Traducido del inglés por Carlos Sanchis y revisado por Caty R.
El ataque ilegal e inmoral de Israel al convoy de ayuda humanitaria de la Flotilla de la Libertad, que dejó al menos nueve muertos y decenas de heridos ha dejado, legítimamente, atónito al mundo. El convoy de seis barcos, compuesto íntegramente por personal civil, transportaba unas 10.000 toneladas de ayuda humanitaria urgente y a casi 700 ciudadanos de 40 países distintos. La Flotilla era un ambicioso intento de romper el sitio impuesto por Israel al millón y medio de palestinos de la Franja de Gaza ocupada desde 2007. Llevaba a distinguidos parlamentarios, líderes religiosos, escritores, periodistas, un Premio Nobel de la Paz y un superviviente del Holocausto; el convoy de ayuda no sólo se proponía proporcionar suministros de ayuda a Gaza, también pretendía dirigir el foco internacional hacia la crisis humanitaria impuesta a los habitantes de Gaza y el imperativo de acabar con ella. No se puede negar que el último objetivo ha tenido éxito, aunque con trágicas consecuencias.
El ataque israelí al convoy desarmado en aguas internacionales fue «[una clara] violación del derecho humanitario internacional, de la ley internacional del mar, y [en la mayoría de interpretaciones] del derecho penal internacional», en palabras de Richard Falk, profesor de Derecho Internacional y Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados. Es una triste realidad que los gobiernos del mundo durante mucho tiempo han sido cómplices o espectadores apáticos de los crímenes de Israel y han fomentado su cultura de la impunidad bajo el escudo del respaldo incuestionable por parte de Estados Unidos. Su condena inicial no resistió, Estados Unidos presionó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, una vez más, para que adoptaran un lenguaje ambiguo que libre a Israel de responsabilidades y establezca la paridad entre el agresor y la víctima.
Como de costumbre, el Gobierno israelí ha culpado a las víctimas de su incursión de atacar a los soldados israelíes y ha alegado «legítima defensa». El destacado experto jurídico y director del Centro Sidney para el Derecho Internacional de la Escuela de Derecho de Sidney, el profesor Ben Saúl, rechaza con firmeza la afirmación de Israel argumentando: «En términos jurídicos, las fuerzas militares gubernamentales que abordan un barco para capturarlo ilegalmente tienen la misma consideración que los demás delincuentes. En esa situación el derecho a la autodefensa corresponde a los pasajeros de a bordo, cualquier persona tiene el derecho legal de resistirse a que la capturen ilegalmente, la secuestren o la detengan». Añade que «si las fuerzas israelíes mataron a las personas no sólo han infringido el derecho a la vida, sino que además pueden haber cometido graves delitos internacionales. Según el artículo 3 de la Convención de Roma para la Eliminación de los Actos Ilegales contra la Seguridad de la Navegación Marítima de 1988, es un delito internacional para cualquier persona apresar o ejercer control sobre un buque por la fuerza, y también un crimen herir o matar a cualquier persona en el proceso».
A pesar de la declaración del Secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, exigiendo a Israel que acabe con el asedio ilegal a Gaza, el Consejo de Seguridad ha fracasado en exigir un final incondicional del bloqueo y permite a Israel que cometa crímenes graves impunemente, también documentados en el informe Goldstone de las Naciones Unidas.
La ausencia de una actuación significativa por parte de los gobiernos para responsabilizar a Israel ante el derecho internacional, abre el camino a los ciudadanos de conciencia: deben tomar ellos mismos esa responsabilidad, como se hizo contra la Sudáfrica del apartheid. Iniciativas no violentas impulsadas por los ciudadanos, simbolizadas por la Flotilla y varias campañas de boicot y desinversiones por todo el mundo, representan el modo más prometedor de superar el fracaso de los gobiernos del mundo para hacer frente a la intransigencia y la ilegalidad de Israel. Al atacar flagrantemente los barcos de ayuda, Israel ha originado sin querer una concienciación sin precedentes y una condena no sólo de su mortífero asedio a Gaza, sino del contexto más amplio de las prácticas de ocupación israelíes en los Territorios Palestinos, de la denegación de los derechos de los refugiados palestinos y de sus políticas de apartheid hacia los ciudadanos autóctonos «no judíos» de Israel.
La Flotilla de la Libertad trae a la mente los tipos de iniciativas de la sociedad civil que pusieron fin a las leyes de la segregación en EE.UU. y el apartheid en Sudáfrica, una analogía imposible de ignorar. Igual que el régimen del apartheid en Sudáfrica, la reacción de Israel ha sido etiquetar este acto no violento de «provocación internacional». Como en el caso de Sudáfrica, el llamamiento a la solidaridad internacional en forma de boicot, desinversiones y sanciones (BDS) procede de una abrumadora mayoría de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil palestina en 2005, y está siendo acogido por ciudadanos de conciencia y movimientos sociales de todo el mundo. La iniciativa BDS llama al aislamiento eficaz de Israel, de sus negocios cómplices, instituciones académicas y culturales, así como de las empresas que se benefician de sus violaciones de los derechos humanos y sus políticas ilegales mientras dichas políticas continúen.
Creo que la iniciativa BDS es una estrategia moral que ha demostrado su potencial de éxito. Muy recientemente el alemán Deutsche Bank se ha convertido en la última de varias instituciones financieras e importantes fondos de pensiones que han retirado sus inversiones del fabricante de armas israelí Elbit Systems. La semana pasada dos importantes cadenas de supermercados italianos anunciaron un boicot de productos procedentes de los ilegales asentamientos israelíes. El mes pasado los artistas Elvis Costello y Gil Scott-Heron cancelaron sus actuaciones en Israel.
Recordando la lucha popular antiapartheid de Sudáfrica, la actual generación de estudiantes de los campus de las universidades está haciendo un llamamiento activo a sus administraciones para que adopten políticas de desinversiones.
Apoyo las sinceras palabras del escritor escocés Iain Banks, quien en reacción al atroz ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad sugirió que el mejor modo para los artistas internacionales, escritores y académicos de «convencer a Israel de su degradación y aislamiento moral» es «simplemente por medio de no tener nada más que hacer con este Gobierno criminal.»
Stéphane Frédéric Hessel es diplomático, ex embajador, combatiente de la Resistencia francesa y agente del BCRA. Nacido alemán, obtuvo la nacionalidad francesa en 1937. Participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Fuente: www.huffingtonpost.com/