Traducción para Rebelión de Loles Oliván
El combate de la inestabilidad política en Bahréin se acerca a su primer aniversario. Aunque existen múltiples partes en este prolongado conflicto, los analistas siguen centrándose casi exclusivamente en un único binomio: suníes contra chiíes. Para algunos, el mantenimiento de la movilización de los chiíes de Bahréin desde el 14 de febrero de 2011 supone la continuación de una lucha de décadas a favor de reformas sociales básicas. Para otros, se trata de un intento oportunista de hacerse con el país de manera absoluta con el respaldo en espíritu, si no en los hechos, de simpatizantes extranjeros. Según cualquiera de estas dos lecturas, la clave de la cuestión de Bahréin radica en el enfrentamiento entre el Estado suní y la oposición dirigida por los chiíes. Muchos consideran la revuelta de esta pequeña isla como un microcosmos de la competencia por el dominio regional entre las monarquías árabes del Golfo e Irán, así como de sus respectivas potencias patronas.
Ciertamente, el levantamiento del 14 de febrero debería haber invitado a un examen más profundo de la lucha de la desposeída mayoría chií contra el Estado dominado por los suníes. De los 21 dirigentes de la oposición ahora encarcelados en relación con las protestas masivas de febrero y marzo, sólo uno es suní. El partido de oposición más grande y mejor organizado de Bahréin, al-Wifaq, está dirigido políticamente por un secretario general con turbante y, espiritualmente, por el clérigo chií de más alto rango de la isla. Y el movimiento juvenil de la calle que rechaza la oposición formal -favoreciendo enfrentamientos nocturnos con la policía antidisturbios- está integrado por residentes de las aldeas chiíes periféricas de la capital de Manama.
El Estado, por otra parte, está controlado por la tribu gobernante de los Al-Jalifa y, en mucha menor medida, por un conjunto de familias aliadas. La mayor parte de estas últimas asistieron a los Al-Jalifa en su conquista de Bahréin en 1783. El régimen, por lo tanto, es tribal aunque la mayoría de sus vástagos sean de hecho suníes. Los suníes destacan especialmente en aquellos organismos gubernamentales encargados de salvaguardar el poder del Estado, incluida la policía y las fuerzas armadas. En una encuesta a ciudadanos bahreiníes que realicé en 2009, un 13% de las familias suníes informaron de que al menos un miembro era empleado de la policía o del ejército. Ni un solo varón chií de los que proporcionaron datos sobre ocupación laboral -entre 127 encuestados- dijo algo similar.
La narrativa de «Estado suní versus rebeldes chiíes» no carece, por tanto, de fundamento. Sin embargo, su utilización como marco para analizar la política de Bahréin, incluyendo el actual impasse, oculta otros elementos importantes de la historia, incluso referentes absolutos. La línea por la que discurre la historia dice muy poco, por ejemplo, de los ciudadanos suníes de a pie que representan más de un tercio de la población de la isla y que están casi tan alejados del poder como los chiíes. Esos bahreiníes no han sido menos decisivos que los chiíes o que el Estado en la conformación de la trayectoria política del país durante el año pasado. Nominalmente a favor del gobierno, la población suní ha funcionado, quizá sin darse cuenta, como el cimiento de la monarquía Al-Jalifa, la seguidora étnico-religiosa cautiva condicionada a preocuparse más por combatir lo que se percibe como una deriva de las ambiciones colectivas chiíes que por promover una agenda política independiente.
Sin embargo, existen indicios de que las fuerzas sociales desatadas por la insurrección y el despertar árabe general han hecho a los suníes de Bahréin más conscientes de su perenne posición de contrapeso político, y más resistentes contra ella. Los mismos movimientos de base que se levantaron en defensa del régimen en febrero y marzo se atreven ahora a articular sus propias reivindicaciones a favor de la reforma si bien todavía no lo hacen con un propósito coherente. Desde los días en que la revolución iraní amenazó con inundar el Golfo Pérsico con el populismo islamista, los gobernantes de Bahréin han formulado ese espectro a fin de ganar el apoyo reflexivo de los suníes de a pié y para difuminar la presión ciudadana en pro de una apertura política. Irónicamente, puede que un trastorno iniciado por los chiíes de Bahréin sea lo que acelere el final de este arreglo.
Retomar la política del Golfo
La interpretación predominante de la política del Golfo Pérsico -el llamado paradigma de Estado rentista- sostiene que los regímenes pueden comprar la aquiescencia política de la ciudadanía a través de una distribución razonable de los ingresos petroleros. Sin embargo, al igual que sus compañeros de las familias reales, los gobernantes de Bahréin han descubierto hace mucho tiempo que hay mucha gente a la que no le se aplaca con la promesa del enriquecimiento o de otras ventajas. Asimismo, han aprendido que no tienen porque silenciar a esos ciudadanos ruidosos, siempre y cuando mantengan una coalición mínima de seguidores que les supere. Desde el punto de vista del gobierno de Bahréin, ello significa que es mejor dedicar unos recursos finitos a satisfacer a unos seguidores cuya continua lealtad sea suficiente para mantener al gobierno en el poder. El Estado ha argumentado que es probable que muchos chiíes sean infelices con el gobierno de los Al-Jalifa pero que sus quejas serán en vano mientras la mayoría de los suníes sigan siendo leales, especialmente los que llevan uniforme.
Los acontecimientos de los críticos primeros dos meses del levantamiento parecían apoyarse perfectamente en esta lógica. Justo cuando las protestas en aumento parecían plantear una amenaza existencial para el status quo, los suníes organizaron una movilización masiva de los suyos, conocida como Encuentro de Unidad Nacional. De acuerdo con la naturaleza popular del grupo, no estaba dirigida por una figura política reconocida sino por un clérigo y profesor universitario convertido en activista. Los mítines y campañas progubernamentales de violencia armada contra los manifestantes chiíes trataron de reducir el impulso de la sublevación. A mediados de marzo, se produjo una contrarrevolución en toda regla que podría haber causado abiertos enfrentamientos sectarios. El primer ministro de Bahréin, Jalifa bin Salman Al-Jalifa, rendiría homenaje más adelante a esos «ciudadanos leales» por su «honorable movilización contra esas tramas perversas» y «por permanecer unidos como un baluarte de la defensa de su país contra las conspiraciones subversivas». [1]
Sin embargo, incluso antes de la revuelta de Bahréin estaba claro que la política de la isla no funciona por parámetros de supuestos rentistas. A principios de 2009, llevé a cabo la primera encuesta política popular entre ciudadanos comunes de Bahréin como parte de un estudio sobre conflictos sectarios y movilización política en los países árabes del Golfo. [2]. Dirigida a una muestra nacional representativa de 435 familias, la encuesta pretendía precisamente evaluar la importancia relativa de la prosperidad y la identidad confesional en la determinación de la orientación política. Los resultados muestran, entre otras cosas, que las opiniones políticas y los comportamientos de los chiíes de Bahréin no están muy influidos por el nivel de satisfacción económica, mientras que sí lo están para los ciudadanos suníes. En otras palabras, la variación en el apoyo al gobierno de Bahréin entre los ciudadanos chiíes no está relacionada con el bienestar material mientras que entre los suníes las consideraciones económicas son muy importantes en la formación de actitudes políticas.
Consideremos, por ejemplo, la cuestión de la participación en manifestaciones políticas. A los encuestados se les preguntó si habían participado en alguna manifestación en los tres años anteriores. De acuerdo con los datos de la encuesta, un suní que declaraba gozar de una economía familiar «muy buena» presentaba únicamente un 7% de probabilidades de haber participado en igualdad de condiciones, en tanto que un suní cuya situación familiar era «buena» presentaba el 16% de probabilidades; uno de condición «pobre», el 29%, y uno «muy pobre» el 45%. Entre los encuestados chiíes, por el contrario, la probabilidad estimada de manifestarse aumentaba en un 48% entre los que declaraban una situación económica «muy buena», hasta un 51% entre los que la declaraban «muy mala», un aumento que es estadísticamente indistinguible de cero. A principios de 2009, los chiíes más pobres de Bahréin no eran más propensos a las protestas que cualquier otro chií. Pero los suníes más pobres eran mucho más propensos a hacerlo.
En sólo dos de los seis modelos estadísticos investigados en el estudio, la economía familiar resultó ser un detonante significativo de la participación política directa o indirecta, y no sólo entre los suníes.
Los ciudadanos chiíes protestan, firman peticiones, asisten a las consultas populares y votan en las elecciones no porque busquen reparación a los agravios económicos sino por principios. Su orientación política emana de la insatisfacción con el sistema en su conjunto, en el que la posición social chií y el acceso al poder político están limitados debido a la afiliación confesional. Se evidencia que el modelo rentista únicamente funciona entre los suníes, y se constata otra repercusión: que los gobernantes de Bahréin no obtienen de los ciudadanos suníes vía libre por razones sectarias meramente. Por su apoyo casi incondicional y su ayuda para mantener a raya a los más feroces críticos del gobierno, los suníes de a pié esperan algo a cambio.
La otra revolución de Bahréin
Por desgracia para el régimen, la experiencia del país en los últimos 11 meses -que abarca protestas populares, una ofensiva general y en la actualidad intentos superficiales de reconciliación y reforma- ha puesto de manifiesto y agravado los problemas fundamentales de la estrategia sectaria del gobierno. El primer problema reside en mantener la narrativa sectaria que subyace a la renuencia general de los suníes, ya sea para unirse al ya existente movimiento bahreiní a favor de la reforma, o para impulsar un programa propio. El problema puede que no sea evidente hoy en día, después de la exitosa demonización de la oposición por parte del gobierno. El diario de línea dura Al–Watan, por ejemplo, ha calificado a la organización chií islamista al-Wifaq de ser un «Hizbolá bahreiní» respaldado por Irán. Pero ello no era necesariamente así en febrero y marzo.
En el punto álgido de las manifestaciones, la Plaza de la Perla acogió a una serie de personalidades suníes que hicieron un llamamiento a sus correligionarios para que se unieran al movimiento de protesta. Esos suníes insistían en que el movimiento era en interés de todos los ciudadanos y no sólo de los chiíes. Los manifestantes se pusieron pegatinas e insignias con el lema «Ni suníes ni chiíes. Simplemente bahreiníes». Aunque estos intentos de reducir la brecha sectaria y política nunca ganaron fuerza y aunque probablemente pocos suníes fueran a ser convencidos en cualquier caso, incluso la remota posibilidad de una coordinación para una cruzada sectaria fue suficiente para provocar un furioso intento del gobierno de tachar al levantamiento de conspiración iraní -y para aislar y castigar a los suníes que se atrevieron a unirse a ella.
La gente se dio cuenta de que llevar símbolos [con el lema] de «Simplemente bahreiníes» les señalaba para ser acosados en los puestos de control. Uno de los oradores en la Plaza de la Perla, ex oficial del ejército y salafí llamado Muhammad Al Bu Filasa, fue detenido horas después de su discurso y liberado unos meses después solo tras emitir una disculpa y una retractación forzada que fue transmitida por la televisión estatal. Desafortunado también fue Ibrahim Sharif, entonces secretario general de la Sociedad Nacional de Acción Democrática, laica y de tendencia socialista. Antiguo crítico del gobierno, Sharif, también aprovechó la ocasión del levantamiento para hacer un llamamiento a que los suníes rompieran con el régimen. Juzgado por un tribunal militar junto con otros 20 altos dirigentes de oposición -todos ellos chiíes- en la actualidad cumple una condena de cinco años de prisión.
Al alienar a los suníes de a pié del movimiento de reforma existente el Estado ha tenido mucho éxito. Pero en su intento de dirigir la energía suní a contener a la oposición, los gobernantes de Bahréin han cultivado una atmósfera de miedo e incluso de enemistad personal hacia los «traidores» chiíes que ha despertado a un amplio sector de la población suní de la inactividad política. La gente que previamente se sentía satisfecha dejando la toma de decisiones a la élite gobernante es ahora más reacia a someterse a su sabiduría, incluida la del propio rey Hamad.
Alertados constantemente sobre el peligro chií, muchos suníes ven una contradicción entre las alarmas y la simultánea falta de voluntad del gobierno para acabar con la amenaza de una vez por todas. Como resultado, el favor popular de los conservadores dentro de la familia real se ha incrementado notablemente en detrimento de los que se ven como demasiado conciliadores, incluido el rey y su hijo, el príncipe heredero. De hecho, cuando los chiíes de Bahréin recitan el grito de batalla de las revueltas árabes -«¡El pueblo quiere la caída del régimen!- los suníes comúnmente replican: «¡El pueblo quiere a Al-Kalifa bin Salman!». La implicación es que el halcón primer ministro de Bahréin, de 41años, manejaría mejor a los alborotadores que un indeciso rey Hamad.
El segundo problema, más difícil de resolver en el acto de equilibrio político es, precisamente, que cuanto más logra convencer el Estado a los «ciudadanos leales» de la necesidad de defender Bahréin de los chiíes y de los planes iraníes, más se expone a la acusación de no actuar con la suficiente firmeza. Cada acto de clemencia que se percibe, cada rumor de negociaciones bajo cuerda con al-Wifaq, ofrece otra ocasión para un contragolpe suní. Por poner un ejemplo: el 9 de enero el Estado se doblegó al oprobio internacional y anuló las sentencias a muerte de dos manifestantes condenados en mayo por asesinar a dos agentes de la policía. Dos días después, un colérico editorial aparecido en Al–Watan advertía:
Si el Estado quiere retirarse o participar en sospechosas operaciones y permitir que los traidores corten su cuello o incluso su cabeza, es asunto suyo. Pero nosotros [los suníes] nos negamos a ser meros espectadores, aduladores o títeres que no se adhieren a sus convicciones y que cambian rápidamente de ánimo, de alianzas y de actitud. [3]
Muchos suníes sienten que el gobierno no puede tener las dos cosas: si la amenaza chií es grave como para que el régimen requiera apoyo constante, debe ser lo suficientemente grave como para descartar un compromiso del Estado con la oposición o someterse a la presión internacional sobre asuntos de seguridad nacional.
La frustración es tan grande que algunos ciudadanos han comenzado a tomar el asunto en sus propias manos. En diciembre, una procesión religiosa chií fue atacada por miembros de una «sociedad militar» recién fundada por Adil Filayfil, un polarizado ex oficial de inteligencia despedido en 2002 tras haber sido acusado de torturas generalizadas. Los asistentes a la procesión, afirmó Filayfil más tarde en una reunión en la que fue amonestado por el ministro del Interior, se habían negado a modificar su recorrido por los barrios suníes y gritaban consignas contra el gobierno. Su grupo había salido sólo allí en donde el Estado había dejado de actuar.
Aunque estos acontecimientos sean muy preocupantes para los gobernantes de Bahréin, más ominosa aún es la causa final de la insatisfacción suní y sus implicaciones para la viabilidad de la estrategia política del régimen. Dado que el gobierno está obsesionado con gestionar el descontento chií, la creciente impresión entre los suníes de a pié es que se les está mal pagando su sostenida lealtad y que se les está haciendo aceptar que la asistencia y los recursos vayan a parar a apaciguar el permanente descontento chií. A pesar de ser desproporcionadamente leales a la familia real de Bahréin, muchos suníes observan, sin embargo, que están perdiendo la mayor parte de sus beneficios.
Al igual que el Encuentro de Unidad Nacional, la movilización en torno a ese sentimiento ha eludido lugares tradicionales de la política suní de Bahréin, incluidas las dos sociedades políticas muy bien establecidas del país -una salafista, la otra afiliada a los Hermanos Musulmanes- representadas en el Parlamento desde su restablecimiento en 2002. En el decenio transcurrido, ninguna sociedad (los partidos son ilegales en Bahréin) ha hecho nada más allá de poner sello a las iniciativas del gobierno y, desde que al-Wifaq puso fin a su boicot electoral en 2006, obstruir a la oposición. De hecho, alguna pista sobre la orientación de la representación formal de los suníes en el Parlamento puede deducirse del hecho de que Bahréin sea el único país árabe donde los Hermanos Musulmanes han estado históricamente a favor del gobierno.
Por lo tanto, una nueva generación de activistas suníes ha comenzado a exigir un papel más eficaz en la toma de decisiones políticas y una mayor participación en los beneficios del Estado. Entre los más escuchados de estas coaliciones emergentes se encuentra una rama del Encuentro de Unidad Nacional, denominada Unión de Jóvenes al-Fatih, cuyas reuniones de los viernes atraen a miles de partidarios suníes cada semana. Una columna de al–Watan describe al grupo como «un encuentro de jóvenes que no quieren que se les asocie con ninguna de las tendencias políticas existentes»; continúa:
Se alimentan del hecho de que aquellos que siempre han apoyado la entidad de Bahréin, el arabismo, la soberanía y a la familia real, están siendo engañados porque su lealtad se da por sentada; por ello se les trata como una división de reserva. Se trata de un grave error que nunca sabremos a donde conducirá. [4]
La percepción de que el gobierno se esfuerza más en ganar a sus detractores que en recompensar a sus partidarios se sirve de un antiguo recelo suní por encima de otros aparentes despilfarros de los recursos del Estado, incluida la corrupción, y el programa bahreiní puesto en marcha hace una década de naturalización de suníes extranjeros a cambio de sus servicios en la Policía y en el Ejército. A pesar de una economía debilitada y de ingresos petrolíferos per cápita muy inferiores a los de otros Estados del Golfo, en Bahréin, los precios de propiedad siguen siendo altos y la vivienda particular está fuera del alcance de muchos ya que la familia real posee una parte desproporcionada de la isla (que alcanza el tamaño de 2,5 veces Washington, DC) y reparte extensas parcelas a sus aliados de alto nivel. Sin embargo, al mismo tiempo que Bahréin es incapaz de acomodar a sus ciudadanos ya existentes, recluta otros nuevos en el extranjero: suníes de Yemen, de Siria, de Pakistán y de otros países para conseguir abastecer a un ejército cuyo gasto ocupa el undécimo lugar en el mundo en proporción al PIB. [5] Debido que los chiíes son los que han llevado la protesta sobre estos temas, la crítica organizada suní ha sido silenciada por temor a quedar asociada con la oposición. Sin embargo, en privado, los suníes se muestran preocupados, sobre todo por lo que consideran la disolución de la identidad nacional de Bahréin a través de la naturalización política.
El futuro de la docilidad suní en Bahréin
Por supuesto, la perspectiva de transformación total en la orientación política suní de Bahréin hace frente a obstáculos que el Estado va a estar ansioso de fortalecer. La primera pregunta es si los ciudadanos pueden mirar más allá de la táctica gubernamental del miedo que proclama: «O estáis con nosotros o estáis con los mullahs de Irán». La campaña es doblemente eficaz, ya que desalienta toda participación política, al tiempo que desvía el entusiasmo de quienes insisten en ser activos contra la oposición. Igualmente difícil es la cuestión de lograr la cooperación entre una población suní diversa y políticamente fragmentada. Es poco probable que las tribus que se han alineado históricamente con los Al-Jalifa cambien su lealtad y se contenten con seguir siendo apolíticas, mientras que la experiencia ha demostrado que incluso las sociedades salafistas y de los Hermanos Musulmanes en el Parlamento tienen difícil hacer política juntos y coordinarse electoralmente. Los nuevos movimientos como el Encuentro de Unidad Nacional ya hacen frente a sospechas de cooptación, alimentando la disensión interna y obligando a grupos como la Unión de Jóvenes al-Fatih a separarse. A pesar de décadas de organización y una mayor unidad de propósito, la oposición chií de Bahréin no ha superado su tendencia a las fracturas. ¿Qué esperanza cabe, pues, para los suníes?
Sin embargo, independientemente del resultado final del despertar político suní en Bahréin, una cosa está clara: al despertar a este sector según avanzaba el levantamiento, los gobernantes bahreiníes han obtenido mucho más de lo que esperaban. Con sus partidarios condicionados a temer e incluso a odiar a la oposición, cualquier compromiso que los Al-Jalifa pueda desear para acabar con el levantamiento será cualitativamente más difícil de lograr. Los conservadores dentro de la familia gobernante han capitalizado -o, desde otro punto de vista, cultivado- ese obstruccionismo popular, permitiendo que la sociedad civil contribuya a luchar en batallas interpersonales antes confinadas a la corte real. Como resultado, el príncipe heredero y, en menor medida, el propio rey, han sido víctimas de acusaciones de apaciguamiento, de falta de resolución y de ser esclavos de los asesores de la política occidental. Si, como es probable, Bahréin es incapaz de encontrar una salida rápida a la crisis, la causa se deberá tanto a las expectativas políticas recién descubiertas de los suníes de a pié -y al colapso de la ley del equilibrio sectario del régimen- como a cualquier antigua animosidad entre la oposición encabezada por los chiíes y el gobierno dirigido por los suníes.
Notas:
[1] Gulf Daily News, 22 de abril de 2011.
[2] Justin Gengler, «Ethnic Conflict and Political Mobilization in the Arab Gulf,» artículo no publicado, University de Michigan, 2011. El texto complete de este artículo puede verse en: http://bahrainipolitics.
[3] Hisham al-Zayani, «My Homeland Is Where My Dignity Is Preserved!» al-Watan, 11 de enero de 2012.
[4] Hisham al-Zayani, «Will Al-Fatih Youth Union Toll the Bells?» al-Watan, 12 de diciembre de 2011.
[5] De acuerdo con la fideligna base de datos compilada por el Stockholm International Peace Research Institute, entre 2000 y 2009 los 11 países con mayor gasto militar en proporción al PIB incluyen a cinco de los seis Estados del Consejo de Cooperación del Golfo: Omán (1), Arabia Saudí (2), Emiratos Árabes Unidos (4), Kuwait (6) y Bahréin (11). Datos disponibles en: http://www.sipri.org/