Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Israel está actuando como una organización criminal que opera de acuerdo con sus propias leyes
La ministra de Justicia Ayelet Shaked y el Fiscal General Avichai Mendelblit, 26 de octubre de 2017. Oren Ben Hakoon
El fiscal general Avichai Mendelblit autorizó el miércoles la confiscación de tierras palestinas privadas para las necesidades de los colonos de Cisjordania. Su decisión se debió a la petición de la ministra de Justicia Ayelet Shaked para la pavimentación de un camino hacia el puesto ilegal de Harasha, sin el cual sería imposible volverlo «legitimo».
Su opinión se basó a todas vistas en la sentencia del juez retirado de la Corte Suprema Salim Joubran sobre Amona. Joubran dictaminó que el comandante militar en Cisjordania también debe velar por las necesidades de los colonos, ya que se cuentan entre los residentes de la región. Joubran citó la decisión del expresidente de la Corte Suprema Aharon Barak de que «los israelíes en la zona tienen derecho a la vida, la dignidad, la propiedad y el resto de los derechos que disfrutan todos en Israel».
Con todos los conflictos que plantean estas sentencias, la suposición de que Mendelblit está implementando el veredicto de Joubran es infundada. Joubran subrayó que la necesidad de proteger a los colonos no puede difuminar el estatus especial de los palestinos, una población «protegida» según el derecho internacional, y que el comandante militar debe tener cuidado de no tomar ninguna medida que vulnere los derechos de los residentes del Estado en favor de la ocupación.
Mendelblit y Shaked claramente eligieron ignorar estos puntos. También están arrojando arena a los ojos del público, porque el veredicto del tribunal no se ocupó de la expropiación de tierras para las necesidades de las colonias y tampoco dictaminó que tal acto fuera legal.
Ahora se puede esperar que la opinión de Mendelblit sirva al apetito insaciable de los colonos por las tierras privadas palestinas. Sin embargo, en el proceso legal de blanqueo, los funcionarios involucrados omitieron, como siempre, la cuestión de la legalidad de las colonias. De acuerdo con el derecho internacional, todas las colonias de Cisjordania son ilegales. Por lo tanto Mendelblit no puede legitimar el robo de tierras palestinas en favor de un acuerdo en nombre de «necesidades públicas», porque el público para el que se pretende robó la tierra en la que está habitando.
Israel está actuando como una organización criminal que opera de acuerdo con sus propias leyes y está convencida de que puede considerarse un cuerpo legal.
Mendelblit adornó su opinión con una serie de calificaciones vagas como «factibilidad» y «proporcionalidad». Estos términos no tienen ningún significado práctico cuando se trata de la codicia por el robo de tierras que impulsa a os colonos y al Gobierno. Tal opinión es conducente a vulnerar los derechos de los palestinos, a la violación de la ley internacional por parte de Israel y a socavar la legitimidad del sistema de justicia de Israel.
Fuente: https://www.haaretz.com/opinion/editorial/1.823308
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