Traducido para Rebelión por LB
La justicia israelí ordenó esta semana la liberación de dos mujeres extranjeras detenidas por el ejército israelí en Cisjordania en el marco de lo que los abogados de derechos humanos advierten se ha convertido en una gran campaña israelí de represión contra las protestas no violentas protagonizadas por activistas internacionales, israelíes y palestinos.
La detención de las dos mujeres durante una incursión nocturna israelí en la ciudad palestina de Ramala ha puesto de manifiesto una nueva táctica de los funcionarios israelíes: el uso de la policía de inmigración para tratar de deportar a los partidarios extranjeros de la causa palestina.
Una mujer checa fue deportada el mes pasado tras haber sido secuestrada en Ramala por una unidad especial israelí conocida como Oz, constituida originalmente para detener a los trabajadores emigrantes que trabajan ilegalmente en Israel.
Abogados de derechos humanos afirman que la nueva ofensiva de Israel está destinada a socavar la lucha conjunta no violenta que desarrollan activistas internacionales y campesinos palestinos contra la apropiación de tierras por parte de Israel para construir el muro de separación en tierras de cultivo de Cisjordania.
En el marco de lo que el diario israelí Haaretz ha denominado recientemente «guerra a la protesta», durante los dos últimos meses las fuerzas de seguridad israelíes han realizado una serie de incursiones en Cisjordania para detener a dirigentes de la comunidad palestina organizadores de protestas contra el muro.
«Israel sabe que la lucha no-violenta se está extendiendo y que es un arma poderosa contra la ocupación«, explicó Neta Golan, activista israelí con base en Ramala. «Israel no tiene respuesta contra la no-violencia, razón por la cual las fuerzas de seguridad son presa del pánico y han comenzado a hacer un montón de detenciones«.
La detención esta semana de Ariadna Martí, una catalana de 25 años, y de Bridgette Chappell, una australiana de 22, sugiere un resurgimiento de la larga lucha entre el gato y el ratón protagonizada por Israel y el Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM), un grupo de activistas que se han unido a los palestinos para oponerse de manera no violenta a la ocupación israelí.
La última gran confrontación, que tuvo lugar a pocos años de comenzar la segunda Intifada, dio lugar a una breve oleada de muertes y lesiones de activistas internacionales a manos del ejército israelí. El suceso más controvertido ocurrió en el año 2003, cuando una excavadora del ejército israelí aplastó y mató a la estadounidense Rachel Corrie mientras ésta defendía una casa de Gaza amenazada de demolición.
La Sra. Golan, co-fundadora de la ISM, dijo que Israel había intentado de demonizar a los activistas del grupo en los medios de comunicación israelíes e internacionales. «En lugar de representar nuestra lucha como no violenta, nos retratan como `cómplices del terror’«.
La primera vez que la policía de inmigración israelí entró en una zona de Cisjordania bajo control palestino, la llamada «zona A», fue el mes pasado, cuando los soldados israelíes arrestaron en Ramala a una mujer checa, Eva Novakova, de 28 años, que había sido nombrada recientemente coordinadora de prensa del ISM. Los israelíes la acusaron de haber sobrepasado el período de estancia autorizado por su visa y la expulsaron antes de que pudiera recurrir a los tribunales.
Abogados de derechos humanos dicen que tales acciones son ilegales. Omer Shatz, el abogado que representa a la Sra. Martí y a la Sra. Chappell, afirmó que una operación militar en una zona como Ramala no puede justificarse sobre la base de capturar a unos activistas cuyos visados han caducado. «Los activistas no están violando ninguna ley en Ramala«, aclaró. «El ejército y la policía de inmigración son quienes los criminalizan al trasladarlos a Israel, donde sí necesitan visado«.
Funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) están cada vez más descontentos por el modo como los israelíes violan acuerdos de seguridad que datan de la época de Oslo. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, describió recientemente las operaciones israelíes en la Zona A como «incursiones y provocaciones«.
Aunque el Tribunal Supremo israelí decretara el lunes la puesta en libertad bajo fianza de las dos mujeres mientras resolvía el asunto de su deportación, les prohibió entrar a Cisjordania y las condenó a pagar sendas fianzas de 800 dólares.
Los jueces cuestionaron el derecho del ejército israelí a entregar a las mujeres a la policía de inmigración desde una prisión militar de Cisjordania, pero dejó abierta la cuestión de si la operación habría sido legal si la transferencia se hubiera producido en territorio israelí.
Se dice que el gobierno español pidió al embajador de Israel en España la promesa de que la Sra. Martí no sería deportada.
La Sra. Martí dijo que a las 3 de la madrugada del domingo fueron despertadas por «entre 15 y 20 soldados que nos apuntaban con sus armas«. Los israelíes pidieron a las mujeres sus pasaportes y a continuación las esposaron. Más tarde, dijo, los israelíes les dieron a elegir entre «la expulsión inmediata o ser encarceladas durante seis meses«.
El miércoles, poco después de la decisión judicial, el ejército israelí volvió a allanar la oficina del ISM en Ramala, llevándose computadoras, camisetas y brazaletes con la inscripción «Palestina».
«Israel ha logrado impedir la llegada de la mayoría de los activistas internacionales al negarles la entrada en la frontera«, dijo la Sra. Golan. «Pero los que consiguen entrar se arriesgan a ser deportados si son detenidos o si intentan renovar su visa«.
El ISM ha estado trabajando estrechamente con varios comités locales populares palestinos en la organización de manifestaciones semanales contra el robo israelí de tierras palestinas al amparo de la construcción del muro.
Las protestas han copado los titulares solo de forma intermitente, mayormente cuando los soldados israelíes han herido o matado a activistas internacionales e israelíes. La mayoría de los heridos palestinos han pasado desapercibidos.
En un incidente que puso en un brete a Israel, un estadounidense miembro del ISM llamado Tristan Anderson, de 38 años de edad, sufrió daños cerebrales cuando un soldado israelí le disparó una granada lacrimógena que le impactó en la cabeza durante una manifestación contra el muro en la aldea palestina de Nilin.
Además de las detenciones habituales de manifestantes palestinos, Israel ha adoptado recientemente una nueva táctica consistente en detener a los líderes comunitarios y mantenerlos en detención administrativa prolongada. Un editorial de Haaretz ha llamado a estas prácticas «reminiscentes de los peores regímenes».
Los israelíes han tenido encarcelado desde el mes de diciembre a Abdallah Abu Rahman, un maestro de escuela y jefe del comité popular en la aldea palestina de Bilin al que acusan de posesión de armas. La acusación se refiere a una pantalla que creó en su casa utilizando botes usados de bombas lacrimógenas disparadas por el ejército israelí contra los manifestantes.
El lunes, los israelíes allanaron las oficinas de Stop the Wall, una organización que sirve de pantalla a los comités populares, y se llevaron ordenadores y documentos. A resultas de la creciente presión internacional el pasado mes los israelíes liberaron a dos coordinadores del grupo, Jamal Juma, y Mohammed Othman.
La policía israelí también ha sido duramente criticada por los tribunales por golpear y encarcelar a decenas de activistas israelíes y palestinos que protestaban contra la ocupación de viviendas palestinas por parte de colonos judíos en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este.
El mes pasado, Hagai Elad, jefe del mayor centro jurídico israelí de defensa de los derechos humanos, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, era una de las 17 personas liberadas por un juez después de que la policía hubiera mantenido encerrados durante dos días a manifestantes a los que acusó de ser «peligrosos».