pozos es utilizada en la agricultura.
Israel ha creado un complicado sistema burocrático diseñado para controlar y restringir el acceso de los palestinos al agua subterránea sobre la base del cumplimiento de los términos del Acuerdo Provisorio de Oslo II de 1995, que adjudicaba temporalmente los recursos hídricos al gobierno israelí y a la Autoridad Palestina. Oslo II concedía a Israel el control de aproximadamente el 80 por ciento de las reservas hídricas de Cisjordania durante un primer periodo de cinco años. Por lo tanto, el acuerdo -que sigue vigente hasta hoy- no tenía en cuenta cambios en la distribución del agua en el lago plazo ni el crecimiento de la población.
La Comisión Conjunta del Agua -un organismo surgido de los acuerdos de Oslo- impide a los palestinos tomar cualquier decisión relacionada con el agua sin la aprobación de Israel, que les imposibilita acceder al río Jordán y les niega cualquier permiso para embalsar cualquier exceso de agua de lluvia. Por lo tanto, la política israelí dificulta extremadamente a los palestinos el desarrollo de nuevos accesos al agua o la reparación de la infraestructura existente; a menudo, el resultado de esto es la demolición de estructuras vitales y aljibes con el pretexto de que han sido construidos sin autorización de Israel. Al mismo tiempo, los 600.000 colonos ilegales sextuplican el consumo de agua de tres millones de palestinos en Cisjordania. La violencia de los colonos respecto de la infraestructura palestina pone aun más en peligro los frágiles sistemas de distribución de agua.
La mayor parte del agua de Palestina se utiliza para regar; esto significa que los labradores y los pastores serán los más afectados por la disminución de los recursos hídricos. El robo israelí de la tierra, las restricciones en los movimientos y el acceso controlado a los campos de pastoreo exacerban la particular vulnerabilidad de los campesinos y pastores palestinos. En Cisjordania, donde hay más de 400 controles de carretera, donde funciona un discriminatorio sistema de libramiento militar de permisos de desplazamiento, donde crecen los asentamientos de colonos -que cuentan con carreteras de uso exclusivo- y está recorrida por el Muro del Apartheid, la tierra de la que pueden disponer los palestinos para la agricultura y el pastoreo es cada vez menos y sus cosechas y rebaños se ven cada vez más amenazados. Es más, la mayor parte de los recursos naturales y los espacios abiertos, entre ellos algunas de las mejores tierras de labranza del valle del río Jordán, están en la Zona C, que comprende más del 63 por ciento de la Cisjordania ocupada; anexada de hecho al territorio israelí.
La Autoridad Palestina
La AP carece de soberanía jurisdiccional en más del 60 por ciento del territorio cisjordano y no dispone de un organismo político independiente para la gestión de los riesgos climáticos. La escasa capacidad gubernativa y la división política entre Hamas -en Gaza- y Fatah -en Cisjordania- intensifican los riesgos que sufre la ya vulnerable población palestina.
En particular, la AP carece del equipo necesario para sostener en el largo plazo la adaptación al cambio climático, un desafío que exige un apoyo político externo, una fuerte colaboración entre ministerios y los mayores recursos fiscales disponibles en la actualidad. Por ejemplo, en 2011 la Autoridad por la Calidad Medioambiental de la AP desarrolló una «Estrategia nacional para la adaptación al cambio climático» con el apoyo de expertos y donantes internacionales. El plan hace hincapié en la necesidad de la adaptación climática y estima que el costo de esa adaptación en los rubros del agua y la agricultura será de 1.000 millones y 369.000 de dólares, respectivamente, algo que excedo por lejos la actual capacidad recaudatoria de la AP. Vale la pena apuntar que muchos de los problemas fiscales de la AP derivan de la apropiación israelí de buena parte de los tributos, las ayudas y los beneficios comerciales palestinos.
En cuanto al apoyo internacional, en marzo de 2016, Palestina se convirtió en miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) y un mes más tarde ratificó los Acuerdos de París. El Plan Nacional de Adaptación de Palestina fue presentado en la UNFCCC en noviembre de 2016. Aunque estas acciones son muy necesarias, no son lo suficientemente rápidas ni exhaustivas como para remediar los efectos del cambio climático, que se agravan debido la continua expansión de la ocupación israelí.
Recomendaciones
1. Debería reconocerse que las disposiciones ambientales de los Acuerdos de Oslo II, especialmente las relacionadas con los derechos al agua han expirado y que los palestinos deberían recuperar el completo e irrestricto acceso a los acuíferos y al río Jordán.
2. La AP y las organizaciones de la sociedad civil palestina deberían realizar una campaña de concienciación para alertar a los palestinos acerca de los riesgos climáticos y sugerir estrategias para hacer frente a ellos.
3. Es crucial una recogida de datos precisos para fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático de la AP. Esta autoridad debería dedicarse a la recopilación coordinada, el análisis y la puesta en común de la información climática relevante centrándose en el nivel del clima local para facilitar un control en tiempo real.
4. Dado que la sociedad palestina depende en gran medida de la ayuda exterior, los donantes internacionales deberían priorizar la financiación de proyectos que incluyan sobre todo la mitigación de los riesgos climáticos. Sin embargo, abundan las críticas sobre la estructura de la ayuda internacional de las agencias y las ONG en los territorios ocupados; la incorporación de factores de vulnerabilidad climática a esta estructura no carece de preocupaciones éticas.
Zena Agha es miembro de Al-Shabaka. Entre sus áreas de trabajo están la construcción de asentamientos de colonos en la Palestina ocupada -con un enfoque especial en Jerusalén-, la historia de Oriente Medio y las prácticas espaciales.
Fuente: https://al-shabaka.org/memos/climate-change-and-the-palestinian-authority/
Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelión como fuente de la misma.