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El Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) pide a la comunidad internacional que intervenga urgentemente para salvar la vida de Maher al-Akhras

Fuentes: PCHR

Las autoridades de ocupación israelíes siguen deteniendo a Maher al-Akhras, palestino de 50 años, 78 días consecutivo sin cargos ni juicio, en régimen de detención administrativa a pesar del deterioro de su estado de salud al iniciar una huelga de hambre desde el primer día de su detención el 27 de julio de 2020. El Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) hace un llamamiento a la comunidad internacional para que presione a las autoridades israelíes para que liberen a al-Akhras, ya que no hay medios legales para perseguirlo debido a la naturaleza de la detención administrativa que se ejecuta sin cargos ni juicio. El PCHR también insta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967 a que intervengan inmediatamente para liberar a al-Akhras.

Al-Akhras fue llevado a un centro de detención en Howarah después de que las Fuerzas de Ocupación israelíes lo arrestaron y posteriormente transferido a la prisión «Ofer» después de iniciar una huelga de hambre. Debido al deterioro de su estado de salud, al-Akhras fue transladado a la prisión de al-Ramlah. El 23 de septiembre de 2020, al-Akhras fue admitido en el Centro Médico de Kaplan después de que su estado de salud entrase en fase muy crítica, con perdida la conciencia y serias complicaciones.

Se supone que la Corte Suprema de Israel debe considerar la apelación de al-Akhras, presentada por su abogado el lunes 12 de octubre de 2020, para su puesta en libertad. Esta apelación es la tercera, ya que el abogado de al-Akhras presentó una solicitud para liberarlo el 23 de septiembre de 2020, y el tribunal israelí ordenó congelar la decisión de detención administrativa sin liberar a al-Akhras. Por lo tanto, el abogado presentó otra solicitud el 1 de octubre de 2020, pero el tribunal la rechazó con el pretexto de que no hay una decisión de abolición en primer lugar, porque ya había sido paralizada por el tribunal. Por lo tanto, los intentos del poder judicial israelí de mantener este asunto en un círculo interminable para mantener a al-Akhras detenido sin cargos ni juicio.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la detención administrativa practicada por las autoridades israelíes en virtud del artículo (273) de la Orden Militar Nº 1651. Según la Orden Militar, que se basa en el Reglamento de Emergencia promulgado en 1945 durante el mandato británico, las autoridades israelíes pueden detener a quien quieran sin cargos ni juicio y sin permitir que la persona detenida o su defensa sean informados de las razones de su detención. La orden de detención es emitida por el Comandante Militar del Distrito de Israel y el juez israelí suele aprobarla sin discusión.

La detención se basa en la información proporcionada por el oficial de inteligencia israelí en la zona, y esta información no puede ser revelada en el tribunal ni tan siquiera a la persona acusada o su defensa alegando que es información confidencial. El juez militar israelí, que suele ser un oficial en la reserva, es la única persona que puede ver esta información y adoptarla como un hecho sin examen ni discusión en la mayoría de los casos. En consecuencia, la persona acusada se ve privada de su derecho a la defensa, ya que no hay ningún cargo para refutarlo, y su defensa no puede presentar argumentos en contra sin conocer la información en la que la fiscalía basó su caso. En consecuencia, el trabajo de la defensa se convierte en un juego de caza de fantasmas.

Actualmente, 350 personas palestinas[1] están detenidas por las autoridades israelíes bajo detención administrativa sin cargos ni juicio; el número era de 431 en enero de este año[2]. Cada año, las autoridades israelíes detienen administrativamente a cientos de civiles palestinos, incluyendo menores de 18 años y la detención de algunas personas se renueva periódicamente cada 3 o 6 meses. Algunas de ellas en detención administrativa por años, llegando a 10 años en algunos casos. Las órdenes de detención administrativa emitidas por la ocupación israelí desde 1967 ascendieron a más de 50.000. [3]

Cabe señalar que la orden militar mencionada contradice los compromisos internacionales sobre la ocupación israelí, como en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a un juicio judicial adecuado. El PCHR mencionó aquí que las autoridades de ocupación están obligadas a respetar el Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales de derechos humanos de forma paralela en el territorio palestino ocupado, y que lo que los altos órganos contratados que supervisan la aplicación de los convenios de derechos humanos confirmaron en varios lugares y en todas las anotaciones finales enviadas por esos órganos para responder a los informes de las autoridades de ocupación a este respecto.

El Comité contra la Tortura, que se ocupa del seguimiento de la aplicación de la Convención contra la Tortura, exigió a la potencia ocupante israelí que «adoptara todas las medidas necesarias para abolir la práctica de la detención administrativa y para que todos los presos y presas actuales sujetos a detención administrativa pudieran gozar de todas las garantías jurídicas básicas»[4], el 13 de mayo de 2016.

Cabe señalar que el número de los detenidos administrativos varía de vez en cuando, ya que alcanzó su punto culminante en 1989 cuando llegó a (1794) prisioneros[5]. El número de personas en prisión disminuyó gradualmente después de las protestas de éstas, en las que el último y más destacado de ellas fue el uso de sus celdas corporales para defender su dignidad, practicando las huelgas de hambre, como último y único medio de reparar su dignidad y obtener sus derechos.  En 2013, el número de detenidos disminuyó a sólo 150[6]. Más tarde, el número comenzó a aumentar de nuevo, y su insistencia de los detenidos para utilizar lo que les queda para defender sus derechos y su dignidad, las huelgas de hambre.

La detención administrativa se considera uno de los ejemplos más destacados de la represión de la ocupación israelí contra la población palestina, que tiene por objeto perjudicarla y convertir sus vidas en un infierno. Sin embargo, eso es lo que las autoridades de ocupación israelí heredaron del mandato británico, y añadieron su interminable idea de limitación, ya que sólo fue renovada una vez durante el Mandato británico.

PCHR expresa su conmoción por el silencio internacional frente a los crímenes de la ocupación israelí, y el retraso injustificado de los organismos internacionales de derechos humanos, y la libertad del mundo para intervenir para salvar la vida de al-Akhras. El PCHR hace un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y al Relator Especial del territorio palestino ocupado para que intervengan de inmediato para salvar la vida de Maher al-Akhras y trabajen para ponerlo en libertad inmediatamente y sin demora.

El PCHR hace un llamamiento al mundo libre para que inste a las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra a que se reúnan para abolir los artículos relacionados con la detención administrativa del Cuarto Convenio de Ginebra, y a que tipifiquen como delito toda detención sin cargos ni juicio, ya que es inimaginable contar con una disposición de este tipo en el siglo XXI.

El PCHR también hace un llamamiento a la comunidad internacional para que presione a Israel para que responda a sus obligaciones en virtud de las normas internacionales de derechos humanos con respecto al territorio palestino ocupado, en paralelo con su compromiso con las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, a fin de lograr la máxima protección de los civiles palestinos bajo la ocupación israelí.

[1] Addameer Prisoners’ Support and Human Rights Association, Statistics of September 2020, http://www.addameer.org/statistics

[2] B’Tselem, Data on administrative detention in the West Bank, Statistics of September 2020, https://www.btselem.org/administrative_detention/statistics

[3] Palestinian News and Information Agency (WAFA), Reality of Administrative Detention in the Prisons of the Israeli occupation,

[4] Committee Against Torture, Concluding observations on the fifth periodic report of Israel, (CAT/C/ISR/CO/5)  < https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsmEKqNhdzbzr4kqou1ZPE79BvBJe97SSM1KP2v4ng3Dhx74ohsby7x4AlEgvGhwtvav7rPvZmtwpwObldkyK%2BM9cNY7svWLlYmp6PB4chW8O>

[5] “Wafa” Palestinian News and Information Agency https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=394

[6] “Wafa” Palestinian News and Information Agency https://info.wafa.ps/ar_page.

Traducido por Rumbo a Gaza

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