El pasado miércoles 3 de agosto el Servicio Penitenciario Israelí rechazó la petición de los abogados del joven preso palestino Ahmad Manasra para que le permitiesen abandonar el régimen de aislamiento en el que se encuentra desde hace ocho meses. La causa de Manasra, quien sufre trastornos mentales graves tras seis años de prisión, se ha convertido en un símbolo internacional del sufrimiento al que Israel somete a la población palestina.
El próximo 16 de agosto se celebrará una nueva audiencia para valorar si el joven de 21 años sigue sujeto a este régimen de detención. Según denunciaba Amnistía Internacional el mismo 3 de agosto, el abogado de Manasra: “Su vida está en peligro real, y las repetidas extensiones de su confinamiento solitario le están destrozando”.
Ahmad Manasra nació el 22 de enero de 2002 en Jerusalén Este. Desde su nacimiento convivió con el apartheid, la segregación y las humillaciones del régimen ocupante y sus vecinos colonos. En otoño de 2015 Ahmad estaba junto a su primo Hassan Manasra, dos años mayor, cuando este atacó con un cuchillo a dos colonos israelíes. Su primo fue abatido inmediatamente al ser disparado por un colono, mientras que Ahmad fue gravemente herido al ser atropellado deliberadamente por un civil israelí, ataque por el que sufrió ruptura de cráneo y hemorragias internas.
El
vídeo en el que el adolescente, tumbado en una charco de sangre, es
acosado, agredido e insultado por un grupo de colonos que le desean la
muerte se viralizó en las redes sociales. Detenido en aquel momento
Ahmad no volvería a ver su familia por siete años, pasando los primeros
meses esposado en el hospital donde trataron sus heridas. También fue
ampliamente difundido en las redes sociales el vídeo mostrando el
interrogatorio al que fue sometido, acusado de terrorismo, un
interrogatorio en el sufrió maltrato e intimidación sin la presencia de
sus padres o asistencia legal alguna. Aunque la justicia israelí aceptó
que el joven no participó en el apuñalamiento, fue condenado por intento
de homicidio.
Así, en 2016 Ahmad se sumó a los 170 niños retenidos en cárceles israelíes, de un total de 4.700 palestinos detenidos, junto a 640 en detención administrativa, es decir, sin haber pasado por ningún juicio. Tenía 14 años, y fie condenado a 12 años, una pena que posteriormente se redujo a nueve años y medio. Encarcelado en el centro de detención Eshel, en Bir Al Sabe —escenario de frecuentes protestas y huelgas de hambre por el maltrato que sufren los internos— el joven ha crecido en condiciones de abuso y violencia que le habrían afectado hasta el punto de desarrollar un trastorno mental grave. Su diagnóstico, en noviembre de 2021, lejos de contribuir a su liberación han agravado el castigo, al decidir las autoridades penitenciarios su aislamiento.
El pasado abril, el caso de Manasra sería revisado,
retirándose la acusación de terrorismo, sin embargo, meses después, en
junio, su expediente volvería a situarse en este marco, una maniobra que
desbarata la petición de la familia que solicita la liberación del
joven tras haber completado dos tercios de su condena. Lejos de permitir
la salida de Manasra, las autoridades penitenciarias han seguido
prorrogando su aislamiento.
El pasado 14 de julio expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas urgieron al gobierno israelí para que libere al joven. “La encarcelación de Ahmad por casi seis años le ha privado de infancia, entorno familiar, protección y de todos los derechos que se le debían haber garantizado como niño”, afirmaban. En el comunicado también recuerdan que las autoridades israelíes contravinieron su propia regulación cuando retuvieron a Ahmad hasta que, una vez cumplió 14, en 2016, dejó de estar protegido por la ley israelí que impide que los menores de esa edad puedan ir a la cárcel. No es la única irregularidad que denunciaron los expertos, que aducen que cuando Israel se acoge a la ley anti terrorista para denegar a Ahmad la reducción de la pena, está apelando a una legislación posterior a los hechos que le imputan, pues dicha legislación entró en vigor en noviembre de 2016, mientras que las enmiendas que prohíben la liberación anticipada para quienes hayan cometido crímenes graves relacionados con el terrorismo no se introdujeron hasta diciembre de 2018. Así los expertos ponen en el punto de mira la ley anti-terrorista que consideran ha generado “arbitrariedad y abuso”, y en particular su aplicación retroactiva en el caso de Ahmad Manasra.
Los expertos de Naciones Unidas instaban a las autoridades israelíes a la liberación inmediata del joven, que a sus 21 años, quien sufriría esquizofrenia, para que pueda volver con su familia y recibir el tratamiento y la terapia necesarias. Además recuerdan que el trato dado a Ahmad vulnera los estándares internacionales de protección a la infancia y critican especialmente la presión a menores que acaban autoinculpándose mediante coerción. “El caso de Ahmad provee clara evidencia de las prácticas deliberadas de Israel para someter a los palestinos, incluyendo a los niños, a detenciones arbitrarias, tortura y trato inhumano, a medida camufladas como una respuesta anti-terrorista legítima”, afirmaron los expertos.
A lo largo de estos años, el joven Ahmad se ha convertido en un símbolo de los abusos de la ocupación israelí. Con el lanzamiento de la campaña #freeAhmadMansara el pasado marzo, la Palestine-Global Mental Health Network (PGMHN) publicó un comunicado llamando a la liberación inmediata del joven. En su manifiesto, en el que se denunciaba el trato degradante recibido por el joven como el causante de sus trastornos mentales, y se calificaba el aislamiento de tortura, señalaba el silencio de la comunidad internacional. Esta red por la salud mental lanzó asimismo una petición que tras acumular más de medio millón de firmas, llegó hasta las autoridades israelís a finales de junio, sin conseguir alterar la suerte de Manasra. “El caso de Ahmad es una parte integral del sistema de venganza y colonial que cada año detiene aproximadamente a entre 500 y 700 niños palestinos, hasta de 12 años de edad, que son detenidos y juzgados ante juzgados militares israelís, denunciaban desde el PGMHN.