A sus 13 años de gobierno en la Xunta se les debe el mayor retroceso legal del galego en la autonomía y haber llegado a la menor proporción de hablantes de la historia. El PP gallego acaba de votar en contra de su utilización en el Congreso.
Es improbable que se pueda descubrir si Alberto Núñez Feijóo habla gallego en la intimidad, pero en base a su trayectoria como presidente de la Xunta de Galiza, sí que se puede concluir que su gobierno ha sido el más lesivo para el estatus legal de la lengua gallega en la historia de la Autonomía. Legal y, como consecuencia, también social. Hoy, por primera vez desde que existen registros, el español es, aunque por poco, la lengua mayoritaria empleada por gallegos y gallegas en su vida cotidiana. A falta de una semana para que se apruebe de manera definitiva la posibilidad normativa de emplear las lenguas propias de Catalunya, Euskal Herria, Galiza y València en el Congreso de los Diputados, el partido que dirige Feijóo se ha encomendado a los designios de su rama más españolista para, de nuevo, hacer de la sociolingüística su arma política.
El actual presidente del Partido Popular tiene un amplio bagaje en esos menesteres. Por lo menos desde 2007, cuando decidió surfear la ola centralista que se impulsaba desde la calle Génova y que había comenzado José María Aznar en sus mandatos al frente del Gobierno español. Aquella estrategia política era insólita en territorio gallego y rompía incluso con consensos culturales e identitarios que había asumido hasta el exministro franquista y fundador del PP, Manuel Fraga, durante sus 15 años como presidente de la Xunta. Pero Feijóo lo adelantó por la derecha.
Consciente del potencial granero de votos españolistas que se estaba gestando alrededor de las acciones provocadoras de la organización ultra Galicia Bilingüe, el entonces candidato y sucesor de Fraga se escoró más a la derecha. A menos de un mes de las elecciones gallegas de 2009, la plana mayor del Partido Popular acogió con fervor una movilización de la asociación dirigida por Gloria Lago y que, entre sus distópicas reivindicaciones, decían luchar contra “la imposición del gallego” y por la “libertad para elegir”. A fin de cuentas, poco más de 3.000 personas que marcharon por Santiago de Compostela, pero cuyas reclamaciones fueron cubiertas profusamente por la prensa hegemónica.
La sobrerrepresentación mediática estuvo condicionada por la presencia de manifestantes destacados como el ahora presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la exministra de Sanidad, Ana Pastor; la exalcaldesa de Vigo, Corina Porro; o el exalcalde de A Coruña, Carlos Negreira. Y aunque ese día el sector galeguista del PP —los de la boina— brilló por su ausencia, su hueco agarrando la pancarta lo ocuparon la ya entonces líder del UPyD, Rosa Díez, o un jovencísimo Albert Rivera que, junto a su compañero Antonio Robles, hacía apenas tres años que habían estrenado un partido político bajo el nombre de Ciudadanos. Todo un ensayo preparatorio para lo que le acontecería en Catalunya unos años después. Las crónicas de los pocos diarios progresistas que publicaban en Galiza recogieron los disturbios que se produjeron con una contramanifestación convocada por militantes independentistas y donde se llegó a escuchar por parte de los manifestantes de Galicia Bilingüe odas a los vuelos de la muerte de Pinochet: “A estos hay que tirarlos al mar como en Chile”.
Y así, el partido de Alberto Núñez Feijóo adquirió con el espacio electoral que representaba Gloria Lago el compromiso de desarrollar una normativa a la altura de sus demandas centralizadoras. Tras ganar las elecciones en marzo de 2009, su gobierno comenzó a gestar el mal llamado “decreto del plurilingüismo”. Al equipo de Feijóo le bastó apenas un año de su primera legislatura como presidente gallego para aprobar ese decreto y echar por tierra un consenso que su propio partido, el PSdeG y el Bloque Nacionalista Galego habían adquirido en 2004 en una insólita unanimidad del Parlamento de Galiza. Fue un acuerdo histórico.
Para la instrucción en preescolar, se recomendaba que, al menos un tercio del tiempo, se impartieran en gallego las áreas donde el castellano era predominante. En cuanto a primaria, la educación secundaria obligatoria (ESO) y el bachillerato, se sugería que al menos la mitad de las asignaturas se enseñaran en gallego, con un enfoque especial en materias fundamentales y troncales como las ciencias puras. El objetivo venía reflejado en aquel documento: “Garantizar que cualquier ciudadano pueda vivir plenamente en gallego”. Pues todo aquello se fue por la borda. O más bien, Feijóo y su séquito lo empujaron. Especialmente, su conselleiro de Educación, Jesús Vázquez. ¿Qué hicieron? Entre otros agravios, prohibieron por decreto que el galego fuera lengua vehicular en materias troncales de ciencias como física, química, tecnología o matemáticas. Algo que, en la práctica, lo relegaba a un idioma de segunda. En el relato oficial, era una espacio que se pretendía ocupase el inglés, algo que solo sucedió en algunos centros de educación privados y apenas en el 25% de los públicos, según los datos actualizados en 2022 por la propia Xunta.
El decreto parecía estar objetivamente sesgado hacia el castellano en detrimento del gallego. Su implantación produjo manifestaciones multitudinarias por todo el país que esgrimían acusaciones de que el gobierno gallego estaba socavando la cultura y la identidad de su pueblo al reducir el uso del gallego en los pilares básicos de la educación. Además, el decreto fue implementado sin un proceso de consulta efectiva con la comunidad educativa y otros actores relevantes. La falta de diálogo y participación generó resentimiento y desconfianza hacia el gobierno, además de no haber abordado adecuadamente la formación de los docentes en cuanto a la enseñanza bilingüe. Tanto es así, que los grandes agentes culturales de Galiza, las centrales sindicales y buena parte de la comunidad educativa pusieron pie en pared y las movilizaciones continuaron. Incluso la Real Academia Galega llevó sin éxito a los tribunales al gobierno. Primero al Tribunal Constitucional y después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ambas ocasiones se desestimaron los recursos.
Sin embargo y desde entonces, el Consejo Europeo ha llamado la atención varias veces a la Xunta sin que esta tome medida alguna. En sucesivos informes, la entidad ha advertido que la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales no ha mejorado en Galiza y le ha recordado que la simple presencia del idioma en la enseñanza “no es suficiente” para garantizar su protección. Incluso llegó a pedir expresamente que “se eliminasen las limitaciones a la docencia” del galego.
Casi quince años después de la reducción de las protecciones del galego en la educación, los resultados son evidentes. Según los análisis más recientes de organizaciones no dependientes del gobierno gallego el panorama es desolador tanto en pérdida de hablantes como en el conocimiento de la lengua. En 2017, el Consello da Cultura Galega confirmó que el fantasma de la “imposición del gallego”, que Feijóo había abanderado durante su primera etapa, había echado raíces en el imaginario de la población más joven. Y en un trabajo demoledor publicado en 2018, la Real Academia Galega constató que la escuela gallega estaba desempeñando un papel fundamental como agente desgalleguizador. En cambio, la Xunta nunca ha llevado a cabo una evaluación formal de los resultados de su propia medida. O por lo menos nunca la ha hecho pública para la ciudadanía.