El FROB dio por perdidos 36.000 millones de los 52.000 que se le inyectó a la banca el año pasado. El Fondo Monetario Internacional advierte que los contribuyentes solamente vamos a recuperar 60.000 millones del total entregado desde el inicio de la crisis sistémica, ni el 25% de los 250.000 inyectados, avalados o prestados a […]
El FROB dio por perdidos 36.000 millones de los 52.000 que se le inyectó a la banca el año pasado. El Fondo Monetario Internacional advierte que los contribuyentes solamente vamos a recuperar 60.000 millones del total entregado desde el inicio de la crisis sistémica, ni el 25% de los 250.000 inyectados, avalados o prestados a las entidades financieras.
Los mecanismos de ayuda a la banca comenzaron durante la pasada legislatura, y según economistas como Eduardo Garzón, «fueron ejecutadas de muy diversas formas: algunas fueron a fondo perdido (el Estado regaló directamente ese dinero), otras tomaron la forma de inversión (si la cosa salía bien el Estado podía ganar dinero; si salía mal, perdía), otras de préstamo, otras de garantías (los bancos pidieron dinero prestado a otros bancos o al Banco Central Europeo con el respaldo del Estado, de forma que si llegado el momento no pueden devolver el dinero, quien debe pagar es el Estado), etc».
Ambos ejecutivos (el de Zapatero y el de Rajoy) aseguraron que estas ayudas serían temporales, y que el dinero entregado a las entidades financieras se recuperaría. Así lo declaró, por ejemplo, Mariano Rajoy en un pleno del Senado de octubre de 2012 tras entregar 40.000 millones a la banca: «Lo de los 40.000 millones es un préstamo a las entidades financieras y son ellas las que tienen que devolverlo. En un caso podrían contar como deuda pública, en otros no, pero eso nunca lo iba a pagar el Estado español. Por tanto no dé la sensación de que no se sabe las cosas diciendo que están en juego 40.000 millones porque no es así».
El dinero de la Unión Europea se prestó al FROB -una entidad pública- y no directamente a la banca. Desde el Fondo de Reestructuración Bancaria se realizaron inyecciones de capital a las Cajas y bancos en la mayor parte de los casos, no préstamos. Así lo diagnostica Eduardo Garzón: «que el Estado termine contabilizando una pérdida depende de la evolución económica de las entidades financieras ayudadas: si a éstas su actividad les va muy bien, podrán devolver el dinero recibido; si les va mal, no podrán hacerlo y el Estado tendrá que admitir que perderá el dinero que en su día desembolsó. Esto último es precisamente lo que se reconoció el pasado viernes [26 de julio]: determinadas cajas de ahorros no podrán devolver el dinero que recibieron y por lo tanto el Estado (es decir, el contribuyente) perderá el dinero».
Se dijo que las entregas desde el FROB tenían un interés del 8% y que se tendrían que devolver en cinco años. José Carlos Díez, profesor de Economía en ICADE, apunta que a día de hoy «ya hemos reconocido 35.000 millones de euros de pérdida y la crisis aún no ha acabado».
Pero los 35.000 millones son sólo la última entrega voluminosa. El FMI cifra en casi 250.000 millones, una cuarta parte del PIB de España, las entregas a la banca. Esta cifra colosal se divide entre los 63.000 millones de inyecciones de capital, avales por 134.000 millones, y 50.000 millones que ha costado el Sareb (banco malo). Para el organismo neoliberal, esas ayudas de cerca de 250.000 millones de euros en muchos casos serán pérdidas, por lo que el camino de vuelta sólo lo harán 60.000 millones, y el Estado perdería casi 190.000 millones.
La cifra ofrecida por el FMI y dividida por organismos de carácter público la ofrece el diario económico Expansión. Según esta fuente, las entidades han recibido en los últimos cinco años 61.400 millones en ayudas de capital, a través del Frob (Fondo de Reestructuración), el fondo de rescate europeo y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Aunque éste se financia con aportaciones del sector, su comisión gestora está controlada por el Banco de España, lo que le da un perfil público. Adicionalmente, el Estado ha aportado 2.192 millones en capital a Sareb, el banco malo.
El dinero comprometido a través de Esquemas de Protección de Activos (EPA), seguros contra morosidad futura, se eleva a 28.600 millones. La factura se completa con los avales que el Estado ha dado a la banca y a Sareb, por 155.000 millones.
Los «beneficios resultantes» de todo este apoyo se limitan, a día de hoy, a 60.824 millones.
Por la parte de los avales, ya han vencido 49.563 millones, quedando vivas garantías a la banca por 53.873 millones y los 50.781 millones de Sareb. Por lo se refiere a las ayudas de capital, CaixaBank ha reintegrado 977 millones de Banca Cívica, a lo que hay que sumar el valor de mercado de las participaciones accionariales de en torno al 70% que el Frob tiene en los cuatro bancos «nacionalizados» temporalmente: Bankia (6.195 millones); BMN (918 millones); Catalunya Banc (1.628 millones); y NCG (1.543 millones).
El valor total de estas cuatro participaciones se eleva a 10.284 millones, frente a las ayudas de 45.000 millones aportadas a estos bancos desde el año 2009.
En EEUU bancos como Morgan Stanley, JP Morgan o Bancorp ya devolvieron las ayudas recibidas. Pero ese no es el caso de España. «En España se utilizó muy poco dinero y muy tarde sin reconocer los problemas», explica Fernando González, periodista especializado en economía. Unas ayudas a la banca que ya han costado mucho, y que todavía podrían costar más.
A estas enormes pérdidas hay que sumar que este año el Estado ha estimado que pagará sólo en concepto de intereses por la deuda pública 38.590 millones de euros (3,86% del PIB), la segunda partida presupuestaria sólo por detrás de las pensiones. Según apunta Garzón, el 76% de esta deuda se debe precisamente a entidades financieras, tanto españolas (38,74%) como extranjeras (37,29%), que consiguen fondos al 1% desde el BCE. El mismo Banco Central Europeo que no puede prestar dinero a los Estados porque lo tiene prohibido en el artículo 123 del Tratado de Lisboa. Esta deuda sí se paga puntualmente, y tiene «prioridad absoluta» según la reforma de la Constitución (art. 135) aprobada tras acuerdo de PP y PSOE en el tiempo de descuento de la legislatura anterior;
«Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta».
Para hacernos una idea de lo disparatadas que son estas cifras, baste recordar que en 2012 el Gobierno estimó en 10.000 millones de euros -7.000 para sanidad y 3.000 para educación- el ahorro que el estado obtuvo con los recortes en ambos pilares del Estado del bienestar que aprobó entonces.
*Con información de Expansión, de La Sexta y artículos de Eduardo Garzón.
Fuente original: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article56186